Hace exactamente un año, la mayoría de los bolivianos no nos imaginábamos terminar un año así. Pero creo que lo que promete este 2025, al menos en el ámbito político, es aún más desesperanzador.

El gobierno ha ido dejando de largo temas fundamentales que requerían una urgencia en su atención y que van a terminar concentrándose en un año, que, hasta el momento, será de elecciones generales, lo que va a generar inevitablemente que la solución a estos tópicos pase por un enfoque político – electoral que busque votos antes que soluciones.

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Entre la variedad de temas urgentes pendientes está el de la distribución de escaños. El tratamiento a este tema es inevitable, más en un año electoral que tiene como antecedentes una lucha regional que paró 36 días porque se lleve un censo antes del 2025, y más importante aún, que sus resultados sean aplicados antes de la elección, refiriéndose puntualmente a una nueva distribución de escaños.

Para zanjar el tema de la distribución de escaños, debemos tener muy claro que la responsabilidad cae sobre la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sí, aunque sea el Órgano Electoral quien proponga la modificación al sistema de distribución de escaños, esta debe ser aprobada por Ley, y como todos sabemos, el OEP no aprueba leyes, la ALP sí. Una vez que tenemos claro el terreno en el cual se va a debatir este asunto de los escaños, vamos a exponer los tres desafíos principales que a mi parecer debe atender el legislativo boliviano.

El primero de ellos, que los actores políticos acepten los resultados del Censo 2024. Y digo actores políticos porque esto no depende sólo de la ALP, sino de todos los actores regionales, posibles candidatos, organizaciones y gobierno que han opinado sobre la veracidad de los resultados. Acá existen dos caminos: Si se aceptan los resultados del censo, vamos al siguiente paso de discusión sobre criterios de distribución de escaños; pero de no aceptarlos y pedir un nuevo censo, condicionaría a los actores a aceptar la misma distribución de escaños aprobada el año 2013, porque el nuevo gobierno que saldría de las elecciones de este 2025, recién podría programarlo para el año siguiente, el 2026.

El segundo de los desafíos radica en el trabajo técnico, los criterios para la distribución de escaños. Aunque la mayoría de los actores haya difundido a sus seguidores la idea de que a mayor población corresponde mayor cantidad de escaños de manera automática, la proporcionalidad nos recuerda que no es así. Además del criterio poblacional, existe el territorial y el grado de desarrollo económico, que son los utilizados para distribuir los escaños mínimos a cada departamento. Una vez aplicado, a las diputaciones restantes se les aplica otros criterios como a las diputaciones uninominales y las especiales indígenas.

Y ya que mencionamos las diputaciones especiales indígenas, hacemos referencia al tercer desafío. La Constitución hace una referencia poco clara a los criterios utilizados en su Artículo 146, mencionando que deben ser para una población rural y minoritaria de identidad indígena. Actualmente se escogen siete diputados indígenas en siete departamentos, dejando 123 diputaciones entre plurinominales y uninominales, para que las escoja el resto del país. Sólo dos departamentos, que son Chuquisaca y Potosí, no tienen representación indígena en la ALP porque, como se discutió en 2013, los resultados del Censo en aquel entonces les daba una población mayoritariamente rural.

Si seguimos el mismo criterio utilizado en la Ley 421, promulgada en 2013, y tomamos en cuenta los resultados del Censo 2024 y las proyecciones migratorias del INE que convierten a Bolivia en un país más urbano y metropolitano, las minorías rurales aumentarían, y por lo tanto pasaríamos de 7 diputados indígenas a 9, dejando sólo 121 diputados para elegirse por el resto del país. ¿Qué lío, no?

Como dijimos líneas arriba, esta propuesta técnica la realiza el OEP, pero debe ser aceptada por la ALP mediante Ley, por lo que las discusiones podrían enfrascarse en temas muy técnicos y guiados por un cálculo político por encontrarnos en un año electoral.

(*) Mario Vega Yáñez es docente y politólogo

Estéril, que no da fruto, que no produce nada. Así se puede calificar la “Marcha para salvar Bolivia” o la “marcha de la muerte”, como estéril.

Más allá de mantener a una audiencia expectante y nerviosa, y además de servir como caldo de especulaciones sobre qué es lo que está pasando detrás de bambalinas, el caos generado no tuvo ningún efecto ni movimiento brusco de tablero de la situación política del país que esperaban tantos.

Y ahora que quizás haya pasado, esperemos lo peor, pero nos damos cuenta que no iba a pasar nada, de verdad. Imaginemos los escenarios que más apuestas registraron: si Evo Morales llegaba a Plaza Murillo, no iba a tomar el poder, quizás iba a asegurar su candidatura, pero los bosques seguirían quemándose; si Arce se animaba a detener a Morales, tampoco iba a pasar mayor cosa, los dólares no iban a aparecer de pronto en los bolsillos de los importadores ni los precios se estabilizarían; si los dos tercos se enfrascaban en una pelea sin salida y se construía una figura mesiánica de un Andrónico como salvador, no se iban a llenar los gasoductos de la noche a la mañana e íbamos a firmar contratos con todos nuestros vecinos para llenarles sus tanques de nuestro gas; y si los militares terminaban enojándose y actuando como padres estrictos que quieren poder orden y tomasen el poder, el diésel y la gasolina no iban a aparecer regalados en los surtidores. Es que al final no iba a pasar nada en relación con la situación crítica por la cual pasa Bolivia.

Todo este simulacro de apocalipsis democrático no movió nada, pero sí evidenció, desde mi punto de vista, un escenario futuro aún más preocupante: el de un gobierno extremadamente débil, un ala evista que no se sabe lo que quiere, una oposición que no supera el “fuera masistas” ni construye agenda y unos desafíos a corto plazo que se ven complicados de superar.

El primero de ellos y más urgente es la situación económica. Claramente el gobierno no tiene una propuesta que vaya más allá de culpar a todos por la situación y encontrar en la exigencia de aprobación de créditos el botón de arranque de una estrategia de salvataje económico que nadie conoce, sólo él. La posición es clara, los bandos opuestos a su gestión no van a dar el sí a los créditos prácticamente a meses de que acabe su gestión.

La situación del censo y los escaños. El censo ya está desacreditado por la mayoría de actores políticos y no cambiarán de opinión para dar apoyo a la gestión de Arce. La solución no pasaría por hacer aparecer dos millones más de habitantes para saciar las expectativas, sino de realizarse otro censo en base a otro tipo de acuerdo que sólo llegará con la siguiente gestión de gobierno. Y esto activa otro conflicto aún mayor, por su impacto en las regiones que pelearon por la realización del censo en 2023, y son los escaños. El criterio para distribuir escaños no está escrito en piedra, sino en la Ley 421 y todo es revisable. Podemos pasar de tener 7 diputaciones indígenas a 15 o disminuir a 2, podemos pasar de usar tímidamente el criterio de Índice de Desarrollo Humano a darle un protagonismo a la hora de distribuir los plurinominales, todo ello sin tocar la Constitución. Otra opción, que intentó Arce y que dejó en claro su debilidad política, fue la de aumentar el número de escaños, pero que no tuvo eco porque la discusión nunca estuvo en la cantidad de diputaciones, sino en los criterios de distribución y sus inequidades. La Ley 421 es el resultado de fuertes disputas regionales dentro de la Asamblea Legislativa que llegaron a un acuerdo bajo el paraguas hegemónico del MAS en ese entonces. Hoy, seamos claros, no existe ese escenario y el llegar a un acuerdo pasará por pactos políticos con otros partidos.

El Amazonas se nos quema cada año. No es la primera vez, quizás sí una de las más dramáticas por la calidad de aire que respiramos todos últimamente, pero ya pasó y tristemente puede volver a pasar. En 2019, cerca de las elecciones de octubre, la Chiquitanía también se incendió y fue electoralizada su solución. Hoy se repite el mismo escenario y se simplifica el tema a una abrogación de leyes incendiarias culpando al MAS, pero todos somos conscientes que ese es sólo una parte del problema. Bajo el escenario político actual ¿hay algo que pueda hacer Arce para abordar el tema de los incendios de manera integral y participativa? No, no puede. ¿Ven que no iba a pasar nada y probablemente no pase nada?

Una de las frases que solemos usar para motivarnos hoy cobra un tono desesperanzador: “Lo peor que puede pasar, es que no pase nada”.

Mario Vega Yañez es politólogo y docente de la UMSA.

Hace algunas semanas escuchaba a algunos analistas políticos hacer énfasis desesperadamente en la idea de que el proceso de cambio había llegado a su fin, se había extinguido. Que el modelo económico productivo —que solo los que trabajan en el Ministerio de Economía pueden mencionar su nombre completo de memoria— ha fracasado y no existe. Y que básicamente, estos serían elementos suficientes para reemplazar un proyecto de país por otro que tendría como guía estructural ser una antítesis del modelo de Estado planteado por el masismo en las últimas décadas.

Escucharlos fue recordar aquel libro de George Lakoff publicado en 2017, No pienses en un elefante. Sí, no piense en un elefante. Un título llamativo, sugestivo, que provoca exactamente lo que te pide que no hagas, pensar en un elefante. Lakoff nos explica que al conservar el lenguaje y el marco con el que tu adversario hace referencia a su forma de ver el mundo, termina provocando que tu audiencia hable y vea el mundo exactamente de esa forma, aunque no esté de acuerdo con ella.

El hablar del proceso de cambio como un fracaso, como un ciclo acabado, como un elemento negativo, es hablar del proceso de cambio. Lo convierte en un referente, porque la gente necesita asociar un concepto en relación con una referencia ya sea para compararlo como equivalente o como opuesto. Hablar del proceso de cambio lo convierte en elemento por el cual el masismo va a encontrar un significado para unir a su base votante, y a su vez lo va a convertir en la razón de lucha de una oposición que encuentra su sentido de unión en ella. Entonces, ¿qué sentido tiene el mencionar que el proceso de cambio ha muerto? Ninguno. Una cosa es que se encuentre en crisis de representación, pero otra muy distinta es que haya desaparecido.

Este 2024 ya es un año electoral y vamos a ir viendo que el proceso de cambio como concepto va a seguir circulando como elemento referencial en los discursos de unos y otros. No solo es el antimasismo el que lo utiliza para dar sentido a su existencia, sino el mismo MAS que ahora está en una lucha interna por resolver una pregunta que va a alimentar las discusiones de sus aspirantes: ¿quién se queda como heredero del proceso de cambio? Congresos, cabildos, marchas, bloqueos, convocatorias masivas, serán los espacios en disputa por declararse legítimos sucesores.

Pero, ¿es posible dejar de hablar del proceso de cambio? Sí, en cuanto exista una nueva propuesta de marco referencial que se equipare en magnitud al proceso de cambio en sentido simbólico. Esto en términos sencillos sería una propuesta de país que convenza a los sectores en épocas electorales y le dé sostenibilidad en la gestión, que funcione como un elemento que reemplace al anterior y le dé un significado a la unidad y subordinación sostenida.

Esto solo va a darse en un escenario de crisis sin duda, principalmente económica, que provoque en cadena otros tipos de crisis. El escenario de 2019 ha demostrado que una crisis política no basta para reemplazar el significante del proyecto de país, sino una crisis económica que lleve a los líderes opositores emergentes a plantear soluciones partiendo de otra forma de ver y salvar el país.

Por eso, creo que en estos tiempos si Lakoff vendría a Bolivia a prestar una asesoría política nos diría: No pienses en el proceso de cambio.

Mario Vega Yañez es politólogo y profesor universitario.

El neuromarketing surge en los últimos años como un descubrimiento que sostiene que existe un efecto considerable de las emociones en los procesos cognitivos, que terminarían afectando a la razón que estaría vinculada por una serie de procesos cerebrales relacionados con los sentimientos. De ahí que muchos años pensamos, de manera errónea, que la razón y la emoción van separados, y que la primera tiene un predominio sobre la segunda.

Argentina decantó su voto para presidente por Javier Milei, para sorpresa de muchos quienes pensaban que ese 11% que respondía “en blanco” o “ns/nr” en las encuestas estaban realmente indecisos y que el debate presidencial podría haber tenido un impacto determinante en los resultados de este 19 de noviembre a favor de Massa. Las dos campañas, tanto de Massa como de Milei, estuvieron guiadas por la apelación a dos de las tres grandes emociones que califica Maneiro Crespo en una valencia de “positivo-negativo”, estamos hablando de la ira y el miedo (la tercera es la esperanza o la ilusión).

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Por un lado, estaba el miedo. El miedo a un candidato desconocido, a un extremista que tenía como única propuesta romper con todo sin tener claro el qué llenaría el vacío que dejó la destrucción. El miedo a que un “loco” nos gobierne, el miedo a que los argentinos estén peor —económicamente hablando— de lo que están ahora. Que este experimento de cambio radical deje al país peor de lo que está.

Por el otro lado, estuvo la ira. Ira por seguir hundiéndose una y otra vez en una situación crítica que nadie da una respuesta clara. Rabia porque a pesar de los cambios de gobierno, son los mismos que siguen bien o mejor, pero la mayoría está peor. Ira por la impotencia de sentirse engañado con las soluciones que esa “casta política” promete dar y no tiene ningún resultado. Esa rabia que tuvo como principal programa de gobierno “destruyamos todo” y luego ya veremos.

Ya pasaron las elecciones y la ira venció al miedo. Ese más del 55% que hizo presidente a Milei en una segunda vuelta y que no se verá reflejada en una representación parlamentaria hace inevitable pensar en cómo negociar ahora para garantizar gobernabilidad. Habrá que primero sentarse en la misma mesa, intentar dialogar, que incluye escuchar al otro, y por último negociar, que implica ceder a las demandas de aquel “otro” que juramos eliminar a cambio de que ellos cedan en algunas —no todas— de nuestras demandas. Así es la democracia, así son las reglas que en estos tiempos permiten la convivencia de diferentes pensamientos en un mismo espacio.

Para Ernesto Laclau, uno de los elementos que conforma un momento hegemónico que da origen a los populismos es la aglutinación de varios sectores en torno a una idea hegemonizante (el miedo a Milei o la ira contra la casta política), identificando claramente a un enemigo que es la materialización de aquello que nos impide como grupo llegar a la plenitud y felicidad, que se encuentra al otro lado de una línea marcada que el movimiento identifica como una frontera que no se puede cruzar, esa línea es la que nos diferencia de ellos, los otros. Pues bien, si Milei quiere gobernar y hacer reales sus promesas, tendrá que negociar y cruzar esa línea que lo diferenció en campaña, con el riesgo que sus seguidores puedan tomarlo como traición.

Acá es donde entra en juego la resignificación del enemigo, el cambiarle de nombre y que permita a Milei recategorizar a los enemigos de esas reformas. Quizás la etiqueta de “argentinos de bien” que utilizó en su primer discurso nos dé pistas de quiénes entran en esa categoría como aliados y quiénes quedan fuera como enemigos.

Lo de las emociones como un recurso no es nada nuevo, basta con dar una mirada a El Breviario de Quinto Tulio Cicerón para entender que la razón nunca estuvo separada de la emoción.

(*) Mario Vega Yáñez es docente y politólogo

El conflicto no es fin, no es caos irremediable, no es el apocalipsis. El conflicto forma parte de la existencia humana y es necesaria, para mantener a una comunidad cohesionada en tanto su objetivo no sea la destrucción del otro, tal como lo retrata Simmel (2019) en su libro El conflicto. Sociología del antagonismo. El conflicto también es un paso necesario para esas mudanças de la vida política para mantener una comunidad viva.

El conflicto interno del MAS aporta, a mi parecer, dos elementos que quiero comentar: el primero, es que esta batalla va a terminar por cerrar un ciclo de mayorías absolutas; y segundo, que estamos presenciando un viraje en la configuración política de los escenarios de disputa de poder en el país.

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El MAS ha decidido identificarse por alas, la del Gobierno actual y la del partido histórico. Juntos tienen un enemigo en común que gradualmente lo han ido reduciendo y debilitando hasta el punto que deja de ser una amenaza que siga sosteniendo una alianza dentro del partido por encima de los intereses. El enemigo ha pasado de ser externo a construir uno interno que ha marcado la división que venía produciéndose desde tiempo atrás en las filas del MAS, originando la presente batalla.

Al tratarse de una batalla anunciada, partimos del principio que las dos fuerzas, arcistas y evistas, son conscientes que sus fuerzas son equiparables a la de su rival, que por tanto puede luchar y tener posibilidades de ganar, caso contrario el combate directo no sería una de sus estrategias. De verse uno de los bandos sobrepasado o su posible victoria amenazada, buscará alianzas con otras partes para encarar la batalla y asegurar el triunfo, lo que significa sentarse a negociar y acordar ciertos puntos con un otro, pero además deberá construir discursivamente para la sociedad un nuevo vacío significante en palabras de Laclau (2015), que sirva como discurso que legitime tal alianza. El MAS fue uno de los partidos que marcó la época de los gobiernos populares de izquierda en América Latina en los años 2000 y que como muchos no necesitó de buscar alianzas para garantizar la gobernabilidad que requiere un sistema presidencialista, una lógica política que hoy en día y bajo las actuales circunstancias, se ve amenazada.

Como segundo punto: La dinámica política del país tiende a cambiar su centro de disputa del poder. Si bien a partir de los años 80, con el retorno de la democracia, el escenario fue un congreso como arena de disputa y los partidos políticos como actores, durante los años 2000 y la consolidación de una mayoría parlamentaria llevaron la disputa al interior de un partido con los movimientos sociales como actores en torno a una estructura encabezada por Morales como un juez. Hoy el escenario parece virar hacia un punto donde los sectores sociales como actores políticos con alta influencia, disputarán sus diferencias ya no dentro del partido, sino en la institucionalidad del Estado como es la Asamblea Legislativa.

Esta dinámica no es la misma que la de los años 90. Los partidos mantuvieron en ese entonces una estructura elitista, basada en los valores de un liberalismo democrático y asentados en las áreas urbanas; hoy, y luego de un proceso largo de fortalecimiento institucional enfocado al área rural, los actores encuentran en los movimientos sociales y su forma de organización basada en valores del sindicato, el espacio para tener una representación política directa en el parlamento que no encontraban antes si no era a través de un partido político. Su invisibilidad estuvo marcada por el caudillo que generó un escenario en el cual no necesitaban manifestar sus demandas directamente al Estado, sino a través de la estructura del MAS de Morales en el gobierno.

Son tiempos de cambio, son tiempos del posevismo, donde el conflicto estará presente en cada coyuntura política que surja, cada escenario será una disputa encarnizada por debilitar al otro y ganar ese terreno de cara a las elecciones.

(*) Mario Vega Yáñez es politólogo y docente de la UMSA