El envío a la Asamblea Legislativa Plurinacional de dos contratos para la explotación del carbonato de litio en el salar de Uyuni ha reavivado el debate sobre este tema.

El contrato con Uranium One Group no es sino la compra por parte de YLB de una planta de Extracción Directa de Litio (EDL) de las salmueras. Si bien con esta tecnología hay una mayor recuperación, el resultado final es de 14.000 toneladas (TM) de carbonato de litio al año, la misma capacidad con que cuenta la actual planta de YLB. Sin embargo, lo llamativo es el precio de la compra, $US 970 millones —la planta actual costó $US 165 MM— que debe ser pagada con la producción de carbonato de litio. Si la producción anual es de 14.000 TM, al precio actual de $us 10.000/TM, el ingreso anual sería de $US 140 millones; de este valor hay que deducir los gastos de operación, $US 8.500 por TM, parámetro internacional, que da $US 119 millones por año; la regalía de 3% es de $US 4,2 MM, quedando como utilidad $US 16,8 millones de la cual hay que deducir el 25% de impuesto a la utilidad de las empresas, $US 4,2 MM, siendo la utilidad neta para YLB de $US 12,6 millones. Con este monto hay que pagar la deuda de 970 millones, lo que tardará 77 años. El contrato, más allá de ser de compra y venta de una planta EDL, establece que el operador será Uranium One Group al que hay que pagar este servicio, el valor lo fijan ellos mismos; en este contrato YLB no juega ningún rol de dirección ni de operación, sin capacidad técnica ni de fiscalización, sólo esperará el pago de los dividendos; la planta pasará a su administración una vez que concluya el contrato, en 20 años.

El contrato con la empresa china CBC es un contrato de servicio para la explotación de carbonato de litio, figura inventada por ciertas cooperativas para permitir a empresas colombianas, brasileñas, chinas, etc. la extracción del oro; este servicio comprende el pago del capital de inversión de dos plantas, los gastos de la operación, el costo financiero, la licencia de la patente, los gastos de mantenimiento. En la primera etapa se tratará la salmuera residual; después de extraer el cloruro de sodio y el cloruro de potasio en las piscinas de evaporación, esta planta tendrá una capacidad de 10.000 TM y un costo de $US 130 MM; la segunda fase prevé producir 15.000 TM en una planta que tiene un costo de $US 720 millones y se alimentaría de las salmueras de pozo, así la utilización de la salmuera de las piscinas sería ampliamente conveniente. El costo de las dos plantas será de $US 850 millones, produciendo 25.000 TM anualmente. Los costos del servicio que se pagaría al operador son: el costo operativo, a $US 8.500 por TM da $US 212,5 MM, la regalía del 3%, $US 7.5 MM, el costo del financiamiento, 12% el primer año, son $US 102 MM; el uso de patente $US 1.700 por TM tratada hace $US 42 MM, haciendo un costo total de $US 362 MM. Frente a los ingresos que generan las 25.000 TM a un valor de $US 10.000/TM de $US 250 MM; es decir la operación es deficitaria.

Algunas puntualizaciones. En un proyecto de explotación de recursos naturales se estima que son necesarios cinco años para la recuperación del capital de inversión; además, se prevé como valor del producto la serie histórica de los últimos años, nunca la expectativa futura; por otro lado, la Constitución establece que un contrato de explotación de recursos naturales tiene que ser operado por el adjudicatario, lo propio la ley de creación de YLB prohíbe la explotación por agentes particulares. Los dos contratos no transfieren tecnología ni capacitan al personal.

Está en manos de la Asamblea Plurinacional defender la explotación de los recursos naturales que tiene como justificativo el dar valor agregado con la industrialización y el manejo soberano por empresas estatales, a las que se les da el título de estratégicas. En esta visión se formuló el plan maestro para el desarrollo del litio, bajo la conducción del ingeniero Alberto Echazú A., cuya voz hoy se encuentra silenciada, y del Ing. Juan Carlos Montenegro (+). Su legado nos obliga a dejar de ser simples exportadores de materias primas y luchar por producir baterías en Bolivia y no contentarnos con las migajas del banquete.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

Al comenzar este año reina la incertidumbre y la preocupación. El mundo presencia el exterminio en Gaza, se asoma un gobierno radical de derecha en Estados Unidos, que achaca su crisis a los migrantes, la amenaza de una conflagración mundial está presente, no existe un paradigma de convivencia mundial, los intereses monetarios se imponen a las razones humanitarias, la naturaleza se destruye cada vez más.

Nuestro país no es ajeno a este drama. Un año de capítulos novelescos no termina con el final feliz, las elecciones judiciales no acaban de sacar de la escena a los autoprorrogados, los ungidos por la voluntad popular se ven obligados a convivir con quienes fueron expulsados por la Asamblea Plurinacional, un seis de agosto. El culebrón de la trata de personas continúa, sin que se defienda a la víctima —si hay— porque el fin es otro. Mientras la derecha multiplica a sus candidatos, el MAS es víctima de su crecimiento descontrolado, como para jugar con el fraccionalismo.

Mientras tanto, la crisis económica golpea a los sectores populares y no hay propuesta de solución visible; es sobre esta temática que se volcarán las energías populares en los próximos meses.

La propuesta desde la derecha reedita el viejo libreto neoliberal y republicano. Cierre de las empresas públicas, despido de trabajadores, supresión de bonos y subvenciones, sin compensación alguna; inversión extranjera para la explotación de los recursos naturales, obviando la industrialización y provocando la descapitalización de la nación. La angurria del mercado se extiende a la vida de las personas cuando se lucra con la salud, la educación, la jubilación, el agua y la energía. Nada nuevo nos puede ofrecer, sino el garrote para imponer sus intereses antinacionales. Contra estas pretensiones está vigente la Constitución del Estado Plurinacional, instrumento para construir la patria soberana, próspera y justa.

Mientras la izquierda —diluida en el accionar del MAS-IPSP— busca un liderazgo para la carrera electoral, cuando su función es dar respuestas a las necesidades de los sectores populares. El liderazgo no puede determinarse si no es por la vía democrática, primer paso para ratificar su condición popular, lo otro —seguir con las zancadillas— es el juego de las élites que viven del poder. En el respeto a la voluntad popular estriba la construcción del poder popular; que no es tener a uno igual en la presidencia, sino estar todos en la toma de decisiones, la ejecución y el control de la gestión gubernamental, buscando también cambiar el Estado burocrático y colonial. Históricamente el Instrumento Político surgió de las organizaciones sociales: su organización, su programa y liderazgo es producto de la lucha; comprendió una asimilación de experiencias y la consolidación de un liderazgo, después de una depuración, muchas veces dolorosa. El ejercicio del gobierno por el MAS-IPSP ha sido un cúmulo de experiencias que merecen ser evaluadas por quienes posibilitaron su ascenso, las que deben ser capitalizadas en un nuevo decálogo para la actual etapa.

Las noticias nos traen la renovación de autoridades originarias en este primer mes del año, tradición democrática que se cumple sagradamente; esta práctica debe concluirse con un gran congreso de unidad de la propia Confederación de Campesinos, pedido recurrente en los eventos de base. Es en torno a la evaluación que surgirán los nuevos lineamientos para profundizar el proceso y un liderazgo convencido con estos propósitos, dando así respuesta a los dilemas que nos agobian.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

El pasado 18 de diciembre se recordó 19 años de la elección de Evo Morales a la presidencia, la primera elección directa de un presidente por voto popular desde el retorno a la democracia. El triunfo con el 55% rompió el manipuleo de la voluntad popular, que lograba la mayoría parlamentaria en los pasillos y no en las urnas. Esta acumulación del voto no fue un resultado casual, fue expresión de la bronca contenida, contra el sistema del ‘pasanaku’ de los partidos políticos (alternancia) y el colapso del modelo económico, que —vía la privatización y capitalización— destruyó el aparato productivo estatal. Así vivíamos una situación de marginación del pueblo y una concentración de la economía en grupos ligados a las transnacionales del petróleo y la minería.

La lucha del pueblo boliviano se dio de diversas maneras, muchas sangrientas: la masacre de Villa Tunari, de Amayapampa, la guerra del agua y del gas, febrero negro; políticamente dieron su voto a UCS y CONDEPA, un voto antineoliberal que terminó domesticándose.

El llamado a profundas transformaciones llevó a denominar el proceso como ´Revolución Democrática y Cultural´; buscaba cambiar la concentración de la riqueza, con una política redistributiva, superar el extractivismo con la industrialización de los recursos naturales; contar con una economía plural, con predominio del sector social: estatal, comunitaria y cooperativa, como alternativas anticapitalistas y luchar contra la concentración y el monopolio en la economía. Pregonaba los derechos colectivos de acceso a la salud, educación, agua, vivienda, energía, apoyo a la maternidad y la defensa de la naturaleza. Se reconocía la justicia plurinacional, como garantía oportuna para evitar daños o repararlos. Daba razón al término de Revolución y obligaba a construir un nuevo Estado, antagónico al burocrático y rentista.

La mayoría lograda en el 2005 se transformó en mandato constitucional cuando, en plebiscito, se aprobó la Constitución del Estado Plurinacional, siendo ahora un propósito de toda la nacionalidad.

Lea también: Democracia obrera

A esta altura, vale la pena hacer algunas reflexiones. ¿Cuánto se avanzó? En general, mucho, en las obras y las políticas realizadas: bonos dignidad, maternidad, de permanencia escolar, subsidios en los alimentos, los combustibles y los planes de vivienda; precios accesibles del gas y agua domiciliaria; salud universal, infraestructura educativa; las carreteras nacionales, teleférico, satélite, etc. Se redujo la pobreza extrema y moderada y se achicaron los niveles de desigualdad, se aumentó el salario mínimo nacional. En fin, mayor igualdad y oportunidades. Sin embargo, no se logró el control de la economía, ni romper el carácter de proveedor de materias primas; la apropiación de la riqueza por unos cuantos continúa, sólo se controla la renta del Estado; así mismo, el manejo del aparato estatal, justicia, educación y salud, sigue siendo burocrático y discriminatorio.

Se podría decir que el vivir bien ha fracasado y por lo tanto hay que cambiar de modelo. ¡No! El hecho que no se haya logrado lo que soñamos es la demostración que el camino es dificultoso, que el cambio no es de un día para otro, que la tarea requiere de una estrategia para desmontar el colonialismo y la marginalidad; poner el hombro, ser vigilantes, crear formas anticapitalistas de producción y de convivencia; lo que nos queda es persistir. Lo otro es someternos a un sistema que tiene como lógica las leyes del mercado, ciegas e inhumanas, cuyo producto será la vida para los que triunfen, no importa cómo, y la muerte para los marginados.

La humanidad está en un dilema de vida o muerte, desde que las nuevas formas de expansión del capitalismo copan las fuentes de vida (salud, educación, agua, biodiversidad, alimentos y comunicaciones), desinstitucionalizan los mecanismos de convivencia mundial como la ONU y la justicia, niegan los derechos humanos de las personas y los pueblos. Es en estos momentos, ante el deterioro de las condiciones de vida en el planeta, que hay que reivindicar una plataforma para salvar la humanidad, propugnando la solidaridad y la vida en comunidad, frente al racismo y el individualismo. La Constitución nos da un derrotero.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

El Comité Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) convocó para este 13 de diciembre a su XXXIII congreso ordinario; la realización de las elecciones para el poder judicial del 15 ha llevado a su postergación para enero del 2025.

Para lograr sus fines, cualquier agrupación de ciudadanos establece estatutos, para mantener la coherencia interna y el respeto a los derechos de todos y cada uno de sus afiliados; su vulneración trae como consecuencia el descrédito, desconfianza y la distorsión de los objetivos por los cuales se agruparon. En el caso de la FSTMB el congreso se realiza después de nueve años, cuando la norma dice que debe ser cada dos; la consecuencia es que la otrora vanguardia del movimiento obrero ha perdido su voz en momentos agitados de la vida política del país, su conducta se dejó llevar por el vaivén de la coyuntura, sin analizar, consultar y determinar en asambleas los rumbos afines a sus intereses que son los de la nación.

El proletariado minero, surgido de la introducción de la industria en la explotación minera, tuvo su período de formación en la lucha por mejores condiciones de vida y trabajo, sus primeras conquistas fueron la jornada de ocho horas, el derecho a la sindicalización, un salario justo, el aprovisionamiento de alimentos en el campamento, mejoramiento de la vivienda, la educación para sus hijos, la atención de salud, etc. Estos procesos de lucha fueron consolidando su organización, el conocimiento de su rol en la economía y su dependencia de las fluctuaciones del mercado internacional. Superaron sus métodos de lucha, en principio el motín y la bronca contra los ejecutivos de la empresa; por la negociación y la utilización de la huelga como medio de lucha, cuando, a costa de privarse del pan de cada día, se golpea al patrón donde le duele, privándole de su ganancia.

La masacre de Catavi (1942) marcó su ingreso en la vida política nacional cuando el gobierno del Cnl. Peñaranda se puso al lado de la empresa norteamericana, Patiño, a costa de privarles del derecho a la sindicalización y el aumento de salarios; por eso, su apoyo (1944) al gobierno del mayor Gualberto Villarroel, enfrentado a la rosca minera y el imperialismo. Su lucha se coronó con la nacionalización de las minas en octubre de 1952, luego de las jornadas de abril, que mostraron su olfato político, capacidad organizativa y de lucha contra el ejército en El Alto y la ciudad de Oruro.

Su participación con el gobierno de la revolución nacional, con sus propias banderas como el control obrero en COMIBOL, fundiciones de estaño e industrialización del país, fueron relegadas por el poder real, la nueva burguesía. Su balance en los congresos XII en Colquiri y XIV en Siglo XX fue bastante crítico y concluyeron que la única solución a los problemas del país era el socialismo. En este enfrentamiento ideológico no hubo temor a señalar los errores, por primera vez el liderazgo de Juan Lechín fue cuestionado, se enfrentó en el IV congreso de la COB contra Víctor López, los resultados no minaron en nada la unidad del proletariado, necesario ante el fraccionamiento partidario.

Las dictaduras en nuestro país tuvieron al proletariado minero al frente, fueron llevados a cabo innumerables masacres en los campamentos para paralizar sus protestas. La derrota de las dictaduras fue fruto de su lucha, sin embargo, la formula constitucional prolongaba el poder de la clase política y marginaba al pueblo.

Con las armas de la democracia, el gobierno constitucional de Víctor Paz (1985) liquidó al movimiento minero, su recuperación se deja esperar aún. El congreso de San Cristóbal el 2015 dio su apoyo al Proceso de Cambio para hacer realidad una “política minera que se convierta en el pilar central del crecimiento económico del país”. ¿La clase obrera estuvo a la altura de este objetivo? y ¿el gobierno lo apoyó? El balance es necesario y sólo se logrará con una reflexión dentro del marco de la democracia participativa, en todos los niveles de la organización sindical.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

Las políticas del libre mercado y las que delegan al Estado la dirección de la economía son antagónicas, el pretender conciliarlas sólo es el comienzo de una desembozada lucha de intereses.

Ciertos analistas parten de la afirmación que la disminución de producción y exportación del gas es el origen de la crisis que vivimos; así es hasta hoy, cuando todas las necesidades del comercio exterior se los ha financiado con esos recursos, obviando que la economía no sólo es del gas sino la suma de todos los productos que crea el país; el maniqueísmo de este argumento llega a identificar responsabilidades personales, desconociendo el hecho que en los años del proceso de cambio del 2006 al 2019, el producto interno se dobló y las exportaciones se multiplicaron por cuatro; entonces ¿cuál es el problema?, es la apropiación del excedente por una capa privilegiada.

Lea: ¿Avances?

Si bien las exportaciones del gas disminuyeron en un 30%, las exportaciones de la minería crecieron seis veces y de la agroindustria, tres; pero en el mercado no hay dólares y esto es nada más ni nada menos porque los dólares que salen, en productos, no vuelven al país. Una economía planificada no puede perder de vista esta realidad; el modelo estatal del 52 —capitalismo de Estado— mantuvo la entrega y control de divisas durante cincuenta años, cuando COMIBOL y YPFB eran los generadores de divisas. Con estos recursos se pudo vertebrar el país y desarrollar la agroindustria, hasta que la pujante burguesía surgida de su seno tuvo la capacidad de apropiarse de todo lo creado por el Estado y reivindicar su calidad de clase emprendedora.

Esta omisión es el mayor error en la aplicación del modelo productivo comunitario: no hacer una bolsa común con las divisas generadas por todos los sectores nacionales, para una racional y justa distribución, según el plan de desarrollo nacional, disposición concordante con el espíritu de la Constitución Política del Estado Plurinacional.

La situación actual del país nos muestra la moneda boliviana devaluada, cualquier transacción con esta moneda será menor a su valor real; por eso los productos bolivianos, muchos de ellos regulados desde el Estado, llegan a mercados en las fronteras con precios mayores. La única solución es dar un cambio real a la moneda, dado que las medidas coercitivas no han dado resultado, al contrario, las instituciones llamadas a evitar el contrabando se han visto salpicadas.

Se piensa que importando diésel y gasolina se podrá superar la crisis, no es cierto; el importar implica disponer de divisas para comprar en el exterior, para lo cual habrá que dotarse de ellas en el país, si es en el mercado paralelo el recuperar y ganar vendiendo en Bolivia será imposible. Esta posibilidad es más irreal si se mantiene los precios de venta subvencionados, la gente preferirá hacer filas que comprar a precios exorbitantes; desde luego habrá alguien que diga time is money; a los que sí puede convenir, en los términos de la racionalidad, son los que hacen su contabilidad en dólares y no juegan con la especulación, ¿cuántos son ellos?

La crisis es generalizada, nos afecta a todos; las soluciones tienen que ser tomadas entre todos; esto significa que están los beneficiados de la crisis y las víctimas, por eso el costo debe ser proporcional a la capacidad de cada grupo social y aplicarse gradualmente el Estado, en su función constitucional, debe buscar estas convergencias; debe buscar coincidencias y en torno a ellas articular acciones que superen la actual crisis como: la sobrevaluación del boliviano, la fuga de capitales, la carencia de carburantes, garantizando la seguridad alimentaria, el cambio de la matriz energética y la industrialización de las materias primas. La crisis económica se deriva de falta de producción de riqueza o la apropiación de ésta por unos cuantos. El tomar medidas de la magnitud de la crisis es convencer y comprometer a todos, para lo cual hay que tener la credibilidad y la fortaleza necesaria para encararla.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero