Bolivia, en 2003, enfrentó una crisis social y política, resultado de una acumulación de sucesos no resueltos, lo que motivó a que la población boliviana interpele al Estado republicano y, a fin de encontrar salidas democráticas a esa crítica situación que se estaba viviendo, el pueblo, a través del poder constituyente, adoptó un nuevo pacto social con el que se fijaron normas básicas para la construcción democrática de un nuevo Estado, apoyado en valores de igualdad, de pluralismo, de identidad, interculturalidad y diversidad.

La nueva Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de febrero de 2009, referente del ordenamiento jurídico del país, cuyas normas regulan el sistema constitucional, ha incorporado importantes elementos que hacen a la estructura, organización y funcionamiento del llamado Estado Plurinacional de Bolivia. Esta Constitución Política del Estado representa un hito significativo en la historia constitucional de Bolivia. A través de dicha norma suprema se han introducido importantes elementos que reflejan un nuevo Estado, las demandas y aspiraciones de una sociedad diversa y en búsqueda de una mayor inclusión y justicia social. El reconocimiento de la plurinacionalidad, la ampliación de los derechos fundamentales y la introducción de mecanismos de participación ciudadana son algunos logros que han posicionado a esta Constitución como una de las más progresistas de la región.

Sin embargo, la implementación práctica de este modelo constitucional ha enfrentado desafíos considerables. La brecha entre el ambicioso marco normativo y la realidad cotidiana de los ciudadanos bolivianos siguen siendo significativas en varios aspectos. Los conflictos entre los distintos niveles de gobierno, las dificultades en la interpretación y aplicación de la Constitución, y la persistencia de desigualdades sociales y económicas han limitado la plena realización de los derechos consagrados en la Carta Magna. El aparato del poder estatal ha mostrado una capacidad mixta para garantizar los derechos ciudadanos.

Por un lado, se han logrado avances importantes en áreas como los derechos políticos de los pueblos indígenas, la expansión de programas sociales y la mejora en el acceso a servicios básicos como salud y educación. La implementación de políticas sociales como el Bono Juancito Pinto, el Sistema Único de Salud y las leyes de protección a grupos vulnerables son ejemplos tangibles de esfuerzos por materializar los derechos económicos y sociales. Por otro lado, persisten desafíos significativos en la protección de ciertos derechos civiles y políticos. Los eventos ocurridos durante la crisis política de 2019, las limitaciones a la libertad de prensa y los casos de justicia por mano propia evidencian las fragilidades del sistema de protección de derechos. Asimismo, la garantía de derechos ambientales y la gestión sostenible de recursos naturales continúan siendo áreas que requieren mayor atención y acción efectiva por parte del Estado.

La organización institucional del Estado boliviano, con su estructura de cuatro poderes y su sistema de autonomías, ofrece en teoría un marco propicio para el equilibrio y control del poder. No obstante, en la práctica, se han observado tendencias hacia la concentración del poder en el Ejecutivo, lo que ha generado tensiones con otros órganos del Estado y ha planteado interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de control y balance.

Es importante reconocer que el proceso de consolidación de un modelo constitucional tan ambicioso como el boliviano requiere tiempo y un esfuerzo compartido y sostenido. Los avances logrados desde la promulgación de la Constitución son significativos, pero también revelan la magnitud de los desafíos que aún quedan por abordar. La efectiva realización de derechos y principios establecidos en la Constitución demanda un compromiso permanente por parte de todos los actores sociales y políticos del país.

Las normas están orientadas para regular el comportamiento de las personas para una sana convivencia en las sociedades, su incumplimiento implica la aplicación de sanciones. Es decir, el deber que todas las personas tienen al margen de cualquier condición o privilegio con respecto al cumplimiento de las leyes es substancialmente la obligación de someterse a los mandatos establecidos en las normas jurídicas. Normas que buscan garantizar el orden público, la protección de derechos y garantías constitucionales de las personas.

Este deber no solo conlleva la abstención de realizar conductas ilegales, sino también que obliga realizar acciones que la ley exige. Lo contrario, el desconocimiento a los mandatos legales, conlleva conductas reñidas por nuestras normativas. Conductas relacionadas con la evasión a la justicia implican sustraerse del accionar de las autoridades judiciales impidiendo que se apliquen las leyes, y estén inalterables la impunidad de hechos ilícitos. Estas acciones deliberadas de no sometimiento a la justicia conducen a la perdida de ciertos derechos, además de agravar la situación legal del evasor.

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Ervin Goffman, cuyos estudios se centraron en analizar la interacción social, la comprensión de la delincuencia y la desviación social, identificó a dos tipos de delincuentes; el que se esconde para evitar su detención, y el que se exhibe para obtener reconocimiento y atención. Evadir la justicia genera situaciones de desigualdad, en el que algunas personas con anuencia judicial o política eluden las consecuencias de sus acciones delincuenciales, mientras aquellas que por su precaria condición social o escasa influencia se someten a los dictámenes judiciales. En este ámbito hay aquellos delincuentes comunes que soportan todo el peso de la ley y los que están exentos del castigo de la justicia que gozan de ciertos privilegios, protección e impunidad a sus delitos. La diferencia entre ambos radica en que estos actúan protegidos por la sociedad, por los operadores de la justicia, y por el poder político. En cambio, los otros, los comunes, estos están destinados a su propia suerte.

Hay casos emblemáticos en el mundo de la política, de la farándula, de personajes públicos e influyentes, acusados por diferentes ilícitos como el relacionado con delitos sexuales a menores de edad. Casos que por su repercusión mediática han sido llevados a la pantalla grande, reproducidos en documentales, o libros, como el de la obra “Lolita” escrita por Vladimir Navocof en la que se relata la obsesión pervertida y manipuladora, que tiene el protagonista de esta obra, don Humbert Humbert, por una niña de 12 años, a quien la llama Lolita. Hoy en día lamentablemente vemos a muchos Humbert Humbert en las calles, reincidentes, fugitivos, impunes. Inclusive hay un personaje como el de Humbert Humbert, que ahora se mofa de la justicia, y quien sostenía que quien se escondía o escapaba era un delincuente confeso, no era un perseguido político.

Lamentablemente, hay quienes justifican estas acciones, es decir, pareciera que les da igual que sea malo, da igual que lo que se está haciendo sea inmoral, el hecho es que hay gente que lo justifica y llegan al grado de romantizar las acciones de estos delincuentes. Los bandidos o forajidos en el lejano oeste fueron hábiles en evadir a la justicia, hoy en día este calificativo se ha estilizado; en la jerga jurídica se lo conoce como rebelde. Al margen de estas denominaciones, de rebelde, fugitivo o forajido, que tienen cuentas pendientes con la justicia e independientemente de su condición política o privilegio de la que gozan es imperativo que se sometan a la justicia.

Países de la región han tenido a personalidades políticas evasivas a someterse a la justicia. Bolivia no es la excepción, también tiene al suyo que pretende entrar a la contienda electoral nacional.

(*) Marcelo Céspedes Cuellar es abogado y politólogo

En el marco de una democracia representativa los Estados que abrazan los principios democráticos eligen a sus autoridades que se hacen cargo del destino de sus sociedades. Sin embargo, ante esta delegación de responsabilidades, emergen cuestionantes: ¿cómo elegir bien a sus gobernantes o a sus autoridades?, toda vez que de las decisiones que éstos tomen, se marcan los destinos de los Estados, de los pueblos, de las personas.

En definitiva, al margen de los atributos profesionales de excelencia y meritocrática que conllevan un trabajo exitoso, la ética, así como los principios morales, se constituye en factor absolutamente indispensable para cumplir las funciones de manera transparente y honesta.

Filósofos de la antigua Grecia como Sócrates y Platón sostenían que la ética tenía su sustento en la virtud y era entendida como la expresión de una moralidad suprema. Su importancia está presente en saber qué estamos haciendo bien y qué estamos obrando mal; nos garantiza, de algún modo, que podamos actuar o conducirnos correctamente. David Hume decía que son principios que permiten emitir juicios sobre lo bueno o lo malo.

En ese marco, se entiende a la ética como aquellas normas morales que rigen la conducta, el comportamiento de la persona en cualquier ámbito de la vida, en cualquier función o tarea que le toque desempeñar.

Pantaleón Dalence Jiménez, connotado jurisconsulto boliviano, quien, además de ocupar cargos importantes dentro de la administración gubernamental de esa época, pasó por la función judicial y represento uno de los mayores aportes en este campo. En su discurso de la apertura del Año Judicial de 1874, cuando fungía como presidente de la entonces Corte Suprema de Justicia de la Nación, ahora Tribunal Supremo de Justicia, señalaba que uno de los atributos en virtud que debe regir la conducta de quienes tienen a su cargo la administración de la justicia es la moralidad; además, decía que aquel juez instruido carente de esta moralidad es más peligroso y temible que el ignorante honrado.

La coyuntura jurídica que se ha estado suscitando a raíz de las cuestionadas decisiones judiciales como la DCP 0049/2023 y el ACP 0113/2024-O evidencian el debilitamiento de la credibilidad e institucionalidad del sistema judicial, aspectos que, sin duda, han erosionado bastante el aparato judicial. Académicos, juristas e inclusive el ciudadano de a pie coinciden en señalar que las autoridades se han desmarcado de los patrones legales, así como de los principios ético-morales permitidos en la sociedad, poniendo de este modo en entredicho la probidad de las mismas y que estas acciones contribuyen en el debilitamiento del Estado democrático de derecho.

Estas decisiones distan en absoluto de la naturaleza y los fines que conlleva la ética y los principios morales. Si bien es imperioso generar cambios en la Justicia, también es imperativo el respeto irrestricto a la Constitución Política del Estado y al conjunto de normas para garantizar un sistema judicial confiable y una democracia fortalecida; sin embargo, son los principios éticos y morales que el soberano tiene que considerar a tiempo de elegir a sus gobernantes y autoridades, toda vez que dichos atributos determinan el comportamiento y las decisiones de las personas y sobre todo de aquellas autoridades que por su investidura tienen a su cargo el destino de los Estados y de importantes instituciones públicas nacionales.

*Es abogado y politólogo.