Voces

Wednesday 19 Feb 2025 | Actualizado a 17:51 PM

En marcha

/ 1 de octubre de 2024 / 06:03

Cual culebra reptando, la multitud avanza a paso firme por la carretera; corean estribillos conocidos, murmuran frustraciones y esperanzas, superan molestias del roce de los zapatos, hablan de sus hijos y su futuro, alivian el cansancio con respiración profunda o agua de la botella pet, censuran por lo que no se hizo o cómo se hizo y cómo hoy habría que hacerlo; mirando el horizonte lejano sueñan con una vida digna, recuerdan lo que dejaron otras marchas y otros desandares, es la larga marcha por la vida.

La marcha por Bolivia concluyó el pasado lunes, siete fueron las jornadas de expectativa que vivió el país. La marcha, cuya estrategia era sumar fuerzas cada jornada y cuyo desenlace era la llegada al centro de decisión política para definir posiciones; sin embargo, el fin fue una retirada victoriosa y el anuncio de nuevas batallas. El vértigo del cataclismo se fue disipando.

El anuncio de la marcha se dio en el Congreso, transformado en ampliado, del MAS-IPSP.  La motivación fue la respuesta a la crisis económica que atraviesa el país, y cuyas acciones de descontento estaban siendo monitoreadas por transportistas, comerciantes, cívicos y otros; sin embargo, el único sector con que se negociaba era de los empresarios privados. La plataforma de 16 puntos recoge las preocupaciones de varios sectores, muchas veces ambiguas y contradictorias, reflejo de la pluralidad del país; es una sumatoria que busca rearticular al sujeto histórico: originario, campesino y popular; el liderazgo es de Evo, el hermano, el compañero, obligado a organizar y articular a las nuevas generaciones. Ante los controles impuestos al MAS como partido político, se impone otro tipo de dirección política.

La concepción clásica de la marcha como eje articulador y de ruptura sólo se dio en la marcha de los mineros, cuando, con el cerco de Calamarca, se impuso la relocalización. Las otras marchas forzaron una negociación, con acuerdos incumplidos; pero fueron fraguas que proyectaron su rostro al mundo, se templaron alianzas, fidelidades y visiones de futuro; de ahí surgió el fulgor del decálogo del 2005, cuyos ejes centrales eran: Asamblea Constituyente, nacionalización de hidrocarburos y tierra-territorio. La marcha es una escuela, por lo cual se equivocaron los que pensaban que venían al asalto del poder y en ese sentido prepararon una respuesta violenta contra sus propios hermanos.

A casi 20 años de aquella articulación es necesaria una evaluación constructiva de nuestro proyecto societario consagrado en la Constitución del Estado Plurinacional: fue un mandato a los gobernantes, mandato que redujo a la pasividad el sujeto histórico. Es notable la ausencia de eventos de los trabajadores de la industria y del campo que delineen posiciones en cada uno de los problemas que la burocracia ha enfrentado; sufrimos derrotas en la implementación del Sistema Único de Salud, en la educación productiva y plurinacional, en la conformación de los municipios indígenas, en el carácter productivo y eficiente de las empresas estatales, en el carácter rector del Estado en la economía, con el predominio del sector social-económico de las empresas estatales, cooperativa y comunaria con sus valores de nación, solidaridad y respeto a la naturaleza. Estos problemas sólo se pueden superar con la fuerza social del pueblo y no en una negociación entre la burocracia y gremios corporativos.

La pasividad complaciente del sujeto histórico fue determinante para que triunfe la conspiración reaccionaria el 2019. La movilización popular de agosto del 2020 recuperó el estado de derecho, pero no evaluó el pasado y, al contrario, se acentúo el cuoteo y la prebenda, mientras que el modelo productivo y redistributivo caía en la trampa del empresariado que se apropia de las divisas, generadas por las empresas estatales, mientras las suyas se van a los paraísos fiscales. Con la marcha, se abre un nuevo capítulo, el de reconstituir el Instrumento político del pueblo.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

Comparte y opina:

Público privado

/ 18 de febrero de 2025 / 06:00

La alianza público-privada es una manera de coadyuvar esfuerzos entre el Estado y los agentes privados para la realización de emprendimientos que cada uno por sí no puede realizarlos solo, a veces, con la determinación de políticas públicas —campañas contra la aftosa para la ganadería o mercados sin impuestos para la agroindustria— o la concurrencia de capitales en un emprendimiento. Es de esperar que de este esfuerzo salgan beneficiados ambos socios. Planteado así no hay problema, es una necesidad para movilizar potencialidades dormidas; sin embargo, la realidad nos muestra que el principio de beneficio mutuo desaparece con viejas prácticas de acumulación de capital.

El apoyo a una certificación de calidad o la apertura del mercado boliviano a la libre importación de los países andinos buscan captar divisas y beneficios para las necesidades nacionales, pero si las divisas son desviadas a paraísos fiscales, se rompe el beneficio mutuo y la economía nacional se desequilibra.

El neoliberalismo impuso los joint ventures para movilizar los recursos mineros con la inyección de capital y tecnología, así los contratos partían del principio de 50/50. En la práctica, lo primero que hacía el socio era recuperar su capital, en desmedro de las utilidades; si retira su aporte, simplemente no hay sociedad, la empresa sigue funcionando con los réditos del recurso minero. Por otro lado, la pérdida de la dirección y control del proceso productivo da como resultado gastos inflados de los costos, bajando el rendimiento en contra del Estado; la soberanía no puede reducirse a una auditoría. El rezago tecnológico del país pretende ser superado por esta vía, en efecto, el conocimiento y el manejo de nuevas tecnologías ayudarán al sector y en general redundarán en los procesos productivos nacionales, siempre y cuando ésta sea abierta y de libre utilización; si es cerrada, el resultado derivará en una mayor frustración.

Los resultados de ese periodo fueron funestos para el país, a tal grado que el pueblo boliviano estableció -vía nueva constitución- un modelo económico en el que el Estado es el director de la economía y las empresas estatales son el puntal del desarrollo estratégico. Sin embargo, esta lección histórica no tuvo su correlato en la práctica: la receta no es mala, sino los actores son inconsecuentes con lo pregonado; esta tendencia hoy se explaya al proponernos los contratos del litio.

Así de pronto se convierte a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), que, como empresa estratégica, es responsable de la exploración, producción e industrialización del litio, en promotora de contratos al margen de su actividad productiva. Así medrará de un contrato de servicio de operaciones por 20 años después de haber pagado el 90% de la inversión inicial: bajo la figura de comprador preferente, estamos obligados a vender a nuestro socio el carbonato de litio por este período, postergando la posibilidad de industrializarlo.

Hasta el 2019 YLB avanzó con un derrotero claro, a pesar de las dificultades y errores; con el golpe aciago se lo paralizó, descuidando el mantenimiento de las piscinas construidas y pretendiendo anular el contrato para la planta de carbonato de litio; si bien este gobierno recibió la planta con la certificación de funcionamiento pleno, nunca se preocupó de la reconstrucción de las piscinas y hoy existen dos plantas, de cloruro de potasio y carbonato de litio, con un costo de $US 303 millones y una capacidad productiva de 15.000 TM de carbonato de litio y 350.000 TM de cloruro de potasio paralizadas, lo propio ocurre con la planta piloto de fabricación de baterías en La Palca, Potosí. Nos piden alternativas, ahí está: es un proyecto que ha superado las trancas de la burocracia de UDAPE, CONAPES y del mismo gabinete (2011), cuyos miembros nos sentimos obligados a rendir cuentas de nuestras acciones.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

Comparte y opina:

Empresas estratégicas

/ 4 de febrero de 2025 / 06:03

Con la propuesta “cielos abiertos”, que permite la entrada de piratas del aire, se ha pretendido descalificar a la empresa estatal Boliviana de Aviación (BoA) y hacer propuestas, sin analizar el fondo del problema.

BoA es una empresa estratégica de servicio cuya función es garantizar el transporte de personas y mercadería a nivel nacional e internacional; sin este servicio el país podría paralizarse, teniendo sus efectos sobre la economía; por lo que es necesario analizar los problemas de la empresa con objetividad. Su existencia evita hacer de una necesidad nacional una fuente de especulación y enriquecimiento rápido.

El carácter atrasado del país hace que las empresas estratégicas dependan en el 70% de insumos provenientes del extranjero, siendo necesario proveerlas de divisas para sus necesidades operativas. BoA incurre en estos gastos: no solamente los repuestos y servicios vienen del extranjero, sino, al no contar con una flota completa de aviones, éstos son alquilados y los pagos se realizan en dólares. Los ingresos de la empresa los recibe en moneda extranjera y nacional, el ingreso en divisas sólo significa el 20%, por lo que se ve obligada a pedir al Estado la diferencia y éste no las tiene.

Esta insolvencia trae como consecuencias que salgan del servicio aviones, por el no pago del leasing, se sobreexplote a las pocas naves propias, baje la calidad del servicio, se incumplan los horarios, provocando la protesta de los usuarios, volviéndose por lo tanto un problema político.

La empresa estatal cumplió su rol rompiendo el monopolio privado, democratizando el acceso de este servicio a una amplia población; sus balances han mostrado utilidades hasta el 2019, pero el golpe de Estado y la pandemia hicieron peligrar su existencia. Hoy carga sobre sí la crisis económica provocada por la fuga de las divisas, dando paso a la especulación y creando un mercado paralelo que casi duplica el valor oficial; así los pasajes nacionales de BoA son los más baratos de Latinoamérica.

Pero no es el único caso. YPFB dispone sus divisas en la compra de carburantes, sus ingresos del mercado interno —gasolina y gas— están congelados y subvencionados, mientras la inflación aumenta sus costos de producción y comercialización. En el sector minero, la semana pasada, la fundidora de estaño en Oruro pidió que Huanuni aumente el pago por costo de fundición de tonelada de concentrados de $us 600 a $us 1.000, en bolivianos al tipo de cambio oficial; naturalmente se prevé un rechazo por cuanto el costo de la operación minera también ha subido y las divisas que generan ingresan directamente al Banco Central; es de suponer que pedirán permiso para la exportación, siendo el costo de la fundición en el exterior más barato. Mientras la gran minería y las comercializadoras se regocijan con la libre exportación, bajan sus costos en salarios y pueden jugar con el tipo de cambio para negociar la compra de minerales.

Así, de alguna manera, lo que pasa en BoA pone de relieve la situación que viven las empresas estratégicas, como las de hidrocarburos y de minería, dejadas a su suerte, ninguneadas por el Gobierno, cuando son la base de la industrialización y su fortalecimiento imprescindible. Aprendamos de la experiencia de la COMIBOL, que en los gobiernos de la dictadura y la UDP fue prácticamente quebrada por la aplicación del tipo de cambio oficial y paralelo.

Las empresas estatales son estratégicas para el país, para generar divisas y excedentes que posibiliten el desarrollo industrial; su andar no siempre es acompañado de una política monetaria que las respalde, al contrario, las ahoga y pone en riesgo el mismo modelo económico comunitario.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

Comparte y opina:

El litio: algo no cuadra

/ 21 de enero de 2025 / 06:03

El envío a la Asamblea Legislativa Plurinacional de dos contratos para la explotación del carbonato de litio en el salar de Uyuni ha reavivado el debate sobre este tema.

El contrato con Uranium One Group no es sino la compra por parte de YLB de una planta de Extracción Directa de Litio (EDL) de las salmueras. Si bien con esta tecnología hay una mayor recuperación, el resultado final es de 14.000 toneladas (TM) de carbonato de litio al año, la misma capacidad con que cuenta la actual planta de YLB. Sin embargo, lo llamativo es el precio de la compra, $US 970 millones —la planta actual costó $US 165 MM— que debe ser pagada con la producción de carbonato de litio. Si la producción anual es de 14.000 TM, al precio actual de $us 10.000/TM, el ingreso anual sería de $US 140 millones; de este valor hay que deducir los gastos de operación, $US 8.500 por TM, parámetro internacional, que da $US 119 millones por año; la regalía de 3% es de $US 4,2 MM, quedando como utilidad $US 16,8 millones de la cual hay que deducir el 25% de impuesto a la utilidad de las empresas, $US 4,2 MM, siendo la utilidad neta para YLB de $US 12,6 millones. Con este monto hay que pagar la deuda de 970 millones, lo que tardará 77 años. El contrato, más allá de ser de compra y venta de una planta EDL, establece que el operador será Uranium One Group al que hay que pagar este servicio, el valor lo fijan ellos mismos; en este contrato YLB no juega ningún rol de dirección ni de operación, sin capacidad técnica ni de fiscalización, sólo esperará el pago de los dividendos; la planta pasará a su administración una vez que concluya el contrato, en 20 años.

El contrato con la empresa china CBC es un contrato de servicio para la explotación de carbonato de litio, figura inventada por ciertas cooperativas para permitir a empresas colombianas, brasileñas, chinas, etc. la extracción del oro; este servicio comprende el pago del capital de inversión de dos plantas, los gastos de la operación, el costo financiero, la licencia de la patente, los gastos de mantenimiento. En la primera etapa se tratará la salmuera residual; después de extraer el cloruro de sodio y el cloruro de potasio en las piscinas de evaporación, esta planta tendrá una capacidad de 10.000 TM y un costo de $US 130 MM; la segunda fase prevé producir 15.000 TM en una planta que tiene un costo de $US 720 millones y se alimentaría de las salmueras de pozo, así la utilización de la salmuera de las piscinas sería ampliamente conveniente. El costo de las dos plantas será de $US 850 millones, produciendo 25.000 TM anualmente. Los costos del servicio que se pagaría al operador son: el costo operativo, a $US 8.500 por TM da $US 212,5 MM, la regalía del 3%, $US 7.5 MM, el costo del financiamiento, 12% el primer año, son $US 102 MM; el uso de patente $US 1.700 por TM tratada hace $US 42 MM, haciendo un costo total de $US 362 MM. Frente a los ingresos que generan las 25.000 TM a un valor de $US 10.000/TM de $US 250 MM; es decir la operación es deficitaria.

Algunas puntualizaciones. En un proyecto de explotación de recursos naturales se estima que son necesarios cinco años para la recuperación del capital de inversión; además, se prevé como valor del producto la serie histórica de los últimos años, nunca la expectativa futura; por otro lado, la Constitución establece que un contrato de explotación de recursos naturales tiene que ser operado por el adjudicatario, lo propio la ley de creación de YLB prohíbe la explotación por agentes particulares. Los dos contratos no transfieren tecnología ni capacitan al personal.

Está en manos de la Asamblea Plurinacional defender la explotación de los recursos naturales que tiene como justificativo el dar valor agregado con la industrialización y el manejo soberano por empresas estatales, a las que se les da el título de estratégicas. En esta visión se formuló el plan maestro para el desarrollo del litio, bajo la conducción del ingeniero Alberto Echazú A., cuya voz hoy se encuentra silenciada, y del Ing. Juan Carlos Montenegro (+). Su legado nos obliga a dejar de ser simples exportadores de materias primas y luchar por producir baterías en Bolivia y no contentarnos con las migajas del banquete.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

Comparte y opina:

Todavía soñamos

José Pimentel Castillo

/ 7 de enero de 2025 / 06:02

Al comenzar este año reina la incertidumbre y la preocupación. El mundo presencia el exterminio en Gaza, se asoma un gobierno radical de derecha en Estados Unidos, que achaca su crisis a los migrantes, la amenaza de una conflagración mundial está presente, no existe un paradigma de convivencia mundial, los intereses monetarios se imponen a las razones humanitarias, la naturaleza se destruye cada vez más.

Nuestro país no es ajeno a este drama. Un año de capítulos novelescos no termina con el final feliz, las elecciones judiciales no acaban de sacar de la escena a los autoprorrogados, los ungidos por la voluntad popular se ven obligados a convivir con quienes fueron expulsados por la Asamblea Plurinacional, un seis de agosto. El culebrón de la trata de personas continúa, sin que se defienda a la víctima —si hay— porque el fin es otro. Mientras la derecha multiplica a sus candidatos, el MAS es víctima de su crecimiento descontrolado, como para jugar con el fraccionalismo.

Mientras tanto, la crisis económica golpea a los sectores populares y no hay propuesta de solución visible; es sobre esta temática que se volcarán las energías populares en los próximos meses.

La propuesta desde la derecha reedita el viejo libreto neoliberal y republicano. Cierre de las empresas públicas, despido de trabajadores, supresión de bonos y subvenciones, sin compensación alguna; inversión extranjera para la explotación de los recursos naturales, obviando la industrialización y provocando la descapitalización de la nación. La angurria del mercado se extiende a la vida de las personas cuando se lucra con la salud, la educación, la jubilación, el agua y la energía. Nada nuevo nos puede ofrecer, sino el garrote para imponer sus intereses antinacionales. Contra estas pretensiones está vigente la Constitución del Estado Plurinacional, instrumento para construir la patria soberana, próspera y justa.

Mientras la izquierda —diluida en el accionar del MAS-IPSP— busca un liderazgo para la carrera electoral, cuando su función es dar respuestas a las necesidades de los sectores populares. El liderazgo no puede determinarse si no es por la vía democrática, primer paso para ratificar su condición popular, lo otro —seguir con las zancadillas— es el juego de las élites que viven del poder. En el respeto a la voluntad popular estriba la construcción del poder popular; que no es tener a uno igual en la presidencia, sino estar todos en la toma de decisiones, la ejecución y el control de la gestión gubernamental, buscando también cambiar el Estado burocrático y colonial. Históricamente el Instrumento Político surgió de las organizaciones sociales: su organización, su programa y liderazgo es producto de la lucha; comprendió una asimilación de experiencias y la consolidación de un liderazgo, después de una depuración, muchas veces dolorosa. El ejercicio del gobierno por el MAS-IPSP ha sido un cúmulo de experiencias que merecen ser evaluadas por quienes posibilitaron su ascenso, las que deben ser capitalizadas en un nuevo decálogo para la actual etapa.

Las noticias nos traen la renovación de autoridades originarias en este primer mes del año, tradición democrática que se cumple sagradamente; esta práctica debe concluirse con un gran congreso de unidad de la propia Confederación de Campesinos, pedido recurrente en los eventos de base. Es en torno a la evaluación que surgirán los nuevos lineamientos para profundizar el proceso y un liderazgo convencido con estos propósitos, dando así respuesta a los dilemas que nos agobian.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

Comparte y opina:

Revolución Democrática y Cultural

/ 24 de diciembre de 2024 / 07:55

El pasado 18 de diciembre se recordó 19 años de la elección de Evo Morales a la presidencia, la primera elección directa de un presidente por voto popular desde el retorno a la democracia. El triunfo con el 55% rompió el manipuleo de la voluntad popular, que lograba la mayoría parlamentaria en los pasillos y no en las urnas. Esta acumulación del voto no fue un resultado casual, fue expresión de la bronca contenida, contra el sistema del ‘pasanaku’ de los partidos políticos (alternancia) y el colapso del modelo económico, que —vía la privatización y capitalización— destruyó el aparato productivo estatal. Así vivíamos una situación de marginación del pueblo y una concentración de la economía en grupos ligados a las transnacionales del petróleo y la minería.

La lucha del pueblo boliviano se dio de diversas maneras, muchas sangrientas: la masacre de Villa Tunari, de Amayapampa, la guerra del agua y del gas, febrero negro; políticamente dieron su voto a UCS y CONDEPA, un voto antineoliberal que terminó domesticándose.

El llamado a profundas transformaciones llevó a denominar el proceso como ´Revolución Democrática y Cultural´; buscaba cambiar la concentración de la riqueza, con una política redistributiva, superar el extractivismo con la industrialización de los recursos naturales; contar con una economía plural, con predominio del sector social: estatal, comunitaria y cooperativa, como alternativas anticapitalistas y luchar contra la concentración y el monopolio en la economía. Pregonaba los derechos colectivos de acceso a la salud, educación, agua, vivienda, energía, apoyo a la maternidad y la defensa de la naturaleza. Se reconocía la justicia plurinacional, como garantía oportuna para evitar daños o repararlos. Daba razón al término de Revolución y obligaba a construir un nuevo Estado, antagónico al burocrático y rentista.

La mayoría lograda en el 2005 se transformó en mandato constitucional cuando, en plebiscito, se aprobó la Constitución del Estado Plurinacional, siendo ahora un propósito de toda la nacionalidad.

Lea también: Democracia obrera

A esta altura, vale la pena hacer algunas reflexiones. ¿Cuánto se avanzó? En general, mucho, en las obras y las políticas realizadas: bonos dignidad, maternidad, de permanencia escolar, subsidios en los alimentos, los combustibles y los planes de vivienda; precios accesibles del gas y agua domiciliaria; salud universal, infraestructura educativa; las carreteras nacionales, teleférico, satélite, etc. Se redujo la pobreza extrema y moderada y se achicaron los niveles de desigualdad, se aumentó el salario mínimo nacional. En fin, mayor igualdad y oportunidades. Sin embargo, no se logró el control de la economía, ni romper el carácter de proveedor de materias primas; la apropiación de la riqueza por unos cuantos continúa, sólo se controla la renta del Estado; así mismo, el manejo del aparato estatal, justicia, educación y salud, sigue siendo burocrático y discriminatorio.

Se podría decir que el vivir bien ha fracasado y por lo tanto hay que cambiar de modelo. ¡No! El hecho que no se haya logrado lo que soñamos es la demostración que el camino es dificultoso, que el cambio no es de un día para otro, que la tarea requiere de una estrategia para desmontar el colonialismo y la marginalidad; poner el hombro, ser vigilantes, crear formas anticapitalistas de producción y de convivencia; lo que nos queda es persistir. Lo otro es someternos a un sistema que tiene como lógica las leyes del mercado, ciegas e inhumanas, cuyo producto será la vida para los que triunfen, no importa cómo, y la muerte para los marginados.

La humanidad está en un dilema de vida o muerte, desde que las nuevas formas de expansión del capitalismo copan las fuentes de vida (salud, educación, agua, biodiversidad, alimentos y comunicaciones), desinstitucionalizan los mecanismos de convivencia mundial como la ONU y la justicia, niegan los derechos humanos de las personas y los pueblos. Es en estos momentos, ante el deterioro de las condiciones de vida en el planeta, que hay que reivindicar una plataforma para salvar la humanidad, propugnando la solidaridad y la vida en comunidad, frente al racismo y el individualismo. La Constitución nos da un derrotero.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

Comparte y opina:

Últimas Noticias