Cuando un ciudadano acude a las urnas para participar en una decisión colectiva, se suele hablar de una “fiesta democrática”, porque el soberano tiene la posibilidad de influir en el rumbo del país. Sin embargo, las elecciones judiciales de 2024 están lejos de merecer ese calificativo; son, más bien, un desastre.

En primer lugar, estas elecciones carecen de los elementos esenciales de una democracia informada. La mayoría de los ciudadanos desconoce a los candidatos que postulan y, lo que es más preocupante, no tiene claridad sobre la composición y funciones del Órgano Judicial ni del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Este desconocimiento no es casual; es el resultado de un proceso electoral opaco, que no fomenta el acceso a la información ni la transparencia, aspectos sumamente importantes para una decisión consciente y responsable.

Por decisión de un suprapoder injerencista, estas elecciones no solo son confusas para el ciudadano, sino que violan principios fundamentales de la Constitución. La fragmentación y deterioro de los procesos electorales, impuestos por decisiones del TCP, han sentado un precedente peligroso y nefasto para la democracia.

En lugar de elecciones integrales y únicas, como lo establece la Ley de Elecciones Judiciales, se ha optado por un proceso fraccionado que debilita la institucionalidad y la legitimidad de los resultados.

El domingo 15 de diciembre, solo 19 de los 26 miembros de los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional, Agroambiental y del Consejo de la Magistratura serán elegidos, incluyendo titulares y suplentes. Este hecho no solo refleja la fragmentación del proceso, sino también la incapacidad del sistema político para garantizar elecciones completas e integrales.

Desde su origen, en la Asamblea Legislativa, estas elecciones enfrentaron múltiples tropiezos. Los parlamentarios fracasaron en la tarea de conformar las listas de precandidatos, debido a la división interna de las bancadas y a la injerencia del TCP, que impuso decisiones que obstaculizaron el desempeño de los órganos Legislativo y Electoral.

Esta dinámica de subordinación y desorden institucional evidencia la urgente necesidad de reformar el sistema y fortalecer la institucionalidad. La Constitución de 2009, que en su momento fue vista como un avance significativo para la democracia, hoy muestra sus limitaciones y exige una estricta revisión.

Abrir la Carta Magna será una tarea crucial para el próximo o próximos gobiernos, ya que es la única forma de frenar el poder excesivo de un TCP controlado por magistrados prorrogados, quienes actúan como presidentes de un cuasipoder.

Especialmente preocupantes son los casos de los prorrogados Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano y René Yván Espada Navia, quienes, con sus polémicos fallos, han marcado negativamente las elecciones judiciales.

Las elecciones de este 2024 no son una fiesta democrática, sino un recordatorio de las profundas fallas estructurales de nuestro sistema político. La falta de transparencia, la manipulación institucional y el desconocimiento ciudadano no pueden seguir siendo la norma.

El verdadero desafío está en recuperar la confianza en la democracia, reformar las instituciones y garantizar procesos inclusivos y participativos. Solo así podremos hablar, con propiedad, de una auténtica fiesta democrática.

Andrea Condori es periodista de La Razón Plus

El presidente Luis Arce Catacora, de la forma más maquiavélica, está a punto de asestar su última estocada de muerte contra Evo Morales Ayma, su promotor y actual rival político, cuando en los próximos días se lleve a cabo la excarcelación y extradición hacia Estados Unidos del exjefe antidroga Maximiliano Dávila. Recientemente, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó que la Cancillería terminó las gestiones judiciales necesarias “vía diplomática” y se encuentra en fase de coordinación con el Departamento de Estado de Estados Unidos para la inminente extradición de Dávila, quien fue el último director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) del gobierno de Morales Ayma.

Dávila es requerido por la justicia estadounidense bajo los cargos de conspiración para la importación de más de cinco kilogramos de cocaína y la utilización de armas de fuego para facilitar estas actividades. Ambos delitos están estipulados en el Código Penal de Estados Unidos con penas severas debido a la magnitud de las operaciones ilícitas. Dávila fue aprehendido en enero de 2022 en Villazón cuando intentaba cruzar hacia Argentina. En esa oportunidad, Dávila se encargó de alertar que el ministro Del Castillo busca involucrar a Morales Ayma con el narcotráfico. En un primer momento, Dávila fue detenido por legitimación de ganancias ilícitas y, en agosto de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó su detención preventiva con fines de extradición. No fue acusado de narcotráfico en Bolivia porque la extradición solicitada por Washington se viabilizó este año.

Los delitos que se atribuyen por Estados Unidos para que Dávila sea juzgado en el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York son asociación delictuosa para importar sustancias controladas y asociación delictuosa para el manejo de armas relacionadas con el narcotráfico. El primer delito tiene una pena de 20 años a cadena perpetua. El segundo delito, 10 a 20 años. De llevarse a cabo el juicio, Dávila, para reducir su condena, tendrá que cooperar con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) e involucrará directamente a Morales Ayma, y a varios de sus estrechos colaboradores que lo acompañaron en los catorce años de su gobierno, con el narcotráfico.

La deslealtad, traición y odio político que expresa Arce Catacora contra Morales Ayma no tiene límites. Sus operadores políticos en Washington, que otrora lanzaron vivas y ensalzaron la figura del expresidente indígena, no escatimaron recursos para realizar el correspondiente lobby con la DEA y el Departamento de Estado estadounidense para quitarse de encima del político boliviano a quien consideran un enemigo ideológico y de máximo peligro para la región por su postura antiimperialista.

Paradójicamente, fue Morales Ayma quien rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos en el 2008; ahora el gobierno de Arce Catacora le asesta una puñalada por la espalda haciendo prevalecer el Tratado de Extradición entre Bolivia y Estados Unidos que fue suscrito el 27 de junio de 1995 y ratificado mediante la Ley 1721 el 6 de noviembre de 1996. Este acuerdo regula la entrega de personas requeridas por la justicia de uno de los países para ser juzgadas o cumplir condenas por delitos como terrorismo, narcotráfico, asesinato, secuestro, entre otros. El mismo vicepresidente David Choquehuanca fue enfático en afirmar que la extradición de Dávila representa “un desafío para las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos”.

Si Estados Unidos involucra a Morales Ayma con el narcotráfico, Washington pondrá un precio sobre la cabeza del expresidente boliviano, lo cual significará para los arcistas tener el camino expedito para las elecciones generales de 2025. La pésima administración política, económica y social del gobierno de Arce Catacora no son avales para que éste vaya a la reelección porque carece del apoyo popular que le llevó al poder hace cuatro años; pero con tal de seguir gozando del poder y encubrir a sus hijos de las muchas denuncias de corrupción, ya definió a sus candidatos: Eduardo del Castillo a la presidencia y Eva Copa a la vicepresidencia.

Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional.

Hay cosas difíciles de recordar y no quiere decir que no estén ahí, en la memoria, quizás en las profundidades de la amígdala del cerebro o en los todavía misterios que envuelven a su funcionamiento. En uno de tantos ejercicios de una imprescindible materia cognitiva para personas relacionadas con el sonido, a la que Murray Schafer denominó “el aprendizaje de la escucha”, se pide a un grupo de personas, estudiantes o no, que traigan a la memoria un sonido querido, de la infancia. Cuesta mucho y la mayoría hace trampa. Traen de la memoria recuerdos queridos, sí, pero acompañados de una imagen. Entonces, le ponen sonido. Así de tramposa la concurrencia. Una máquina de escribir que usaba el abuelo, una máquina de coser que usaba la tía abuela o al revés, el abuelo cosía, la abuela escribía. No importa qué. Sirve para detenerse en la sonoridad, y recordar. Una campana en el pueblo chico, el viento en medio de los juncos, los trancos lentos de un caballo maltratado, casi como el de Turín. Sonidos traídos con trampa, desde algún lugar de la memoria. Asociados siempre a una imagen, no al revés. No se asocia, al recordar primero un sonido, a este, con una imagen. Esa la dificultad. Es una tarea de concentración, de tiempo, de honestidad. Resulta de igual dificultad, una vez que se experimenta con estos ejercicios en relación a lo sonoro, intentarlo con los aromas. La palabra aroma proviene del griego antiguo, de una palabra que se traduce como “arrancar”, una hierba, una planta. Pero no cualquiera sino las que despiden una especial y agradable fragancia. También y aunque no se ajuste a la etimología aceptada, otra palabra, también griega, relacionada a labrar la tierra, tiene una raíz que podría dar lugar a la palabra aroma. En un sitio del cerebro se guardan millones de olores y entre ellos, aromas, que además de ser memoria, pacífica, amorosa, feliz, puede también ser dolorosa, brutal, profundamente triste. Están ahí, esperando su tiempo, en una suerte de biblioteca de lo que fueron alguna vez partículas viajando en el aire. En los años 70 del siglo pasado, un bioquímico clasificó algo así como lo que vendrían a ser los olores primarios y más tarde y hasta hoy, hay una clasificación que divide a eso que huele, en frutados, cítricos, ahumados, en fin, esas diferencias que la memoria puede distribuir en experiencias distintas porque más allá de la química, hay también un componente simbólico detrás de cada aroma. ¿A qué huele la extendida melancolía de un zapato sin pareja, en medio de un barco abandonado a la deriva? Un enólogo, durante la pandemia de la Covid 19, perdió el olfato. Seguramente hoy, si no logró recuperarlo, vende cositas en alguna calle de alguna ciudad cuya plaza principal huele a lavanda y a madera antigua. Al perder el olfato habrá perdido también retazos de la vida. En un huayño, memorable como un documento, el texto dice que la sangre del pueblo tiene rico perfume, que huele a jazmines, a violetas, a pólvora y dinamita. Es difícil, como un sonido, traer un aroma desde la memoria profunda, lo que suele ocurrir es que, al enfrentarse una persona con un aroma, en la calle, al ingresar a una habitación, en el mercado, al recorrer una silla, al abrir un cajón, de pronto, hay un detonante, uno que huele y provoca una cadena de reacciones hechas emociones. El olor a guardado que hizo llorar a la tía en una casa de Miraflores, o ese aroma particular que debió haber tenido la celda obligada e injusta de Camille Claudel.

El recurrente olor a tierra mojada, apenas, por una lluvia tenue, suele ser el más mencionado y en circunstancias diversas, para empezar un poema, para terminar un discurso, para intentar una seducción por demás ineficiente, para describir el camino que lleva a los músicos al horizonte, en franca despedida. El aroma, el del almizcle, el del comino, el de la alegría particular de una guitarra, el que se desliza sin pausa, lentamente, hasta el regazo de la madre.

Óscar García es compositor y escritor.

El Comité Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) convocó para este 13 de diciembre a su XXXIII congreso ordinario; la realización de las elecciones para el poder judicial del 15 ha llevado a su postergación para enero del 2025.

Para lograr sus fines, cualquier agrupación de ciudadanos establece estatutos, para mantener la coherencia interna y el respeto a los derechos de todos y cada uno de sus afiliados; su vulneración trae como consecuencia el descrédito, desconfianza y la distorsión de los objetivos por los cuales se agruparon. En el caso de la FSTMB el congreso se realiza después de nueve años, cuando la norma dice que debe ser cada dos; la consecuencia es que la otrora vanguardia del movimiento obrero ha perdido su voz en momentos agitados de la vida política del país, su conducta se dejó llevar por el vaivén de la coyuntura, sin analizar, consultar y determinar en asambleas los rumbos afines a sus intereses que son los de la nación.

El proletariado minero, surgido de la introducción de la industria en la explotación minera, tuvo su período de formación en la lucha por mejores condiciones de vida y trabajo, sus primeras conquistas fueron la jornada de ocho horas, el derecho a la sindicalización, un salario justo, el aprovisionamiento de alimentos en el campamento, mejoramiento de la vivienda, la educación para sus hijos, la atención de salud, etc. Estos procesos de lucha fueron consolidando su organización, el conocimiento de su rol en la economía y su dependencia de las fluctuaciones del mercado internacional. Superaron sus métodos de lucha, en principio el motín y la bronca contra los ejecutivos de la empresa; por la negociación y la utilización de la huelga como medio de lucha, cuando, a costa de privarse del pan de cada día, se golpea al patrón donde le duele, privándole de su ganancia.

La masacre de Catavi (1942) marcó su ingreso en la vida política nacional cuando el gobierno del Cnl. Peñaranda se puso al lado de la empresa norteamericana, Patiño, a costa de privarles del derecho a la sindicalización y el aumento de salarios; por eso, su apoyo (1944) al gobierno del mayor Gualberto Villarroel, enfrentado a la rosca minera y el imperialismo. Su lucha se coronó con la nacionalización de las minas en octubre de 1952, luego de las jornadas de abril, que mostraron su olfato político, capacidad organizativa y de lucha contra el ejército en El Alto y la ciudad de Oruro.

Su participación con el gobierno de la revolución nacional, con sus propias banderas como el control obrero en COMIBOL, fundiciones de estaño e industrialización del país, fueron relegadas por el poder real, la nueva burguesía. Su balance en los congresos XII en Colquiri y XIV en Siglo XX fue bastante crítico y concluyeron que la única solución a los problemas del país era el socialismo. En este enfrentamiento ideológico no hubo temor a señalar los errores, por primera vez el liderazgo de Juan Lechín fue cuestionado, se enfrentó en el IV congreso de la COB contra Víctor López, los resultados no minaron en nada la unidad del proletariado, necesario ante el fraccionamiento partidario.

Las dictaduras en nuestro país tuvieron al proletariado minero al frente, fueron llevados a cabo innumerables masacres en los campamentos para paralizar sus protestas. La derrota de las dictaduras fue fruto de su lucha, sin embargo, la formula constitucional prolongaba el poder de la clase política y marginaba al pueblo.

Con las armas de la democracia, el gobierno constitucional de Víctor Paz (1985) liquidó al movimiento minero, su recuperación se deja esperar aún. El congreso de San Cristóbal el 2015 dio su apoyo al Proceso de Cambio para hacer realidad una “política minera que se convierta en el pilar central del crecimiento económico del país”. ¿La clase obrera estuvo a la altura de este objetivo? y ¿el gobierno lo apoyó? El balance es necesario y sólo se logrará con una reflexión dentro del marco de la democracia participativa, en todos los niveles de la organización sindical.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

Cada 10 de diciembre, en todo el mundo recordamos la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

A través de las décadas, la comunidad internacional ha utilizado la Declaración como base para desarrollar un sistema de nueve tratados vinculantes que abordan las principales categorías de derechos, situaciones y de grupos de particular protección como mujeres, infancia, migrantes, personas con discapacidad y otros.

La Declaración Universal es producto de su época y, como tal, no menciona explícitamente varios asuntos que estaban totalmente ausentes del debate público por aquel entonces, pero que hoy son centrales para los derechos humanos. Es el caso de los derechos de los Pueblos Indígenas, las obligaciones de las empresas, los derechos ambientales y los derechos de la propia naturaleza, de reciente conceptualización.

Con base en el espíritu inclusivo y visionario de la Declaración Universal, el sistema internacional de derechos humanos ha evolucionado y avanzado —pese a la reticencia de varios Estados—, por ejemplo, con la creación de instrumentos y mecanismos específicos para la protección de los Pueblos Indígenas.

El factor determinante para que el sistema internacional de derechos humanos haya sido capaz de evolucionar y adaptarse a nuevos escenarios sociales es la participación de la sociedad civil. La experiencia a nivel mundial demuestra que el activismo de las personas y organizaciones es el catalizador tras los avances en derechos humanos. Un ejemplo reciente de ello es el Acuerdo de Escazú sobre información, participación y justicia ambiental, tratado regional del cual Bolivia es parte y en cuyas negociaciones la sociedad civil ha tenido un rol protagónico.

Para los Estados, garantizar la participación efectiva de la sociedad civil es también imprescindible, aunque estas sean críticas de la realidad o del actuar de quienes detentan el poder político, económico o mediático. Las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos ejercen una labor valiosa para toda la sociedad, que debe ser protegida y valorada por las autoridades.

El mundo en general, y América Latina en particular, enfrenta desafíos en el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos asumidas por cada Estado al ratificar dichos tratados. Bolivia no está exenta de estos desafíos, que incluyen la desigualdad en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la información, la discriminación, o la administración de justicia (incluyendo temas como independencia judicial y debido proceso, o las condiciones del sistema penitenciario).

En el país son de especial relevancia también la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas y los temas medioambientales, ante amenazas como la contaminación, los incendios forestales devastadores (como los ocurridos este 2024), la explotación de recursos naturales (uso de mercurio para la extracción de oro, desafíos y oportunidades de la extracción de litio y otros), y en general el desarrollo sostenible.

Frente a flagelos como la desigualdad estructural y la polarización política, resulta esencial ofrecer respuestas que sitúen a los derechos humanos como eje de todas las políticas del Estado. La política penal y de seguridad, el desarrollo económico, la minería y el medio ambiente, a fin de ser eficientes y sostenibles, deben basarse en las obligaciones internacionales en derechos humanos, facilitando la participación amplia de la sociedad civil y brindando particular atención a las personas y colectividades más desfavorecidas.

En un contexto de múltiples desafíos, antiguos o nuevos, como ONU Derechos Humanos estamos comprometidos a acompañar a la sociedad boliviana —a las autoridades, las organizaciones y especialmente a las y los titulares de derechos— en su camino hacia una mayor vigencia de los derechos humanos para todas las personas, sin discriminación.

Jan Jarab es representante en América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.