Creo que la discusión de si fue o no, es fatua. Corresponde el abordaje desde el imaginario, las relaciones de poder y de la perversa violencia criminógena que producen.

Imaginario. Ronald MacLean escribió (El Deber 16/07/24): “Las Fuerzas Armadas de la democracia”, vertiendo conceptos como los de “último bastión de la institucionalidad… esencia republicana y nacionalista… custodio democrático… que se resisten a la corrupción y al chantaje… última línea de resistencia al totalitarismo”. En la misma línea y con otras palabras, el ministro de Defensa mencionó (La Razón, 13/07/24) el “compromiso con la Patria… defensa del territorio… y el desarrollo de la nación”. El 13 de enero (La Razón) se dio un licenciamiento o graduación y se expresó que “sus familias los recibieron con honores”, como “hombres”.

Revise: ¿Contagio criminal?

¿Diferentes “ideologías” mismo imaginario? ¿Por ello fue la coincidencia cuando en el Parlamento se consensuaba, en 2008, la nueva Constitución que, ante mi planteamiento de no obligatoriedad del servicio militar, el MAS y Podemos lo rechazaron?

Poder. Las FFAA tienen alrededor de 40.000 miembros, al igual que la Policía. Un 0,3% de la población aproximadamente. Maneja Bs 3.256.339.468 que divididos por 6,96 (porque dólares no hay), equivalen a más de $us 467 millones por año (la Policía recibe Bs 462 millones); y, además, aduanas, transporte aéreo, etc… y jubilación plena. ¿Hay 40.000 Zúñigas? ¿También otros 40.000 de verde olivo y con tufo a Zúñigas?

Digamos que de ese 0,3% solo haya participado un 10%: esa insignificante cantidad desequilibró el quehacer social, político y, principalmente económico (el dólar negro se disparó).

Violencia y criminología. El monopolio de la fuerza per se es despótico y criminógeno, más aún en Estados fallidos y altamente polarizados. Se profundiza en sociedades con imaginarios narcisistas y caudillistas, e instituciones debilitadas y supeditadas al caudillo. ¿Guarda relación con la Democracia? Obvio que no, ya que se constituye en su antinomia.

No ver lo que hay detrás en cada intento donde los Zúñigas están presentes, es sostener una discusión vana.

Discutir sobre su disolución a partir de la no obligatoriedad del servicio premilitar, es una discusión que hay que encarar. Claro, con la seguridad de que quienes ejercen el poder o aspiran a ello, serán sus principales defensores.

(*) Alejandro Colanzi es criminólogo

En cuanto a penalidades han existido dos sobresalientes saltos: a) el de la proporcionalidad con la ley del ojo por ojo; y b) el moderno no contagio a partir del intuito personae y el principio de inocencia hasta que se pruebe, con sentencia, lo contrario.

En Estados como el nuestro, los saltos se dejan de lado. El gonismo (con 36% de legitimidad) destruyó a sus adversarios adeno-miristas con los “narcovínculos” y las “narcofotos”, y a su vez el adenismo se autogolpeó con el caso Diodato. Desde esas épocas, fuimos y seguimos siendo los campeones latinoamericanos y del Caribe de la ilegítima, arbitraria y delincuencial detención preventiva, exponencialmente creciente en la última década.

Se ha institucionalizado acusar de manera formal —aparato del Estado o informalmente por las redes sociales— a quienes están en una foto junto a alguien que no necesariamente está condenado. Una distorsión del silogismo: Marset es… (premisa mayor); Aki Kamiya es médico de Marset y su familia (premisa menor); entonces Aki es igual a Marset. Contagio deductivo.

La curiosidad criminológica nos lleva a buscar respuestas que son complejas porque tienen que ver con la débil democracia y civismo, así como la desinstitucionalización del aparato del Estado.

También hay otras explicaciones menos complejas, muy retorcidas pero que tienen sentido de realidad.

El libro Economía del encarcelamiento, del notable penitenciarista Ramiro Llanos, nos viabiliza esa explicación al describir y demostrar el multimillonario extractivismo económico desde la cárcel, la que alberga a aproximadamente 23.000 internos en Bolivia (de los cuales más del 70% son preventivos, y solo en 2019 terminaron sobreseídos 70,7%). A eso debemos sumar el chisme compartido —sottovoce— por un alto exfuncionario en Bolivia de NNUU, quien sostuvo que los cálculos del extractivismo judicial (incluido el carcelario) alcanzarían los $us 10.000 millones por año, recordando que el INE registró en 2019 la cifra de 1.685.290 nuevas causas civiles, amén de las penales, familiares, laborales, agrarias, etc.

Debemos contextualizar: si el narcotráfico está entre $us 7.000 y 8.000 millones (aunque para Alejandro Banegas llega a los 2.500 millones, según su estudio), sumados a los 4.000 a 5.000 millones del contrabando de oro y minerales; además del contrabando de mercadería, que datos empresariales sitúan alrededor de $us 3.000 millones de dólares, amén de tráfico y trata de personas y de órganos (2.000 millones), juegos clandestinos, etc. y etc. Que hay buenos en esta cadena y no participan, obvio que los hay.

Entonces, cómo entender que mi amigo Aki, que es un médico plástico muy divertido y sociable, enamoradizo, motoquero, heredero de una clínica que su señor padre, difunto ya, inauguró en 1993 (constituyendo esto un hecho notorio) y que desde entonces solo le han hecho un responsable mantenimiento y ninguna reforma, lo detengan, le incauten la clínica inaugurada cuando Marset podría haber tenido… ¿10 años?

Y hay notables o magníficos que caen en la complicidad (quien colabora o teniendo opción no se opone) de la ilegalidad, al recibir lo “incautado” y tan solo señalar que lo harán con beneficio de inventario, para ver si las deudas no son mayores del patrimonio que se recibe.

Tengo fotos con mi amigo Aki y no soy médico ni motoquero, con monseñor Tito Solari y no soy santo, con Ernesto Cardenal y no soy poeta. Espero que algún funcionario no razone: si Aki es igual a Marset y Alejandro es amigo de Aki, por lo tanto, Alejandro es igual a Marset.

Alejandro Colanzi Zeballos es criminólogo y nonnino de Valentina.

Finalizando el primer año de mis estudios de Derecho, visitamos la cárcel que se encontraba, irónicamente, al “final de la libertad” (finalizando la calle Libertad, donde hoy está el comando de la Policía en Santa Cruz de la Sierra).

Kely, un vecino que había desaparecido del barrio, se encontraba en calidad de interno. Delante de otros alumnos, le pregunté cuál la razón de su detención y él, con la espontaneidad que lo caracterizaba, sacó del bolsillo de su camisa un sobre pequeño con un polvo que yo desconocía hasta ese momento: cocaína. Tiempo después lo encontré por el correo central (calle Junín) y al preguntarle a qué se dedicaba, contestó que era de la policía antinarcóticos.

Lea también: El Papa: ¿migración, destierro o exilio?

Ese día también conocimos, a don Donato Terrazas Flores, quien acaba de fallecer el 24 de octubre del 2023. Era el sastre; su clientela era variada, aunque principalmente eran ajenos a la cárcel. Con ese oficio había educado a sus hijos hasta hacerlos profesionales a todos. Oriundo de Saipina, de los valles cruceños, tierra prodigiosa en la producción agrícola, donde vivió hasta el momento en que fue trasladado en calidad de detenido y ya condenado al “final de la libertad”, donde tuvo que reinventarse, aprender y dedicarse a ser sastre.

Don Donato, campesino y productor, por esas imprecisiones administrativas llegó a tener un problema de límites con su colindante e iniciaron litigios judiciales, que como tales implican desatender su campo, gastar sus ahorros y vivir una inestabilidad emocional profunda, lo que llevó en un momento de discusión con su vecina en conflicto, ofuscado, tomar su escopeta y quitarle la vida. El Código Penal Banzer, que comprendía la pena de muerte para el asesinato, había sido aplicado en sentencia condenatoria y ratificada en recurso ante la Suprema.

Ejerciendo la presidencia del curso, en la universidad, propuse que busquemos una salida jurídica a dicha situación de don Donato. Decidimos iniciar la conmutación de la pena (cambiar la pena de muerte por la pena máxima de prisión de 30 años), entonces facultad constitucional del Presidente de la República. Reunimos cartas de muchos cursos de Derecho, de otras carreras y también de instituciones juveniles que interactuaban en la ciudad: fueron bastantes.

Se había aperturado un espacio democrático y se había convocado a elecciones generales. El ya general Banzer, presidente de facto, respaldaba a su exministro, general Juan Pereda Asbún.

Fueron muchos los canales que buscamos para llegar al presidente con nuestro pedido masivo de conmutación y todos habían sido vanos. Un compañero de curso, también militar, nos anunció que el edecán del presidente había sido reemplazado y el nuevo fue su compañero de curso y planteó utilizar, previa consulta con el nuevo edecán, esa vía. Reinó la esperanza y se envió toda la documentación de respaldo jurídico y apoyo social.

Entretanto, el proceso electoral dio una bochornosa victoria al delfín del presidente; de tal magnitud que fue la Corte Electoral y el mismo general Banzer que se vieron obligados a anularlas y convocar a nuevas. El general Pereda, el “victorioso”, se sublevó y pidió la dimisión de Banzer para asumir la presidencia en razón a su victoria. Ese golpe de Estado nos sumió en la desesperanza en razón a nuestra acción de conmutación: se diluía toda posibilidad de lograrlo.

El general Banzer, el 21 de julio de 1978, al final del día, anunció su dimisión como presidente. Y, también firmó su último decreto supremo, conmutando la pena de muerte de Donato Terrazas Flores.

El conmutado, antes de salir de la cárcel sufrió una crisis existencial: qué hará en la ciudad donde ahora vive su familia, si para seguir ejerciendo la sastrería deberá pagar alquiler, agua, luz, ayudantes sujetos a las leyes laborales que antes no tenía que hacer y le daban la ventaja que se traducían en precios y, por ende, en buena clientela: durante tiempo se resistió a dejar la cárcel.

(*) Alejandro Colanzi Zeballos es criminólogo y nonnino de Valentina

Siendo adolescente y alumno del Marista, el hermano Celso preguntaba en la clase de religión si algún pagano desconocedor de los evangelios cristianos podría ser salvo. Acabábamos de leer el pasaje “soy el camino y la verdad… el que viene a mi será salvo”. Cometí una herejía al decir que si esa persona hacía el bien (como padre, hijo, vecino, etc.), ¿por qué no?; claro, han sido muchas las que he cometido, solo que ahora se conocen como libres pensantes, nos pueden quemar la casa o aparecer en listas, pero no nos queman en la plaza, por suerte.

Y, como una raya más no afecta, cuestionaré a mi pastor Francisco —de quien me regocijó su ascenso— en relación a su posición sobre la migración, cuando señala que “siempre debiera ser una decisión libre” y que la Iglesia los acompaña con “la fuerza de la oración” por la gran resistencia que encuentran en los lugares a los que pretenden llegar. Posición que me parece muy cómoda y omisiva de la visión de verbo, y más bien ser solo sustantivo, como dice Arjona.

Lea también: Guatemala y la marcha indígena en Bolivia

La migración, desde tiempo remotos, no gozó de “libertad”; al contrario, contra su voluntad se migraba para sobrevivir. Y, en una época nefasta, los “migraban” para bajar costos de producción e impulsar lo que se conoció como el industrialismo y emergente capitalismo de primera generación.

Aunque es el mismo Francisco que reconoce que el tráfico y la trata de personas constituyen la moderna esclavitud, de dimensiones inimaginables, aún los “migran” por millares; aunque claro, esto es parte de la economía y hay pocas rasgaduras de túnicas.

Lo que sí motiva a la oración y al voluntarismo son aquellos que no van de turismo al primer mundo, o sea a Europa o EEUU. No se condena (sustantivo) y menos se actúa (verbo) para incidir en la treintena de guerras existentes hoy, en plena tercera década del presente siglo, que producen salidas masivas por bombardeos de toda índole: bélicos, políticos, hambrunas, etc. Y son guerras fomentadas para el saqueo de riquezas naturales.

América Latina no está exenta. Aunque no haya bombardeos bélicos, varios millones de venezolanos, nicaragüenses, antes colombianos (tres millones en Venezuela en la década de los 90), son expulsados por sobrevivencia. Bolivia, en el primer quinquenio de comienzos de siglo, expulsaba a 350.000 ciudadanos por año; hoy no es sustancial la diferencia de los que salen a Chile, Argentina, Brasil (menos frecuente ya a Europa por las exigencias de visas).

Por apenas esos datos esbozados cuestiono a mi Papa (hijo de migrantes que fueron expulsados por sobrevivir), porque cuando no tenés las condiciones mínimas de sobrevivencia y dignidad, el lugar te expulsa contra toda libertad.

Es por ello que, en esas condiciones de sobresaturación, como hablaba Enrique Ferri para referirse a un pico alto de desequilibrio social, no debiéramos hablar de migrantes, sino de exiliados, porque no hay libertad ni dignidad alguna; agregados los nuev@s esclavos.

Y, no es con oraciones… es con acción… “y Dios se hizo verbo…” Pediré perdón por mi nueva herejía. Para eso están el confesionario y las penalidades.

(*) Alejandro Colanzi Zeballos es criminólogo y nonnino de Valentina

Lupe Cajías, muy querida amiga, escribió en la prensa Brisas frescas para Guatemala, mostrando similitudes con nuestra Bolivia. Me hizo pensar no solo en ello, sino también en inspiraciones e incidencias. Por casualidad conocí (1985) a unos jóvenes guatemaltecos en un curso del Ilanud (Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente), en San José de Costa Rica. Ellos, disciplinadamente me enviaban un boletín con las noticias del movimiento campesino y sus luchas rompiendo esquemas, que, a diferencia de cierta clase política boliviana que invisibilizaba la realidad para imponer tan solo una lectura de contradicción entre obreros e industriales, ellos lecturaban y visualizaban su realidad rompiendo los esquemas y prejuicios tradicionales del marxismo, al reconocer al campesino —e indígena— y darle su lugar en la historia. En tanto, en Bolivia ya surgía el cuestionamiento a esa visión tradicional y avanzábamos hacia una autocrítica y se pergeñaba la “bolivianización del marxismo”.

Lea también: Chávez Cayú: una víctima más

En 1989, mientras encabezaba la materialización de una estrategia (elaborada en Venezuela mientras realizaba mi maestría) para denunciar un genocidio en la policial Granja de Espejos, conocí a monseñor Tito Solari, quien me planteó la necesidad de una propuesta para abordar los 500 años de presencia europea en nuestra América. Inspirándome en el movimiento campesino guatemalteco, elaboré un plan que consistía básicamente en una gran marcha hacia La Paz, desde distintos lugares, por los derechos indígenas. Había aprendido siendo presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Santa Cruz, que los mejores defensores de sus derechos son aquellos que sienten conculcados los mismos.

Complacido monseñor Solari con nuestra estrategia, la presentó a la Conferencia Episcopal, la que fue rechazada argumentando que “fragmentaría al país” (lo mismo sostendría Goni para borrar de la CPE el término “gobiernos departamentales”, a vista y paciencia de moros y cristianos). Y, pese al rechazo, monseñor Solari me pidió autorización para entregarla al entonces máximo dirigente de la Cidob, Marcial Fabricano, quien la aceptó y simplificó, por términos económicos y de logística, a una sola columna marchista, dándose así, en 1990, la histórica Gran Marcha.

Esta información sirvió de argumento para oponernos a la generalización de que los abogados somos como los guineos (no hay uno recto), que esgrimía el entonces presidente en presencia de los veedores internacionales, los jerarcas de las iglesias (incluido monseñor Solari), los prefectos, la directiva de los gobiernos municipales y la representación parlamentaria. También la compartimos en Trinidad, en el decimoctavo aniversario de la Gran Marcha, en presencia del expresidente Jaime Paz Zamora, a quien se le arrancó las primeras disposiciones legales en favor del movimiento indígena; y fue el inicio de muchas marchas reivindicativas cuyas conquistas ahora se han constitucionalizado (2009).

(*) Alejandro Colanzi es criminólogo y nonno de Valentina