El 4 de junio, el Ministerio de Educación lanzó la convocatoria al Congreso Plurinacional de Educación indicando sus antecedentes, el temario y algunas generalidades operativas. El artículo 92, inciso a., de la Ley 070 de Educación «Avelino Siñani-Elizardo Pérez» señala que se trata de “la instancia máxima de participación de todos los sectores de la sociedad, para la formulación y definición de lineamientos de la política plurinacional de educación». Siendo así, y en un contexto en el que la percepción social de la educación en general es de cuestionamiento, se impone la necesidad de poner en el foco de la atención pública este evento y acompañar su preparación con información, análisis y debate.

Se viene entonces un Congreso Plurinacional de Educación, pero ¿qué es un congreso educativo y cuál su importancia?

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Consultemos brevemente la historia: congresos de magnitud nacional y multisectorial, con rasgos y alcances similares al que ahora nos ocupa, se tienen registrados cinco: 1967, el Primer Congreso Nacional de Alto Nivel; 1970, el Primer Congreso Pedagógico Nacional; 1979, el Segundo Congreso Pedagógico Nacional; 1992, el Congreso Nacional de Educación; 2006, el Congreso Nacional de Educación. Huelga decir que cada una de estas instancias solo puede ser comprendida en el marco del contexto en el que se dio y que solo en función a ello podemos llegar a comprender la lógica de su organización, los criterios de priorización de sus agendas temáticas, las conclusiones a las que arribaron y la forma en que se propició (o no) su aplicación.

Para un estudio detallado de estos congresos se puede recurrir a los valiosos dos tomos de los Congresos Educativos y Pedagógicos compilados por la doctora María del Pilar Chávez para el Ministerio de Educación en 2018. Para fines de este artículo nos limitaremos a decir que, unos más que otros, estos congresos tuvieron un impacto relativo posterior a su realización.

Un congreso de educación debiera ser el espacio de amplia participación en el que se analiza el tema educativo y sus componentes, valorando políticas implementadas y priorizando los lineamientos para futuras políticas educativas. Los sectores de la sociedad interesados por el tema educativo no podemos esperar más que un proceso de diálogo en el que es posible colocar sobre la mesa los temas que se consideren más urgentes en educación. Si bien no se puede esperar que un congreso transforme la educación del país, no es poco colocar en debate público los aspectos pendientes en educación. La preocupación surge cuando el debate puede tener un alto nivel de argumentación y proyección o puede tener un nivel de debates básicos y estériles, donde lo más importante lleguen a ser las fotografías de la inauguración y de su clausura. Este nivel dependerá del interés y el trabajo con el que los convocadores y los convocados estén dispuestos a abordarlo.

Concluyamos comentando que uno de los rasgos más claros que nos permitirán entender el Congreso y su proceso de preparación es que éste es el resultado de una acumulación de tensiones irresueltas en el sector educativo que encontraron en él una válvula de escape tanto para el Gobierno como para los sectores en tensión. La continuación del citado artículo 92 indica que el Congreso debe ser convocado por el Ministerio de Educación cada cinco años. Son al menos dos congresos que, desde la promulgación de la Ley de Educación vigente, debieran haberse convocado y realizado. No se lo hizo. Tal situación explica en parte la mencionada acumulación de tensiones, misma que podría marcar un rasgo esencial del Congreso convocado y los posicionamientos frente a éste.

(*) Luis Carrión Justiniano es educador e investigador boliviano