El Comité Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) convocó para este 13 de diciembre a su XXXIII congreso ordinario; la realización de las elecciones para el poder judicial del 15 ha llevado a su postergación para enero del 2025.

Para lograr sus fines, cualquier agrupación de ciudadanos establece estatutos, para mantener la coherencia interna y el respeto a los derechos de todos y cada uno de sus afiliados; su vulneración trae como consecuencia el descrédito, desconfianza y la distorsión de los objetivos por los cuales se agruparon. En el caso de la FSTMB el congreso se realiza después de nueve años, cuando la norma dice que debe ser cada dos; la consecuencia es que la otrora vanguardia del movimiento obrero ha perdido su voz en momentos agitados de la vida política del país, su conducta se dejó llevar por el vaivén de la coyuntura, sin analizar, consultar y determinar en asambleas los rumbos afines a sus intereses que son los de la nación.

El proletariado minero, surgido de la introducción de la industria en la explotación minera, tuvo su período de formación en la lucha por mejores condiciones de vida y trabajo, sus primeras conquistas fueron la jornada de ocho horas, el derecho a la sindicalización, un salario justo, el aprovisionamiento de alimentos en el campamento, mejoramiento de la vivienda, la educación para sus hijos, la atención de salud, etc. Estos procesos de lucha fueron consolidando su organización, el conocimiento de su rol en la economía y su dependencia de las fluctuaciones del mercado internacional. Superaron sus métodos de lucha, en principio el motín y la bronca contra los ejecutivos de la empresa; por la negociación y la utilización de la huelga como medio de lucha, cuando, a costa de privarse del pan de cada día, se golpea al patrón donde le duele, privándole de su ganancia.

La masacre de Catavi (1942) marcó su ingreso en la vida política nacional cuando el gobierno del Cnl. Peñaranda se puso al lado de la empresa norteamericana, Patiño, a costa de privarles del derecho a la sindicalización y el aumento de salarios; por eso, su apoyo (1944) al gobierno del mayor Gualberto Villarroel, enfrentado a la rosca minera y el imperialismo. Su lucha se coronó con la nacionalización de las minas en octubre de 1952, luego de las jornadas de abril, que mostraron su olfato político, capacidad organizativa y de lucha contra el ejército en El Alto y la ciudad de Oruro.

Su participación con el gobierno de la revolución nacional, con sus propias banderas como el control obrero en COMIBOL, fundiciones de estaño e industrialización del país, fueron relegadas por el poder real, la nueva burguesía. Su balance en los congresos XII en Colquiri y XIV en Siglo XX fue bastante crítico y concluyeron que la única solución a los problemas del país era el socialismo. En este enfrentamiento ideológico no hubo temor a señalar los errores, por primera vez el liderazgo de Juan Lechín fue cuestionado, se enfrentó en el IV congreso de la COB contra Víctor López, los resultados no minaron en nada la unidad del proletariado, necesario ante el fraccionamiento partidario.

Las dictaduras en nuestro país tuvieron al proletariado minero al frente, fueron llevados a cabo innumerables masacres en los campamentos para paralizar sus protestas. La derrota de las dictaduras fue fruto de su lucha, sin embargo, la formula constitucional prolongaba el poder de la clase política y marginaba al pueblo.

Con las armas de la democracia, el gobierno constitucional de Víctor Paz (1985) liquidó al movimiento minero, su recuperación se deja esperar aún. El congreso de San Cristóbal el 2015 dio su apoyo al Proceso de Cambio para hacer realidad una “política minera que se convierta en el pilar central del crecimiento económico del país”. ¿La clase obrera estuvo a la altura de este objetivo? y ¿el gobierno lo apoyó? El balance es necesario y sólo se logrará con una reflexión dentro del marco de la democracia participativa, en todos los niveles de la organización sindical.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

Las políticas del libre mercado y las que delegan al Estado la dirección de la economía son antagónicas, el pretender conciliarlas sólo es el comienzo de una desembozada lucha de intereses.

Ciertos analistas parten de la afirmación que la disminución de producción y exportación del gas es el origen de la crisis que vivimos; así es hasta hoy, cuando todas las necesidades del comercio exterior se los ha financiado con esos recursos, obviando que la economía no sólo es del gas sino la suma de todos los productos que crea el país; el maniqueísmo de este argumento llega a identificar responsabilidades personales, desconociendo el hecho que en los años del proceso de cambio del 2006 al 2019, el producto interno se dobló y las exportaciones se multiplicaron por cuatro; entonces ¿cuál es el problema?, es la apropiación del excedente por una capa privilegiada.

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Si bien las exportaciones del gas disminuyeron en un 30%, las exportaciones de la minería crecieron seis veces y de la agroindustria, tres; pero en el mercado no hay dólares y esto es nada más ni nada menos porque los dólares que salen, en productos, no vuelven al país. Una economía planificada no puede perder de vista esta realidad; el modelo estatal del 52 —capitalismo de Estado— mantuvo la entrega y control de divisas durante cincuenta años, cuando COMIBOL y YPFB eran los generadores de divisas. Con estos recursos se pudo vertebrar el país y desarrollar la agroindustria, hasta que la pujante burguesía surgida de su seno tuvo la capacidad de apropiarse de todo lo creado por el Estado y reivindicar su calidad de clase emprendedora.

Esta omisión es el mayor error en la aplicación del modelo productivo comunitario: no hacer una bolsa común con las divisas generadas por todos los sectores nacionales, para una racional y justa distribución, según el plan de desarrollo nacional, disposición concordante con el espíritu de la Constitución Política del Estado Plurinacional.

La situación actual del país nos muestra la moneda boliviana devaluada, cualquier transacción con esta moneda será menor a su valor real; por eso los productos bolivianos, muchos de ellos regulados desde el Estado, llegan a mercados en las fronteras con precios mayores. La única solución es dar un cambio real a la moneda, dado que las medidas coercitivas no han dado resultado, al contrario, las instituciones llamadas a evitar el contrabando se han visto salpicadas.

Se piensa que importando diésel y gasolina se podrá superar la crisis, no es cierto; el importar implica disponer de divisas para comprar en el exterior, para lo cual habrá que dotarse de ellas en el país, si es en el mercado paralelo el recuperar y ganar vendiendo en Bolivia será imposible. Esta posibilidad es más irreal si se mantiene los precios de venta subvencionados, la gente preferirá hacer filas que comprar a precios exorbitantes; desde luego habrá alguien que diga time is money; a los que sí puede convenir, en los términos de la racionalidad, son los que hacen su contabilidad en dólares y no juegan con la especulación, ¿cuántos son ellos?

La crisis es generalizada, nos afecta a todos; las soluciones tienen que ser tomadas entre todos; esto significa que están los beneficiados de la crisis y las víctimas, por eso el costo debe ser proporcional a la capacidad de cada grupo social y aplicarse gradualmente el Estado, en su función constitucional, debe buscar estas convergencias; debe buscar coincidencias y en torno a ellas articular acciones que superen la actual crisis como: la sobrevaluación del boliviano, la fuga de capitales, la carencia de carburantes, garantizando la seguridad alimentaria, el cambio de la matriz energética y la industrialización de las materias primas. La crisis económica se deriva de falta de producción de riqueza o la apropiación de ésta por unos cuantos. El tomar medidas de la magnitud de la crisis es convencer y comprometer a todos, para lo cual hay que tener la credibilidad y la fortaleza necesaria para encararla.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

Al fin se conoce un contrato de Extracción Directa del Litio (EDL), el firmado entre Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) y Uranium One Group (UOG). El contrato enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) deberá ser analizado, debatido, aprobado o rechazado. Una lectura inicial nos mueve a hacer algunas puntualizaciones y nos abre interrogantes.

El contrato más se parece a una obra “llave en mano”, con crédito a ser pagado con la producción, que una asociación de dos partes con aportes de cada una. Una sociedad mayoritaria del Estado con 55% tiene sentido cuando el directorio define el proyecto o decide la distribución de los excedentes; en este caso, todo está definido en el contrato; se fija el monto de la venta de la factoría, el plazo de su rembolso; los problemas técnicos los resuelve UOG e incluso ella hace la supervisión de la calidad de la obra.

La salmuera es muy compleja; el litio sólo es del 0,35%, los mayores contenidos son el sodio, potasio, manganeso, boro, calcio; el proyecto no explica que se va a hacer con estos elementos que tienen valor económico propio; se habla de un depósito de sales residuales, ¿para qué se los guarda si se los puede utilizar? Olvidamos que tenemos una planta para producir cloruro de potasio con una capacidad de 350.000 toneladas y no se dice nada al respecto.

Un proceso industrial, mucho más el químico, requiere de otros elementos para la reacción; en nuestro caso el carbonato de sodio, el ácido clorhídrico, el hidróxido de sodio y el cloruro de fierro. El Ministerio de Producción al informar, hace dos años, la inexistencia de estos y otros productos, anunció la creación de la química básica, de cuyo avance no sabemos nada; se dice que YLB se opuso. Ahora estos insumos se los importará, subiendo los costos y a la larga inviabilizando el proyecto.

El acuerdo establece una fase de pilotaje y la verificación de las reservas. Cuando hace tres años se llamó a la convocatoria para mostrar sus intereses y capacidad en los recursos evaporíticos, se pidió hacer la demostración piloto de sus bondades; hoy se la redita con un costo alarmante de $us 198,9 millones. La planta piloto que instaló COMIBOL para la misma capacidad, 1.000 TM, fue a un costo de $us 10 millones; por otro lado, YLB tiene el cuadriculado del salar con todos los datos geológicos de los 87 pozos y 7.500 metros perforados que se hicieron, ¿por qué repetir?

Los cálculos para el resultado económico toman en cuenta sólo un factor del mercado, el aumento de la demanda y no hacen referencia a la oferta, la que se incrementó, con varias iniciativas para aumentar la producción del litio; por eso, la caída estrepitosa de los $us 80.000 la tonelada a los actuales $us 10.000; si se mantiene este precio, tardaremos 50 años en pagar la deuda de $us 975,8 millones, con materia prima producida en la planta. La única manera de romper la inestabilidad de los precios es integrar la cadena productiva, añadiendo valor en cada una de las etapas de la industrialización, hasta tener un producto acabado en el mercado.

A pesar de las múltiples menciones en los informes de la burocracia estatal del texto constitucional que señala que la explotación de los recursos no tiene otro fin que dar valor agregado a la materia prima, con la suscripción de este contrato, YLB se convierte en la arrendataria de sus yacimientos, sin capacidad tecnológica para organizar y desarrollar sus proyectos, crear excedentes económicos para superar la desigualdad y empujar al desarrollo tecnológico del país. ¿Dónde están las cuarenta empresas, necesarias para la obtención de baterías?

El debate sobre este contrato en la ALP puede hacer que la ciudadanía retome el interés o de defender los recursos naturales y luchar por su industrialización, dejar de ser proveedor de materias primas al primer mundo, para consumir las mismas en productos acabados.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

En tiempos estancados, es preciso percibir la calma como el preludio de la tormenta. En ese sentido, octubre, en nuestra historia, es un mes especial.

1952. El 4 de octubre se fundó la COMIBOL y el 31 se nacionalizaron las minas. Un año antes nadie lo esperaba: la propuesta del MNR era más impuestos; el PIR, que agitó la consigna de nacionalización de las minas, estaba descalificado por aliarse con la oligarquía en 1946; ahí surgió la masa insurrecta del 9 de abril para imponer la medida, el MNR lo hizo de mala gana. Una lucha entre dos visiones, por un lado, hacer de la empresa estatal el germen de la industrialización del país, versus el desarrollo de la burguesía nacional, con las divisas de COMIBOL, en la agroindustria, la alimenticia y confecciones; finalmente la llevaron al colapso y su cierre en 1985. Hoy, a pesar del carácter imperativo de la Constitución que le asigna el rol protagónico en el sector minero, COMIBOL no deja de ser arrendataria de los yacimientos que le dio el pueblo boliviano, mientras la nacionalización se diluyó entre los intereses corporativos: hoy el Estado no controla nada de la minería.

1967. El 8 fue capturado y el 9 asesinado el “Che” Guevara, junto con el norte-potosino Aniceto Reynaga y el minero de Huanuni Simeón Cuba. Su muerte fue una sorpresa, el triunfador de mil batallas cae en Bolivia; a su muerte insurge el mayo parisino y el México de 1968, y el Che sigue siendo hoy inspiración de justicia y rebeldía.

1970. El 6 dio un golpe de estado el Gral. Miranda, que buscaba cerrar la apertura democrática iniciada por el Gral. Ovando; la COB declaró huelga general y la metralla dejó 100 muertos en Oruro; el 7 asumió el gobierno el Gral. J.J. Torres; soñamos con una democracia directa y participativa con la Asamblea del Pueblo; sin embargo, la estrategia norteamericana puso fin a los gobiernos militares progresistas como el de Omar Torrijos en Panamá y Juan Velasco Alvarado en el Perú. Banzer derrocaría y luego asesinaría a Torres para prolongar su dictadura por siete años.

1982. El 10 asumió la presidencia Hernán Siles Z., la recuperación de la democracia que había comenzado en enero de 1978, con la huelga de las mujeres mineras y entre golpes y contragolpes, donde el pueblo organizado era la fuerza combatiente, concluía con la asunción de un gobierno de izquierda, en el marco de la democracia representativa. Acorralado por un parlamento adverso y la presión imperial para el pago de la deuda externa contraída por la dictadura, le obligaron a acortar su mandato, dejando como herencia una inflación de más de 20.000%. El resultado fue la derrota de la izquierda, por acción u omisión, y la imposición del modelo neoliberal en todos los ámbitos de la vida: económico, político y social, con los valores del individualismo, el logro del éxito rápido sin importar las vías, la dirección política de los partidos de la elite y una sumisión al mandato del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.

2003. El 9 murió el minero de Huanuni José Luis Atahuichi, en Ventilla, El Alto; así se inició la semana sangrienta donde murieron más de 68 personas. El conflicto trágico que se inició el mes de septiembre con la masacre de Warisata, logró la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada el 17 de octubre. Las masas insurrectas impusieron la agenda de octubre, cuyos puntos fundamentales eran la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Sus postulados, recogidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional, se diluyeron en medio de la gestión y la pasividad de las masas, convertidas en benefactoras.

2024. 10 de octubre: triunfó la selección boliviana ante la selección invicta de Colombia, en el estadio de Villa Ingenio, escenario de la Guerra del Gas. Nos da esperanzas, con un ¡Sí, somos capaces! Cualquiera que sea la salida del entuerto actual, definirá las condiciones para los próximos años.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

Cual culebra reptando, la multitud avanza a paso firme por la carretera; corean estribillos conocidos, murmuran frustraciones y esperanzas, superan molestias del roce de los zapatos, hablan de sus hijos y su futuro, alivian el cansancio con respiración profunda o agua de la botella pet, censuran por lo que no se hizo o cómo se hizo y cómo hoy habría que hacerlo; mirando el horizonte lejano sueñan con una vida digna, recuerdan lo que dejaron otras marchas y otros desandares, es la larga marcha por la vida.

La marcha por Bolivia concluyó el pasado lunes, siete fueron las jornadas de expectativa que vivió el país. La marcha, cuya estrategia era sumar fuerzas cada jornada y cuyo desenlace era la llegada al centro de decisión política para definir posiciones; sin embargo, el fin fue una retirada victoriosa y el anuncio de nuevas batallas. El vértigo del cataclismo se fue disipando.

El anuncio de la marcha se dio en el Congreso, transformado en ampliado, del MAS-IPSP.  La motivación fue la respuesta a la crisis económica que atraviesa el país, y cuyas acciones de descontento estaban siendo monitoreadas por transportistas, comerciantes, cívicos y otros; sin embargo, el único sector con que se negociaba era de los empresarios privados. La plataforma de 16 puntos recoge las preocupaciones de varios sectores, muchas veces ambiguas y contradictorias, reflejo de la pluralidad del país; es una sumatoria que busca rearticular al sujeto histórico: originario, campesino y popular; el liderazgo es de Evo, el hermano, el compañero, obligado a organizar y articular a las nuevas generaciones. Ante los controles impuestos al MAS como partido político, se impone otro tipo de dirección política.

La concepción clásica de la marcha como eje articulador y de ruptura sólo se dio en la marcha de los mineros, cuando, con el cerco de Calamarca, se impuso la relocalización. Las otras marchas forzaron una negociación, con acuerdos incumplidos; pero fueron fraguas que proyectaron su rostro al mundo, se templaron alianzas, fidelidades y visiones de futuro; de ahí surgió el fulgor del decálogo del 2005, cuyos ejes centrales eran: Asamblea Constituyente, nacionalización de hidrocarburos y tierra-territorio. La marcha es una escuela, por lo cual se equivocaron los que pensaban que venían al asalto del poder y en ese sentido prepararon una respuesta violenta contra sus propios hermanos.

A casi 20 años de aquella articulación es necesaria una evaluación constructiva de nuestro proyecto societario consagrado en la Constitución del Estado Plurinacional: fue un mandato a los gobernantes, mandato que redujo a la pasividad el sujeto histórico. Es notable la ausencia de eventos de los trabajadores de la industria y del campo que delineen posiciones en cada uno de los problemas que la burocracia ha enfrentado; sufrimos derrotas en la implementación del Sistema Único de Salud, en la educación productiva y plurinacional, en la conformación de los municipios indígenas, en el carácter productivo y eficiente de las empresas estatales, en el carácter rector del Estado en la economía, con el predominio del sector social-económico de las empresas estatales, cooperativa y comunaria con sus valores de nación, solidaridad y respeto a la naturaleza. Estos problemas sólo se pueden superar con la fuerza social del pueblo y no en una negociación entre la burocracia y gremios corporativos.

La pasividad complaciente del sujeto histórico fue determinante para que triunfe la conspiración reaccionaria el 2019. La movilización popular de agosto del 2020 recuperó el estado de derecho, pero no evaluó el pasado y, al contrario, se acentúo el cuoteo y la prebenda, mientras que el modelo productivo y redistributivo caía en la trampa del empresariado que se apropia de las divisas, generadas por las empresas estatales, mientras las suyas se van a los paraísos fiscales. Con la marcha, se abre un nuevo capítulo, el de reconstituir el Instrumento político del pueblo.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.