La historia se repite una y otra vez. Potosí, un departamento que ha entregado sus riquezas al desarrollo de Bolivia, sigue siendo el más pobre del país. Es hora de que este departamento, abandonado en las prioridades nacionales, aproveche sus recursos naturales para su propio desarrollo y deje de ser sólo el sustento de una economía nacional que no le retribuye lo que merece.

Desde el siglo XVI, la colonización del continente no sólo trajo consigo la aculturación forzada de los pueblos indios, sino también el saqueo sistemático de los recursos naturales. La explotación de la plata fue el primer instrumento de dominación y esclavización de los indígenas, quienes vivían en armonía y prosperidad. Como bien lo expresó un reconocido cantautor argentino, “solamente en Potosí murieron ocho millones de indios por la ambición europea. Ocho millones de muertes es demasiado dolor como para olvidar que fueron causadas solamente por una insaciable sed de poder y riqueza”. Por su parte, Eduardo Galeano, en su obra “Las Venas Abiertas de América Latina”, destaca que “entre 1503 y 1660, llegaron al puerto de Sevilla 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata. La plata transportada a España en poco más de un siglo y medio excedía tres veces el total de las reservas europeas”.

Unos siglos después, sin que el saqueo de la plata hubiera terminado, a principios del siglo XX, el aumento de los precios del estaño en el mercado mundial, marcó el inicio de la era de este mineral. Potosí, una vez más, abrió sus entrañas para entregar su riqueza al mundo. Hasta 1929, Bolivia cubrió un cuarto de la producción mundial de estaño, una quinta parte hasta 1949 y, todavía, una sexta en 1952. Este mineral no solo enriqueció a los llamados “barones del estaño”, sino que se convirtió en la base del desarrollo económico del país y contribuyó a la transformación industrial mundial de la época. A esto se suma la explotación de otros minerales como el zinc y el magnesio, cuyos beneficios nunca se tradujeron en recursos económicos que promovieran el desarrollo de Potosí.

Hoy, la historia amenaza con repetirse por tercera vez, bajo un nuevo esquema de neocolonización. La entrega del litio a empresas transnacionales, algunas con credenciales cuestionables, representa una nueva amenaza para Potosí y el país. Estas empresas no sólo podrían monopolizar la explotación del litio, sino que lo harían sin garantizar el ansiado proceso de industrialización. Un análisis rápido de los contratos firmados revela que sólo se contempla la extracción del carbonato de litio y otros derivados, sin avanzar hacia la fabricación de baterías ni su comercialización en mercados internacionales. En otras palabras, Bolivia corre el riesgo de repetir el modelo extractivista que ha empobrecido al país por siglos, limitándose a ser un mero exportador de materia prima o productos transformados en su primera etapa.

El litio es un recurso estratégico para la transición energética mundial, una gran oportunidad, en un momento en que el calentamiento global amenaza a toda la humanidad y se buscan recursos energéticos más amigables con la naturaleza. Se estima que las reservas mundiales de litio alcanzan los 89 millones de toneladas, y Bolivia posee la mayor reserva, con 21 millones de toneladas, lo que representa casi el 24% del total global.

El Estado Plurinacional de Bolivia debe adoptar una política clara y equitativa en la distribución de los beneficios derivados de la explotación de recursos naturales. Por ello, la Ley del Litio es imprescindible y debe establecer de manera clara y precisa que Potosí y los otros departamentos productores reciban al menos el 11% de los ingresos generados por el litio, tal como lo hacen los departamentos productores de gas con la explotación hidrocarburífera. Esto evitará que el tema sea manipulado por intereses políticos o coyunturales.

Los contratos actuales no sólo deben ser diferidos en su debate en la Asamblea Legislativa, sino deben rechazarse en su totalidad. Se debe iniciar un nuevo proceso para la industrialización del litio, en consulta con el pueblo potosino y el conjunto de la población boliviana. Este proceso debe basarse en una legislación que garantice la participación justa de los departamentos productores y que contemple la industrialización completa del litio dentro del territorio nacional.

Además, es fundamental incluir en este debate la explotación de las “tierras raras”, minerales estratégicos esenciales para el desarrollo tecnológico del siglo XXI, los cuales hoy son explotados sin regulación ni beneficios significativos.

El litio y las tierras raras deben ser el impulso para el desarrollo de Potosí y la clave para erradicar la extrema pobreza que todavía azota al departamento. No permitamos que la historia se repita una vez más: es hora de que Potosí reciba lo que le corresponde.

Diego Pary Rodríguez es de la comunidad Chajnacaya, Potosí, y exministro de Relaciones Exteriores de Bolivia.

A puertas de su Bicentenario, Bolivia enfrenta uno de los procesos electorales más inciertos, marcado por la ambivalencia y el extravío ideológico de sus líderes políticos. Esta situación ofrece pocas certezas y limita las oportunidades para construir un país con visión de futuro, basado en la fortaleza de su pueblo y las grandes riquezas que la naturaleza le ha otorgado.

En diversos momentos de la vida republicana y del Estado Plurinacional, los discursos y acciones de los líderes políticos expresaban el modelo de estado o el proyecto de país que pretendían construir, por ejemplo, el liberalismo y el conservadurismo en el siglo XIX o el socialismo y el liberalismo en el contexto de las luchas ideológicas del siglo XX. Sin embargo, la realidad política contemporánea revela una pérdida del horizonte ideológico y una transformación preocupante en las prácticas democráticas.

Pareciera que el ejercicio político, indispensable en una democracia, ha sufrido un deterioro ideológico irreparable, derivando en una práctica dominada por intereses personales y de grupo. El espacio público, más allá de las visiones político-ideológicas, la propuesta de país o incluso un plan de desarrollo a implementar, se ha convertido en un campo de disputa por el poder, donde priman la confrontación y la venganza, debilitando la posibilidad de un debate genuino y real sobre el futuro del país.

En los últimos días, hemos sido testigos de cómo la clase política actual, sin pudor alguno, puede transitar de una posición ideológica a otra sin siquiera inmutarse. Este cambio constante de posturas refleja una preocupante ausencia de principios y límites morales, donde la única meta es alcanzar el poder, sin importar los medios o las consecuencias. Esta realidad no solo evidencia la falta de compromiso con los ideales, sino también una crisis de confianza que debilita la democracia y perpetúa la desilusión ciudadana.

La instauración del Estado Plurinacional en 2009 representó una oportunidad histórica para superar los viejos paradigmas de exclusión y desigualdad. Este nuevo modelo prometía integrar la diversidad cultural y social de Bolivia en un proyecto nacional inclusivo. Sin embargo, el sueño de construir una patria unificada en torno al interés colectivo ha sido saboteado por una clase política que no ha logrado trascender sus intereses particulares.

La crisis política e institucional es resultado de una acumulación de errores en el ejercicio del poder, caracterizados por la improvisación y la falta de visiones a largo plazo. Esta situación plantea el riesgo inminente de un retorno a formas autoritarias de gobierno que reconfiguren las élites políticas tradicionales, exacerbando la exclusión y el debilitamiento institucional.

En este contexto de incertidumbre, Bolivia necesita un proceso profundo de reinvención política y democrática, que debe ser impulsado por el propio pueblo, bajo los siguientes principios:

•             Recuperación del horizonte ideológico, donde los partidos y movimientos políticos redefinan sus principios y articulen propuestas que prioricen el bien común por encima de intereses sectarios.

•             Fortalecimiento institucional, para reconstruir las instituciones democráticas sobre la base de la transparencia, la inclusión y la participación ciudadana, recuperando la confianza y autoestima del pueblo boliviano.

•             Educación política, para fomentar una ciudadanía activa, crítica y comprometida con la gestión de los asuntos públicos.

•             Diálogo y reconciliación, para reemplazar la polarización por un debate constructivo que permita la convergencia de los diversos sectores de la sociedad en un proyecto de país Bolivia, inclusivo y con visión de futuro.

El futuro de Bolivia depende de su capacidad para reinventarse y construir una democracia renovada, inclusiva y fundamentada en la riqueza de su diversidad. Este proceso no será fácil ni inmediato, pero resulta imprescindible para evitar que los errores del pasado y del presente perpetúen un ciclo de inestabilidad y retroceso. La reingeniería de la política y la democracia no solo es una necesidad urgente, sino también una oportunidad para reimaginar un proyecto de país que garantice justicia, bienestar y el Vivir Bien para todas y todos los bolivianos. En última instancia, es fundamental recuperar el amor por Bolivia y la fuerza transformadora del pueblo unido.

Diego Pary es licenciado en Pedagogía y exviceministro de Educación Superior de Formación Profesional (2008-2011).

El parlamento como institución ha acompañado el desarrollo de los sistemas políticos, a lo largo de la historia, desde las antiguas asambleas en sociedades premodernas hasta los parlamentos modernos representativos que hoy conocemos.

Las primeras formas de deliberación política organizada se remontan a las antiguas civilizaciones, como es el caso de la antigua Grecia o Roma, sin embargo, los parlamentos en el sentido moderno, podríamos situarlos en la Edad Media, con la convocatoria al «Parlamento Modelo» en Inglaterra, que creó la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Por su parte España, estableció las cortes que surgieron como asambleas consultivas en los reinos cristianos durante la reconquista, donde se reunían representantes de la nobleza, el clero y, en algunos casos, las ciudades.

Revise: Bolivia Bicentenaria: ¿Hacia dónde vamos?

Dichos estos antecedentes generales, en el caso de Bolivia, Antonio José de Sucre, mediante Decreto Supremo de fecha 9 de febrero de 1825, convocó al establecimiento del primer parlamento, que fue fundamental para el establecimiento del nuevo Estado, la República de Bolívar.

A lo largo de nuestra historia republicana, el parlamento boliviano (con sus diferentes denominaciones Asamblea Legislativa, Congreso y otras), ha desempeñado un rol esencial en la construcción del Estado y en la consolidación del país como actor en la comunidad internacional. A pesar de las reformas y ajustes que ha experimentado a lo largo de los años, esta institución sigue siendo el eje de la democracia boliviana.

En una mirada escueta de hechos significativos, se destaca también su rol determinante en la recuperación de la democracia, tras los periodos de gobiernos militares en los 70 y 80. En un primer momento, Walter Guevara Arce asumió la presidencia como titular del Senado (1979), y posteriormente, Lidia Gueiler Tejada, en su calidad de presidenta de la Cámara de Diputados (1979). Finalmente, el Congreso Nacional (elegido en 1980) nombró como presidente de la República a Hernán Siles Suazo (1982), restaurando el régimen democrático y poniendo en plena vigencia la Constitución, reformada en el año 1967.

En tiempos más recientes, el parlamento fue el responsable de viabilizar la convocatoria a la Asamblea Constituyente (2006) y, posteriormente, de acoger las negociaciones y aprobación del proyecto de la nueva Constitución Política del Estado, después del referendo aprobatorio, culminando en el nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia (2009).

Estos hechos, nos demuestran que las instituciones parlamentarias son pilares fundamentales de toda democracia, ya que encarnan la voluntad popular y aseguran la representación plural de la sociedad en la toma de decisiones. Cualquier intento de limitar o restringir su funcionamiento normal, ya sea por parte de otros poderes del Estado o por influencias de actores externos, constituye una flagrante violación de los principios democráticos y constitucionales.

En su recorrido histórico, el parlamento boliviano ha contado con personalidades destacadas que han dejado una huella imborrable, más allá de sus visiones políticas e ideológicas. Entre algunos de estos ilustres individuos se encuentran José Mariano Serrano, Belisario Salinas, Antonio Arguedas, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Óscar Medinacelli, Ana María Romero de Campero, Felipe Quispe, entre muchos otros, quienes, con su actuación en el parlamento, marcaron profundamente el rumbo de Patria.

En consecuencia, ser parlamentario es un alto honor y un privilegio que entrega el pueblo. Para trascender en la historia no simplemente se requiere la presencia en el cargo, sino tener la capacidad de marcar la diferencia en medio de un conjunto diverso de personalidades e intereses. En muchas ocasiones, estos intereses pueden desviarse hacia la prebenda y el beneficio personal, sin embargo, el verdadero desafío de un parlamentario radica en superar esas presiones y actuar en favor del bien común, aportando de manera significativa al desarrollo y fortalecimiento de las instituciones democráticas y el proyecto país, Bolivia.

El actual parlamento ha sido, hasta la fecha, uno de los más intrascendentes en nuestra historia reciente. No obstante, a un año de concluir su gestión, aún queda la oportunidad para que sus integrantes rectifiquen el rumbo y reivindiquen su labor en esta bicentenaria institución. De ellos depende que su paso por el parlamento no quede marcado por el olvido o, peor aún, por el desprestigio. Todavía tienen tiempo para tomar decisiones que los coloquen en el lado correcto de la historia y eviten que su legado sea recordado con ignominia.

(*) Diego Pary es representante permanente ante la ONU y exministro de Relaciones Exteriores de Bolivia

La historia de América, en consecuencia de Bolivia, está marcada por un proceso de colonización que transformó profundamente nuestros territorios y sociedades. La llegada de los colonizadores europeos no sólo significó la explotación de los recursos naturales, sino también la imposición de una cultura y una estructura social ajena a las raíces indígenas de nuestro territorio. Este periodo dejó una huella persistente en la configuración política y socioeconómica del país, dando origen a un sistema de exclusión que perduró por siglos.

1825 representa uno de los hitos transcendentales de nuestra historia, la transición de la colonia, de los virreinatos a la república. Los indígenas, a pesar de su participación significativa en las luchas independentistas, fueron marginados de la estructuración política y económica del nuevo Estado, siendo una mayoría de la población. Esta exclusión también se extendió a los obreros y a las mujeres, quienes no tenían voz ni voto en la construcción del nuevo Estado. La República Boliviana fue pensada y creada desde la visión criolla y mestiza, perpetuando desigualdades, limitando el acceso a derechos básicos y a la participación política de la mayoría de la población.

La Revolución Nacional de 1952, como resultado del descontento acumulado por las desigualdades y levantamientos previos, marcó un punto de inflexión en la historia de Bolivia. Se llevaron a cabo reformas fundamentales que intentaron subsanar las fallas estructurales en el nacimiento de la Patria. Se implementó una reforma agraria que redistribuyó las tierras, se nacionalizaron las minas y se promovió la educación universal. Aunque estos esfuerzos representaron un avance para la inclusión, no lograron erradicar completamente las estructuras de exclusión y desigualdad.

La Asamblea Constituyente en el 2006 y la posterior promulgación de la nueva Constitución en el 2009, son dos momentos importantes en el ejercicio de la autodeterminación del pueblo y la reconfiguración de Bolivia como Estado soberano e independiente. Esta nueva Constitución detalla con precisión cada uno de los elementos estructurales que caracterizan al país; entre otros elementos centrales, incorpora la plurinacionalidad como identidad del Estado, así reconociendo la diversidad de pueblos y naciones, otorgando más derechos a los pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, obreros y otros grupos poblacionales.

Para construir un futuro inclusivo y justo, es esencial no olvidar el pasado. Las persecuciones a los indios, las masacres de mineros y obreros, la desaparición de oponentes políticos, los golpes de Estado sangrientos son parte de la memoria histórica de nuestro pueblo, nos permiten recordar las injusticias y los errores del pasado, nos llaman a evitar y no repetirlos nunca más. El reconocimiento de la memoria viva de nuestros pueblos es un acto de justicia y la base fundamental para la reconciliación y la unidad.

Los elementos mencionados párrafos arriba, no pretenden resumir nuestra vasta historia, sino que nos permiten mirar algunos hitos del pasado para proyectar un futuro, en el cual vislumbremos a Bolivia como un país unido, democrático, desarrollado, respetuoso de la diversidad y en armonía con la Madre Tierra.

En democracia, los partidos políticos son esenciales porque proporcionan identidad política e ideológica a sus líderes y movilizan a la ciudadanía en torno a ideas y propuestas. Sin embargo, en una sociedad plural y diversa como la nuestra, que ha transitado por momentos críticos, amenazando la misma unidad de la Patria y la existencia del Estado, es fundamental que los partidos políticos, los líderes y los ciudadanos no perdamos de vista el objetivo común: primero debe estar siempre nuestro proyecto país Bolivia, y luego los intereses partidarios.

A puertas del Bicentenario, es tiempo que los doce millones de bolivianas y bolivianos, proyectemos para el país una hoja de ruta de 30 y 50 años, que nos conduzca hacia un futuro próspero y de bienestar. Pensemos todas y todos juntos en un proyecto país, en un proyecto Bolivia.

Al iniciar una nueva era de su existencia, Bolivia se enfrenta al gran desafío de reencontrar su unidad, valorando como parte de sus bienes comunes la diversidad política, económica, social y cultural. Podemos avanzar hacia un futuro donde todas y todos tengan un lugar y una voz. En este horizonte, el proyecto país Bolivia, debe ser nuestra brújula, guiándonos hacia un desarrollo integral y sostenible que honre nuestro pasado y abrace nuestro futuro.

Partimos con una máxima indiscutible para toda sociedad, especialmente para aquellos países en desarrollo, como Bolivia, la educación es la fuerza transformadora más poderosa de los pueblos. Un pueblo con educación siempre luchará por su libertad y dignidad, y superará cualquier obstáculo.

En este propósito, las maestras y maestros tienen un rol fundamental. A pesar de las distintas dificultades y problemáticas de nuestro sistema educativo, de ellos depende en gran medida la formación de las generaciones presentes y futuras; por ello, merecen todo nuestro reconocimiento, por la digna labor que cumplen.

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El proceso histórico. Caiza «D» quizás es el lugar menos conocido en la historia de la educación boliviana. Sin embargo, entre 1926 y 1930, las primeras ideas de la Escuela Ayllu (nombre quechua) y el sistema de organización nuclear de la educación tuvieron sus primeros desarrollos en las escuelitas rurales de Chajnacaya, Kestuche, Tuctapari, entre otras; experiencias que posteriormente fueron implementadas ya de manera más organizada y sistemática en Warisata.

Warisata, el lugar donde afloró la idea de Escuela Ayllu, a partir de 1931, tuvo como objetivo principal transformar la educación boliviana y promover la educación indígena para la liberación de los pueblos originarios, a través de un enfoque comunitario y culturalmente relevante. Esta iniciativa buscaba romper con las estructuras coloniales, resistir la opresión y la explotación imperante hacia los pueblos indígenas en aquella época.

Estas experiencias sembraron las semillas iniciales de la educación intercultural bilingüe y el modelo socio-comunitario productivo mediante el desarrollo de cuatro cualidades de la persona: munay, yachay, ruway y atiy (querer, saber, hacer y decidir), además de recuperar de los pueblos indígenas el concepto de convivencia en armonía con la Madre Tierra.

La Transformación Educativa. Los ideales de Caiza “D” y Warisata, articulados con las nuevas teorías internacionales de la educación, permitieron proyectar un nuevo sistema educativo a partir del diálogo de conocimientos. Esto se plasma en la Constitución Política del Estado y la Ley de Educación actuales, organizando el sistema educativo en tres subsistemas: Educación Regular, Educación Alternativa y Especial, y Educación Superior de Formación Profesional.

La histórica transformación de la formación de maestros en 2010, no solo cambió la estructura, constituyéndola como parte de la educación superior, sino que también incrementó los años de estudio de tres a cinco y jerarquizó la formación, de técnico superior a licenciatura. Además, le asignó al Estado la formación exclusiva de los maestros. De manera adicional, y no menos importante, se realizó una profunda reestructuración del diseño curricular de cada una de las especialidades de las escuelas superiores de formación de maestros, incorporando elementos como la descolonización, la despatriarcalización, conocimientos actualizados de cada una de las ciencias universales y el enfoque intra, intercultural y plurilingüe de la educación.

Con el paso de los años, se debe reconocer que todas estas importantes transformaciones fueron insuficientes para los grandes desafíos que se planteó el Estado Plurinacional, ya que la educación había dejado de ser prioridad de la política pública por décadas.

Hacia el futuro. Los procesos educativos siempre suelen ser cíclicos y existe la posibilidad de reencaminar los objetivos. No obstante, no se puede perder de vista que el maestro es uno de los actores fundamentales para la transformación educativa, como elemento central del desarrollo de todos los pueblos.

En este contexto, existe la necesidad imperiosa de abordar una segunda etapa en la transformación de la formación de maestros en el país, bajo tres elementos que deben guiar la integralidad del perfil del maestro:

1) Recuperar la gran experiencia construida desde Caiza «D», Warisata y la experiencia de la última década en cuanto al valor de las raíces culturales en la educación.

2) Actualizar y articular el conocimiento de las distintas ciencias universales, como las matemáticas, las ciencias naturales, entre otros, a la práctica cotidiana, más allá de las abstracciones teóricas aúlicas.

3) Aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, que le han dado al mundo un nuevo rumbo, sin posibilidades de retorno, para hacer más y mejor educación.

Nuestro desarrollo, como pueblo y como país, dependerá en gran medida de la calidad que le otorguemos a la educación como a la formación de los maestros, y de que ésta se convierta efectivamente en la primera prioridad de nuestras políticas públicas..

(*) Diego Pary es licenciado en Pedagogía y exviceministro de Educación Superior de Formación Profesional (2008-2011)