Así como el año 2016, la palabra Posverdad ingresó a nuestro léxico para ponernos en sospecha de que el escenario informativo y comunicacional estaba muy por lejos de lo que ya teníamos dado por hecho y que un cambio profundo se gestaba desde entonces, en pleno 2024 (apenas 8 años después) estamos en condiciones de aseverar que así —con este paso acelerado— la Desinformación acude sin falta a ponerse en la órbita de los procesos políticos y, como no, los electorales.

A punta de Desinformación, en los últimos años, se han alcanzado bastantes objetivos políticos que han buscado diversos poderes (económicos, políticos y eclesiásticos, por mencionar algunos) y que han mermado muchos de los avances en ampliación de derechos que se han conseguido en varios lugares del mundo. Que, como señala el libro de Pablo Stefanoni, la derecha se haya apoderado de la rebeldía y que nuestras democracias se encuentren amenazadas (muchas veces desde el mismo poder político) responde a varios factores, pero una buena parte de ellos están vinculados con los procesos de Desinformación que se libran en esta gigante aldea global digital que habitamos más del 67% de la población mundial. 

En esta cuarta edad de la Comunicación Política (atravesada completamente por la digitalidad) se mantiene la hipótesis de la existencia de una relación de co-dependencia entre el mundo informativo (que hoy es más que el periodístico) y el mundo político (también hoy superado por mucho por los partidos). Ese, es un dato viejo, manido y ya asimilado por la ciudadanía en pleno ya desde hace unas décadas.

Lo nuevo, tiene que ver con la hipótesis de que el dispositivo actual que vincula a la política “popular” con la información “predominante” es, hoy por hoy, la Desinformación. Y esta cualidad es la que la hace sintomática de esta época política. Ya que ese vínculo actualmente se encuentra en franco desequilibrio pues, al final del día, si bien la democracia y la política formal van perdiendo legitimidad, el periodismo y la información institucionalizada ya han perdido buena parte de su influencia.

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En consecuencia, si bien se trata de un fenómeno relacional y dinámico, el hecho de que estemos ante la tendencia de que la antipolítica sea cada vez más preferida por la ciudadanía como accionar ante lo público (baste ver, a nivel mundial, quiénes son los líderes modélicos que cautivan juventudes) distorsiona de manera profunda lo que, en términos políticos, puede ser informado por el periodismo, siendo que además ya influye menos que antes a la par que su consumo también disminuye.

Así, en el conglomerado de actores que comprenden que la Desinformación es problemática para la democracia, el periodismo se ha vuelto uno entre tantos otros, como ser también la ciudadanía. Y, la mala noticia, es que también componen ese complejo universo aquellos actores que tienen poder e intereses; y que muchas veces han vuelto parte de la neo práxis política operar narrativas (dar batallas políticas) a través de ella.

En Bolivia, a puertas de un importantísimo y desde ya incierto proceso electoral nacional que debe darnos el piso certero para caminar un proceso de resiliencia y restitución democrática, deberemos encontrar las maneras de gestionar con rapidez novedosas acciones de recuperación del campo político simultáneas a las de alfabetización digital, además de las de vigilancia ciudadana. Es decir, acciones que impidan (o cuando menos develen) las operaciones antipolíticas y desinformativas que puedan contaminar el escenario electoral buscando alcanzar objetivos electorales cortoplacistas en desmedro del deterioro democrático que le sigue.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora.

Así como el escenario político, el comunicacional de varias instancias se ha vuelto una continuidad de juegos siniestros, cálculos de beneficio propio y agendas personales que alimentan el desastre institucional en el que hoy estamos sumergidos. 

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no sólo se ha autoprorrogado a vista y paciencia de las restantes instituciones del Estado y ante la frustración de la población boliviana, sino que, además, durante este periodo de ejercicio ilegítimo e inconstitucional, ha demostrado haber activado una operación desinformativa de corte político destinada exclusivamente a desordenar (aún más) el debilitado panorama desinstitucionalizado por el que atravesamos.

Así como ocurrió a finales del año pasado, con la secuencial publicidad de tres polémicas sentencias constitucionales en el lapso de unas horas: primero la 1010 sobre reelección indefinida, luego la 558 de suspensión de funciones del Presidente del Senado y, finalmente, la 1021 que afianza la gobernación de Aguilera en Santa Cruz; este noviembre, en un periodo de días, nuevamente “publicitaron” tres documentos: el auto constitucional 0083 que ratifica la sentencia 1010, la sentencia 0770 que determina fragmentar unas Elecciones Judiciales de nivel nacional, y la 0776 que determina que, en el MAS, el que vale es el congreso arcista.

La perversidad con la que se ha operado minuciosa y calculadamente, ya ni digamos el quiebre de todo principio de transparencia y acceso a la información, sino la distribución de estas decisiones a la clase política y a la opinión pública, se constituye en el más burdo intento de manipulación de información pública que haya conocido el país y que aunque está orientado a dar una apariencia de equilibrio y busca regular la legitimación de sus decisiones, lo que está consiguiendo es desmantelar la seguridad constitucional que nos quedaba, darle una estocada final a la institucionalidad democrática del país y que sus firmantes y operadores (hoy en la sombra) se develen de cuerpo entero (como personas, profesionales pero sobre todo como no/demócratas).

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En una coyuntura en la que existe una manifiesta voluntad de desordenar la institucionalidad y en la que el TCP se ha vuelto el actor político principal, también es preciso apuntar que el modelo comunicacional de vocería paraoficial del TSE no ayuda. Es claro que la mayoría de sus componentes se ha resignado a la existencia de una estimada vocería independiente y casi cotidiana de uno de sus miembros que se regodea hasta el hartazgo en medio de este barullo informativo y político pero que lastimosamente sólo alcanza a demostrar que no entiende lo que es un cuerpo colegiado, contribuyendo a la desnaturalización de esta vital instancia que se ha visto tan mermada en la última semana.

En un escenario de desinstitucionalización como el que atravesamos, en el que lo que se está librando ya ha quedado por fuera del campo ideológico y más bien divide a actores políticos entre quienes con sus acciones respetan y priorizan las instituciones y quienes las desprecian y las atacan intestinamente, ya no cuadran los resultados, estilo una de cal y otra de arena. Estas prácticas comunicacionales son una de cal y las restantes también. Así las cosas, si la bendición del todopoderoso TCP nos acompaña, acudiremos posiblemente a las elecciones más rechazadas de nuestra democracia, sorteando un lodazal de fallos y operaciones informativas que han sembrado en el camino a las urnas quienes han mal-entendido que la comunicación es una herramienta de poder y no así un instrumento de construcción democrática.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

Existen datos y relatos que dan cuenta de que una buena parte del MAS y, en consecuencia, del proyecto del Estado Plurinacional que otrora ese partido encabezó, estuvo constituido por mujeres. Fueron años en los que, proceso constituyente mediante, el MAS estuvo a la cabeza del heterogéneo bloque popular que alzaba las banderas del progresismo y la igualdad. Y, dentro de ello, las de la prevalencia de los derechos de las mujeres y las poblaciones indígenas.

Es cierto que, con apoyo de varias de esas mujeres que apostaron por ese proyecto, se consiguieron una plétora de avances que hasta ahora las colectivas de mujeres defendemos; la mayoría en clave de normativa. Sí, con sus luces y sombras en cada una de ellas. También es cierto que, durante todos esos años, la posición de los poderosos (en masculino y con el nombre de Evo Morales, en el centro de ellos) frente a las mujeres fue oscilante: discursivamente existía un apoyo manifiesto a los avances que se forjaban desde los movimientos de mujeres y hallaban aliadas en algunas mujeres del MAS, pero no faltaban los exabruptos e incoherencias en el actuar cotidiano, como prueba de que los líderes de ese conglomerado también lideraban la encarnación de la cultura machista que este país arrastra.

Fue hasta que el accionar desinstitucionalizador de Morales tocó fondo en el año 2016, que no sólo se produjo una irreparable afección a la democracia (que aún vivimos —recrudecidamente— hoy), que se empezó a hacer de esa forma de vida machista de los líderes del proyecto político un arma para atacarlos y desnudarlos, sobre todo con fines electorales. Pero fue también hasta entonces que algunas de las mujeres del MAS, estando en ejercicio del poder, abrieron las puertas institucionales para dar paso a buena parte de los objetivos que los movimientos de mujeres habían bregado desde muchísimos años atrás. Uno de ellos: el camino/anhelo de la democracia paritaria; con su dimensión en la participación política de las mujeres, por un lado, y en la lucha contra la violencia (dentro de la) política, por el otro.

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Se forjaron así artículos constitucionales, leyes, decretos, protocolos y estatutos partidarios que han tenido como objetivo poner en resguardo el ejercicio político institucional libre, justo y equitativo de las mujeres bolivianas que así lo desearan. Y, simultáneamente, empezaban a asomar las fronteras y los límites de lo que se pudo conseguir: representaciones sociales invalidantes, trabajo de cuidados, cultura machista dentro de los partidos… todas estas fronteras que fueron entonces concebidas como asignatura pendiente, como camino por andar.

A pesar de que los comportamientos machistas de quiénes lideran el MAS había sido develado anteriormente (como ha ocurrido con varios otros líderes y partidos), no se había llegado a develar, con la claridad que hoy lo hace, lo que los jerarcas hacían con las militantes o simpatizantes: mujeres muy jóvenes que, probablemente gracias a todos los cambios logrados, habían decidido hacer política institucional en el MAS: es lo que hoy se destila mediáticamente y sin filtros pero también sin resguardo de las víctimas.

Y acá no se trata de sentencias ejecutoriadas (¿en cuál justicia?), ni de derecho a la inocencia (¿en cuál caso?), ni se trata —tampoco— de cuál ala (¿por acción o manipulación?). Se trata de que, en aras del poder, los jerarcas han decidido batallar su poder sobre los cuerpos de quienes militaron por ellos. Y, con su accionar, han estado gestando una forma de violencia política que sus “compañeras” no alcanzaron a normar, pero que tendrá el rostro de ellos cuando la destrucción que hacen encima de lo que sus seguidoras forjaron, toque fondo, llevándose todo por delante.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

El más reciente informe que ha hecho público IDEA Internacional denominado “Iniciativa del Estado Global de la Democracia” y que se constituye en una importante referencia de nivel global sobre el tema, da cuenta de que, de manera general, en las democracias del mundo “el declive de (su) calidad (…) continúa siendo mayor que los avances”, lo que establece una preocupante mirada panorámica con base en los hallazgos presentados en el mencionado documento.

De manera concreta, se presenta un especial énfasis en la salud de la democracia electoral, respecto a la que se concluye que “la calidad de las elecciones ha empeorado” y que esta desmejora se hace evidente en los últimos cuatro años de medición en los que “1 de cada 5 elecciones un candidato perdedor desconoció los resultados” y además de ello “la participación electoral ha venido disminuyendo”, lo que conduce a un problema de credibilidad del ritual de las elecciones. Finalmente, apunta el informe, que otras variables en cuestión en torno al “deterioro” de las democracias, estaría concentrado “en los componentes de Representación y Derechos”.

A pesar de que el mismo informe señala, sobre Bolivia, que nos encontramos “entre el 25 por ciento de los países más ricos del mundo en Participación Electoral” —dato que se coteja con la realidad cotidiana altamente politizada de nuestra sociedad—; nuestro país no está exento de atravesar estos obstáculos que operan en detrimento de la calidad y legitimidad de los componentes de la democracia y, en consecuencia, de ella misma.

Como se podía esperar, el informe complementa el diagnóstico en el caso particular del país, señalando algunos hechos particulares que en el pasado inmediato han malogrado la calidad de la democracia en nuestro país; un par de referencias son a la intentona de insubordinación encabezada por el general Zúñiga en Plaza Murillo y a la auto prórroga de las autoridades judiciales, entre otras.

De leerse este par de alusiones a la luz de los ya varios hechos actuales que se constituyen como hitos degenerativos de la democracia nuestra de cada día, estamos en condiciones de aseverar de que las amenazas no provienen exclusivamente de la acumulación de actos, discursos y hechos que debilitan la institucionalidad democrática, sino que éstos se vienen incrementando de forma burda y descontrolada en estos últimos meses. Pensemos solamente, además, en el debilitamiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional, producido por su propio (in)accionar o por el accionar de otros poderes (léase Poder Ejecutivo) a la hora de evadirla.

A esto le podemos sumar, el hecho político de la última semana mediante el cual la organización política más relevante de un debilitado sistema de partidos, enfrenta a sus facciones de cara a la ciudadanía toda, llevando el tono de la confrontación hacia la violencia fratricida, debilitando hasta el absurdo la épica que le consolidó como tal y sumando con ello, el descrédito generalizado hacia la política formal. Quedando sobre la mesa evidencia de una desmejorada legitimidad de: instituciones, organizaciones políticas, representación e incluso elecciones.

Así, si como ya se ha postulado desde varios flancos, este periodo se constituye en un fin de ciclo con múltiples implicancias en la sociedad y la política, se debiera cuando menos intentar que los efectos colaterales que tengan sobre la calidad y legitimidad de la democracia sean menores. Lo contrario significaría que un fin de ciclo se lleve, en su fugacidad, lo construido durante décadas ante los ojos de generaciones (quizás) poco convencidas de la necesidad de defender lo avanzado.

Verónica Rocha Fuentes
es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

Una buena. Fiel a nuestra tradición de depositar buena parte de las resoluciones políticas en las urnas, el país finalmente (y después de un largo periodo de incertidumbre política) tiene trazada una ruta para recorrer el múltiple y largo ciclo electoral 2024-2026. Lo que es bastante en el contexto en el que nos encontramos. El hecho de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tenga allanadas buena parte de las dudas respecto a la realización de los procesos electorales recurrentes venideros y ello le permita hacer uso de las competencias con las que cuenta, abona certidumbre en un escenario político que en los últimos meses se ha caracterizado por estar regado de escollos propiciados por actores interesados en su (no) realización.

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Lo dicho anteriormente no debiera revestir mayor novedad, toda vez de que la convocatoria a este tipo de procesos electorales recurrentes compete a un Órgano de Estado independiente, actualmente en funcionamiento y cuyas atribuciones están establecidas en normas completamente vigentes. Ocurre que a medida que los plazos fatales para estos procesos se han ido aproximando, se ha vuelto recurrente presenciar la acción de actores políticos que al no estar satisfechos con los preceptos normativos que indican el cuándo y el cómo de su realización, optan por su obstrucción, en clave de boicot. Así como hay quienes no desean que se desarrollen las elecciones judiciales, hay quienes requieren que las generales se realicen de acuerdo con sus necesidades. Y también están los que, a título de ampliación democrática, necesitan mostrar iniciativa política echando mano de procesos ya establecidos en el largo ciclo electoral.

Volvamos a las certezas: una ruta trazada clara da certidumbre en varios aspectos. En el caso de las elecciones generales, permite que en un escenario en el que la mayoría de los partidos políticos no prioriza el fortalecimiento de la democracia interna, finalmente queden establecidos plazos improrrogables para la preparación de las organizaciones políticas que buscarán terciar en el proceso de 2025, lo que incluye la renovación de directivas y, a posteriori, la selección de sus binomios presidenciales. Y en el caso de las judiciales, posibilita el importante descongestionamiento de la legitimidad de otro de los poderes del Estado. Para nada poca cosa.

No obstante, como se avizoraba hace varios meses ya y como se ha vuelto costumbre por la incapacidad resolutiva de la política ante los escenarios electorales, otra vez se opta por poner contra la pared al TSE, en tanto que quedan en sus manos varias resoluciones que aún debieran permitir allanar más las rutas trazadas. Finalmente, si se opta por esta instancia como resolutiva en asuntos electorales sus decisiones, que (des)agradarán a unos y otros, mínimamente deben ser aceptadas. Esto aplica para venideras disposiciones: directivas partidarias, requisitos de inscripción de candidaturas y evaluación técnica de preguntas de referéndum, por nombrar algunas.

No obstante, siendo cierto que la máxima de respeto a las decisiones debe primar para tratar de mantener algo allanado, claro y trazado el camino hacia unas urnas que permitan renovar (en consecuencia legitimar) buena parte de la institucionalidad democrática del país, también huelga señalar que es precisamente la acción política de hacer (ab)uso de las posibilidades democráticas: forzando su realización, buscando acomodar su avance a conveniencia y ensuciando su desarrollo, lo que de buena manera será calificado por la población una vez se arribe al voto. Y es necesario que los actores políticos sepan que es ya muy evidente la incertidumbre y el desorden que deliberadamente están sembrando, ante la poca luz de certeza que batalla por imponerse y corresponde defender.

(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka