El boomerang es un arma arrojadiza, generalmente de madera, cuya característica principal es el hecho de que, si no impacta en su objetivo, regresa con la misma fuerza a su punto de origen. Los boomerangs de madera más antiguos descubiertos provienen de Wyrie Swamp en Australia del Sur. La política económica con relación a los dólares asumida en febrero del año 2023 en Bolivia, de la mano del Banco Central de Bolivia y el Banco Unión puede considerarse un boomerang, que, al no impactar en su objetivo (generar más dólares en el país), regresó violentamente en contra de la economía de Bolivia.

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El problema de los dólares en Bolivia se generó en febrero del 2023, cuando el Banco Central de Bolivia y el Banco Unión definían un “Tipo de cambio competitivo” para exportadores. En los hechos imponían 2 tipos de cambio diferentes. Uno para exportadores a 6,86 y otro para el resto de la población a 6,96. El presidente del BCB ese año, Edwin Rojas, informó que la medida tenía el objetivo de incentivar las exportaciones y mejorar el desempeño de ese sector, además de dar certidumbre a las ventas que realicen al exterior. Era una medida para los sectores empresariales privados mercantiles dándoles una facilidad más, olvidándose del resto de la población.

Aquel entonces el presidente del Banco Central dijo lo siguiente: “El Banco Central comprará dólares generados por el sector privado a un tipo de cambio competitivo entre el tipo de cambio de compra 6,86 bolivianos (por cada dólar) y el tipo oficial de venta 6,96, pero que sea superior al tipo de cambio promedio que ofrece el sistema financiero con el objetivo de incentivar la actividad de exportación”.

El objetivo se esta medida era generar un movimiento de $us 1.000 millones del sector exportador privado. Objetivo que nunca se cumplió y, más al contrario, generó temor y especulación en el resto de la población que compraba cada dólar a 6,96 que, además, no entendía por qué los exportadores tenían ese beneficio de compra a 6,86.

En los hechos esa medida generó pánico en la población que empezó a retirar su dinero en dólares del sistema financiero, generó también especulación de la divisa norteamericana en nuestro país, ocultamiento de dólares, etc. Los únicos que se beneficiaron fueron los exportadores privados, con una medida que ni siquiera era obligatoria, sino solamente voluntaria, por lo que estos privados prefirieron llevar su dinero en dólares a otros países con tasas más favorables.

Como resultados reales de esta medida se pueden mencionar la especulación de la divisa norteamericana en el país, restricciones a la población en general para mover sus dólares en el sistema financiero boliviano, generación de tipos de cambio paralelos, ya que el propio gobierno generaba 2 tipos de cambio diferentes, no tardaron todos los sectores en especular y crear sus propios tipos de cambio. Además de generar temor en la población sobre la solvencia de nuestro país con relación a los dólares norteamericanos de la mano de retiros masivos de dólares del sector financiero nacional, mismo que tuvo que imponer restricciones. También se generó una exagerada demanda de dólares y finalmente el colapso del sistema financiero con relación a la divisa norteamericana.

(*) Gabriel Villalba Pérez es abogado y magíster en Gestión de la Comunicación por el IpiCom UMSA

En el preámbulo de la Constitución Política del Estado, se señala “dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario”, con lo que se incorporan nuevos elementos transversales en todo el aparato del Estado boliviano, como la interculturalidad, la pluralidad, y la economía plural, intentando con esto generar nuevas formas de organización social, económica, jurídica y política, es decir, ir más allá de los postulados del pensamiento liberal.

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La visión del constituyente estuvo enfocada en el cambio de un modelo de Estado republicano con una económica neoliberal a un Estado plurinacional con una economía plural. Modelo económico plural en virtud al cual se ha reconocido a diferentes formas de organización económica; la comunitaria, la estatal, la social cooperativa y la privada. Los promotores de este modelo económico estuvieron esperanzados que con ella se lograría una distribución equitativa de la riqueza, para reducir la pobreza, la desigualdad social y generar mejores oportunidades para los sectores más vulnerables de la población. Sin embargo, este modelo después de 17 años expone sus debilidades poniendo a la economía del país en una encrucijada. La crisis institucional, la crisis del sistema político, situaciones permanentes de conflictividad social, han configurado un escenario alejado de la estabilidad política, del crecimiento económico y la seguridad jurídica. Un gobierno que está ausente de las necesidades de sus habitantes y débil en sus decisiones es más propenso a tomar medidas erráticas.

Ante escenario, y la probable agudización de todos estos componentes, las proyecciones de los organismos internacionales sostienen que la economía del país está ingresando a una situación crítica debido a una mayor inflación y un bajo crecimiento económico. Fitch Raiting, una de las más importantes calificadoras de riesgo crediticio internacional, bajó la calificación a Bolivia a un CCC- revelando no solo la fragilidad de las finanzas públicas del país sino también la falta de confianza en las medidas que el gobierno está ejecutando para revertir esta crítica situación. Por su lado, el Fondo Monetario Internacional en su informe “La Consulta del Artículo IV”, ha señalado que Bolivia ante su difícil situación económica, debe de llevar a cabo medidas orientadas a un ajuste fiscal. Asimismo, la Fundación Milenio en su Informe de “Milenio Sobre la Economía de Bolivia” asevero que “a raíz de la falta de soluciones oportunas y eficaces, la economía boliviana continúa en caída creando incertidumbre sobre el rumbo de la situación económica del país”. Además, Andrónico Rodríguez, en el foro “Liderazgo para un Nuevo Ciclo”, sostuvo que el “modelo del MAS, el modelo plural, ha fracasado”, y esto, en su opinión, se debe a que la administración del presidente Luis Arce se abocó exclusivamente a administrar lo público, convirtiéndose en un Estado paternalista.

Pese a este panorama sombrío en la economía, Arce Catacora —quien fue uno de los promotores de este modelo económico estatista— sostiene que continuará impulsando este modelo a fin de alcanzar la independencia económica nacional. Lo que hace pensar que Bolivia recibirá su Bicentenario sumida en una crisis política, económica y social.

Ante estos hechos, si bien hay sectores sociales afines al gobierno que respaldan este modelo plural, sin embargo, los datos y las opiniones coinciden en afirmar que el modelo económico plural ha fracasado, por lo que demandan dar un golpe de timón a la política económica, en donde se dé fin al centralismo, al intervencionismo estatal, y se promuevan nuevas políticas orientadas al crecimiento económico, al respeto a la propiedad privada, al fortalecimiento de la institucionalidad y la seguridad jurídica.

(*) Marcelo Céspedes Cuellar es abogado y politólogo

Israel, después de haber ocasionado la muerte de casi 50.000 palestinos y pese al alto al fuego, continúa estrangulando a los gazatíes, al no permitir  la entrada de ayuda humanitaria, sumado a los cortes de energía eléctrica, de agua, etc. “Tel Aviv está matando de hambre a 2,3 millones de personas”, las que se encuentran desplazadas, viviendo en tiendas de campaña, a la intemperie, en las peores condiciones insalubres y sin ningún tipo de asistencia, develando finalmente su plan macabro: aniquilar al pueblo palestino.

El régimen israelí, bajo la venia de Estados Unidos y los países europeos, en su campaña de limpieza étnica, también continúa con el colonialismo de asentamientos ilegales en los territorios de Cisjordania, que, según la UNRWA (el organismo de la ONU para los refugiados palestinos), es la peor desde 1967; pues Netanyahu ha justificado el desplazamiento de decenas de miles de palestinos por necesidades militares, a causa de la feroz resistencia en esa región, sobre todo en Yenin, incluyendo la zona de Masafer Yatta.

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A todo ello, se suma el uso sistemático de la violencia sexual por parte de Israel, cometido contra mujeres, hombres, niñas y niños palestinos en todo el territorio ocupado desde el 7 de octubre de 2023; según un informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluido Jerusalén Oriental, e Israel, constituyéndose un sistema de opresión, un crimen que mella su derecho a la existencia, ya que también ha destruido instalaciones de atención de la salud sexual y reproductiva.

Esta es la campaña de destrucción masiva que se perpetra en el pueblo palestino, una ocupación que se remonta desde el año 1948 a la fecha, e incluso si las bombas y la violencia cesaran en Palestina, hoy “el genocidio continuaría porque no hay formas de remediar la destrucción” que se ha producido bajo el silencio de los organismos internacionales.

Esta es la estrategia del movimiento sionista estadounidense Comité Estadounidense-Israelí de Asuntos Públicos (AIPAC), que engloba a las empresas transnacionales, oligopolios, fundaciones y organizaciones más poderosas del mundo, que financian el lobby sionista, incluido el suministro de armas letales, en su objetivo de concretar el mapa irredentista del Gran Israel, por el cual el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, puso en marcha una estrategia de convulsión —al verse derrotado al no poder aniquilar a los Movimientos de Resistencia Palestina, después de la Tormenta Al Aqsa— llevando sus ataques al Líbano, y ahora hacia la República Árabe Siria, donde  junto a EEUU han apoyado el golpe que derrotó al gobierno de Bashar Al Asad para colocar a Abu Mohamed al Julani, líder de los grupos terroristas de Al Qaeda, que han asesinado a más de 1.500 víctimas pertenecientes a los grupos minoritarios de alauitas y cristianos.

La libertad del pueblo palestino, su derecho a la autodeterminación y el rechazo a la ocupación de la entidad sionista, han cohesionado a que muchos movimientos sociales, incluso dentro de los países occidentales (Unión Europea-EEUU) hayan cristalizado sus protestas en varias esferas gubernamentales, sociales y políticas, siendo visibles cuando sus órganos represivos vienen acallando, deteniendo, censurando, vetando y expulsando a los defensores de la causa palestina, utilizando cualquier tipo de argumentos, como el caso de la académica iraní pro palestina Helye Doutaghi, que por solo ser mencionada en un sitio web israelí  (administrado por la inteligencia artificial) fue expulsada de la Universidad de Yale, o el caso del líder estudiantil pro palestino Mahmoud Jalil, quien hoy enfrenta un proceso judicial para ser próximamente deportado.

Las acciones premeditadas que usan los enemigos del pueblo palestino, hoy apuntan a cualquier persona, a las cuales se les vulnera sus derechos más fundamentales, como la protesta contra los actos criminales y la limpieza étnica.

Palestina no está sola, el mundo reclama justicia, siendo que el odio hacia Israel se observa en miles de marchas, actos, mítines y todo tipo de concentraciones, donde millones de personas elevan las banderas palestinas, una carta ganadora para el Frente de Resistencia, que en el Día Mundial de Al Quds (pronto a celebrarse) nuevamente reivindicarán la defensa de un pueblo que desde hace más de 76 años está siendo pulverizado.

(*) Sdenka Saavedra Alfaro es escritora, corresponsal internacional de HispanTV

Después de toda derrota electoral es inevitable la llegada de un tiempo difícil para los votantes de la fórmula perdedora. Reinan el desencanto y la desesperanza. Se desencadena una búsqueda intensa para identificar a los responsables del mal resultado. Son habituales los reproches de unos a otros. Y, en la mayoría de las ocasiones, se sobrevalora al ganador.

Sin embargo, estos rasgos característicos no perduran para siempre, e irán cambiando en función de la capacidad de los líderes derrotados para sobreponerse y para representar más virtuosamente a su electorado. Y también, dependerá de los errores que pueda cometer el candidato ganador.

Han pasado ya 15 meses desde que Milei asumiera la Presidencia. Y es un buen momento para conocer en qué momento se encuentra el electorado que no le votó.

¿Qué piensan a día de hoy los 11.631.822 votantes que optaron por Unión por la Patria en la segunda vuelta de las pasadas elecciones presidenciales?

Para ello, en CELAG DATA hemos realizado una encuesta específicamente para este electorado (10.000 casos, en todo el país), y encontramos algunos hallazgos interesantes.

1º. En relación a Milei, ya se terminó la etapa de sobrevalorarlo. De considerar que es un outsider, genuino y audaz. Ahora se le ve como un ‘monstruo’. Por su crueldad en lo económico y social; por ser autoritario y violento en lo político; y por su condición de represor. La gran mayoría de este electorado ya no encuentra ningún atributo positivo sobre Milei (esto no era así en noviembre del año pasado).

Y, además, se le dejó de considerar infalible. Se cree mayoritariamente que ha perdido definitivamente su credibilidad. Muy pocos son los que piensan que será el gran ganador de las elecciones legislativas este año.

2º. En relación a lo ideológico, hay un núcleo común muy nítido entre estos votantes, con gran sintonía en importantes asuntos. Por ejemplo, piensan que los precios en Argentina están cada vez más altos, a pesar de que el Gobierno pregona lo contrario; no suscriben el verso de que se ha logrado una verdadera estabilidad cambiaria; consideran que es momento de discutir estatizaciones en sectores como el eléctrico; les parece que las políticas más perjudiciales son la reducción del Estado, la pérdida de poder adquisitivo y la especulación financiera.

Es decir, no hay grandes diferencias políticas al interior de este electorado no mileísta en muchos asuntos fundamentales. Es muy compacto en cuanto a sus convicciones. Y, por tanto, la única forma de representar a este bloque es con este corpus ideológico y no con el del oficialismo.

3º. En relación a la inseguridad, sí observamos un dilema que debe ser afrontado. Por un lado, la mayoría de este electorado cree que el campo nacional y popular elude este tema, y por eso el actual Gobierno gana la agenda. Pero, por otro lado, no apoya la reducción de la edad de imputabilidad para menores.

Dicho de otro modo: no comparte la doctrina Bullrich, pero es consciente que es un asunto al que no se le encuentra la vuelta.

4º. Sobre las causas del actual deterioro social, se percibe una división de opiniones significativa: hay una mitad de este electorado que cree que todo es responsabilidad de Milei, pero otra que piensa que es tanto culpa de Milei como de los años previos.

Algo similar sucede cuando preguntamos por las razones que explican la victoria electoral de Milei. Una parte cree que es por errores propios; la otra, porque se ha impuesto un sector de la sociedad que tiene otros valores. Seguramente, ambas cosas son verdad; la cuestión es cuánto peso se le pone a cada razón.

5º. Y, por último, en relación a los liderazgos propios, el electorado está mucho más de acuerdo entre sí que si lo comparamos con todo lo que se escucha en muchos medios de comunicación, así como en algunas instancias de la dirigencia. La imagen positiva de Cristina Fernández de Kirchner es altísima, y lo mismo sucede con Axel Kicillof. También con Juan Grabois. Y a cada uno lo caracterizan con atributos muy positivos y complementarios entre sí. O sea, lo que pondera la sociedad no mileísta no se corresponde exactamente con lo que se propaga en ciertas burbujas.

Alfredo Serrano Mancilla es doctor en Economía y director ejecutivo de Celag Data.

Los pasados días el gobierno lanzó las diez medidas ante la crisis de combustible. Pasadas la sorpresa y el espanto, y luego de “infoxicarnos” con las reacciones y justificaciones, toca, desde el ámbito educativo, reaccionar de manera analítica y fundamentada sobre lo que respecta a la octava medida: “Se autorizan las clases virtuales en ciudades de acuerdo a la evaluación de las direcciones de educación en cada departamento”.

Lo primero es recurrir a la memoria inmediata: Somos el único país que suspendió el año escolar en pandemia, el gobierno de Añez y su ministro de educación pasaron a la historia por esa irresponsable medida. Ahora somos el único país en el mundo que autoriza clases virtuales por falta de combustibles.

Los efectos de las clases virtuales en la época de pandemia han sido ampliamente estudiadas a nivel internacional y nacional; todos los estudios coinciden en sus efectos negativos sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes, principalmente en el ámbito escolar; todas las conclusiones mencionan preocupantes índices de rezago en todos los niveles, incluso en contextos en los que las condiciones de preparación docente, adaptaciones curriculares, acceso a las tecnologías y niveles de cobertura de internet estaban atendidos; todos coincidieron en recomendar a los sistemas educativos la implementación de procesos de nivelación al momento de retornar a las clases presenciales. En Bolivia los efectos de las clases virtuales fueron mayores, no sólo por la falta de las condiciones básicas para su implementación sino también por la brillante idea de suspender el año escolar a mediados del 2020.

Con esos antecedentes y sin habernos recuperado del mencionado rezago, el gobierno actual incluye las clases virtuales como medida ante una crisis económica y de combustibles que no supo prevenir, no es capaz de gestionar y, al parecer, no prevé solucionar. Al intentar comprender la situación surgen innumerables preguntas.

Al momento de analizar y definir estas medidas ¿no hubo nadie en el gabinete que advierta de los antecedentes y de las consecuencias de esa determinación? ¿No hubo nadie que mencione que, pese a la experiencia de la pandemia, el país aún no cuenta con las condiciones mínimas para implementar clases virtuales? ¿Hay alguien en el gabinete a quien le interese la educación de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes? ¿Hay alguien en el ministerio de educación que pueda orientar sobre estos temas? ¿Se habrán considerado otras alternativas? ¿Se habrá pensado en la realidad de las familias y en la situación en las que se las coloca ante esa determinación? ¿Cuánto más se afectará a los estudiantes en sus logros de aprendizaje? ¿Qué le tocará atender al próximo gobierno en temas educativos?

Al parecer la miopía en el tema no llega solo al gobierno, algunas autoridades educativas recibieron la noticia e implementaron la medida con inusual celeridad, otras autoridades no adoptaron con ligereza esa decisión y mantienen la presencialidad, buscando generar condiciones, y agotando medidas que les permitan respetar el derecho a la educación.

Aún no se tiene información sobre la cantidad de instancias educativas que adoptaron la virtualidad y aquellas que no lo hicieron. Es de esperar que surjan otro tipo de soluciones educativas si se profundiza la crisis económica y de combustibles. Lo cierto es que más allá de lo desacertado de la medida, el entorno del actual del gobierno deberá excluir de sus discursos de gestión y de sus discursos electorales la mención a la calidad educativa.

Luis Fernando Carrión Justiniano es educador e investigador boliviano.