Bolivia como miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el resto de los países que la conforman, adoptan un conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Globales, para erradicar la pobreza, proteger el planeta, reducir las desigualdades, mejorar la calidad educativa, promover el desarrollo sostenible social, económico y ambiental, entre otros desafíos; objetivos que también se contrastan con el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, elaborado con la participación de todas las entidades públicas, municipales, departamentales y empresas.

Los 17 ODS se centran en : 1) Fin de la Pobreza, 2) Hambre Cero, 3) Salud y Bienestar, 4) Educación de Calidad, 5) Igualdad de Género, 6) Agua Limpia y Saneamiento, 7) Energía Asequible y no Contaminante, 8) Trabajo Decente y Crecimiento Económico, 9) Industria, Innovación e Infraestructura, 10) Reducción de las Desigualdades, 11) Ciudades y Comunidades Sostenibles, 12) Producción y Consumo Responsable, 13) Acción por el Clima, 14) Vida Submarina, 15) Vida de Ecosistemas Terrestres,16) Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, 17) Alianza para Lograr los Objetivos.

Esta agenda es un plan de acción con metas integradas en tres dimensiones: económica, social y ambiental; metas que se proyectan con la ejecución de programas y proyectos del PGE 2025 que, pese al contexto político, las entidades públicas, respondiendo a las necesidades de las regiones del país, hacen el esfuerzo de continuar promoviendo el desarrollo sostenible.

Es importante considerar que la implementación de los ODS depende de las políticas públicas que los Estados desarrollan en cada año. Para el caso de Bolivia, su implementación está estrechamente relacionada con el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) y el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, “Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones”. Y su principal instrumento financiero para concretar estos compromisos es el PGE, que contempla la proyección de ingresos y gastos para una gestión.

Hasta aquí podemos comprender que el modelo económico, el plan de desarrollo y las metas del PGE se encuentran articuladas a estos ODS, su cumplimiento estimula el crecimiento y desarrollo económico y social, a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, el lector también debe considerar que coyunturalmente en Bolivia se adelantó el periodo electoral, promovido y agudizado por frentes políticos desde mediados del 2022, intensificando una comunicación persuasiva que impidió cumplir las proyecciones económicas en los últimos 3 años. Además, el contexto externo se agravaba con una crisis múltiple, financiera, climática, alimentaria, energética, hídrica y macroeconómica.

En estas semanas se registran nuevamente acciones de sabotaje económico por organizaciones sociales y asambleístas afines a “Evo”, acciones que podrían tener un impacto negativo para el 2025 y del cumplimiento de los ODS. Ya son más de tres años consecutivos de obstáculos en la gestión pública del presidente Luis Arce, lo que pone en riesgo los compromisos internacionales asumidos por el Estado y limita la capacidad del país para contribuir a la sostenibilidad ambiental y social. Por tanto, es fundamental que estos sectores, vinculados al «evismo», prioricen el bienestar de las bolivianas y los bolivianos, trabajando en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

Edson Surco es licenciado en Administración de Empresa y Contaduría Pública.

El Ejecutivo remitió a la Asamblea el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2024, a objeto de que, en el marco de la Constitución, sea revisado y aprobado en un plazo de 60 días. En este contexto, los asambleístas, dejando de lado sus diferencias políticas, tienen la responsabilidad de dar certidumbre e informar a la población acerca de la continuidad de las políticas económicas que han contribuido a mantener la estabilidad económica. Esto se traduce en programas y proyectos de desarrollo sostenido para 2024.

Es imperativo recordar que el PGE constituye el instrumento más significativo de la política fiscal gubernamental, siendo la planificación a corto plazo el nexo con el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), con especial énfasis en la sustitución de importaciones.

El PGE 2024 es el medio con el cual el Modelo Económico Social Comunitario Productivo llega a efectivizarse, a través de las políticas de sustitución de importaciones e industrialización de recursos naturales, para  dar continuidad a las políticas de redistribución del ingreso, beneficios sociales (bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy, Renta Dignidad, entre otros), con pensiones (Bono Económico al Magisterio, Seguro Social Militar, entre otros), asegurando la sostenibilidad de las finanzas públicas y garantizando recursos para la salud y educación.

Con solo tres semanas restantes para la conclusión de 2023, la Asamblea debe aprobar el PGE en tiempos oportunos para el país. Es esencial recordar lo ocurrido con el reformulado del PGE 2023, que experimentó más de 50 días de debate y retrasó su aprobación, afectando principalmente a las entidades territoriales autónomas, universidades e instituciones del nivel central, perjudicando la conclusión de programas y proyectos de inversión a nivel nacional.

La Asamblea no puede repetir el mismo patrón, al contrario, debería facilitar la gestión planificada en el PGE 2024. Es notable observar la situación en América Latina, donde algunos órganos legislativos obstaculizan las acciones del Ejecutivo, como en Chile y Perú.

En Chile, su Congreso rechazó la reforma tributaria del presidente Boric, quien señaló: “Cuando el país comienza a mostrar señales de recuperación, empezamos a salir adelante de una crisis larga, hay un sector que intenta que las cosas no cambien, dejarlas tal y como están (…). Parece que el objetivo de alguno es golpear al gobierno e impedir los cambios, pero no es al gobierno a quien golpean, sino a los chilenos y chilenas». En Perú, el Congreso bloqueó el debate sobre el adelanto de elecciones presidenciales.

Aparte, Argentina enfrentará cambios con la posesión de Javier Milei como presidente desde mañana, con sus promesas de cambios tan grandes como titánicos problemas que atraviesa el país, pero estos cambios deberán ser apoyados por una mayoría de dos tercios en cada cámara legislativa, subrayando la necesidad de un amplio consenso para materializar los cambios propuestos por Milei, como ser la dolarización y el cierre del Banco Central.

Estos tres ejemplos resaltan la importancia de los asambleístas al momento de agilizar y aprobar propuestas de normas que beneficien a la ciudadanía o perjudiquen la gestión de un presidente electo, como ocurrió con el reformulado al PGE 2023.

En resumen, es crucial que los asambleístas, elegidos por el voto popular, dejen de lado sus afiliaciones políticas y trabajen en beneficio de la ciudadanía. La aprobación del PGE 2024 es un claro indicador de su compromiso con el país y su desarrollo, buscando fortalecer la industrialización con una distribución equitativa de los recursos en los tres niveles de gobierno (municipal, departamental y central), en favor de bolivianas y bolivianos, en el marco del PDES.

Edson Surco
es licenciado en Administración de Empresa y Contaduría Pública.

En el marco del Modelo Social Económico Comunitario Productivo (MSECP) y el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 “Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones”, en el tercer gabinete ampliado se trataron temas relacionados a la estabilidad y la reconstrucción de la economía, priorizando la industrialización con sustitución de importaciones, entre ellas, los minerales críticos (metales y tierras raras) en Bolivia.

Ante la demanda creciente de energías limpias para el cuidado del medio ambiente, los minerales como el cobalto, el cobre, el litio, el níquel y tierras raras, tienen un potencial para ser usados en tecnológicas verdes (turbinas eólicas, paneles solares, redes eléctricas, vehículos eléctricos, entre otros), situación que crea nuevas oportunidades para el desarrollo y crecimiento del sector minero, que se contrasta con el crecimiento de las exportaciones de carbonato de litio y cloruro de potasio.

El cambio energético hacia una economía con bajas emisiones de carbono está impulsada por el avance de las tecnologías, razón por la cual la demanda de estos minerales críticos aumentará significativamente a medida en que los países procuren cumplir sus objetivos en el marco del Acuerdo de París y la Agenda 2030.

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La Agencia Internacional de Energía señala que para mantener el calentamiento global por debajo de 2˚C, se tendrá que cuadriplicar los suministros de minerales para las tecnologías de energías limpias dentro de las próximas dos décadas; según las predicciones, la transición energética generará un nuevo “superciclo” de materias primas, creando una demanda sostenida a largo plazo. Para los países productores, podría representar una ventana oportunidades para atraer inversiones, generar ingresos públicos y generación de empleo.

Ante los nuevos retos económicos a nivel mundial para el desarrollo económico y social, promovidos por la demanda de minerales críticos, Bolivia destinó recursos para la Planta Industrial de Carbonato de Litio, la Planta Siderúrgica de Acero en el Mutún y las plantas de refinación de zinc (Oruro y Potosí), con miras al cambio energético.

Por lo señalado, el Gobierno del Estado Plurinacional se encuentra invirtiendo en proyectos de inversión con una perspectiva de mediano plazo, a objeto mejorar los ingresos y, a su vez, desarrollar la industria para la sustitución de importaciones y para la soberanía productiva.

Asimismo, está enfocado en trabajar en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas mediante el fomento de la industrialización. Como dijo Walt Disney, «la forma de empezar es dejar de hablar y empezar a hacer». Por lo tanto, Bolivia está avanzando gradualmente hacia su objetivo de convertirse en un país más productivo y orientado a la exportación con valor agregado.

(*) Edson Surco Choque es licenciado en Administración

de Empresas. 

La política fiscal se operativiza en el presupuesto público, que es la expresión financiera del plan de gobierno y que considera los fideicomisos públicos, herramienta financiera que contribuye a la distribución del gasto, para generar un efecto multiplicador en la reactivación económica, en beneficio de las familias bolivianas.

En ese sentido, el Estado Plurinacional asume un rol protagónico, a través del Modelo Económico Social Comunitario y Productivo (MESCP) y el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 “Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones”, que van orientados a la maximización de los excedentes y a promover políticas de desarrollo productivo, a partir de la industrialización con sustitución de importaciones, y los fideicomisos contribuyen al cumplimiento de dicho objetivo financiando proyectos de inversión que son ejecutados por diferentes entidades públicas a nivel nacional.

Para una comprensión de qué es un fideicomiso, en términos sencillos, es un contrato jurídico donde una persona (entidad) transfiere recursos (bienes, derechos, entre otros) a otra para que los administre de manera autónoma en beneficio de terceros (entidades públicas). De manera breve se cita fideicomisos públicos que contribuyen al crecimiento económico con el financiamiento de proyectos de inversión.

El Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (FARIP) está destinado a financiar proyectos de inversión pública a las Entidades Territoriales Autónomas (ETA), que desde 2021 y 2022 desembolsó Bs 452 millones, beneficiando a gobiernos autónomos departamentales y municipales.

Las Universidades Públicas Autónomas (UPA) también son favorecidas con un fideicomiso que coadyuva al financiamiento de proyectos de inversión ejecutados por UPA, que a la fecha financió a universidades del sistema universitario, como la construcción del edificio de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Técnica de Oruro; la construcción del edificio de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma Tomás Frías; la construcción y equipamiento del edificio académico de la carrera de Bioquímica Farmacia; la construcción y equipamiento del edificio académico de la carrera de Ingeniería Agronómica Kenko de la Universidad Nacional Siglo XX; la construcción del Hospital Universitario en Cobija por la Universidad Amazónica de Pando, entre otros proyectos de inversión; el monto alcanza a Bs 46 millones. Otro importante fideicomiso es el que está destinado a financiar proyectos de infraestructura, adquisición de maquinaria y equipo, entre otros, donde el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) es la entidad pública encargada de facilitar créditos accesibles en beneficio de diferentes ETA; el capital colocado asciende a Bs 777 millones.

Los fideicomisos señalados han financiado proyectos de inversión, permitiendo un efecto multiplicador en la economía, es decir a todos los beneficiarios directos o indirectos en la economía. Un claro ejemplo es la construcción de una carretera, que genera un movimiento económico con la compra de los insumos, crea empleo directo e indirecto, fomenta el turismo y una mejor conectividad entre departamentos, municipios, etc. Por lo expuesto, los fideicomisos son esenciales para la economía y la industrialización con la sustitución de importaciones.

Edson Surco Choque es licenciado en Administración de Empresas.

El presupuesto público es un instrumento de política fiscal que plasma las decisiones de política económica, que garantiza la seguridad alimentaria, el desarrollo agropecuario, la industrialización de minerales tecnológicos y evaporíticos, la estabilidad de precios, el crecimiento de la producción y de la productividad, del incremento del empleo, entre otros; políticas que permiten mejorar las condiciones de vida de la población.

Por lo tanto, es un instrumento de participación del Estado y la sociedad, por lo que es necesario la transparencia presupuestaria que permite contrastar el logro de los objetivos institucionales de las entidades y empresas públicas hacia la sociedad civil.

Con referencia a la transparencia, es importante entender que está dentro del eje 7 (“Gestión Pública Digitalizada y Transparencia”) del pilar 11 (“Soberanía y Transparencia en la Gestión Pública”) del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 “Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones”, que articula los 13 pilares de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025.

Por su parte, las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto definen el principio de transparencia como la exposición del presupuesto en términos claros y difundido al interior de cada entidad pública para conocimiento público.

Con ese panorama, es importante resaltar la definición de presupuesto. Etimológicamente hablando se compone de raíces latinas: pre significa “antes de” y supuesto, “hecho, formado”, por lo tanto, “antes del hecho”. Asimismo, en lo que concierne a presupuesto público, propiamente dicho, según Rodríguez (2008), es el “conjunto de elecciones económicas que manifiestan la relación de ingresos y gastos del Estado siempre que estén contenidas en el sistema presupuestal, la cual exhibe una mutua relación entre ingresos públicos, gastos públicos y las actividades del Estado”.

El Ministerio de Economía, al ser el órgano rector de la política fiscal y promotor del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, es una de las entidades vanguardia de la transparencia en lo concerniente al presupuesto público, tal como se refleja en su portal web que expone datos del Presupuesto General del Estado 2021 y la ejecución presupuestaria de las entidades y empresas públicas, directrices y clasificadores presupuestarios de la gestión 2022, manual de cuentas de contabilidad del sector público, guía de registros de contabilidad gubernamental integradas, estados financieros 2021, presupuesto ciudadano 2022, saldo de cuentas fiscales, transferencias a entidades territoriales autónomas y universidades públicas, rendición publica de cuentas, entre otros, precautelando que la información publicada sea coherente, fiable y accesible ante la sociedad.

Otro mecanismo a través del cual el órgano rector precautela la transparencia de información es la publicación de la Memoria de la Economía Boliviana 2021, un compendio económico de todas las medidas de política económica que realizó el Estado en una determinada gestión, promoviendo la difusión de la información para conocimiento público.

Adicionalmente, a través de la rendición pública de cuentas, este ministerio pone a conocimiento del control social los resultados concernientes al estado de la economía boliviana, medidas y evaluación de su reconstrucción y las perspectivas económicas en la presente gestión.

El principio de la transparencia en la administración de los recursos públicos es un pilar fundamental para promover el acceso a la información de todas las entidades y empresas públicas, que procuran difundirla respecto a sus presupuestos públicos en términos claros, a través de los mecanismos disponibles como su portal web, boletines, memorias institucionales, y también a través de actos públicos de rendición de cuentas que promueven la transparencia fiscal.

Edson Surco es licenciado en Administración de Empresas.