La crisis económica que vivimos se debe principalmente a la falta de divisas, las que son el resultado de nuestras ventas en el mercado internacional, las exportaciones, en nuestro caso, de materias primas; la minería es un sector clave en este sentido. El año 2024 las exportaciones llegaron a $us 9.059 millones, de los que el 53% correspondió al sector minero, lo que obliga a poner atención al sector, que, como hemos venido sosteniendo, es el más olvidado y descuidado del área productiva. La información que se difunde sobre el tema se refiere a las regalías (en bolivianos devaluados), el daño ambiental y las penosas condiciones del trabajo, que el año pasado provocaron más de 100 muertos en el cerro de Potosí.

La semana pasada la prensa informó que Andean Precious Metals Corp., a través de su subsidiaria, Empresa Minera Manquiri S.A., firmó un contrato con COMIBOL para la venta de 200.000 toneladas de carga bruta de óxidos de mineral con contenidos de plata por el precio de $us 12 la tonelada: la noticia fue originada en fuentes del exterior. Llama la atención, primero porque cualquier acción sobre recursos naturales tiene que ser pública: la consulta previa e informada y la aprobación del contrato por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y lo segundo es el precio del contrato. Por informes históricos, las cargas de Pulacayo tienen un contenido de plata de 400-600 g por tonelada, es decir entre 12 y 19 onzas, las que tienen un precio unitario de $us 32; cada tonelada tiene un valor de 384–608 dólares, así el canon de $US12 es irrisorio. Lo que no dice la noticia es que desde hace un año Manquiri recibe estas cargas de un yacimiento cercano, Paca, de la empresa Elephant Silver, que no tiene contrato con COMIBOL.

Otra noticia informa que New Pacific Metals advierte con abandonar el proyecto de Arenas de Plata en Potosí, por falta de seguridad jurídica, denunciando avasallamiento de su concesión en la zona de Canutillos, lo que estaría poniendo en riesgo una inversión de $us 350 millones. Recordemos que esta empresa inició sus operaciones el año 2017 en una pequeña mina llamada “Alcira”. Para hacerla viable pidió un contrato minero a COMIBOL, titular de las áreas circundantes: el contrato firmado por los ejecutivos de la empresa fue rechazado por el poder ejecutivo, por ser mísero el canon de 5% acordado, peor que los contratos de la época neoliberal. Desde esa época no se volvió a mencionar nuevos contratos, aunque la empresa continúa con sus operaciones de exploración, en estas áreas y en otras, anunciando el megaproyecto Silver Sand. Lo cierto es que el Estado no tiene ningún contrato con la empresa, fuera de aquella primera concesión que tampoco se ha adecuado a un contrato administrativo minero. ¿Qué derecho se reclama?

La complacencia de algunos funcionarios no puede determinar la enajenación de los recursos naturales. En la misma COMIBOL se ha iniciado un proceso —con presos de por medio— porque los ejecutivos firmaron un contrato de producción minera para la explotación de la mina de oro de Amayapampa y, sin mediar el permiso de la Asamblea Legislativa, autorizaron su operación.

La norma minera es clara al respecto. Las anteriores concesiones fueron anuladas y pasaron a ser contratos administrativos mineros; esta adecuación es sobre el área original del contrato y están liberados de ir a la ALP para su aprobación; el resto de los contratos administrativos mineros, al igual que los contratos de asociación y producción de COMIBOL, deben merecer la sanción por la Asamblea y ser promulgadas por ley, ¿qué más seguridad jurídica?

El texto constitucional sobre los recursos naturales es fruto de la amarga experiencia de la nación sobre el despojo de nuestra riqueza: la dadivosidad de un tirano canjeando el territorio por caballos o helicópteros, la evasión de impuestos, la exportación de capitales a tierras foráneas —mientras nos condenaban a un sempiterno atraso—, la colocación de concesiones mineras en las bolsas de valores, usándolas como prenda de garantía, la venta de las concesiones, etc. dio paso a que la ley establezca un contrato administrativo minero, por el cual se compromete a ejecutar un plan de trabajo, con licencia social y ambiental, inversión comprometida, un cronograma establecido, y ejecutado directamente por el titular del contrato; el no cumplimiento implica la anulación del contrato. No es fácil hacer minería racional y eficiente, pero es la única manera de cuidar la naturaleza y garantizar la industrialización del país. Además, es una fuente por excelencia de divisas, en regalías solamente, podrían aportar $us 300 millones, pagados en dólares.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

Hace 200 años declaramos la independencia para gozar de la soberanía, libertad e independencia; el gran sueño adoptó la forma de república, siendo la democracia la forma de convivencia; la trilogía de Abraham Lincoln de gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, sería nuestro derrotero. La disposición de Bolívar, aboliendo la servidumbre y haciéndonos ciudadanos, quedó pendiente de una reglamentación; así se prolongó el pongueaje de los campesinos y reinó el voto calificado, siendo la democracia un privilegio de los que sabían leer y escribir y tenían renta propia; marginando de la vida política a las mujeres y los indígenas.

En 1956 se estrenó el voto universal, el MNR obtuvo la mayoría absoluta, la concreción de la nacionalización de las minas y la Reforma Agraria era motivo de esperanza. Sin embargo, el gobierno negó lo que pregonaba: el plan Eder-Siles volcó la crisis económica sobre el pueblo y el código Davenport subastó el petróleo a la inversión extranjera; obreros y campesinos en el Congreso Nacional no valían nada; la hegemonía obrera fue horadada con una organización paralela a la Central Obrera Boliviana (COB). El rechazo al continuismo del MNR (1964), el discurso antimperialista, la lucha por la justicia social, la búsqueda de la igualdad, se tildó de comunismo; así justificaron clausurar la democracia. El fenómeno no era propio, era la estrategia norteamericana para evitar otra Cuba.

Las dictaduras se extendieron por toda Latinoamérica; dialécticamente surgió la rebelión, a esa altura era inevitable el triunfo de la revolución en Nicaragua. Carter cambió de estrategia por una democracia controlada: Banzer fue el pupilo aplicado, en 1977 convocó a elecciones, con 500 ciudadanos proscritos; la puerta entreabierta dio paso a la movilización popular que logró la amnistía general. Las elecciones de 1978 fueron fraudulentas, Julio Mancilla, presidente de la Corte Electoral, las anuló; luego se alternaron los golpes y las elecciones, hasta que, en octubre 1982, se posesionó a Siles Zuazo como presidente. Al entregarle la crisis económica, causada por el endeudamiento externo, e imponer una mayoría contraria en el Congreso, la trampa estaba armada: se le cortó el mandato. Lección: la gobernabilidad implica controlar el ejecutivo y el legislativo.

Las elecciones de 1985 las ganó Banzer con mayoría simple, el Congreso prefirió el mal menor; Víctor Paz, el creador del capitalismo de Estado, adoptó el plan de Banzer, se inició la época neoliberal, pisando principios constitucionales como la propiedad de los recursos naturales, la estabilidad laboral y el fuero sindical; el Congreso dio paso a los estados de sitio. La COB como articuladora de la relación social con el Estado fue marginada. En 1989 ganó Sánchez de Lozada del MNR; al no cumplir el acuerdo de alternancia, Banzer votó por el tercero, que era Jaime Paz. La desproporción entre la votación presidencial y de parlamentarios develó un fraude —la banda de los cuatro—; se eligió una corte electoral creíble y se buscó modernizar los partidos políticos. Vinieron los parches: diputados uninominales, papeleta única y multicolor, financiamiento y rendición de cuentas, control social, etc. Sin embargo, los que no cambiaban eran los partidos; al contrario, la fragmentación obligaba a alianzas más amorfas como la megacoalición (2002), que llevó sobre sus espaldas la guerra del gas y la crisis de los partidos.

Así los sectores sociales asumieron, otra vez, la acción política con la democracia representativa, surgió el MAS-IPSP. Su fuerza permitió cambiar la Constitución dando al Estado el rol planificador, aumentó la capacidad productiva del país; pero, políticamente convirtió a los sujetos sociales de conductores en beneficiarios y el MAS se convirtió en partido, dejando pendiente la democracia directa y participativa.

Hoy la democracia repite viejos lamentos. Un poder legislativo impedido de fiscalizar a ministros, promulgar leyes que no agradan al Ejecutivo, trancados en sus decisiones por un Órgano Judicial cuestionado; un Ejecutivo, acaparando los poderes, conspirando para vetar una candidatura; un Órgano Electoral avasallado en sus competencias por el Tribunal Constitucional que ordena parcializar elecciones nacionales, legalizar directivas de partidos políticos; se llaman a cumbres para suprimir elecciones primarias e imploran que se cumpla la ley. Como si no tuviéramos un pasado para aprender de los errores.

La alianza público-privada es una manera de coadyuvar esfuerzos entre el Estado y los agentes privados para la realización de emprendimientos que cada uno por sí no puede realizarlos solo, a veces, con la determinación de políticas públicas —campañas contra la aftosa para la ganadería o mercados sin impuestos para la agroindustria— o la concurrencia de capitales en un emprendimiento. Es de esperar que de este esfuerzo salgan beneficiados ambos socios. Planteado así no hay problema, es una necesidad para movilizar potencialidades dormidas; sin embargo, la realidad nos muestra que el principio de beneficio mutuo desaparece con viejas prácticas de acumulación de capital.

El apoyo a una certificación de calidad o la apertura del mercado boliviano a la libre importación de los países andinos buscan captar divisas y beneficios para las necesidades nacionales, pero si las divisas son desviadas a paraísos fiscales, se rompe el beneficio mutuo y la economía nacional se desequilibra.

El neoliberalismo impuso los joint ventures para movilizar los recursos mineros con la inyección de capital y tecnología, así los contratos partían del principio de 50/50. En la práctica, lo primero que hacía el socio era recuperar su capital, en desmedro de las utilidades; si retira su aporte, simplemente no hay sociedad, la empresa sigue funcionando con los réditos del recurso minero. Por otro lado, la pérdida de la dirección y control del proceso productivo da como resultado gastos inflados de los costos, bajando el rendimiento en contra del Estado; la soberanía no puede reducirse a una auditoría. El rezago tecnológico del país pretende ser superado por esta vía, en efecto, el conocimiento y el manejo de nuevas tecnologías ayudarán al sector y en general redundarán en los procesos productivos nacionales, siempre y cuando ésta sea abierta y de libre utilización; si es cerrada, el resultado derivará en una mayor frustración.

Los resultados de ese periodo fueron funestos para el país, a tal grado que el pueblo boliviano estableció -vía nueva constitución- un modelo económico en el que el Estado es el director de la economía y las empresas estatales son el puntal del desarrollo estratégico. Sin embargo, esta lección histórica no tuvo su correlato en la práctica: la receta no es mala, sino los actores son inconsecuentes con lo pregonado; esta tendencia hoy se explaya al proponernos los contratos del litio.

Así de pronto se convierte a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), que, como empresa estratégica, es responsable de la exploración, producción e industrialización del litio, en promotora de contratos al margen de su actividad productiva. Así medrará de un contrato de servicio de operaciones por 20 años después de haber pagado el 90% de la inversión inicial: bajo la figura de comprador preferente, estamos obligados a vender a nuestro socio el carbonato de litio por este período, postergando la posibilidad de industrializarlo.

Hasta el 2019 YLB avanzó con un derrotero claro, a pesar de las dificultades y errores; con el golpe aciago se lo paralizó, descuidando el mantenimiento de las piscinas construidas y pretendiendo anular el contrato para la planta de carbonato de litio; si bien este gobierno recibió la planta con la certificación de funcionamiento pleno, nunca se preocupó de la reconstrucción de las piscinas y hoy existen dos plantas, de cloruro de potasio y carbonato de litio, con un costo de $US 303 millones y una capacidad productiva de 15.000 TM de carbonato de litio y 350.000 TM de cloruro de potasio paralizadas, lo propio ocurre con la planta piloto de fabricación de baterías en La Palca, Potosí. Nos piden alternativas, ahí está: es un proyecto que ha superado las trancas de la burocracia de UDAPE, CONAPES y del mismo gabinete (2011), cuyos miembros nos sentimos obligados a rendir cuentas de nuestras acciones.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

Con la propuesta “cielos abiertos”, que permite la entrada de piratas del aire, se ha pretendido descalificar a la empresa estatal Boliviana de Aviación (BoA) y hacer propuestas, sin analizar el fondo del problema.

BoA es una empresa estratégica de servicio cuya función es garantizar el transporte de personas y mercadería a nivel nacional e internacional; sin este servicio el país podría paralizarse, teniendo sus efectos sobre la economía; por lo que es necesario analizar los problemas de la empresa con objetividad. Su existencia evita hacer de una necesidad nacional una fuente de especulación y enriquecimiento rápido.

El carácter atrasado del país hace que las empresas estratégicas dependan en el 70% de insumos provenientes del extranjero, siendo necesario proveerlas de divisas para sus necesidades operativas. BoA incurre en estos gastos: no solamente los repuestos y servicios vienen del extranjero, sino, al no contar con una flota completa de aviones, éstos son alquilados y los pagos se realizan en dólares. Los ingresos de la empresa los recibe en moneda extranjera y nacional, el ingreso en divisas sólo significa el 20%, por lo que se ve obligada a pedir al Estado la diferencia y éste no las tiene.

Esta insolvencia trae como consecuencias que salgan del servicio aviones, por el no pago del leasing, se sobreexplote a las pocas naves propias, baje la calidad del servicio, se incumplan los horarios, provocando la protesta de los usuarios, volviéndose por lo tanto un problema político.

La empresa estatal cumplió su rol rompiendo el monopolio privado, democratizando el acceso de este servicio a una amplia población; sus balances han mostrado utilidades hasta el 2019, pero el golpe de Estado y la pandemia hicieron peligrar su existencia. Hoy carga sobre sí la crisis económica provocada por la fuga de las divisas, dando paso a la especulación y creando un mercado paralelo que casi duplica el valor oficial; así los pasajes nacionales de BoA son los más baratos de Latinoamérica.

Pero no es el único caso. YPFB dispone sus divisas en la compra de carburantes, sus ingresos del mercado interno —gasolina y gas— están congelados y subvencionados, mientras la inflación aumenta sus costos de producción y comercialización. En el sector minero, la semana pasada, la fundidora de estaño en Oruro pidió que Huanuni aumente el pago por costo de fundición de tonelada de concentrados de $us 600 a $us 1.000, en bolivianos al tipo de cambio oficial; naturalmente se prevé un rechazo por cuanto el costo de la operación minera también ha subido y las divisas que generan ingresan directamente al Banco Central; es de suponer que pedirán permiso para la exportación, siendo el costo de la fundición en el exterior más barato. Mientras la gran minería y las comercializadoras se regocijan con la libre exportación, bajan sus costos en salarios y pueden jugar con el tipo de cambio para negociar la compra de minerales.

Así, de alguna manera, lo que pasa en BoA pone de relieve la situación que viven las empresas estratégicas, como las de hidrocarburos y de minería, dejadas a su suerte, ninguneadas por el Gobierno, cuando son la base de la industrialización y su fortalecimiento imprescindible. Aprendamos de la experiencia de la COMIBOL, que en los gobiernos de la dictadura y la UDP fue prácticamente quebrada por la aplicación del tipo de cambio oficial y paralelo.

Las empresas estatales son estratégicas para el país, para generar divisas y excedentes que posibiliten el desarrollo industrial; su andar no siempre es acompañado de una política monetaria que las respalde, al contrario, las ahoga y pone en riesgo el mismo modelo económico comunitario.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

El envío a la Asamblea Legislativa Plurinacional de dos contratos para la explotación del carbonato de litio en el salar de Uyuni ha reavivado el debate sobre este tema.

El contrato con Uranium One Group no es sino la compra por parte de YLB de una planta de Extracción Directa de Litio (EDL) de las salmueras. Si bien con esta tecnología hay una mayor recuperación, el resultado final es de 14.000 toneladas (TM) de carbonato de litio al año, la misma capacidad con que cuenta la actual planta de YLB. Sin embargo, lo llamativo es el precio de la compra, $US 970 millones —la planta actual costó $US 165 MM— que debe ser pagada con la producción de carbonato de litio. Si la producción anual es de 14.000 TM, al precio actual de $us 10.000/TM, el ingreso anual sería de $US 140 millones; de este valor hay que deducir los gastos de operación, $US 8.500 por TM, parámetro internacional, que da $US 119 millones por año; la regalía de 3% es de $US 4,2 MM, quedando como utilidad $US 16,8 millones de la cual hay que deducir el 25% de impuesto a la utilidad de las empresas, $US 4,2 MM, siendo la utilidad neta para YLB de $US 12,6 millones. Con este monto hay que pagar la deuda de 970 millones, lo que tardará 77 años. El contrato, más allá de ser de compra y venta de una planta EDL, establece que el operador será Uranium One Group al que hay que pagar este servicio, el valor lo fijan ellos mismos; en este contrato YLB no juega ningún rol de dirección ni de operación, sin capacidad técnica ni de fiscalización, sólo esperará el pago de los dividendos; la planta pasará a su administración una vez que concluya el contrato, en 20 años.

El contrato con la empresa china CBC es un contrato de servicio para la explotación de carbonato de litio, figura inventada por ciertas cooperativas para permitir a empresas colombianas, brasileñas, chinas, etc. la extracción del oro; este servicio comprende el pago del capital de inversión de dos plantas, los gastos de la operación, el costo financiero, la licencia de la patente, los gastos de mantenimiento. En la primera etapa se tratará la salmuera residual; después de extraer el cloruro de sodio y el cloruro de potasio en las piscinas de evaporación, esta planta tendrá una capacidad de 10.000 TM y un costo de $US 130 MM; la segunda fase prevé producir 15.000 TM en una planta que tiene un costo de $US 720 millones y se alimentaría de las salmueras de pozo, así la utilización de la salmuera de las piscinas sería ampliamente conveniente. El costo de las dos plantas será de $US 850 millones, produciendo 25.000 TM anualmente. Los costos del servicio que se pagaría al operador son: el costo operativo, a $US 8.500 por TM da $US 212,5 MM, la regalía del 3%, $US 7.5 MM, el costo del financiamiento, 12% el primer año, son $US 102 MM; el uso de patente $US 1.700 por TM tratada hace $US 42 MM, haciendo un costo total de $US 362 MM. Frente a los ingresos que generan las 25.000 TM a un valor de $US 10.000/TM de $US 250 MM; es decir la operación es deficitaria.

Algunas puntualizaciones. En un proyecto de explotación de recursos naturales se estima que son necesarios cinco años para la recuperación del capital de inversión; además, se prevé como valor del producto la serie histórica de los últimos años, nunca la expectativa futura; por otro lado, la Constitución establece que un contrato de explotación de recursos naturales tiene que ser operado por el adjudicatario, lo propio la ley de creación de YLB prohíbe la explotación por agentes particulares. Los dos contratos no transfieren tecnología ni capacitan al personal.

Está en manos de la Asamblea Plurinacional defender la explotación de los recursos naturales que tiene como justificativo el dar valor agregado con la industrialización y el manejo soberano por empresas estatales, a las que se les da el título de estratégicas. En esta visión se formuló el plan maestro para el desarrollo del litio, bajo la conducción del ingeniero Alberto Echazú A., cuya voz hoy se encuentra silenciada, y del Ing. Juan Carlos Montenegro (+). Su legado nos obliga a dejar de ser simples exportadores de materias primas y luchar por producir baterías en Bolivia y no contentarnos con las migajas del banquete.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.