En los últimos días fue un tema mediático el “golpe” o “autogolpe” del comandante del Ejército, Juan José Zúñiga. Sobre ese tema seguramente habrá una investigación, pero esto no quita que analicemos las declaraciones y el discurso que el militar manejó en este proceso: afirmaba que el Ejército es el brazo armado del pueblo. Evidentemente es un brazo armado, pero ¿del pueblo?

Para empezar, el pueblo no tiene el privilegio de la jubilación con el 100% de su salario como tienen los militares, no tiene trabajo seguro al terminar sus estudios superiores. El pueblo no goza de dotación de víveres y uniformes aparte de su salario, no tiene acceso a viviendas o casas pagadas por el Estado. Por tanto, esta institución privilegiada es todo menos pueblo.

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La afirmación de ser “brazo armado del pueblo” es tan jocosa que debemos analizarla no solo en función de la coyuntura, sino también a la luz de los hechos históricos. En el ámbito externo, de defensa de nuestras fronteras y soberanía nacional, lamentablemente nunca o casi nunca tuvimos un Ejército ganador; en el ámbito interno, podemos identificar una formación y estructuración del Ejército con una finalidad represiva, su colocación espacial está en función de imponer el orden interno y no así la seguridad externa, no es casual que la ubicación de los cuarteles esté en las ciudades y no en las fronteras. 

La actual oficialidad del Ejército en el país viene de la histórica tradición de imposición del orden interno, que no es más que el silenciamiento por la fuerza del pueblo. Estamos hablando aquí de la masacre a mineros en San Juan (1966), matanzas a campesinos del valle de Cochabamba (1975), asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz (1980), “guerra del agua”, “guerra del gas”, entre muchas otras. Recientemente en 2019, después de estar encerrados en sus cuarteles por más de 14 años hicieron su lamentable aparición en la llamada «pacificación» del país, lo que posteriormente fue calificado como ejecuciones sumarias por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, cuando en acciones conjuntas, policías y militares dejaron un saldo de 36 personas asesinadas y más de 500 heridas.

Ya Zavaleta, en Las masas en noviembre, hacía una reflexión sobre el rol del Ejercito de 1952 en la reconstitución burguesa y la traición a la Revolución de Abril: «…Hay siempre dos ejércitos dentro de cada uno, por un lado el Ejército de la nacionalización, el que siente profundamente los aspectos nacionales que preexisten a la nación. Por otro lado, el ejército clásico, su función es resistir al cerco de los indios y el 9 de abril no es sino la actualización de un atavismo llamado Katari. Bolivia resulta, para esta perspectiva, aquello que ha quedado intramuros, cercado por el malón de la indiada…»

Sabiendo muy bien que las FFAA después de 2019 son un tema muy pendiente por parte del Estado Plurinacional, que se requiere su profundo cambio y transformación, las declaraciones que Zúñiga hacía públicamente desde la anterior semana debieron ser cortadas de raíz y castigadas con la baja definitiva ya desde el lunes con los elementos que se tenía, pero ni el ministro, ni el Presidente dijeron nada, claramente se buscó un rédito político en la interna del MAS, ya que Zúñiga atacaba a Evo Morales cada que podía, empero, ¿qué tan torpe o desesperado tienes que estar para que desde el Gobierno, solo por un afán electoral, dejes hablar y actuar para maniobrar a tu favor las declaraciones anticonstitucionales de un oficial del Ejército? Eso es jugar con fuego.

En la disputa interna del MAS este hecho es un grave error, haber dejado hablar, amenazar y actuar a un militar, y esperar a que haga lo que hizo es un flaco favor a quienes pidieron de rodillas y con la Biblia en la mano, en 2019, una intervención militar.

(*) Roddy Martínez V.  es abogado y economista

Donald Trump no sonó diferente durante el debate a como todos lo conocemos. Tampoco sonó diferente el viernes por la tarde, en su mitin posterior al debate en Chesapeake, Virginia. El mundo a su alrededor se convulsiona y él sigue siendo prácticamente el mismo.

Hay distintas maneras en que un candidato podría aprovechar un evento como ese, horas después de que un momento importante de la campaña le salga mal a su oponente, como el debate catastrófico. En un universo paralelo, con un candidato de otro tipo, el candidato podría utilizar el mitin para enmarcar los próximos años como una nueva era, abriendo un frente conciliador al votante independiente o incluso al votante de tendencia demócrata, para hablar de visiones políticas cohesivas y de la vida del votante.

Revise: La cacofonía de Trump

Con respecto a Trump en particular, la forma en que la gente habla de él como si fuera un zorro astuto, hay una versión de este mitin posterior al debate en el que realmente se desvió de la norma: fue más breve, hizo algo ligeramente diferente, para dar forma a cómo la gente vio la semana pasada.

En política, hay una regla que dice que no hay que interferir en la crisis del oponente, pero en esa versión paralela del mitin del viernes, tal vez Trump buscaría alguna sorpresa que generara noticias para sacar ventaja. O tal vez se dejaría llevar por la emoción básica que la gente espera de él y trataría de atacar aún más al presidente Biden con un comentario expansivo sobre la noche anterior: Trump, el destructor, en el escenario frente a una multitud jubilosa, repasando este y aquel momento del debate, reviviéndolo.

En realidad, no fue así. Una vez que subió al escenario cerca de Virginia Beach, se desarrolló más como siempre, con su discurso expansivo y habitual. Trump es, ineludiblemente, él mismo.

La campaña, y la promesa de su segunda presidencia, comienza inevitablemente con la voz de Trump. Probablemente sea por eso que sigue en marcha, dominando a sus oponentes y a la política misma, y es sin duda por eso que, prácticamente ante cualquier eventualidad, los números de las encuestas de esta carrera apenas se mueven: lo que lo impulsa también lo limita. Mantiene todo cerca.

Trump sigue siendo la persona que conocemos: cuenta con el apoyo estadístico de entre el 44 y el 49% de la población en cualquier día, con o sin entusiasmo, y es la principal influencia en la política estadounidense desde hace casi una década. Puede parecer más tranquilo, como el jueves por la noche, y su campaña es más profesional, pero no ha hecho ningún esfuerzo por renovar su política o alejarse del pasado para que esta sea una nueva era. Sigue siendo él.

Mientras avanzamos con dificultad en la era Trump, a veces se escucha una respuesta un tanto silenciosa. Muchos críticos republicanos de Trump han dejado sus cargos o su política; el populismo está en auge en algunas partes de Europa. Incluso cada vez hay menos sensación de que cualquier persona, en el gobierno o en los medios, tiene la capacidad de volver a dar forma a los acontecimientos para que vuelvan a ser estables y claros. El hecho de que Trump no pueda dejar atrás las partes de sí mismo que son malas para él y para el país ha sido un factor central para mantener reñidas estas elecciones. Pero ¿cuánto tiempo podrán resistir los demás?

(*) Katherine Miller es columnista de The New York Times

El primer ministro del Estado fascista de Israel, Benjamín Netanyahu, no tuvo reparos al declarar un claro rechazo a la resolución 2735 del Consejo de Seguridad del 10 de junio, sobre el alto de fuego en Gaza, basada en la “Declaración Biden” que derivaba de una propuesta israelí y como fruto de una campaña de desinformación para culpar a la parte palestina. El 24 de junio, Netanyahu dijo que estaba “preparado solo para concluir un acuerdo parcial que traería el regreso de algunos rehenes”, mientras que estaba comprometido a continuar la guerra después de una pausa para completar su objetivo. No obstante, ha negado repetidamente que la propuesta israelí estipule poner fin a la guerra antes de que Israel logre sus objetivos.

Lea: El anuncio de Biden para un alto el fuego en Gaza

Netanyahu no ve margen para hablar de ningún plan para detener la guerra y define el “marco de la solución” con la condición de que nunca habrá un Estado palestino y de que no hay lugar para la Autoridad Palestina en la Franja de Gaza, en su lugar se formará una administración civil adjunta al nuevo gobierno de ayuda militar; además, no habrá salida del ejército de ocupación hasta que él decida el momento. Las medidas más destacadas tomadas por el gobierno de ocupación fueron la adopción de una ley en la Knesset, con la aprobación de 99 de 120 diputados, rechazando la idea de un Estado palestino. Las declaraciones de Netanyahu sobre el control total de la seguridad en Cisjordania y la Franja de Gaza son un desafío a la legitimidad internacional, y un desprecio por la posición internacional cuando el mundo entero habla de un Estado palestino independiente y busca su reconocimiento.

No es la primera vez que Netanyahu esboza su “visión judaizante moderna” para la Franja de Gaza, especialmente la que completa sin ninguna ambigüedad el proyecto declarado por Smotrich, asegurando que no existe ni un Estado palestino ni una autoridad palestina. Smotrich, en un comunicado distribuido por su oficina el 23 de junio, añadió que está trabajando para «frustrar cualquier posibilidad de establecer un Estado palestino y para consolidar los asentamientos en Cisjordania, que considera una barrera protectora para impedir el control palestino». «Vinimos a colonizar y construir la tierra, a evitar su división y a desarrollar los asentamientos». El gobierno de ocupación ha elaborado una lista de más de 70 nuevos puestos coloniales con el fin de trabajar para proporcionarles servicios básicos y de seguridad, lo que supone imponer un sistema de guetos y cantones destinados a provocar un desmantelamiento sistemático de la geografía palestina, que conduce a la destrucción total de cualquier posibilidad para establecer un Estado palestino.

El 23 de junio en Luxemburgo, en una conferencia tras la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, dijo: «Parece haber una clara voluntad israelí de anexar gradualmente a Cisjordania, y este asunto no conducirá a la paz». Añadió: “No hemos alcanzado un alto el fuego en la Franja de Gaza, a pesar de que han transcurrido tres semanas desde la resolución 2735 del Consejo de Seguridad que cuenta con el apoyo de la comunidad internacional”.

 Las políticas israelíes no aportan seguridad ni estabilidad a nadie. La continuación de este enfoque destructivo conducirá a una explosión total. Es necesario trabajar para detener la continua agresión israelí contra el pueblo palestino y construir el Estado independiente de Palestina en las fronteras del 4 de junio de 1967, con Jerusalén Este como su capital, hay que lograr obtener membresía plena en las Naciones Unidas. Una paz justa, integral y duradera sigue siendo una opción estratégica y una necesidad para la paz y la seguridad regional e internacional.

La continuación de los proyectos de asentamiento es condenada y rechazada y no traerá seguridad a nadie. La comunidad internacional ha confirmado, especialmente en la Resolución 2334 de la ONU, que los asentamientos son ilegales, en todas sus formas y en todos los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén Oriental. Los asentamientos israelíes constituyen una bofetada al mundo entero, que exige el cese de la violencia de los colonos terroristas. La comunidad internacional debe continuar brindando posiciones firmes en el apoyo al pueblo palestino y sus derechos justos y legítimos, de conformidad con el derecho internacional, las resoluciones pertinentes de legitimidad internacional.

(*) Mahmoud Elalwani es embajador del Estado de Palestina en Bolivia

Dada la larga historia de Bolivia y América Latina de lidiar con perturbadores militares de la democracia e invasores extranjeros, es comprensible por qué tantos bolivianos ahora expresan sus dudas sobre el golpe del 26 de junio, con muchos creyendo que el intento fue un autogolpe del presidente Arce para consolidar su poder. Sin embargo, no hay pruebas concretas para dar vida a esta teoría, y afirmar el contrario es irresponsable dentro de una democracia frágil.

Consulte: Bolivia, a un paso del default

Algunos maquinistas políticos han galvanizado su apoyo público detrás de la teoría conspirativa del “autogolpe”, incluso Evo Morales y sus acólitos, también como la derecha, luchando por respaldo electoral a aproximadamente un año del día de las elecciones. Tanto Morales como líderes de derecha, incluidos Agustín Zambrana y plataformas de redes sociales de derecha como El Bunker han estado difundiendo ávidamente información engañosa, exagerada o falsa sobre el intento para reforzar el apoyo a la teoría del autogolpe. Incluso el propio general Juan José Zúñiga afirmó que Arce lo había instigado, sin proporcionar ninguna prueba, alimentando aún más el fuego de la desinformación.

Andrés Gómez de la Torre, analista de seguridad peruano, refirió el escenario como de un “golpe rústico” o “artesanal” por lo improvisado y mal elaborado en su intento. Sostiene que la falta de coordinación y planificación fue clarísima en la intentona de toma del poder, recuerda además el precedente de 2019 con el protagonismo del general Williams Kaliman, haciendo notar la  existencia de nuevas modalidades de intervencionismo militar en la región andina.

Maxwell Cameron, profesor de Ciencia Política y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Columbia Británica en Canadá, dijo que “un autogolpe no comienza con un levantamiento militar, sino con el presidente declarando: hemos llegado a una situación insostenible, no tengo más opción que cerrar el Congreso y suspender la Constitución porque necesito estos poderes para resolver la crisis.” También dijo que “todo esto parece mucho más un intento convencional de golpe militar, un intento que, por lo demás, está muy mal preparado.”

Tenemos muchos ejemplos para reforzar este modelo de autogolpe: Perú con Castillo en 2022, Turquía con Erdogan en 2016, Rusia con Putin en 2020, El Salvador con Bukele en 2021, y Venezuela con Nicolás Maduro en 2017. El intento del 26 de junio no cumple con esos criterios, pero encaja en la definición tradicional de un golpe militar fallido. Han habido numerosos ejemplos de tales golpes militares fallidos en el pasado reciente, incluso uno en Bolivia en 1984 contra el presidente Hernán Siles. Debemos enfrentar este momento de crisis y fortalecer nuestras instituciones democráticas, no debilitarlas.

Además, difundir esta teoría, que hasta donde sabemos es infundada, es perjudicial para la estabilidad política, la democracia, la alfabetización mediática y la confianza del mercado. Difundir teorías conspirativas sin responsabilidad conduce a una mayor polarización, en un país ya plagado de frecuentes protestas masivas (algunas violentas) y una democracia frágil.

La falta de medios independientes hace que la información dependa en exceso de medios comerciales, redes sociales y medios políticos, lo que permite la difusión de conspiraciones sin una respuesta creíble y racional de los verificadores de hechos. Los inversores extranjeros, al observar el clima político en Bolivia, pueden entonces mirar a este país lleno de oportunidades y decidir no invertir, siendo la estabilidad política un factor crucial para atraer inversión extranjera. Con Bolivia enfrentando bajas perspectivas de inversión, penurias de hidrocarburos y bajo capital, el pueblo boliviano no puede permitirse otra crisis. Lamentablemente, para algunos políticos en este país, una victoria política personal barata parece valer el costo social.

Sabiamente, la comunidad diplomática y mediática internacional (con credibilidad) se ha abstenido de dar fuego a la teoría del “autogolpe” sin evidencia. Algunas agencias de noticias, como Associated Press y Agence France-Presse, se han esforzado en decir que hasta ahora no hay evidencia detrás de la teoría del autogolpe. La clase política y mediática boliviana debería hacer lo mismo para asegurar el futuro de la democracia boliviana.

(*) Joseph Bouchard es un periodista canadiense en América Latina, con experiencia de reportaje en Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia

En vista de la próxima Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, que se llevará a cabo entre el 4 y el 8 de julio en Asunción, y de la solicitud de admisión de Bolivia en el Grupo BRICS+, que ha plateado hace pocas semanas el presidente Luis Arce, conviene examinar cuál de las opciones es la que más le conviene al país a largo plazo.

La dimensión del mercado interno de Bolivia no es suficiente para el establecimiento de industrias competitivas que contribuyan a la transformación de la actual matriz primarioexportadora. Por este motivo, se requiere la incorporación del país a mecanismos de integración que proporcionen una ampliación efectiva del acceso de productos y servicios bolivianos al mercado ampliado, que es la única manera de pensar en una industrialización en serio.

Conviene señalar al respecto que el Mercosur tiene una población de 260 millones de personas, ubicadas en el vecindario próximo de América del Sur. El Grupo BRICS+, en cambio, contabiliza 3.500 millones de personas ubicadas al otro lado del mundo, excepto Brasil, por supuesto. El Grupo BRICS+ no es un mecanismo económico propiamente, sino de naturaleza geopolítica, interesado en la transición global hacia un orden internacional multipolar.

La China lideriza el Grupo BRICS+ mediante sus grandes iniciativas de infraestructura de la Franja y la Ruta. Por sí sola es la segunda potencia del mundo en términos de producción industrial e innovación tecnológica, especialmente en cuanto a los insumos de la transición tecnológica hacia las energías renovables. Su demanda de alimentos, energía y minerales es también enorme debido a la urbanización creciente de su población. En este sentido, las relaciones económicas de América del Sur con la China se asemejan al antiguo esquema de intercambio de manufacturas por materias primas entre los países de América Latina y los centros industriales, que prevaleció en la primera mitad del siglo pasado.

El marco actual de relaciones China-América Latina no resulta apropiado para que las economías latinoamericanas superen el actual estancamiento de su crecimiento. Es necesario por eso establecer una estrategia propia de América del Sur, que comprenda la incorporación creciente de valor agregado en las exportaciones hacia la China, y que además contribuya a la preservación de los sumideros de gases de efecto invernadero de la cuenca amazónica.

A tal efecto, se requiere por supuesto incrementar sustancialmente la capacidad negociadora de los países suramericanos, lo cual se cumpliría en gran medida con el fortalecimiento efectivo del Mercosur y la convergencia con los países de la Alianza del Pacífico.

En ese contexto, Bolivia podría plantear iniciativas destinadas a llevar a cabo negociaciones destinadas a la transformación de su modelo productivo y de empleo de tal manera que paulatinamente se cierren las brechas de desarrollo que caracterizan el rezago del país respecto de sus vecinos, lo que no solamente se refiere al nivel de su PIB per cápita y de su desarrollo humano, sino a todo el catálogo de indicadores de la competitividad de las economías. Por consiguiente, entre los compromisos de su incorporación al Mercosur, el país tendría que negociar su participación creciente en algunas cadenas regionales de valor, tales como la fabricación de vehículos eléctricos y otras. Cabría también plantear la constitución de un fondo de compensación para el apoyo a la mejora de la infraestructura física y tecnológica del país, como el que existe en la Unión Europea.

Dadas las insuficiencias institucionales del actual Gobierno para llevar adelante en simultáneo las necesarias negociaciones con el Grupo BRICS+ y con la adecuación a la normativa del Mercosur parece recomendable adoptar una ruta crítica que se afiance primero en el ámbito de América del Sur y luego reconsidere la conveniencia de participar en el Grupo BRICS+.

Horst Grebe es economista.