Mañana se conmemora un 8M más, otro Día Internacional de la Mujer. Ante la fecha, es usual —en el mundo del activismo— enarbolar la consigna de que las mujeres no tenemos nada que celebrar, mas sí mucho aún por qué luchar. Es así, que la fecha venidera se presta para una pausa reflexiva en la acción feminista.

Siendo año electoral en Bolivia y dada la normalización de un pre-calendario electoral de facto, con seguridad mañana los espacios digitales se llenarán de gráficas que releven simbólicamente a las mujeres como protagonistas. Y que, textualmente, muestren adherencia a nuestras luchas y comprometan mayor igualdad. Es tarea fácil de prever que este 8M particularmente, difícilmente pasará de largo para la extensa lista de pre-candidatos que buscan aparecer en la papeleta de votación en agosto próximo.

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Las mujeres, de alguna manera nos hemos acostumbrado a la instrumentalización de estas causas (a este fenómeno le llaman Pink-washing en el mundo) y parece que deberemos también acostumbrarnos a su postergación cuando se establezcan los marcos narrativos que se jugarán durante el periodo (formal) de campaña y que podrían poner los temas referentes a la igualdad por la que peleamos las mujeres, en la cola de las prioridades.

Si consideramos que este 2025 arrancó con hechos concretos que dan la certeza de que estamos ante un contexto global reaccionario y neoconservador respecto a la vida de las mujeres, migrantes y población LGTBIQ+. Y a ello le añadimos que, en el nivel local, existe una alta disponibilidad a priorizar el aspecto económico por encima de cualquier aspecto social, estamos en condiciones de pensar que este 8M vamos a presenciar discursos que distarán mucho de lo que la política electoral despliegue en clave de propuestas este año.

Esta hipótesis se hace factible si pensamos que en estos dos meses ya de pre-campaña, se han evidenciado más discursos de ridiculización y desinformación sobre leyes que protegen la vida libre de violencia de las mujeres que propuestas para mejorar nuestras vidas.

Estoy pensando en el pre-candidato Leopoldo Chui que inició acciones para derogar la Ley 348 y también en Chi Hyun Chung que ha hecho costumbre suya generar información falsa para denostar la misma norma. Y aunque es cierto que este segundo actor ya nos acostumbró en elecciones anteriores a sus posturas falaces y antiderechos, estas cobran otro sentido cuando -como señalan varias encuestas- su apoyo electoral está creciendo. A ello se sumará lo que ya ha venido pasando en este periodo de gobierno dentro del MAS en el que -batalla intestina de por medio- la agenda progresista que aún enarbolan como bandera se muestra falaz, estética y sin capacidad de impacto real.

La presencia de mujeres como actoras candidatas será un tema que posiblemente se mueva algo más cuando se abra la búsqueda de personas vicepresidenciales. Por mientras, las testimoniales dos pre-candidatas a la Presidencia directamente no aparecen en los estudios de intención de voto. Mientras, la ley de paridad en el binomio propuesta por una vocal del TSE está a la cola del montón de tareas encomendadas a la ALP para el “blindaje” de este proceso.

¿Y las agendas políticas que anhelamos y sostenemos durante ciclos de gobierno? Varios estudios sobre narrativas en elecciones dan cuenta que, en Latinoamérica, en las últimas elecciones, la mayoría de los candidatos eliminaron las demandas feministas de sus programas de gobierno y, en consecuencia, del debate electoral. La evidencia da cuenta que la ola de demandas tiende a “entibiarse” y ralentizarse.

Más que otros años, en este va a tocar mirar en el espejo el momento que afrontamos. Y todo parece apuntar a que se viene un tiempo de mucha distancia con la política institucional, que batalla por subsistir en una sociedad desafecta de ella. Un periodo de desaceleración quizás pero no de renuncia: nada que no hayamos vivido antes. Después de todo, siempre tendremos las calles para hacernos ver y escuchar.

(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

Bien ha señalado el OEP hace unos días que se encuentra imposibilitado normativamente de constituirse en el actor ordenador de la avalancha de encuestas en la que nadamos desde que inició este año. Podríamos intentar señalar que particularmente en este proceso electoral el mercado de las encuestas ha acudido con demasiada prontitud a su encuentro con la conversación pública, pero sería incorrecto. No se trata de que particularmente sólo los estudios de opinión han acudido demasiado pronto a la escena electoral, pues se observa que lo mismo pasa con las campañas y es así también con las candidaturas.

Y es que la clave que une todos estos fenómenos que pasan simultáneamente y que pudieran parecer sorprendernos, en realidad no deberían hacerlo pues desde hace un par de décadas ya muchos estudiosos se han dedicado a señalar que los tiempos de la política han cambiado: son más veloces y más efímeros, lo que hace que los ciclos o periodos que la ordenaban sean casi sólo nominales en la actualidad. No sólo eso sino además que la comunicación (campañas) se ha fragmentado y los datos (encuestas) se han vuelto potencialmente volátiles. Son los nuevos códigos que signan la política electoral de hoy.

Así volátiles como se ven los prematuros datos también tienen distorsionados sus efectos en este momento pues están al servicio de las pugnas intestinas que se libran en los respectivos frentes políticos. Fuera de ello parecieran configurarse más como alimento cotidiano para nuestra emocionalidad política que como disparadores de preguntas que nos permitan entender, el “todo” boliviano que es cada vez más complejo. Sabemos que, en muchas ocasiones (algunas las hemos vivido), las encuestas se equivocan y actualmente atraviesan su propia crisis de credibilidad, pues en esta sociedad de la desconfianza tendemos más a creer que son herramientas de manipulación al servicio de actores políticos que insumos para explicar alguna realidad. En el mejor de los casos son un bien codiciado en tanto alimentan la escena electoral precisamente de manera anticipada, teniendo un efecto mayor sobre nuestro ánimo y el rompecabezas que está siendo la papeleta electoral que sobre los venideros resultados.

En lo que respecta a las campañas, estas tienden a ser continuas y fragmentadas, continuas en tanto no pueden darse el lujo de parar (por esto de la velocidad de la política) y fragmentadas en tanto deben parcelar el discurso para responder a públicos clasificados tribal e identitariamente. Cualquier insumo/mensaje de campaña va a ser útil siempre y cuando sea para hoy y ya no es importante si tiene coherencia con el todo discursivo, si es que lo hay. Y como, en términos de contenido, ya no se depositan recursos en mostrar lo que se es sino lo que no se es, se han vuelto importantes generadores de clivajes políticos más que de argumentos. Luego, se ve que lo que está ordenando la conversación pública en campaña es lo polémico y lo intrascendente que compite en agenda con lo serio y lo relevante. Y aunque esto último no es nuevo, está —otra vez— acelerado e intensificado, territorios digitales de por medio.

En suma, todo este escenario tiene más que ver más con las características de la política en el siglo XXI y en la Sociedad de la Desinformación, que con las condiciones peculiares de este proceso electoral (que existen). No podemos, entonces, declararnos sorprendidos por lo que presenciamos, sino que parece ser tiempo de gestionar este nuevo orden de cosas. El artículo 94 de la Ley del Régimen Electoral señala que los procesos electorales de mandato fijo deben ser convocadas “con una anticipación de por lo menos ciento cincuenta (150) días a la fecha” de la votación. ¿Qué impediría entonces que sean convocadas antes de ese plazo, dado que pareciera que vivimos en el país del panorama electoral permanente?

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

Así como ocurre en el resto del mundo, en Bolivia la comunicación política ha cambiado radicalmente desde 2016, cuando las redes sociodigitales se confirmaron como protagonistas en la configuración del debate público nuestro de cada día. Facebook, X (Twitter) y, más recientemente, TikTok se han convertido en escenarios donde se libran verdaderas batallas políticas por la opinión pública. Pero, ¿hasta qué punto estas plataformas -desinformación y polarización mediante- están hackeando nuestras democracias?

Aunque el efecto de lo que ocurre en redes respecto a la política es variable en dependencia con los contextos propios de cada cultura política local, lo cierto es que existe una creciente dependencia de las redes sociodigitales como vehículo de la política y como actores de la misma. Los candidatos ya no solo compiten en plazas y mercados; también lo hacen en algoritmos que deciden qué contenido llega a los votantes. En este escenario, las campañas digitales se convierten en armas poderosas, donde no solo se difunden propuestas, sino que también se persigue moldear emociones y percepciones en tiempo real. Todo esto en la era de la antipolítica emocional.

En sus inicios, las redes sociodigitales nos habían prometido democratizar el acceso a la información y dar voz a los ciudadanos. Sin embargo, esa promesa ha consolidado su fin este pasado lunes, cuando un reducido ecosistema dominado por intereses económicos y políticos ascendió al poder de uno de los países más relevantes del planeta (dicen por ahí que la única minoría peligrosa del planeta son los ricos).

Los llamados tecnoligarcas —los CEO de las redes sociodigitales más relevantes en occidente— han acumulado un poder sin precedentes, capaz de influir en la política global y local. Varios estudios han comprobado que en Bolivia las dinámicas en redes sociodigitales fueron una variable relevante en la movilización de la opinión pública en pasadas elecciones. Y aunque aún resulta muy complejo medir el nivel de influencia en el voto, lo que va quedando claro es el nivel de afectación que están teniendo sobre las democracias.

Campañas de desinformación, hashtags polarizantes y videos virales definen continuamente gran medida de las narrativas políticas y esto se intensifica radicalmente en periodos electorales. Este 2025, nos enfrentamos a un escenario aún más complejo, donde los ciudadanos están expuestos a un flujo constante de información, muchas veces diseñada para manipular emociones y generar reacciones inmediatas. Las redes están acá para confirmar que las campañas negras (la denominada guerra sucia) ahora es predominante en los periodos de propaganda electoral.

Las elecciones de 2025 van a representar un punto de inflexión en este tema para Bolivia. Sabemos, de inicio, que nuestra democracia está muy debilitada, nuestra cohesión social tremendamente herida y los líderes políticos absolutamente atomizados. Es decir: estamos ante un escenario propicio para desinformar, polarizar y manipular.

Visto lo que el mundo entero vio esta semana, está claro que no estamos en condiciones de darnos el lujo de no (pre)ocuparnos del problema que vienen significando las redes sociodigitales cuando buscan hackear nuestras democracias. ¿Estamos dispuestos a ceder el control de nuestras narrativas políticas a los algoritmos diseñados por tecnoligarcas con intereses ya no sólo económicos sino también políticos? ¿Podemos/queremos volver a tener un espacio público libre menos tóxico, vil y más focalizado en el bien común? ¿estamos aún a tiempo?

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

Así como el año 2016, la palabra Posverdad ingresó a nuestro léxico para ponernos en sospecha de que el escenario informativo y comunicacional estaba muy por lejos de lo que ya teníamos dado por hecho y que un cambio profundo se gestaba desde entonces, en pleno 2024 (apenas 8 años después) estamos en condiciones de aseverar que así —con este paso acelerado— la Desinformación acude sin falta a ponerse en la órbita de los procesos políticos y, como no, los electorales.

A punta de Desinformación, en los últimos años, se han alcanzado bastantes objetivos políticos que han buscado diversos poderes (económicos, políticos y eclesiásticos, por mencionar algunos) y que han mermado muchos de los avances en ampliación de derechos que se han conseguido en varios lugares del mundo. Que, como señala el libro de Pablo Stefanoni, la derecha se haya apoderado de la rebeldía y que nuestras democracias se encuentren amenazadas (muchas veces desde el mismo poder político) responde a varios factores, pero una buena parte de ellos están vinculados con los procesos de Desinformación que se libran en esta gigante aldea global digital que habitamos más del 67% de la población mundial. 

En esta cuarta edad de la Comunicación Política (atravesada completamente por la digitalidad) se mantiene la hipótesis de la existencia de una relación de co-dependencia entre el mundo informativo (que hoy es más que el periodístico) y el mundo político (también hoy superado por mucho por los partidos). Ese, es un dato viejo, manido y ya asimilado por la ciudadanía en pleno ya desde hace unas décadas.

Lo nuevo, tiene que ver con la hipótesis de que el dispositivo actual que vincula a la política “popular” con la información “predominante” es, hoy por hoy, la Desinformación. Y esta cualidad es la que la hace sintomática de esta época política. Ya que ese vínculo actualmente se encuentra en franco desequilibrio pues, al final del día, si bien la democracia y la política formal van perdiendo legitimidad, el periodismo y la información institucionalizada ya han perdido buena parte de su influencia.

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En consecuencia, si bien se trata de un fenómeno relacional y dinámico, el hecho de que estemos ante la tendencia de que la antipolítica sea cada vez más preferida por la ciudadanía como accionar ante lo público (baste ver, a nivel mundial, quiénes son los líderes modélicos que cautivan juventudes) distorsiona de manera profunda lo que, en términos políticos, puede ser informado por el periodismo, siendo que además ya influye menos que antes a la par que su consumo también disminuye.

Así, en el conglomerado de actores que comprenden que la Desinformación es problemática para la democracia, el periodismo se ha vuelto uno entre tantos otros, como ser también la ciudadanía. Y, la mala noticia, es que también componen ese complejo universo aquellos actores que tienen poder e intereses; y que muchas veces han vuelto parte de la neo práxis política operar narrativas (dar batallas políticas) a través de ella.

En Bolivia, a puertas de un importantísimo y desde ya incierto proceso electoral nacional que debe darnos el piso certero para caminar un proceso de resiliencia y restitución democrática, deberemos encontrar las maneras de gestionar con rapidez novedosas acciones de recuperación del campo político simultáneas a las de alfabetización digital, además de las de vigilancia ciudadana. Es decir, acciones que impidan (o cuando menos develen) las operaciones antipolíticas y desinformativas que puedan contaminar el escenario electoral buscando alcanzar objetivos electorales cortoplacistas en desmedro del deterioro democrático que le sigue.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora.

Así como el escenario político, el comunicacional de varias instancias se ha vuelto una continuidad de juegos siniestros, cálculos de beneficio propio y agendas personales que alimentan el desastre institucional en el que hoy estamos sumergidos. 

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no sólo se ha autoprorrogado a vista y paciencia de las restantes instituciones del Estado y ante la frustración de la población boliviana, sino que, además, durante este periodo de ejercicio ilegítimo e inconstitucional, ha demostrado haber activado una operación desinformativa de corte político destinada exclusivamente a desordenar (aún más) el debilitado panorama desinstitucionalizado por el que atravesamos.

Así como ocurrió a finales del año pasado, con la secuencial publicidad de tres polémicas sentencias constitucionales en el lapso de unas horas: primero la 1010 sobre reelección indefinida, luego la 558 de suspensión de funciones del Presidente del Senado y, finalmente, la 1021 que afianza la gobernación de Aguilera en Santa Cruz; este noviembre, en un periodo de días, nuevamente “publicitaron” tres documentos: el auto constitucional 0083 que ratifica la sentencia 1010, la sentencia 0770 que determina fragmentar unas Elecciones Judiciales de nivel nacional, y la 0776 que determina que, en el MAS, el que vale es el congreso arcista.

La perversidad con la que se ha operado minuciosa y calculadamente, ya ni digamos el quiebre de todo principio de transparencia y acceso a la información, sino la distribución de estas decisiones a la clase política y a la opinión pública, se constituye en el más burdo intento de manipulación de información pública que haya conocido el país y que aunque está orientado a dar una apariencia de equilibrio y busca regular la legitimación de sus decisiones, lo que está consiguiendo es desmantelar la seguridad constitucional que nos quedaba, darle una estocada final a la institucionalidad democrática del país y que sus firmantes y operadores (hoy en la sombra) se develen de cuerpo entero (como personas, profesionales pero sobre todo como no/demócratas).

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En una coyuntura en la que existe una manifiesta voluntad de desordenar la institucionalidad y en la que el TCP se ha vuelto el actor político principal, también es preciso apuntar que el modelo comunicacional de vocería paraoficial del TSE no ayuda. Es claro que la mayoría de sus componentes se ha resignado a la existencia de una estimada vocería independiente y casi cotidiana de uno de sus miembros que se regodea hasta el hartazgo en medio de este barullo informativo y político pero que lastimosamente sólo alcanza a demostrar que no entiende lo que es un cuerpo colegiado, contribuyendo a la desnaturalización de esta vital instancia que se ha visto tan mermada en la última semana.

En un escenario de desinstitucionalización como el que atravesamos, en el que lo que se está librando ya ha quedado por fuera del campo ideológico y más bien divide a actores políticos entre quienes con sus acciones respetan y priorizan las instituciones y quienes las desprecian y las atacan intestinamente, ya no cuadran los resultados, estilo una de cal y otra de arena. Estas prácticas comunicacionales son una de cal y las restantes también. Así las cosas, si la bendición del todopoderoso TCP nos acompaña, acudiremos posiblemente a las elecciones más rechazadas de nuestra democracia, sorteando un lodazal de fallos y operaciones informativas que han sembrado en el camino a las urnas quienes han mal-entendido que la comunicación es una herramienta de poder y no así un instrumento de construcción democrática.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka