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Sunday 16 Feb 2025 | Actualizado a 09:06 AM

Apuntes sobre el nuevo ciclo electoral

Otra vez se opta por poner contra la pared al TSE, en tanto que quedan en sus manos varias resoluciones que aún debieran permitir allanar más las rutas trazadas

Verónica Rocha Fuentes

/ 23 de agosto de 2024 / 06:55

Una buena. Fiel a nuestra tradición de depositar buena parte de las resoluciones políticas en las urnas, el país finalmente (y después de un largo periodo de incertidumbre política) tiene trazada una ruta para recorrer el múltiple y largo ciclo electoral 2024-2026. Lo que es bastante en el contexto en el que nos encontramos. El hecho de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tenga allanadas buena parte de las dudas respecto a la realización de los procesos electorales recurrentes venideros y ello le permita hacer uso de las competencias con las que cuenta, abona certidumbre en un escenario político que en los últimos meses se ha caracterizado por estar regado de escollos propiciados por actores interesados en su (no) realización.

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Lo dicho anteriormente no debiera revestir mayor novedad, toda vez de que la convocatoria a este tipo de procesos electorales recurrentes compete a un Órgano de Estado independiente, actualmente en funcionamiento y cuyas atribuciones están establecidas en normas completamente vigentes. Ocurre que a medida que los plazos fatales para estos procesos se han ido aproximando, se ha vuelto recurrente presenciar la acción de actores políticos que al no estar satisfechos con los preceptos normativos que indican el cuándo y el cómo de su realización, optan por su obstrucción, en clave de boicot. Así como hay quienes no desean que se desarrollen las elecciones judiciales, hay quienes requieren que las generales se realicen de acuerdo con sus necesidades. Y también están los que, a título de ampliación democrática, necesitan mostrar iniciativa política echando mano de procesos ya establecidos en el largo ciclo electoral.

Volvamos a las certezas: una ruta trazada clara da certidumbre en varios aspectos. En el caso de las elecciones generales, permite que en un escenario en el que la mayoría de los partidos políticos no prioriza el fortalecimiento de la democracia interna, finalmente queden establecidos plazos improrrogables para la preparación de las organizaciones políticas que buscarán terciar en el proceso de 2025, lo que incluye la renovación de directivas y, a posteriori, la selección de sus binomios presidenciales. Y en el caso de las judiciales, posibilita el importante descongestionamiento de la legitimidad de otro de los poderes del Estado. Para nada poca cosa.

No obstante, como se avizoraba hace varios meses ya y como se ha vuelto costumbre por la incapacidad resolutiva de la política ante los escenarios electorales, otra vez se opta por poner contra la pared al TSE, en tanto que quedan en sus manos varias resoluciones que aún debieran permitir allanar más las rutas trazadas. Finalmente, si se opta por esta instancia como resolutiva en asuntos electorales sus decisiones, que (des)agradarán a unos y otros, mínimamente deben ser aceptadas. Esto aplica para venideras disposiciones: directivas partidarias, requisitos de inscripción de candidaturas y evaluación técnica de preguntas de referéndum, por nombrar algunas.

No obstante, siendo cierto que la máxima de respeto a las decisiones debe primar para tratar de mantener algo allanado, claro y trazado el camino hacia unas urnas que permitan renovar (en consecuencia legitimar) buena parte de la institucionalidad democrática del país, también huelga señalar que es precisamente la acción política de hacer (ab)uso de las posibilidades democráticas: forzando su realización, buscando acomodar su avance a conveniencia y ensuciando su desarrollo, lo que de buena manera será calificado por la población una vez se arribe al voto. Y es necesario que los actores políticos sepan que es ya muy evidente la incertidumbre y el desorden que deliberadamente están sembrando, ante la poca luz de certeza que batalla por imponerse y corresponde defender.

(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

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Campañas fragmentadas, encuestas volátiles

/ 7 de febrero de 2025 / 06:00

Bien ha señalado el OEP hace unos días que se encuentra imposibilitado normativamente de constituirse en el actor ordenador de la avalancha de encuestas en la que nadamos desde que inició este año. Podríamos intentar señalar que particularmente en este proceso electoral el mercado de las encuestas ha acudido con demasiada prontitud a su encuentro con la conversación pública, pero sería incorrecto. No se trata de que particularmente sólo los estudios de opinión han acudido demasiado pronto a la escena electoral, pues se observa que lo mismo pasa con las campañas y es así también con las candidaturas.

Y es que la clave que une todos estos fenómenos que pasan simultáneamente y que pudieran parecer sorprendernos, en realidad no deberían hacerlo pues desde hace un par de décadas ya muchos estudiosos se han dedicado a señalar que los tiempos de la política han cambiado: son más veloces y más efímeros, lo que hace que los ciclos o periodos que la ordenaban sean casi sólo nominales en la actualidad. No sólo eso sino además que la comunicación (campañas) se ha fragmentado y los datos (encuestas) se han vuelto potencialmente volátiles. Son los nuevos códigos que signan la política electoral de hoy.

Así volátiles como se ven los prematuros datos también tienen distorsionados sus efectos en este momento pues están al servicio de las pugnas intestinas que se libran en los respectivos frentes políticos. Fuera de ello parecieran configurarse más como alimento cotidiano para nuestra emocionalidad política que como disparadores de preguntas que nos permitan entender, el “todo” boliviano que es cada vez más complejo. Sabemos que, en muchas ocasiones (algunas las hemos vivido), las encuestas se equivocan y actualmente atraviesan su propia crisis de credibilidad, pues en esta sociedad de la desconfianza tendemos más a creer que son herramientas de manipulación al servicio de actores políticos que insumos para explicar alguna realidad. En el mejor de los casos son un bien codiciado en tanto alimentan la escena electoral precisamente de manera anticipada, teniendo un efecto mayor sobre nuestro ánimo y el rompecabezas que está siendo la papeleta electoral que sobre los venideros resultados.

En lo que respecta a las campañas, estas tienden a ser continuas y fragmentadas, continuas en tanto no pueden darse el lujo de parar (por esto de la velocidad de la política) y fragmentadas en tanto deben parcelar el discurso para responder a públicos clasificados tribal e identitariamente. Cualquier insumo/mensaje de campaña va a ser útil siempre y cuando sea para hoy y ya no es importante si tiene coherencia con el todo discursivo, si es que lo hay. Y como, en términos de contenido, ya no se depositan recursos en mostrar lo que se es sino lo que no se es, se han vuelto importantes generadores de clivajes políticos más que de argumentos. Luego, se ve que lo que está ordenando la conversación pública en campaña es lo polémico y lo intrascendente que compite en agenda con lo serio y lo relevante. Y aunque esto último no es nuevo, está —otra vez— acelerado e intensificado, territorios digitales de por medio.

En suma, todo este escenario tiene más que ver más con las características de la política en el siglo XXI y en la Sociedad de la Desinformación, que con las condiciones peculiares de este proceso electoral (que existen). No podemos, entonces, declararnos sorprendidos por lo que presenciamos, sino que parece ser tiempo de gestionar este nuevo orden de cosas. El artículo 94 de la Ley del Régimen Electoral señala que los procesos electorales de mandato fijo deben ser convocadas “con una anticipación de por lo menos ciento cincuenta (150) días a la fecha” de la votación. ¿Qué impediría entonces que sean convocadas antes de ese plazo, dado que pareciera que vivimos en el país del panorama electoral permanente?

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

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Democracias algorítmicas

/ 24 de enero de 2025 / 00:15

Así como ocurre en el resto del mundo, en Bolivia la comunicación política ha cambiado radicalmente desde 2016, cuando las redes sociodigitales se confirmaron como protagonistas en la configuración del debate público nuestro de cada día. Facebook, X (Twitter) y, más recientemente, TikTok se han convertido en escenarios donde se libran verdaderas batallas políticas por la opinión pública. Pero, ¿hasta qué punto estas plataformas -desinformación y polarización mediante- están hackeando nuestras democracias?

Aunque el efecto de lo que ocurre en redes respecto a la política es variable en dependencia con los contextos propios de cada cultura política local, lo cierto es que existe una creciente dependencia de las redes sociodigitales como vehículo de la política y como actores de la misma. Los candidatos ya no solo compiten en plazas y mercados; también lo hacen en algoritmos que deciden qué contenido llega a los votantes. En este escenario, las campañas digitales se convierten en armas poderosas, donde no solo se difunden propuestas, sino que también se persigue moldear emociones y percepciones en tiempo real. Todo esto en la era de la antipolítica emocional.

En sus inicios, las redes sociodigitales nos habían prometido democratizar el acceso a la información y dar voz a los ciudadanos. Sin embargo, esa promesa ha consolidado su fin este pasado lunes, cuando un reducido ecosistema dominado por intereses económicos y políticos ascendió al poder de uno de los países más relevantes del planeta (dicen por ahí que la única minoría peligrosa del planeta son los ricos).

Los llamados tecnoligarcas —los CEO de las redes sociodigitales más relevantes en occidente— han acumulado un poder sin precedentes, capaz de influir en la política global y local. Varios estudios han comprobado que en Bolivia las dinámicas en redes sociodigitales fueron una variable relevante en la movilización de la opinión pública en pasadas elecciones. Y aunque aún resulta muy complejo medir el nivel de influencia en el voto, lo que va quedando claro es el nivel de afectación que están teniendo sobre las democracias.

Campañas de desinformación, hashtags polarizantes y videos virales definen continuamente gran medida de las narrativas políticas y esto se intensifica radicalmente en periodos electorales. Este 2025, nos enfrentamos a un escenario aún más complejo, donde los ciudadanos están expuestos a un flujo constante de información, muchas veces diseñada para manipular emociones y generar reacciones inmediatas. Las redes están acá para confirmar que las campañas negras (la denominada guerra sucia) ahora es predominante en los periodos de propaganda electoral.

Las elecciones de 2025 van a representar un punto de inflexión en este tema para Bolivia. Sabemos, de inicio, que nuestra democracia está muy debilitada, nuestra cohesión social tremendamente herida y los líderes políticos absolutamente atomizados. Es decir: estamos ante un escenario propicio para desinformar, polarizar y manipular.

Visto lo que el mundo entero vio esta semana, está claro que no estamos en condiciones de darnos el lujo de no (pre)ocuparnos del problema que vienen significando las redes sociodigitales cuando buscan hackear nuestras democracias. ¿Estamos dispuestos a ceder el control de nuestras narrativas políticas a los algoritmos diseñados por tecnoligarcas con intereses ya no sólo económicos sino también políticos? ¿Podemos/queremos volver a tener un espacio público libre menos tóxico, vil y más focalizado en el bien común? ¿estamos aún a tiempo?

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

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Desinformación sintomática

/ 29 de noviembre de 2024 / 06:02

Así como el año 2016, la palabra Posverdad ingresó a nuestro léxico para ponernos en sospecha de que el escenario informativo y comunicacional estaba muy por lejos de lo que ya teníamos dado por hecho y que un cambio profundo se gestaba desde entonces, en pleno 2024 (apenas 8 años después) estamos en condiciones de aseverar que así —con este paso acelerado— la Desinformación acude sin falta a ponerse en la órbita de los procesos políticos y, como no, los electorales.

A punta de Desinformación, en los últimos años, se han alcanzado bastantes objetivos políticos que han buscado diversos poderes (económicos, políticos y eclesiásticos, por mencionar algunos) y que han mermado muchos de los avances en ampliación de derechos que se han conseguido en varios lugares del mundo. Que, como señala el libro de Pablo Stefanoni, la derecha se haya apoderado de la rebeldía y que nuestras democracias se encuentren amenazadas (muchas veces desde el mismo poder político) responde a varios factores, pero una buena parte de ellos están vinculados con los procesos de Desinformación que se libran en esta gigante aldea global digital que habitamos más del 67% de la población mundial. 

En esta cuarta edad de la Comunicación Política (atravesada completamente por la digitalidad) se mantiene la hipótesis de la existencia de una relación de co-dependencia entre el mundo informativo (que hoy es más que el periodístico) y el mundo político (también hoy superado por mucho por los partidos). Ese, es un dato viejo, manido y ya asimilado por la ciudadanía en pleno ya desde hace unas décadas.

Lo nuevo, tiene que ver con la hipótesis de que el dispositivo actual que vincula a la política “popular” con la información “predominante” es, hoy por hoy, la Desinformación. Y esta cualidad es la que la hace sintomática de esta época política. Ya que ese vínculo actualmente se encuentra en franco desequilibrio pues, al final del día, si bien la democracia y la política formal van perdiendo legitimidad, el periodismo y la información institucionalizada ya han perdido buena parte de su influencia.

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En consecuencia, si bien se trata de un fenómeno relacional y dinámico, el hecho de que estemos ante la tendencia de que la antipolítica sea cada vez más preferida por la ciudadanía como accionar ante lo público (baste ver, a nivel mundial, quiénes son los líderes modélicos que cautivan juventudes) distorsiona de manera profunda lo que, en términos políticos, puede ser informado por el periodismo, siendo que además ya influye menos que antes a la par que su consumo también disminuye.

Así, en el conglomerado de actores que comprenden que la Desinformación es problemática para la democracia, el periodismo se ha vuelto uno entre tantos otros, como ser también la ciudadanía. Y, la mala noticia, es que también componen ese complejo universo aquellos actores que tienen poder e intereses; y que muchas veces han vuelto parte de la neo práxis política operar narrativas (dar batallas políticas) a través de ella.

En Bolivia, a puertas de un importantísimo y desde ya incierto proceso electoral nacional que debe darnos el piso certero para caminar un proceso de resiliencia y restitución democrática, deberemos encontrar las maneras de gestionar con rapidez novedosas acciones de recuperación del campo político simultáneas a las de alfabetización digital, además de las de vigilancia ciudadana. Es decir, acciones que impidan (o cuando menos develen) las operaciones antipolíticas y desinformativas que puedan contaminar el escenario electoral buscando alcanzar objetivos electorales cortoplacistas en desmedro del deterioro democrático que le sigue.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora.

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Una de cal, y las otras también

/ 14 de noviembre de 2024 / 23:21

Así como el escenario político, el comunicacional de varias instancias se ha vuelto una continuidad de juegos siniestros, cálculos de beneficio propio y agendas personales que alimentan el desastre institucional en el que hoy estamos sumergidos. 

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no sólo se ha autoprorrogado a vista y paciencia de las restantes instituciones del Estado y ante la frustración de la población boliviana, sino que, además, durante este periodo de ejercicio ilegítimo e inconstitucional, ha demostrado haber activado una operación desinformativa de corte político destinada exclusivamente a desordenar (aún más) el debilitado panorama desinstitucionalizado por el que atravesamos.

Así como ocurrió a finales del año pasado, con la secuencial publicidad de tres polémicas sentencias constitucionales en el lapso de unas horas: primero la 1010 sobre reelección indefinida, luego la 558 de suspensión de funciones del Presidente del Senado y, finalmente, la 1021 que afianza la gobernación de Aguilera en Santa Cruz; este noviembre, en un periodo de días, nuevamente “publicitaron” tres documentos: el auto constitucional 0083 que ratifica la sentencia 1010, la sentencia 0770 que determina fragmentar unas Elecciones Judiciales de nivel nacional, y la 0776 que determina que, en el MAS, el que vale es el congreso arcista.

La perversidad con la que se ha operado minuciosa y calculadamente, ya ni digamos el quiebre de todo principio de transparencia y acceso a la información, sino la distribución de estas decisiones a la clase política y a la opinión pública, se constituye en el más burdo intento de manipulación de información pública que haya conocido el país y que aunque está orientado a dar una apariencia de equilibrio y busca regular la legitimación de sus decisiones, lo que está consiguiendo es desmantelar la seguridad constitucional que nos quedaba, darle una estocada final a la institucionalidad democrática del país y que sus firmantes y operadores (hoy en la sombra) se develen de cuerpo entero (como personas, profesionales pero sobre todo como no/demócratas).

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En una coyuntura en la que existe una manifiesta voluntad de desordenar la institucionalidad y en la que el TCP se ha vuelto el actor político principal, también es preciso apuntar que el modelo comunicacional de vocería paraoficial del TSE no ayuda. Es claro que la mayoría de sus componentes se ha resignado a la existencia de una estimada vocería independiente y casi cotidiana de uno de sus miembros que se regodea hasta el hartazgo en medio de este barullo informativo y político pero que lastimosamente sólo alcanza a demostrar que no entiende lo que es un cuerpo colegiado, contribuyendo a la desnaturalización de esta vital instancia que se ha visto tan mermada en la última semana.

En un escenario de desinstitucionalización como el que atravesamos, en el que lo que se está librando ya ha quedado por fuera del campo ideológico y más bien divide a actores políticos entre quienes con sus acciones respetan y priorizan las instituciones y quienes las desprecian y las atacan intestinamente, ya no cuadran los resultados, estilo una de cal y otra de arena. Estas prácticas comunicacionales son una de cal y las restantes también. Así las cosas, si la bendición del todopoderoso TCP nos acompaña, acudiremos posiblemente a las elecciones más rechazadas de nuestra democracia, sorteando un lodazal de fallos y operaciones informativas que han sembrado en el camino a las urnas quienes han mal-entendido que la comunicación es una herramienta de poder y no así un instrumento de construcción democrática.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

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Destruir lo que tus seguidoras forjaron

/ 18 de octubre de 2024 / 06:12

Existen datos y relatos que dan cuenta de que una buena parte del MAS y, en consecuencia, del proyecto del Estado Plurinacional que otrora ese partido encabezó, estuvo constituido por mujeres. Fueron años en los que, proceso constituyente mediante, el MAS estuvo a la cabeza del heterogéneo bloque popular que alzaba las banderas del progresismo y la igualdad. Y, dentro de ello, las de la prevalencia de los derechos de las mujeres y las poblaciones indígenas.

Es cierto que, con apoyo de varias de esas mujeres que apostaron por ese proyecto, se consiguieron una plétora de avances que hasta ahora las colectivas de mujeres defendemos; la mayoría en clave de normativa. Sí, con sus luces y sombras en cada una de ellas. También es cierto que, durante todos esos años, la posición de los poderosos (en masculino y con el nombre de Evo Morales, en el centro de ellos) frente a las mujeres fue oscilante: discursivamente existía un apoyo manifiesto a los avances que se forjaban desde los movimientos de mujeres y hallaban aliadas en algunas mujeres del MAS, pero no faltaban los exabruptos e incoherencias en el actuar cotidiano, como prueba de que los líderes de ese conglomerado también lideraban la encarnación de la cultura machista que este país arrastra.

Fue hasta que el accionar desinstitucionalizador de Morales tocó fondo en el año 2016, que no sólo se produjo una irreparable afección a la democracia (que aún vivimos —recrudecidamente— hoy), que se empezó a hacer de esa forma de vida machista de los líderes del proyecto político un arma para atacarlos y desnudarlos, sobre todo con fines electorales. Pero fue también hasta entonces que algunas de las mujeres del MAS, estando en ejercicio del poder, abrieron las puertas institucionales para dar paso a buena parte de los objetivos que los movimientos de mujeres habían bregado desde muchísimos años atrás. Uno de ellos: el camino/anhelo de la democracia paritaria; con su dimensión en la participación política de las mujeres, por un lado, y en la lucha contra la violencia (dentro de la) política, por el otro.

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Se forjaron así artículos constitucionales, leyes, decretos, protocolos y estatutos partidarios que han tenido como objetivo poner en resguardo el ejercicio político institucional libre, justo y equitativo de las mujeres bolivianas que así lo desearan. Y, simultáneamente, empezaban a asomar las fronteras y los límites de lo que se pudo conseguir: representaciones sociales invalidantes, trabajo de cuidados, cultura machista dentro de los partidos… todas estas fronteras que fueron entonces concebidas como asignatura pendiente, como camino por andar.

A pesar de que los comportamientos machistas de quiénes lideran el MAS había sido develado anteriormente (como ha ocurrido con varios otros líderes y partidos), no se había llegado a develar, con la claridad que hoy lo hace, lo que los jerarcas hacían con las militantes o simpatizantes: mujeres muy jóvenes que, probablemente gracias a todos los cambios logrados, habían decidido hacer política institucional en el MAS: es lo que hoy se destila mediáticamente y sin filtros pero también sin resguardo de las víctimas.

Y acá no se trata de sentencias ejecutoriadas (¿en cuál justicia?), ni de derecho a la inocencia (¿en cuál caso?), ni se trata —tampoco— de cuál ala (¿por acción o manipulación?). Se trata de que, en aras del poder, los jerarcas han decidido batallar su poder sobre los cuerpos de quienes militaron por ellos. Y, con su accionar, han estado gestando una forma de violencia política que sus “compañeras” no alcanzaron a normar, pero que tendrá el rostro de ellos cuando la destrucción que hacen encima de lo que sus seguidoras forjaron, toque fondo, llevándose todo por delante.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

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