En el actual contexto en que se desarrolla el país algunas personas, en su afán individual y político, vierten diferentes comentarios inapropiados acerca del sistema financiero nacional, generando zozobra en la población y, lo que es peor aún, utilizan a diferentes grupos, en muchos casos vulnerables, para intereses personales.

De este mar de mentiras que se vienen afirmando sorprenden publicaciones como que existiría una “capitalización de intereses en la banca”, con el argumento de que los bancos estarían cometiendo “anatocismo” a través del cobro no regulado y arbitrario de intereses y en un extremo afirmar que existiría “un millón de bolivianos que están a punto de perder sus casas”.

En nuestro país esta prohibido el anatocismo, aspecto que se produce cuando los intereses generados de una operación crediticia se los adiciona al capital y en consecuencia éstos generan nuevos intereses, situación que no se presenta en el sistema financiero boliviano. Por su parte, la Ley N°393 de Servicios Financieros atribuye a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) a regular, controlar y supervisar los servicios financieros por lo que, en caso de detectar indicios de anatocismo e incumplimiento normativo por parte de las entidades financieras, inicia los procesos sancionatorios correspondientes.

De hecho, este aspecto es corroborado por información publicada en Asfi, en la cual no se identifica reclamo alguno efectuado ante la Defensoría del Consumidor Financiero referido a este tipo de práctica.

Con relación a que un millón de personas estaría a punto de perder su casa, inicialmente es importante recordar que las tasas de interés para créditos de Vivienda de Interés Social (VIS) están reguladas, con un máximo de 6,5% anual, medida que ha viabilizado que más de 100.000 familias bolivianas cuenten con un techo propio.

Por su parte, de acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de la Autoridad de Supervisión, al 31 de julio de 2024, el índice de mora se mantuvo en niveles controlados, alcanzando a 3,5%, cifra que se sitúa por debajo del promedio regional (3,6%), por lo que el 96,5% de los prestatarios de VIS no presenta retrasos en sus obligaciones y solo el 2,6% tiene créditos en ejecución. Esto significa que la mayor parte de los prestatarios está pagando sus deudas de forma normal, no evidenciándose excesos en el cobro de tasas que generen dificultades indebidas en el pago de las deudas.

Cabe recordar que está vigente la reprogramación de créditos, medida por la cual los deudores que fueron afectados por diferentes vicisitudes pueden solicitar a su entidad financiera modificar las condiciones de sus cuotas mensuales, considerando su nueva capacidad de pago, aspecto que está apoyando a muchos prestatarios, viabilizando de esta manera el pago de sus obligaciones crediticias y garantizando futuros financiamientos.

No es apropiado que candidatos presidenciales intenten atraer la atención de la población aprovechándose de sectores vulnerables para beneficio personal, generando expectativas a cambio de votos, conducta desafortunada que atropella la legalidad y va en desmedro de los derechos fundamentales de todos los bolivianos.

En los últimos 20 años se llevaron a cabo cinco referendos en nuestro país, en los cuales se abordaron diferentes consultas a la población, entre ellas la referida al gas, las autonomías y la nueva Constitución Política, a objeto de contar con el respaldo legítimo que permita la toma de decisiones por parte de las autoridades y se consolide de esta manera la transición de la democracia representativa a la participativa.

A inicios del nuevo milenio, la producción y la comercialización del gas se constituyeron en un tema de agenda de discusión debido a las connotaciones importantes y sensibles que representan para nuestro país los recursos naturales, ya que, valga recordar, en varios periodos de nuestra historia colonial y republicana se produjo su explotación, pero contrariamente con un beneficio menor para Bolivia.   

Durante la segunda presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), la gestión de gobierno contemplaba proyectos para la exportación de gas a los mercados norteamericanos y se preveía puertos chilenos para su industrialización y comercialización, aspecto por el apeló a las alianzas políticas necesarias para respaldar las determinaciones asumidas, más allá de que se produjeran entre ideologías contrapuestas pero con intereses mutuos, sin ningún tipo de consulta popular y apelando a la democracia representativa.

Esta situación, sumada a la inestabilidad política y económica, generaron una convulsión social que produjo la salida de Sánchez de Lozada, por lo que se efectúo la sucesión constitucional, convirtiéndose en presidente Carlos Mesa, quien, mediante referéndum del 18 de julio de 2004, llamó a la consulta para que la población defina sobre los hidrocarburos, como la propiedad del gas en boca de pozo, la refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la exportación del gas.

De hecho, la respuesta reflejó el sentir pleno de la población, que rechazó la exportación de gas que implicaba industrialización previa del gas boliviano por puertos chilenos, pero sobre todo envió un contundente mensaje nacionalizador de los recursos naturales, en este caso del gas, para que pasen a manos nacionales y beneficien a los bolivianos.   

Los referendos son una práctica recurrente en diferentes países del mundo en los cuales es común realizar este tipo de consultas a la población, debido a la importancia de los temas y los mecanismos de legitimidad que otorgan.

Otro episodio, en el periodo del Estado Plurinacional, estuvo referido a la intención de eliminar la subvención a los hidrocarburos. Así, mediante el Decreto Supremo 748, del 26 de diciembre de 2010, se levantó la subvención a la gasolina y el diésel, produciendo incrementos significativos en su precio, norma que estuvo vigente solo cinco días, ya que el 31 de diciembre, horas antes del año nuevo, debido a las protestas y paros que amenazaban la estabilidad del país, el gobierno de turno tuvo que abrogar la decisión al escuchar la protesta de la población por los efectos contrarios que produciría el incremento de los hidrocarburos.

Estos antecedentes muestran que existe la necesidad de efectuar las consultas respectivas a la población sobre temas esenciales que la afectan directamente, logrando de esta manera la legitimidad de las medidas asumidas por las autoridades, inclusive adecuando los límites normativos que pudieran existir. En tal sentido, efectuar un nuevo referéndum para consultar a la población con relación a la subvención de los hidrocarburos es imprescindible, aspecto que acertadamente fue anunciado por el Gobierno.

Gustavo Gómez es economista.

La tarde del 26 de junio de 2024 quedará como uno de los hechos más funestos en la historia de nuestro país, por el intento de interrumpir la democracia mediante la fuerza y la violencia que se ejerció contra el Estado y la población, reviviendo hechos deleznables de las épocas de la dictadura militar y la imposición de gobiernos ilegítimos.

Los efectos de este episodio oscuro que, si bien duraron unas horas, tuvieron diferentes repercusiones en la actividad económica del país, alterando la habitual normalidad y generando procesos de sobredemanda como una expresión de confusión e incertidumbre de la población que se vio reflejada en diferentes reacciones.

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Una parte importante de la población civil se dirigió al centro del conflicto, que se desarrolló en la plaza del Palacio de Gobierno, creando un cerco al cerco que habían establecido los militares que habían tomado la plaza de la sede de gobierno, bloqueando los accesos con tanquetas y personal militar que estaba fuertemente armado y que reprimía a la población civil que trataba de ingresar a la plaza principal en su intento de defender la democracia.

Otra parte de la población, debido al pánico que generaban las imágenes que eran transmitidas por los medios de comunicación y publicaciones en las redes sociales, se dirigió a los mercados y supermercados para aprovisionarse de productos de consumo, por el temor que generó este intento de desestabilizar la democracia. La misma situación se observaba en las estaciones de servicio de combustible con filas interminables de vehículos, aspecto que se evidenció en el eje troncal del país.

Otra de las reacciones se vio reflejada en los cajeros automáticos que se vieron con colas de clientes financieros que intentaban sacar dinero en efectivo, para contar con recursos por prevención, y así puedan servir para cumplir con sus necesidades y obligaciones básicas.        

Ante esta situación, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) efectuó una evaluación de los efectos que se habían producido por esta situación en el sistema financiero, en tal sentido, mediante conferencia al día siguiente del suceso, informó que los retiros no tuvieron una incidencia significativa (menores a Bs 200 millones) y que a mayo las demás variables del sistema financiero se mantienen con niveles de crecimiento, tanto la cartera (4%) como los depósitos (7%), así como la liquidez (64%, mayor al 40% que es el limite prudencial comparable con estándares internacionales) y el Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP: 13,9%, mayor al exigido por la normativa que es 10%), aspectos que muestran un sistema sólido y solvente.

Estos datos evidencian que, si bien el intento de interrupción de la democracia generó confusión e incertidumbre en la población, que tuvo diferentes reacciones, existió un efecto nocivo durante las horas de conflicto, pero que afortunadamente no causó repercusiones importantes en el sistema financiero. 

Es lamentable que en pleno siglo XXI tengamos aún rezagos de intentos de interrumpir la democracia, con actos ilícitos que pudieron cambiar la historia de nuestro país, con la imposición de un gobierno que no tendría ningún tipo de legitimidad y desconociendo a la autoridad elegida mediante la participación ciudadana en las urnas.

En un contexto donde existen diferentes presiones y amenazas de diferentes sectores, los cuales están siendo atendidos por las autoridades, extremando esfuerzos para mantener la estabilidad económica y social, quedará grabada en la memoria de la población la imagen de una tanqueta militar que derriba la puerta del Palacio de Gobierno, permitiendo el ingreso de uniformados que perpetraron un acto ilegal contra la democracia.

(*) Gustavo Gómez es economista

La construcción de irrealidades se inició a partir de afirmaciones como el “piloto automático”, “ya vienen los efectos de la crisis financiera”, “el modelo solo funciona por el precio de los minerales”, “el efecto rebote”, entre otros cuestionamientos al modelo económico implementado en el país, argumentando además “nació muerto”, afirmaciones poco fundamentadas y que van más allá de la teoría económica. 

La economía se mueve con base a los ciclos económicos en los cuales existen etapas identificadas: crecimiento, estabilidad, desaceleración y recesión, y que toda economía a lo largo del tiempo sufre estas vicisitudes independientemente al modelo aplicado. Es por esto que la teoría económica sugiere que las autoridades deben adoptar medidas para aprovechar los periodos de crecimiento y estabilidad para afrontar y mitigar los efectos de las etapas de desaceleración y recesión.

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Las economías desarrolladas, en diferentes periodos de la serie de tiempo de su producto interno, han sufrido etapas de profunda recesión, lo cual, por supuesto, no supone considerar como un fracaso total de su modelo aplicado, pero sí entenderlas como señales de agotamiento y que requieren ajustes necesarios y oportunos.

En los últimos años, la economía mundial y nacional enfrentan desafíos de recesión, debido a los efectos que aún persisten por el COVID y sus variantes, así como los conflictos bélicos que se desarrollan sin solución, periodos de crisis económica y política en la región, el incremento de los precios de los productos, entre otros aspectos que, sumados a conflictos sociales internos, inciden negativamente en la actividad económica de la mayoría de los países, incluido el nuestro.

Pese a este panorama, los principales indicadores macroeconómicos en nuestro país se encuentran estables o controlados: crecimiento, inflación, tipo de cambio y empleo, lo cual no es objeto de discusión e interpretación, por el contrario, denotan resultados adecuados por la adopción de medidas acertadas en un contexto externo e interno adverso.   

Es perverso pensar que mientras el Estado efectúa todos los esfuerzos para mantener la estabilidad económica que beneficia a la población, algunas personas hacen los mismos esfuerzos, pero para generar la idea de que estamos atravesando una gran “crisis económica”, apelando a todo tipo de argumento posible e interpretando la economía desde una perspectiva inadecuada. 

La generación de incertidumbre con relación a la economía boliviana no es un tema nuevo, viene desde hace más de 18 años con los mismos argumentos y las mismas sugerencias para la aplicación de viejas recetas que no fueron diseñadas para la realidad del país, pero que, pese a todo, en su momento fueron aplicadas con resultados poco halagüeños para Bolivia, dejándola sin propiedad alguna de empresas estratégicas ni recursos naturales.

El individualismo económico y la manera de querer ver las cosas muestra, en muchos casos, la verdadera intención que tienen, generar incertidumbre y participar de algún proyecto político o propio, cual salvadores de la patria. Es derecho de todo boliviano aspirar a ser la primera autoridad del país, previo cumplimiento de requisitos, pero es inaceptable descalificar toda medida aplicada y hacer pensar a la población que el modelo vigente es el incorrecto, cuando hay resultados que muestran todo lo contrario.

Sería importante que las personas que tratan de generar la idea de una supuesta crisis y el fracaso del modelo, efectúen una exhaustiva evaluación de los resultados y sean objetivos al momento de plantear modelos alternativos y aplicables a nuestra realidad, porque no solo se trata de desempolvar viejas recetas y proponerlas como un “nuevo modelo salvador”, considerando que no tuvieron resultados adecuados. Realidad más que elocuente.     

(*) Gustavo Gómez es economista

En los años 70, el uso de moneda extranjera en nuestro país no era habitual, debido a que el peso boliviano cumplía a plenitud todas las funciones del dinero (reserva de valor, unidad de cuenta y medio de intercambio). Solo en años posteriores, producto del patrón de intercambio, la crisis y la globalización, el uso del dólar se convirtió en un hecho común en las transacciones habituales.

Durante las dictaduras militares la inestabilidad política, económica y social se reflejó en la presión para la modificación del tipo de cambio, que hasta ese momento era fijo, la incertidumbre produjo que algunos agentes económicos empiecen a ver al dólar como una alternativa de mantenimiento de valor ante un escenario complejo.

Con el retorno a la democracia en 1982, nuestro país atravesó los efectos de la crisis de la deuda externa, con una creciente inflación, solo comparable con épocas de guerra, por lo que la población trató de encontrar un refugio en los dólares para tratar de preservar el poder adquisitivo. Debido a la especulación (sobredemanda), el tipo de cambio oficial fijo distaba del cotizado en el mercado paralelo, en el cual su precio se incrementaba de manera permanente.

En esta etapa se dio un evento funesto, la desdolarización que convirtió de manera forzosa los depósitos que estaban en moneda extranjera a moneda nacional y al tipo de cambio oficial. Este episodio significó que el total de los depósitos en el sistema financiero nacional se convierta en “pesos bolivianos”, significando una pérdida irreparable para los ahorristas en dólares que vieron disminuidos sus ahorros.    

Después de 1985 se restituyeron los depósitos en dólares en el sistema financiero, no obstante, los efectos nocivos del periodo de crisis marcado por la hiperinflación y la desdolarización quebraron la confianza de la población en la moneda local, expresando su preferencia hacia la divisa norteamericana, razón por la cual la economía se dolarizó, pese al cambio de moneda al boliviano, limitando de esta manera la aplicación de políticas monetarias por parte del gobierno.

La dolarización fue impulsada principalmente por la aplicación del modelo de mercado y los procesos de privatización que se efectuaron en nuestro país, en los cuales la apertura de la economía nacional implicaba la necesidad de contar con la divisa estadounidense para todas las transacciones, tanto fuera como dentro del país.

A partir de 2006, con la nueva visión de país se adoptó un conjunto de políticas fiscales, monetarias y cambiarias destinadas a fortalecer el uso del boliviano, entre las cuales destacan: el Impuesto a las Transacciones Financieras para moneda extranjera, modificaciones al encaje legal, ampliación del diferencial entre el precio de compra y venta de dólares, y el acompañamiento de las políticas económicas, entre otros aspectos, posibilitando que la economía nacional pase de dolarizada a bolivianizada.

La aplicación del modelo económico boliviano, con sus resultados exitosos en cuanto a crecimiento del país, sumado a la estabilidad económica de largo plazo, fueron aspectos que consolidaron la preferencia de la población por la moneda nacional, con repercusiones en fronteras con países vecinos, en los que se empezó a valorar la moneda nacional como un refugio de valor en contextos de crisis.

El camino de la bolivianización fue construido en el marco del modelo boliviano, logrando revertir la desconfianza de la población con relación a la moneda nacional, aspecto atribuido a la funesta experiencia de los procesos de dolarización y desdolarización que atravesó nuestro país en tiempos de crisis, medidas que no pueden volver a pensarse siquiera.

Gustavo Gómez es economista.