Hace poco escribí sobre la feminización de la política y de cómo la elección de 2025 en Bolivia estaría en manos de nuestras hijas, al poco tiempo esta hipótesis fue asentando cuando fueron ellas quienes en dos días se encargaron de liquidar a un artista que en vez de disculparse por lo hecho hace algunos años, optó por atacar a la víctima. 

Por ello, vuelvo a insistir en el tema de las y los jóvenes, pues mientras posibles candidatos sigan dando vueltas sobre sus mismas ideas, nichos electorales y con proyecciones a lograr las mismas votaciones que en el pasado, salvo el MAS que aún no propone ni una idea y continúa enfrascado en lo imposible apostando a una generación sin opciones (cualquiera de los bandos) en vez de dar el salto que la gente pide, las y los jóvenes siguen mirando donde encajar su decisión.

Ellos, post pandemia con capacidad y velocidad mental para atender y entender muchisimas cosas por segundo son: a) Jóvenes profesionales con su primer crédito sea de vehículo o vivienda, ya insertados con empleo en sector público o privado, formal o informal; b) emprendedores autogestionados, que con conocimientos específicos recurren a esa ventaja para laburarse el día a día, casi siempre apretados económicamente; c) aspiracionales que están estudiando alguna carrera o curso y tienen un trabajo intermitente, han cambiado de rumbo varias veces porque no resultó lo que esperaban mas no quieren estar como sus padres correteando; d) desilucionados que salen bachilleres pero no saben qué hacer, sienten que el país no les da nada y se quedan cerca del TikTok a veces para entretenerse, otras para informarse, tienen en común que no están dispuestos a perder derechos, avances logrados; quieren estabilidad donde desarrollar lo suyo en paz; y quieren tener ingresos que les permitan vivir.

Con criterio político aún sin formación —porque en Bolivia es imposible ser un despistado si la política es el diario vivir— esperan que las figuras presidenciales y quienes integren las planchas a la Asamblea les hablen de lo que interesa, de economía, de qué van a hacer con el gasto en las Fuerzas Armadas y esas jubilaciones de privilegio de las que habla María Galindo, o el famoso servicio militar obligatorio inútil; del medio ambiente y los bosques que se queman cada año; de la contaminación de los ríos y comunidades de la minería ilegal, que de yapa no deja ni un peso para el Estado; de la basura que se deposita en los barrios y contamina ese mundo donde ellos quieren vivir y pasear; de los bancos, las cripto y de cómo pagar el Netfilx o su internet; de si ese Estado que les ofreció empresas estratégicas para que tengan bonos su abuelita, sus papás, las embarazadas o como muchos de ellos como incentivo a fin de año en el colegio, debe seguir o desaparecer; de si las instituciones sirven o son burocracia. Ellos no quieren colas para los tramites, para qué colas y fotocopias de carnet si tienen el celular desde que despiertan, pero también requieren que se les diga el cómo.

¿A tan sólo seis meses de las elecciones en Bolivia, nadie les habla, quién atenderá sus sueños?

Susana Rivero Guzmán es abogada penalista, constitucionalista y feminista.

Las mujeres en la política y la vida pública hemos evolucionado a lo largo de los años no solo en las luchas por derechos, sino en las formas de relacionamiento en la sociedad a través de distintas ideas y estéticas.

Inicialmente, transitamos por reclamaciones de derechos, en plan y estética de activistas de izquierda, de sindicatos de trabajadoras y organizaciones sociales para lograr ser reconocidas; lo hicimos en Estados patriarcales, con sociedades y normas que nos asignaban roles y estereotipos; luego pasamos a la discusión de igualdad formal, pero adoptando las formas y la estética masculina, logrando autoridades y representantes como símbolos de fortaleza emocional, intelectualmente fuertes, hábiles para usar el tono de sus pares del sexo opuesto, con capacidad de resistir la dureza de ese mundo, pero la mayoría fue alejada por la hostilidad y la violencia política.

Así llegamos a este siglo, en el que las mujeres nos planteamos otras cosas; queremos ser mujeres o con la opción sexual que se asuma, pero con asignación de roles distintos, y tratamiento también diferenciado al de los hombres, donde la perspectiva de género se entienda desde el enfoque relacional, que implica mirar los contextos sociales y a las subjetividades particulares. A decir de Miranda (2012), se “trata de buscar la igualdad sin rechazar la diferencia” o, como dice Gisela Bock, que esa idea que, para ser iguales, las mujeres tengamos que aceptar los valores sociales machistas predominantes, ya no es admisible; no se puede aceptar tratamiento igual cuando los resultados serán desiguales. 

Este enfoque del feminismo moderno respecto a la igualdad en la diferencia reviste importancia en la actualidad preelectoral boliviana, pues nos enfrentamos al voto de nuestras hijas que nacieron con derechos conquistados, y mientras nosotras evolucionamos hacia la feminización de la política y la vida pública con discusiones teóricas y estética femenina, vemos propuestas en reversa planteando, por ejemplo, que, ante problemas y distorsiones por ineficacia investigativa o inoperancia juridicial, la propuesta en casos de violencia sea modificar la Ley 348, esta vez para que beneficie a varones, o, lo que es peor, haciendo de cuenta que no existimos sin hablar siguiera de nuestros temas cuando ocupamos el 57% de la población, de acuerdo al último Censo de Población y Vivienda.

Nadie verá a Claudia Sheinbaum Pardo presidenta de México dejar el vestido, los tacones, el maquillaje, la voz serena, ni abandonar su femineidad para parecerse a un hombre; hoy las mujeres demandamos tener como representantes a las mejores, desde lo que somos, pues se trata de gobernar desde la diferencia, con la firmeza de las ideas, la solvencia del conocimiento, pero desde los valores del corazón. Prepárense porque serán las mujeres jóvenes, nuestras hijas las que determinen en definitiva quién ocupará la silla presidencial. Queremos pasar de la igualdad formal del siglo pasado a la igualdad real en una Bolivia plural.

Hvace un mes el grupo de la sociedad civil Bolivia-Chile reflexionó en una de sus mesas de trabajo sobre las migraciones desde una perspectiva de género, acogiendo en esa oportunidad la presencia de expertos que nos ayudaron a enfocar los debates sobre las causas, consecuencias, destinos, percepciones de la ciudadanía, países receptores de las migraciones, y la vulnerabilidad, coincidiendo en que las migraciones tienen cara de mujer.

Coincidentemente a estas nuestras preocupaciones, los presidentes de las cámaras de diputados de Bolivia y Chile, sin referirse a asuntos internos de cada país, además de convenir activar la creación de grupos parlamentarios, han decidido trabajar con sus gobiernos para retomar las reuniones de los Comités de Frontera y así abordar entre otros temas el de las migraciones, lo cual celebramos convencidas en la urgencia del diálogo para encarar la hermandad vecinal.

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Según estimaciones de las Naciones Unidas sobre población migrante internacional, 281 millones de personas en 2020 vivían fuera de sus países de origen, lo que representa un 3,6% de la población mundial, es decir la cifra más alta jamás registrada, y aunque los procesos migratorios interregionales de mayor dimensión se producen en Europa, la migración sur-sur ha empezado desde hace algún tiempo a cobrar importancia colocando a las mujeres en la cúspide de las estadísticas en la movilidad, exponiéndolas a carencias materiales, físicas, psicológicas, riesgos y vulneraciones de sus derechos humanos e incluso a la trata y tráfico.

En Bolivia como país receptor, según datos actuales de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el 47,9% de personas proceden de Perú, 22,1% de Venezuela, 18,2% de Colombia, el resto de países diversos, pero el dato relevante es que de ese total, el 28% son menores y el 33% son niñas, en ese marco, exhortamos a concebir  la migración como un proceso de orígenes y causas sociales y, por ende, no puede ser asociada ni abordada desde el enfoque criminal sino de los derechos humanos, entendiendo que las personas migrantes contribuyen al bienestar y la prosperidad de los países receptores, tanto en oferta de mano de obra como en consumo de productos locales, aportan al Producto Interno Bruto (PIB), generando además remesas a sus países de origen, lo cual debe motivar compromisos públicos de atención integral desde la perspectiva de derechos humanos y de género, en la vía administrativa no penal, reforzando el análisis y el uso de estadísticas que permitan fortalecer las capacidades binacionales de atención, intercambio de información y tratamiento.

(*) Susana Rivero Guzmán es abogada feminista y experta en penal, constitucional y convencionalidad

EL PUNTO SOBRE LA I

Si la proclamación de Jeanine Áñez como presidenta fue o no constitucional es un debate de mucho tiempo todavía. Buena parte de la discusión jurídica, sin embargo, según nuestros entrevistados, se concentra en dos hechos: la fuerza legal que tuvo o no el  comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) del 12 de noviembre de 2019, y la existencia o no de un vacío de poder y la forma en que se lo “llenó” en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Antes, urge tener clara conciencia, reclama el ministro de Justicia, Iván Lima, de que la condición del debate jurídico sobre la sucesión-posesión de Áñez en 2019 fueron las acciones de hecho, la violencia que se usó en esos días para presionar a dar determinada salida jurídica a la crisis.

La renuncia del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, por ejemplo, recuerda el ministro, se produce a la misma hora en que su hermano “era torturado y que casi lo matan en la plaza de Potosí”. Con este antecedente, por decir algo, se puede cuestionar lo “voluntario” de dicha renuncia, si en rigor se la puede considerar como tal.

Para Lima, el vacío de poder es una figura forzada, pues, tal como señala la exdiputada Susana Rivero en estas mismas páginas, en el día crítico, el 12 de noviembre, ella fungía como presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados. Y, aplicando el artículo 169 de la Constitución, ya renunciada la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, Rivero era la depositaria automática de la sucesión, pues “ella sí representaba a la fuerza de mayoría”; en ella “terminaba la sucesión”: y, como último eslabón en la cadena de sucesión, no le quedaba sino convocar a la Asamblea, discutir las renuncias de los mandatarios y llamar a elecciones.

Por el contrario, en la perspectiva del jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, aparte de que hubo un vacío de poder, éste tuvo que ser resuelto con la sucesión en el mismo Senado, con base en el Reglamento General de la Cámara: “No es verdad el argumento de que siempre la presidencia del Senado debe recaer en alguien de la mayoría, porque claramente el Reglamento dice que cuando no hay la presidenta ni la primera vicepresidenta en el Senado, la que reemplaza, en calidad de presidenta, es la segunda, de manera automática” (artículo 41 del Reglamento).

MAYORÍA. Lima remarca que la sucesión dispuesta en el artículo 169 de la Constitución prevé precisamente que el cargo debe mantenerse en manos de la mayoría de la Asamblea: “cuando asume como presidenta alguien que solo tiene 4% de apoyo de la gente, estamos hablando de que no se ha respetado el derecho. Áñez jamás podría haber sido elegida presidenta de la Asamblea” (según los artículos 33 del Reglamento de Diputados, y 35 del de Senadores, apunta).

Otro tema central en el debate de la constitucionalidad o no de la posesión de Áñez, es la contundencia legal del comunicado del TCP.

Alarcón insiste en que si bien el comunicado no tiene fuerza legal por sí mismo (no es ni sentencia ni declaración ni auto constitucional), sí la tiene la norma a que hace referencia: la Declaración Constitucional 0003/01 del 31 de julio de 2001. En lo principal, el considerando III.3, que cita el referido comunicado del TCP, dice: “Frente a una sucesión presidencial en la vacancia de la presidencia de la República, ocasionado por el jefe de Estado y no a un acto de proclamación, no requiere de ley ni de resolución congresal para que el vicepresidente asuma la presidencia”. Alarcón no deja de señalar que apelar a la carencia legal del comunicado del TCP es una inconsecuencia del MAS, que en el pasado usó, dice, también un comunicado para instaurar juicios de responsabilidades por los petrocontratos a Carlos Mesa y Jorge Quiroga.

Aquí, para Lima, “el TCP no ha avalado nada, un comunicado no es una sentencia y el Tribunal ya lo ha aclarado (se refiere a la declaración del magistrado Petronilo Flores ante una comisión de Diputados, en febrero de 2020, que dijo que el referido comunicado “no tiene ninguna relevancia jurídica”).

En lo relativo a la Declaración Constitucional 0003/01, Lima es enfático al afirmar que la misma, por estar enmarcada en la Constitución anterior, no es aplicable hoy. “Esa jurisprudencia está basada en la Constitución de 1995, por tanto la posibilidad de aplicarse a hechos de la Constitución de 2009 no es válida, no es posible”, destacó.

VIGENCIA. La discusión va para largo, pero he aquí que recobra vigencia jurídica y política. En el plano jurídico, por la instauración en la Fiscalía del llamado caso “golpe de Estado”, y en lo político, por el planteamiento que hizo Comunidad Ciudadana (CC) en su reciente comunicado “Bases para la reconciliación nacional”.

“Nosotros hemos dicho que hay que trascender esta polémica; es una polémica que a estas alturas de lo que necesita el país resulta un lastre, es estéril; entonces no queremos alimentarla, por el contrario, la queremos trascender, ir más allá para tener un escenario de paz en el país, lo que no quiere el MAS, éste quiere un escenario de guerra”, defiende Alarcón el comunicado de CC.

Insistiendo en que la propia elección del presidente Luis Arce es consecuencia “de un proceso electoral encauzado y desarrollado por el gobierno de la señora Áñez”, dice el diputado de CC, el “elemento superador político y jurídico de todo eso han sido las elecciones de 2020”.

Para Lima, por el contrario, la posesión de Áñez es una cuestión pendiente: “El momento que se ha cometido un delito es cuando la señora Áñez sesiona ante una Cámara vacía, en el Senado, luego baja a la de Diputados y se proclama a sí misma Presidenta. Ese es el hecho que debe explicarle al país, por qué lo ha hecho y con el respaldo de quién lo ha hecho; esas son las preguntas que se deben resolver en un juicio penal”.

En cuanto a que la posesión de Áñez sea un hecho superado, Lima apela a que esclarecer los hechos, juzgar a los responsables y reparar a las víctimas solo son un acto de justicia; que luego la democracia se haya podido reencauzar solo expresa lo que se tuvo que hacer para reparar el daño, pero que hubo delito, lo hubo. Cuando se comete un delito, los actos de reparación, de desagravio, de restablecimiento a la víctima, no se pueden considerar como actos que eliminan el ilícito, concluye.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

LA NO SUCESIÓN CONSTITUCIONAL DE 2019

Por Susana Rivero G

El 10 de noviembre de 2019 hubo renuncias públicas y bajo presión —pedidos de renuncia por parte de altos mandos policiales y militares, vejaciones físicas, cercos y quemas de viviendas propias y de familiares— de Víctor Borda que estaba en Potosí, Evo Morales y Álvaro García en Cochabamba, Rubén Medinacelli en Oruro y Adriana Salvatierra en La Paz, en ese orden.

Ese domingo por la noche escuchamos a la senadora Jeanine Áñez, de Demócratas, desde Trinidad afirmar por teléfono a Unitel: “Hemos visto hoy día finalmente lo que todos los bolivianos esperábamos, las renuncias del presidente, del vicepresidente y hemos visto muchas otras renuncias de quienes acompañaban al presidente Morales… y obviamente, lo que sucede en la sucesión constitucional es que cuando han renunciado la presidenta del Senado, el primer vicepresidente de la Cámara de Senadores, ha renunciado el presidente de la Cámara de Diputados, yo obviamente funjo como oposición y como lo establece nuestro Reglamento interno de debates de la Cámara de Senadores, yo estoy en la segunda vicepresidencia y en ese orden constitucional pues me correspondería asumir este reto con el único objetivo de llamar a nuevas elecciones, pacificar el país y que todo vuelva a la normalidad. Espero que podamos convocar a una asamblea”… “tendría que convocarse a una asamblea para poner en consideración las renuncias de los primeros mandatarios”.

Veamos si la norma se cumplió, si la Constitución fue respetada a través de la aplicación de los reglamentos del Senado y de Diputados.

Opción 1: Permitir que cada una de las cámaras considere las renuncias de Adriana Salvatierra y Víctor Borda, y en caso de rechazo, cualquiera de los dos podía haber asumido la conducción del país, pues sus renuncias verbales para tener validez debían ser presentadas por escrito en sesiones de sus cámaras para consideración del pleno, como lo mandan los artículos 28 y 31 de los reglamentos de las cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente.

Estas renuncias no fueron ni leídas y menos tratadas hasta después del 12 de noviembre en que se produjo la autoproclamación de Áñez.

Opción 2: Convocatoria a sesión de la Asamblea Legislativa por la presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, como última autoridad de la fuerza mayoritaria en la línea sucesoria, para admitir o negar las renuncias de Morales y García:

Artículo 161 CPE: Las cámaras se reunirán para: 3. Admitir o negar la renuncia del Presidente y del Vicepresidente del Estado. Áñez, sin competencia alguna, interpretó y cesó en sus mandatos a Morales y García escogiendo de entre las cinco formas de cesación contempladas en el artículo 170 de la Constitución, la ausencia o el impedimento definitivo, bajo la especulativa argumentación de que ya habían salido del país, inobservando que no habían transcurrido los 10 días de ausencia permitidos por el artículo 173 de la CPE.

Artículo 170 CPE: El Presidente cesará en su mandato: por “muerte, por renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa, por ausencia o impedimento definitivo, por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal y por revocatoria de mandato”. Artículo 173 CPE: “El Presidente podrá ausentarse del territorio boliviano por misión oficial, sin autorización de la Asamblea Legislativa, hasta un máximo de 10 días”.

Por otro lado, ¿con qué facultad jurídica podía Áñez instalar una sesión de la Asamblea, sin el quórum necesario en la directiva y en el Pleno, desconociendo los artículos 9 y 73 del Reglamento de Diputados? Artículo 9: “La Asamblea y la Cámara de Diputados sesionarán con la mayoría absoluta de sus miembros”. Artículo 73: “Toda sesión plenaria se efectuará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros”.

Opción 3: Convocatoria a sesión en cámaras separadas, para la elección del presidente o vicepresidente o vicepresidenta del Senado, carteras a ser ocupadas por representantes de la mayoría. Y para la ratificación de la presidencia en ejercicio o nueva elección en Diputados, pues en este caso la vicepresidencia sí estaba ocupada por la fuerza de mayoría. En estricto apego a los artículos 35 y 33 de los reglamentos del Senado y Diputados, respectivamente. 

Artículo 35: (Senado): II. Para asegurar la participación y pluralidad política de la Cámara, la Presidencia, Primera Vicepresidencia, Primera y Tercera Secretaría corresponderán al bloque de mayoría; y la Segunda Vicepresidencia y la Segunda Secretaría al bloque de minoría. Artículo 33: (Diputados): La Presidenta o el Presidente, la Primera Vicepresidenta o el Primer Vicepresidente, la Primera y Segunda Secretarias o el Primer y Segundo Secretarios, corresponderán al bloque de mayoría; la Segunda Vicepresidenta o el Segundo Vicepresidente, la Tercera y Cuarta Secretarias o el Tercer y Cuarto Secretarios, al bloque de minoría.

Como se puede ver, el reglamento del Senado no permitía a la minoría hacerse de la presidencia de la Cámara, menos instalar sesiones sin quórum de mayoría absoluta para el Pleno camaral y de tres miembros en el quórum de la directiva.

Artículo 75: (Senado): “Para instalar válidamente una sesión del Pleno es necesaria la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros”.

Artículo 76: (Senado): “I. La instalación del Pleno Camaral deberá contar con la presencia de la Presidenta o Presidente o Vicepresidenta o Vicepresidente, con la asistencia de por lo menos dos miembros de la Directiva. II. Previa verificación del quórum, el Presidente de la Cámara instalará la sesión a la hora señalada en la convocatoria. III. De no existir quórum, se postergará el inicio de la sesión por 30 minutos, al cabo de los cuales se verificará nuevamente el quórum. IV. Si luego de la postergación persiste la falta de quórum, la sesión será suspendida”.

Opción 4: Aplicar textualmente el artículo 169 de la Constitución y permitir que la presidencia en ejercicio de Diputados convoque a sesión de Asamblea para discutir las renuncias y convocar a elecciones en el plazo máximo de 90 días, tomando en cuenta que ella sí representaba a la fuerza de mayoría y que según el artículo 169 de la CPE con ella termina la sucesión en esta instancia, obligando a llamar a elecciones cuando se llega a este punto. No habla de volver arriba a recomponer directivas y elegir presidente o presidenta.

Artículo 169 CPE: “I. En caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o Presidente, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o Presidente del Senado, y a falta de ésta o éste por la Presidente o el Presidente de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de 90 días”.

Como se puede ver, existían varias alternativas legales, independientes e incluso combinadas entre sí que pudieron y debieron aplicarse; sin embargo, a ellas se antepuso el asalto irregular tanto del Senado como de la Asamblea Legislativa y hasta hoy los únicos argumentos para refutarlos o anteponer otra línea interpretativa son un comunicado de prensa sin firmas del Tribunal Constitucional Plurinacional y que Evo y Álvaro ya habían partido con asilo a México.

(**) Susana Rivero G. es abogada