Voces

Thursday 6 Feb 2025 | Actualizado a 22:46 PM

Un camino extraviado

/ 5 de junio de 2021 / 22:49

En su declaración del 28 de mayo un ejecutivo de la Comibol anunció la postergación de la puesta en marcha de Karachipampa por la falta de concentrados de plomo y plata, dijo que la solución era la importación del mineral.

Bolivia produce tres veces más de concentrados que la capacidad de la Fundición de Karachipampa. Es decir, sigue la libre exportación de concentrados de minerales, olvidando que la Constitución Política del Estado Plurinacional y la Ley de Minería supeditan la exportación de minerales al abastecimiento de las fundiciones nacionales, y desconociendo que los contratos mineros establecen que el Estado no pierde la propiedad del mineral.

Igualmente la Comibol tiene minas que producen plomo-plata que están siendo trabajadas por “socios”, donde en el directorio la Comibol es mayoría. ¿Por qué no disponer de estos recursos, pensando en el bien nacional, y no en los intereses de los “socios” que pagan por la fundición en el exterior más del 50% del valor bruto de venta?

Cuando el presidente Evo Morales visitaba Corea del Sur, los anfitriones le invitaron a visitar una fundición de zinc. Allí se procesaba el mineral de Bolivia, le mostraron las bondades de la planta que entre otros elementos valiosos recuperaba el indio. Sorprendido por el nombre se gastó una broma, para luego preguntar el precio de la planta: $us 400 millones, le informaron. Ni corto ni perezoso, exclamó “lo compro”. La respuesta fue tajante: esta planta no se vende, significa para nosotros 20.000 puestos de trabajo. Esto muestra la naturaleza del competidor que no admite la fundición en el país.

Cuando los mineros nacionalizaron las minas (1952), su sorpresa fue que los concentrados de estaño seguían siendo fundidos por Patiño, su poder estaba no solo en las minas, sino también en las fundiciones y el sistema comercial. Solo un militar patriota, Ovando Candia, en el breve interinato de 1966, a puertas cerradas, firmó la creación de la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF). Consumado el hecho, recibió una llamada del embajador de Estados Unidos, que siempre se opuso a las fundiciones, ofreciendo su colaboración. La respuesta: el trato ya estaba cerrado con Alemania.

El éxito relativo de la fundición de estaño —relativo en cuanto la Comibol quedó como vendedor minero y subvencionó las operaciones de la ENAF— llevó a plantearse las fundiciones de bismuto, antimonio y plomo. En el caso del plomo, se eligió a Karachipampa como el lugar y para la construcción a la empresa que hizo Vinto; pero fue sobredimensionada y cuando se concluyó la construcción no había mineral que fundir. Por ello, la Comibol tuvo que acopiar el mineral necesario para su puesta en marcha y rehabilitar varias minas. En ese momento concluyó el ciclo de Estado productor con el DS 21060 en agosto de 1985, que prohibía al Estado nuevos emprendimientos y declaraba la libre comercialización de los minerales. Así la planta, entregada en 1984, nunca funcionó.

Cuando empezó el “proceso de cambio”, la planta estaba arrendada a una empresa norteamericana que se comprometió a ponerla en marcha, lo que nunca ocurrió, pero sirvió para que, contrato en mano, ponga a la venta las acciones en la Bolsa. Romper el contrato llevó una larga negociación y costo para la Comibol, volviendo a manos del Estado en 2011.

Después de dos años la planta entró en funcionamiento, mostrando deficiencias. La emisión de gases ácidos oxidaba aceleradamente el caldero de enfriamiento. La primera puesta en marcha funcionó 20 días, se blindó el caldero y la segunda marcha duró 45 días; se realizó una tercera reparación, estando pendiente su arranque: el problema no es la solidez del caldero, sino el descontrol de los gases. La solución es un nuevo horno con material adecuado que pueda regular el control de la temperatura.

Como parte del proceso de superación del extractivismo se licitaron dos plantas hidrometalúrgicas de zinc, el principal mineral de exportación del país. En dos ocasiones se llegó a la adjudicación, pero fueron anuladas por incumplimiento de las normas de contrataciones del Estado, que no contemplan una modalidad donde el financiador es el proponente. ¿Qué garantía se debe pedir al que presta el dinero?, la burocracia ahogó un anhelo nacional.

En Bolivia no faltan los concentrados para una fundición, sino asegurar la entrega de los mismos. ¿Cómo lograr la puesta en marcha de nuevas fundiciones, contra viento y marea? No solo se trata de tener una política clara y hoja de ruta única, sino que todos los actores se movilicen tras el mismo objetivo.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Empresas estratégicas

/ 4 de febrero de 2025 / 06:03

Con la propuesta “cielos abiertos”, que permite la entrada de piratas del aire, se ha pretendido descalificar a la empresa estatal Boliviana de Aviación (BoA) y hacer propuestas, sin analizar el fondo del problema.

BoA es una empresa estratégica de servicio cuya función es garantizar el transporte de personas y mercadería a nivel nacional e internacional; sin este servicio el país podría paralizarse, teniendo sus efectos sobre la economía; por lo que es necesario analizar los problemas de la empresa con objetividad. Su existencia evita hacer de una necesidad nacional una fuente de especulación y enriquecimiento rápido.

El carácter atrasado del país hace que las empresas estratégicas dependan en el 70% de insumos provenientes del extranjero, siendo necesario proveerlas de divisas para sus necesidades operativas. BoA incurre en estos gastos: no solamente los repuestos y servicios vienen del extranjero, sino, al no contar con una flota completa de aviones, éstos son alquilados y los pagos se realizan en dólares. Los ingresos de la empresa los recibe en moneda extranjera y nacional, el ingreso en divisas sólo significa el 20%, por lo que se ve obligada a pedir al Estado la diferencia y éste no las tiene.

Esta insolvencia trae como consecuencias que salgan del servicio aviones, por el no pago del leasing, se sobreexplote a las pocas naves propias, baje la calidad del servicio, se incumplan los horarios, provocando la protesta de los usuarios, volviéndose por lo tanto un problema político.

La empresa estatal cumplió su rol rompiendo el monopolio privado, democratizando el acceso de este servicio a una amplia población; sus balances han mostrado utilidades hasta el 2019, pero el golpe de Estado y la pandemia hicieron peligrar su existencia. Hoy carga sobre sí la crisis económica provocada por la fuga de las divisas, dando paso a la especulación y creando un mercado paralelo que casi duplica el valor oficial; así los pasajes nacionales de BoA son los más baratos de Latinoamérica.

Pero no es el único caso. YPFB dispone sus divisas en la compra de carburantes, sus ingresos del mercado interno —gasolina y gas— están congelados y subvencionados, mientras la inflación aumenta sus costos de producción y comercialización. En el sector minero, la semana pasada, la fundidora de estaño en Oruro pidió que Huanuni aumente el pago por costo de fundición de tonelada de concentrados de $us 600 a $us 1.000, en bolivianos al tipo de cambio oficial; naturalmente se prevé un rechazo por cuanto el costo de la operación minera también ha subido y las divisas que generan ingresan directamente al Banco Central; es de suponer que pedirán permiso para la exportación, siendo el costo de la fundición en el exterior más barato. Mientras la gran minería y las comercializadoras se regocijan con la libre exportación, bajan sus costos en salarios y pueden jugar con el tipo de cambio para negociar la compra de minerales.

Así, de alguna manera, lo que pasa en BoA pone de relieve la situación que viven las empresas estratégicas, como las de hidrocarburos y de minería, dejadas a su suerte, ninguneadas por el Gobierno, cuando son la base de la industrialización y su fortalecimiento imprescindible. Aprendamos de la experiencia de la COMIBOL, que en los gobiernos de la dictadura y la UDP fue prácticamente quebrada por la aplicación del tipo de cambio oficial y paralelo.

Las empresas estatales son estratégicas para el país, para generar divisas y excedentes que posibiliten el desarrollo industrial; su andar no siempre es acompañado de una política monetaria que las respalde, al contrario, las ahoga y pone en riesgo el mismo modelo económico comunitario.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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El litio: algo no cuadra

/ 21 de enero de 2025 / 06:03

El envío a la Asamblea Legislativa Plurinacional de dos contratos para la explotación del carbonato de litio en el salar de Uyuni ha reavivado el debate sobre este tema.

El contrato con Uranium One Group no es sino la compra por parte de YLB de una planta de Extracción Directa de Litio (EDL) de las salmueras. Si bien con esta tecnología hay una mayor recuperación, el resultado final es de 14.000 toneladas (TM) de carbonato de litio al año, la misma capacidad con que cuenta la actual planta de YLB. Sin embargo, lo llamativo es el precio de la compra, $US 970 millones —la planta actual costó $US 165 MM— que debe ser pagada con la producción de carbonato de litio. Si la producción anual es de 14.000 TM, al precio actual de $us 10.000/TM, el ingreso anual sería de $US 140 millones; de este valor hay que deducir los gastos de operación, $US 8.500 por TM, parámetro internacional, que da $US 119 millones por año; la regalía de 3% es de $US 4,2 MM, quedando como utilidad $US 16,8 millones de la cual hay que deducir el 25% de impuesto a la utilidad de las empresas, $US 4,2 MM, siendo la utilidad neta para YLB de $US 12,6 millones. Con este monto hay que pagar la deuda de 970 millones, lo que tardará 77 años. El contrato, más allá de ser de compra y venta de una planta EDL, establece que el operador será Uranium One Group al que hay que pagar este servicio, el valor lo fijan ellos mismos; en este contrato YLB no juega ningún rol de dirección ni de operación, sin capacidad técnica ni de fiscalización, sólo esperará el pago de los dividendos; la planta pasará a su administración una vez que concluya el contrato, en 20 años.

El contrato con la empresa china CBC es un contrato de servicio para la explotación de carbonato de litio, figura inventada por ciertas cooperativas para permitir a empresas colombianas, brasileñas, chinas, etc. la extracción del oro; este servicio comprende el pago del capital de inversión de dos plantas, los gastos de la operación, el costo financiero, la licencia de la patente, los gastos de mantenimiento. En la primera etapa se tratará la salmuera residual; después de extraer el cloruro de sodio y el cloruro de potasio en las piscinas de evaporación, esta planta tendrá una capacidad de 10.000 TM y un costo de $US 130 MM; la segunda fase prevé producir 15.000 TM en una planta que tiene un costo de $US 720 millones y se alimentaría de las salmueras de pozo, así la utilización de la salmuera de las piscinas sería ampliamente conveniente. El costo de las dos plantas será de $US 850 millones, produciendo 25.000 TM anualmente. Los costos del servicio que se pagaría al operador son: el costo operativo, a $US 8.500 por TM da $US 212,5 MM, la regalía del 3%, $US 7.5 MM, el costo del financiamiento, 12% el primer año, son $US 102 MM; el uso de patente $US 1.700 por TM tratada hace $US 42 MM, haciendo un costo total de $US 362 MM. Frente a los ingresos que generan las 25.000 TM a un valor de $US 10.000/TM de $US 250 MM; es decir la operación es deficitaria.

Algunas puntualizaciones. En un proyecto de explotación de recursos naturales se estima que son necesarios cinco años para la recuperación del capital de inversión; además, se prevé como valor del producto la serie histórica de los últimos años, nunca la expectativa futura; por otro lado, la Constitución establece que un contrato de explotación de recursos naturales tiene que ser operado por el adjudicatario, lo propio la ley de creación de YLB prohíbe la explotación por agentes particulares. Los dos contratos no transfieren tecnología ni capacitan al personal.

Está en manos de la Asamblea Plurinacional defender la explotación de los recursos naturales que tiene como justificativo el dar valor agregado con la industrialización y el manejo soberano por empresas estatales, a las que se les da el título de estratégicas. En esta visión se formuló el plan maestro para el desarrollo del litio, bajo la conducción del ingeniero Alberto Echazú A., cuya voz hoy se encuentra silenciada, y del Ing. Juan Carlos Montenegro (+). Su legado nos obliga a dejar de ser simples exportadores de materias primas y luchar por producir baterías en Bolivia y no contentarnos con las migajas del banquete.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Todavía soñamos

José Pimentel Castillo

/ 7 de enero de 2025 / 06:02

Al comenzar este año reina la incertidumbre y la preocupación. El mundo presencia el exterminio en Gaza, se asoma un gobierno radical de derecha en Estados Unidos, que achaca su crisis a los migrantes, la amenaza de una conflagración mundial está presente, no existe un paradigma de convivencia mundial, los intereses monetarios se imponen a las razones humanitarias, la naturaleza se destruye cada vez más.

Nuestro país no es ajeno a este drama. Un año de capítulos novelescos no termina con el final feliz, las elecciones judiciales no acaban de sacar de la escena a los autoprorrogados, los ungidos por la voluntad popular se ven obligados a convivir con quienes fueron expulsados por la Asamblea Plurinacional, un seis de agosto. El culebrón de la trata de personas continúa, sin que se defienda a la víctima —si hay— porque el fin es otro. Mientras la derecha multiplica a sus candidatos, el MAS es víctima de su crecimiento descontrolado, como para jugar con el fraccionalismo.

Mientras tanto, la crisis económica golpea a los sectores populares y no hay propuesta de solución visible; es sobre esta temática que se volcarán las energías populares en los próximos meses.

La propuesta desde la derecha reedita el viejo libreto neoliberal y republicano. Cierre de las empresas públicas, despido de trabajadores, supresión de bonos y subvenciones, sin compensación alguna; inversión extranjera para la explotación de los recursos naturales, obviando la industrialización y provocando la descapitalización de la nación. La angurria del mercado se extiende a la vida de las personas cuando se lucra con la salud, la educación, la jubilación, el agua y la energía. Nada nuevo nos puede ofrecer, sino el garrote para imponer sus intereses antinacionales. Contra estas pretensiones está vigente la Constitución del Estado Plurinacional, instrumento para construir la patria soberana, próspera y justa.

Mientras la izquierda —diluida en el accionar del MAS-IPSP— busca un liderazgo para la carrera electoral, cuando su función es dar respuestas a las necesidades de los sectores populares. El liderazgo no puede determinarse si no es por la vía democrática, primer paso para ratificar su condición popular, lo otro —seguir con las zancadillas— es el juego de las élites que viven del poder. En el respeto a la voluntad popular estriba la construcción del poder popular; que no es tener a uno igual en la presidencia, sino estar todos en la toma de decisiones, la ejecución y el control de la gestión gubernamental, buscando también cambiar el Estado burocrático y colonial. Históricamente el Instrumento Político surgió de las organizaciones sociales: su organización, su programa y liderazgo es producto de la lucha; comprendió una asimilación de experiencias y la consolidación de un liderazgo, después de una depuración, muchas veces dolorosa. El ejercicio del gobierno por el MAS-IPSP ha sido un cúmulo de experiencias que merecen ser evaluadas por quienes posibilitaron su ascenso, las que deben ser capitalizadas en un nuevo decálogo para la actual etapa.

Las noticias nos traen la renovación de autoridades originarias en este primer mes del año, tradición democrática que se cumple sagradamente; esta práctica debe concluirse con un gran congreso de unidad de la propia Confederación de Campesinos, pedido recurrente en los eventos de base. Es en torno a la evaluación que surgirán los nuevos lineamientos para profundizar el proceso y un liderazgo convencido con estos propósitos, dando así respuesta a los dilemas que nos agobian.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

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Revolución Democrática y Cultural

/ 24 de diciembre de 2024 / 07:55

El pasado 18 de diciembre se recordó 19 años de la elección de Evo Morales a la presidencia, la primera elección directa de un presidente por voto popular desde el retorno a la democracia. El triunfo con el 55% rompió el manipuleo de la voluntad popular, que lograba la mayoría parlamentaria en los pasillos y no en las urnas. Esta acumulación del voto no fue un resultado casual, fue expresión de la bronca contenida, contra el sistema del ‘pasanaku’ de los partidos políticos (alternancia) y el colapso del modelo económico, que —vía la privatización y capitalización— destruyó el aparato productivo estatal. Así vivíamos una situación de marginación del pueblo y una concentración de la economía en grupos ligados a las transnacionales del petróleo y la minería.

La lucha del pueblo boliviano se dio de diversas maneras, muchas sangrientas: la masacre de Villa Tunari, de Amayapampa, la guerra del agua y del gas, febrero negro; políticamente dieron su voto a UCS y CONDEPA, un voto antineoliberal que terminó domesticándose.

El llamado a profundas transformaciones llevó a denominar el proceso como ´Revolución Democrática y Cultural´; buscaba cambiar la concentración de la riqueza, con una política redistributiva, superar el extractivismo con la industrialización de los recursos naturales; contar con una economía plural, con predominio del sector social: estatal, comunitaria y cooperativa, como alternativas anticapitalistas y luchar contra la concentración y el monopolio en la economía. Pregonaba los derechos colectivos de acceso a la salud, educación, agua, vivienda, energía, apoyo a la maternidad y la defensa de la naturaleza. Se reconocía la justicia plurinacional, como garantía oportuna para evitar daños o repararlos. Daba razón al término de Revolución y obligaba a construir un nuevo Estado, antagónico al burocrático y rentista.

La mayoría lograda en el 2005 se transformó en mandato constitucional cuando, en plebiscito, se aprobó la Constitución del Estado Plurinacional, siendo ahora un propósito de toda la nacionalidad.

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A esta altura, vale la pena hacer algunas reflexiones. ¿Cuánto se avanzó? En general, mucho, en las obras y las políticas realizadas: bonos dignidad, maternidad, de permanencia escolar, subsidios en los alimentos, los combustibles y los planes de vivienda; precios accesibles del gas y agua domiciliaria; salud universal, infraestructura educativa; las carreteras nacionales, teleférico, satélite, etc. Se redujo la pobreza extrema y moderada y se achicaron los niveles de desigualdad, se aumentó el salario mínimo nacional. En fin, mayor igualdad y oportunidades. Sin embargo, no se logró el control de la economía, ni romper el carácter de proveedor de materias primas; la apropiación de la riqueza por unos cuantos continúa, sólo se controla la renta del Estado; así mismo, el manejo del aparato estatal, justicia, educación y salud, sigue siendo burocrático y discriminatorio.

Se podría decir que el vivir bien ha fracasado y por lo tanto hay que cambiar de modelo. ¡No! El hecho que no se haya logrado lo que soñamos es la demostración que el camino es dificultoso, que el cambio no es de un día para otro, que la tarea requiere de una estrategia para desmontar el colonialismo y la marginalidad; poner el hombro, ser vigilantes, crear formas anticapitalistas de producción y de convivencia; lo que nos queda es persistir. Lo otro es someternos a un sistema que tiene como lógica las leyes del mercado, ciegas e inhumanas, cuyo producto será la vida para los que triunfen, no importa cómo, y la muerte para los marginados.

La humanidad está en un dilema de vida o muerte, desde que las nuevas formas de expansión del capitalismo copan las fuentes de vida (salud, educación, agua, biodiversidad, alimentos y comunicaciones), desinstitucionalizan los mecanismos de convivencia mundial como la ONU y la justicia, niegan los derechos humanos de las personas y los pueblos. Es en estos momentos, ante el deterioro de las condiciones de vida en el planeta, que hay que reivindicar una plataforma para salvar la humanidad, propugnando la solidaridad y la vida en comunidad, frente al racismo y el individualismo. La Constitución nos da un derrotero.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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Democracia obrera

/ 10 de diciembre de 2024 / 06:05

El Comité Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) convocó para este 13 de diciembre a su XXXIII congreso ordinario; la realización de las elecciones para el poder judicial del 15 ha llevado a su postergación para enero del 2025.

Para lograr sus fines, cualquier agrupación de ciudadanos establece estatutos, para mantener la coherencia interna y el respeto a los derechos de todos y cada uno de sus afiliados; su vulneración trae como consecuencia el descrédito, desconfianza y la distorsión de los objetivos por los cuales se agruparon. En el caso de la FSTMB el congreso se realiza después de nueve años, cuando la norma dice que debe ser cada dos; la consecuencia es que la otrora vanguardia del movimiento obrero ha perdido su voz en momentos agitados de la vida política del país, su conducta se dejó llevar por el vaivén de la coyuntura, sin analizar, consultar y determinar en asambleas los rumbos afines a sus intereses que son los de la nación.

El proletariado minero, surgido de la introducción de la industria en la explotación minera, tuvo su período de formación en la lucha por mejores condiciones de vida y trabajo, sus primeras conquistas fueron la jornada de ocho horas, el derecho a la sindicalización, un salario justo, el aprovisionamiento de alimentos en el campamento, mejoramiento de la vivienda, la educación para sus hijos, la atención de salud, etc. Estos procesos de lucha fueron consolidando su organización, el conocimiento de su rol en la economía y su dependencia de las fluctuaciones del mercado internacional. Superaron sus métodos de lucha, en principio el motín y la bronca contra los ejecutivos de la empresa; por la negociación y la utilización de la huelga como medio de lucha, cuando, a costa de privarse del pan de cada día, se golpea al patrón donde le duele, privándole de su ganancia.

La masacre de Catavi (1942) marcó su ingreso en la vida política nacional cuando el gobierno del Cnl. Peñaranda se puso al lado de la empresa norteamericana, Patiño, a costa de privarles del derecho a la sindicalización y el aumento de salarios; por eso, su apoyo (1944) al gobierno del mayor Gualberto Villarroel, enfrentado a la rosca minera y el imperialismo. Su lucha se coronó con la nacionalización de las minas en octubre de 1952, luego de las jornadas de abril, que mostraron su olfato político, capacidad organizativa y de lucha contra el ejército en El Alto y la ciudad de Oruro.

Su participación con el gobierno de la revolución nacional, con sus propias banderas como el control obrero en COMIBOL, fundiciones de estaño e industrialización del país, fueron relegadas por el poder real, la nueva burguesía. Su balance en los congresos XII en Colquiri y XIV en Siglo XX fue bastante crítico y concluyeron que la única solución a los problemas del país era el socialismo. En este enfrentamiento ideológico no hubo temor a señalar los errores, por primera vez el liderazgo de Juan Lechín fue cuestionado, se enfrentó en el IV congreso de la COB contra Víctor López, los resultados no minaron en nada la unidad del proletariado, necesario ante el fraccionamiento partidario.

Las dictaduras en nuestro país tuvieron al proletariado minero al frente, fueron llevados a cabo innumerables masacres en los campamentos para paralizar sus protestas. La derrota de las dictaduras fue fruto de su lucha, sin embargo, la formula constitucional prolongaba el poder de la clase política y marginaba al pueblo.

Con las armas de la democracia, el gobierno constitucional de Víctor Paz (1985) liquidó al movimiento minero, su recuperación se deja esperar aún. El congreso de San Cristóbal el 2015 dio su apoyo al Proceso de Cambio para hacer realidad una “política minera que se convierta en el pilar central del crecimiento económico del país”. ¿La clase obrera estuvo a la altura de este objetivo? y ¿el gobierno lo apoyó? El balance es necesario y sólo se logrará con una reflexión dentro del marco de la democracia participativa, en todos los niveles de la organización sindical.

José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.

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