Al contrario de lo que muchos piensan, Bolivia no es el único país que realiza elecciones para escoger a miembros del órgano judicial. Tenemos al menos cinco países que tienen un procedimiento, al menos similar.

En Estados Unidos, si bien las cortes federales están compuestas por funcionarios elegidos por el presidente, algunos estados optan por el voto popular para escoger a sus jueces; en las Islas Marianas del Norte, los jueces deben optar por su renovación a través del voto popular; en Japón, si bien los jueces de la Corte Suprema son elegidos por el parlamento, deben ser sometidos a votación cada diez años para que se valide su cargo por más años; en Suiza, los jueces de cantones, que deben estar afiliados a un partido político como requisito de acceso al cargo, también son votados por los ciudadanos; por último, el caso más reciente es el de México, que luego de promulgar una reforma judicial en 2024, debe encarar un proceso eleccionario para escoger a los miembros del Poder Judicial de la Federación.

Los asambleístas que redactaron la Constitución Política del Estado en Bolivia y que entró en vigencia el año 2009, a través de esta iniciativa, perseguían dos fines principalmente: dar representatividad y credibilidad a los miembros del órgano judicial y garantizar la probidad de los funcionarios electos, dejando en manos del ciudadano esta labor. Los dos fines tienen un elemento en común, la confianza.

Hubo dos elecciones judiciales en Bolivia, la primera el año 2011 y la segunda el año 2017. Tomemos como ejemplo la elección de miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional. El 2011, de 4.176.549 votantes, un 57,9% sumaron votos nulos y blancos. En cambio, para el año 2017, esta cifra se incrementó, ya que, de 5.422.556 votos, los nulos y blancos sumaron el 65,9% del total. Es decir, que los miembros del TCP, como de otros tribunales, no logran la representatividad esperada con este proceso, esto debido principalmente a dos factores: la poca información y una campaña inútil de la oposición por querer desprestigiar el proceso, que provocó dejar en manos del oficialismo el control del órgano judicial.

La representatividad deja números aún más bajos cuando entramos al detalle de los candidatos. El 2011, un candidato de apellido Bacarreza logra ser magistrado del TCP con poco más de 43.000 votos, el 2,45% de los votos válidos; y en 2017 una candidata de apellido Cortéz ingresa al TCP con apenas 5.000 votos (0,1% de los votos válidos).

Ante un claro escenario de crisis judicial, que se expresa en la instrumentalización de la justicia boliviana, no podemos poner las manos al fuego por la probidad individual de los funcionarios que han sido electos, hay un sistema que no descansa sobre el estado de derecho, sino en el cálculo político de los magistrados para poder ser reelectos o beneficiarse del sistema.

Si los principios que persigue el proceso de elecciones judiciales en Bolivia son nobles, entonces algo está fallando en el proceso que debemos replantearlo. Tanto la representatividad como la probidad descansan sobre la confianza. No puede existir confianza si no permites al candidato pronunciarse y dar un mensaje que vaya a persuadir a las personas a votar por él o ella, no puede existir confianza si nadie te conoce y a la vez te prohíben darte a conocer, no puede existir confianza si un candidato no puede acercarse a la gente que le va a votar.

Ante ese vacío, otros elementos van a guiar la votación del ciudadano en las próximas elecciones que están alejadas totalmente del fin que persigue el proceso en sí. Una vez más, la gente no va a votar por el candidato más honesto o capaz, porque principalmente no lo conoce. Dejará que su voto lo guíe su afinidad o rechazo político partidario, si pertenece o perteneció a tal o cual partido. Terminaremos teniendo magistrados por descarte, haciendo funcionarios por 6 años a gente que llegó ahí porque la campaña de desprestigio a los otros fue mayor, y no por un principio de capacidad y honradez, que en teoría debía primar para emitir nuestro voto.

Mario Vega Yañez es politólogo y docente de la UMSA.

Manfred Reyes Villa parece estar ya en campaña para la presidencia. Sin embargo, sería un pésimo presidente, gobernando para las élites y el ejército, y no para el pueblo.

La división en el MAS, la CC y la derecha le ofrece una oportunidad de destacarse. Encuestas opositoras lo ubican como favorito (con escepticismo), mientras que sondeos más confiables le dan un 10% de intención de voto, similar a Arce y Morales, y muy por encima de figuras derechistas como Tuto Quiroga, Chi Hyun Chung y Camacho. Reyes Villa ya ha competido por la presidencia: en 2002 quedó tercero, detrás de Evo Morales, y en 2009 perdió ampliamente ante él. Ahora, recolecta firmas para registrar su partido: Súmate.

Reyes Villa, exmilitar y capitán del Ejército, es hijo de Armando Reyes Villa, ministro de Defensa durante la dictadura de Luis García Meza, condenado por persecuciones y crímenes durante el Plan Cóndor, la red represiva anticomunista en Latinoamérica respaldada por la CIA que asesinó y torturó a miles en Latinoamérica.

Manfred Reyes Villa elogia el militarismo de su padre, a quien llamó “hijo de la patria” y “defensor de la democracia”, pese a su papel en la dictadura y crímenes contra compatriotas. Reyes Villa asistió a la Escuela de las Américas, donde aprendió tácticas represivas, y sirvió en países del Plan Cóndor como Brasil y EEUU, apoyando su red de subyugación transnacional.

Tras pasar algunos años como empresario en Estados Unidos después de retirarse del servicio militar, Reyes Villa se unió a la ultraderechista Acción Democrática Nacionalista (ADN), el partido de Hugo Banzer durante su dictadura militar. Mientras estaba en la ADN, se convirtió en alcalde de Cochabamba, cargo que ocupó desde 1994 hasta abril del 2000.

Durante su gestión, Reyes Villa impulsó la privatización del agua en Cochabamba, vendiendo los derechos a Bechtel mediante Aguas del Tunari, beneficiando a élites y no a los bolivianos. Pronto, estallaron manifestaciones masivas, que fueron enfrentadas con una violenta represión policial comandada, una vez más, por Reyes Villa y los banzeristas.

Más de 200 personas fueron muertas o heridas por la policía y matones de extrema-derecha. El papel de Reyes Villa en la crisis es vergonzoso y no debe ser olvidado. Mientras Reyes Villa protegía el autoritarismo, la violencia política y los intereses corporativos extranjeros, el MAS, los movimientos de izquierda y los activistas indígenas resistían la privatización de bienes públicos y la violencia policial.

Desde entonces, Reyes Villa ha sido uno de los opositores más vocales a las reformas socioeconómicas del MAS, incluyendo el aumento de salarios para los pobres, la entrega de tierras a comunidades indígenas, el incremento de la participación indígena en la política y la sociedad, la disminución del poder político del ejército y la mejora del acceso a la salud y la educación para los estratos económicos más bajos.

Reyes Villa apoya intereses militares y empresariales sobre el bienestar común, calificando de “totalitarios” a líderes del MAS pese a su propio historial autoritario. Respaldó la represión durante el régimen de Banzer, la Guerra del Agua, y las protestas tras las elecciones de 2002 y 2019, estas últimas dando lugar al gobierno derechista no democrático de Jeanine Áñez.

El historial, pasado y propuestas de Manfred Reyes Villa muestran que sería un líder catastrófico para el país, a pesar de su intención de postularse para la presidencia en 2025. Su carrera es emblemática de un patrón recurrente en la vieja guardia boliviana: autoritarismo y corporativismo disfrazados de progreso. Reyes Villa representa un pasado problemático y no debería formar parte del futuro nacional. Su candidatura solo traería más turbulencia, dolor, desigualdad y opresión. Es un vestigio de la dictadura y el neoliberalismo; no es lo que los bolivianos comunes necesitan para avanzar.

Joseph Bouchard es periodista canadiense en América Latina, con experiencia de reporteo en Bolivia, Colombia y Brasil.

Cuando un ciudadano acude a las urnas para participar en una decisión colectiva, se suele hablar de una “fiesta democrática”, porque el soberano tiene la posibilidad de influir en el rumbo del país. Sin embargo, las elecciones judiciales de 2024 están lejos de merecer ese calificativo; son, más bien, un desastre.

En primer lugar, estas elecciones carecen de los elementos esenciales de una democracia informada. La mayoría de los ciudadanos desconoce a los candidatos que postulan y, lo que es más preocupante, no tiene claridad sobre la composición y funciones del Órgano Judicial ni del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Este desconocimiento no es casual; es el resultado de un proceso electoral opaco, que no fomenta el acceso a la información ni la transparencia, aspectos sumamente importantes para una decisión consciente y responsable.

Por decisión de un suprapoder injerencista, estas elecciones no solo son confusas para el ciudadano, sino que violan principios fundamentales de la Constitución. La fragmentación y deterioro de los procesos electorales, impuestos por decisiones del TCP, han sentado un precedente peligroso y nefasto para la democracia.

En lugar de elecciones integrales y únicas, como lo establece la Ley de Elecciones Judiciales, se ha optado por un proceso fraccionado que debilita la institucionalidad y la legitimidad de los resultados.

El domingo 15 de diciembre, solo 19 de los 26 miembros de los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional, Agroambiental y del Consejo de la Magistratura serán elegidos, incluyendo titulares y suplentes. Este hecho no solo refleja la fragmentación del proceso, sino también la incapacidad del sistema político para garantizar elecciones completas e integrales.

Desde su origen, en la Asamblea Legislativa, estas elecciones enfrentaron múltiples tropiezos. Los parlamentarios fracasaron en la tarea de conformar las listas de precandidatos, debido a la división interna de las bancadas y a la injerencia del TCP, que impuso decisiones que obstaculizaron el desempeño de los órganos Legislativo y Electoral.

Esta dinámica de subordinación y desorden institucional evidencia la urgente necesidad de reformar el sistema y fortalecer la institucionalidad. La Constitución de 2009, que en su momento fue vista como un avance significativo para la democracia, hoy muestra sus limitaciones y exige una estricta revisión.

Abrir la Carta Magna será una tarea crucial para el próximo o próximos gobiernos, ya que es la única forma de frenar el poder excesivo de un TCP controlado por magistrados prorrogados, quienes actúan como presidentes de un cuasipoder.

Especialmente preocupantes son los casos de los prorrogados Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano y René Yván Espada Navia, quienes, con sus polémicos fallos, han marcado negativamente las elecciones judiciales.

Las elecciones de este 2024 no son una fiesta democrática, sino un recordatorio de las profundas fallas estructurales de nuestro sistema político. La falta de transparencia, la manipulación institucional y el desconocimiento ciudadano no pueden seguir siendo la norma.

El verdadero desafío está en recuperar la confianza en la democracia, reformar las instituciones y garantizar procesos inclusivos y participativos. Solo así podremos hablar, con propiedad, de una auténtica fiesta democrática.

Andrea Condori es periodista de La Razón Plus

El presidente Luis Arce Catacora, de la forma más maquiavélica, está a punto de asestar su última estocada de muerte contra Evo Morales Ayma, su promotor y actual rival político, cuando en los próximos días se lleve a cabo la excarcelación y extradición hacia Estados Unidos del exjefe antidroga Maximiliano Dávila. Recientemente, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó que la Cancillería terminó las gestiones judiciales necesarias “vía diplomática” y se encuentra en fase de coordinación con el Departamento de Estado de Estados Unidos para la inminente extradición de Dávila, quien fue el último director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) del gobierno de Morales Ayma.

Dávila es requerido por la justicia estadounidense bajo los cargos de conspiración para la importación de más de cinco kilogramos de cocaína y la utilización de armas de fuego para facilitar estas actividades. Ambos delitos están estipulados en el Código Penal de Estados Unidos con penas severas debido a la magnitud de las operaciones ilícitas. Dávila fue aprehendido en enero de 2022 en Villazón cuando intentaba cruzar hacia Argentina. En esa oportunidad, Dávila se encargó de alertar que el ministro Del Castillo busca involucrar a Morales Ayma con el narcotráfico. En un primer momento, Dávila fue detenido por legitimación de ganancias ilícitas y, en agosto de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó su detención preventiva con fines de extradición. No fue acusado de narcotráfico en Bolivia porque la extradición solicitada por Washington se viabilizó este año.

Los delitos que se atribuyen por Estados Unidos para que Dávila sea juzgado en el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York son asociación delictuosa para importar sustancias controladas y asociación delictuosa para el manejo de armas relacionadas con el narcotráfico. El primer delito tiene una pena de 20 años a cadena perpetua. El segundo delito, 10 a 20 años. De llevarse a cabo el juicio, Dávila, para reducir su condena, tendrá que cooperar con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) e involucrará directamente a Morales Ayma, y a varios de sus estrechos colaboradores que lo acompañaron en los catorce años de su gobierno, con el narcotráfico.

La deslealtad, traición y odio político que expresa Arce Catacora contra Morales Ayma no tiene límites. Sus operadores políticos en Washington, que otrora lanzaron vivas y ensalzaron la figura del expresidente indígena, no escatimaron recursos para realizar el correspondiente lobby con la DEA y el Departamento de Estado estadounidense para quitarse de encima del político boliviano a quien consideran un enemigo ideológico y de máximo peligro para la región por su postura antiimperialista.

Paradójicamente, fue Morales Ayma quien rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos en el 2008; ahora el gobierno de Arce Catacora le asesta una puñalada por la espalda haciendo prevalecer el Tratado de Extradición entre Bolivia y Estados Unidos que fue suscrito el 27 de junio de 1995 y ratificado mediante la Ley 1721 el 6 de noviembre de 1996. Este acuerdo regula la entrega de personas requeridas por la justicia de uno de los países para ser juzgadas o cumplir condenas por delitos como terrorismo, narcotráfico, asesinato, secuestro, entre otros. El mismo vicepresidente David Choquehuanca fue enfático en afirmar que la extradición de Dávila representa “un desafío para las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos”.

Si Estados Unidos involucra a Morales Ayma con el narcotráfico, Washington pondrá un precio sobre la cabeza del expresidente boliviano, lo cual significará para los arcistas tener el camino expedito para las elecciones generales de 2025. La pésima administración política, económica y social del gobierno de Arce Catacora no son avales para que éste vaya a la reelección porque carece del apoyo popular que le llevó al poder hace cuatro años; pero con tal de seguir gozando del poder y encubrir a sus hijos de las muchas denuncias de corrupción, ya definió a sus candidatos: Eduardo del Castillo a la presidencia y Eva Copa a la vicepresidencia.

Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional.

Hay cosas difíciles de recordar y no quiere decir que no estén ahí, en la memoria, quizás en las profundidades de la amígdala del cerebro o en los todavía misterios que envuelven a su funcionamiento. En uno de tantos ejercicios de una imprescindible materia cognitiva para personas relacionadas con el sonido, a la que Murray Schafer denominó “el aprendizaje de la escucha”, se pide a un grupo de personas, estudiantes o no, que traigan a la memoria un sonido querido, de la infancia. Cuesta mucho y la mayoría hace trampa. Traen de la memoria recuerdos queridos, sí, pero acompañados de una imagen. Entonces, le ponen sonido. Así de tramposa la concurrencia. Una máquina de escribir que usaba el abuelo, una máquina de coser que usaba la tía abuela o al revés, el abuelo cosía, la abuela escribía. No importa qué. Sirve para detenerse en la sonoridad, y recordar. Una campana en el pueblo chico, el viento en medio de los juncos, los trancos lentos de un caballo maltratado, casi como el de Turín. Sonidos traídos con trampa, desde algún lugar de la memoria. Asociados siempre a una imagen, no al revés. No se asocia, al recordar primero un sonido, a este, con una imagen. Esa la dificultad. Es una tarea de concentración, de tiempo, de honestidad. Resulta de igual dificultad, una vez que se experimenta con estos ejercicios en relación a lo sonoro, intentarlo con los aromas. La palabra aroma proviene del griego antiguo, de una palabra que se traduce como “arrancar”, una hierba, una planta. Pero no cualquiera sino las que despiden una especial y agradable fragancia. También y aunque no se ajuste a la etimología aceptada, otra palabra, también griega, relacionada a labrar la tierra, tiene una raíz que podría dar lugar a la palabra aroma. En un sitio del cerebro se guardan millones de olores y entre ellos, aromas, que además de ser memoria, pacífica, amorosa, feliz, puede también ser dolorosa, brutal, profundamente triste. Están ahí, esperando su tiempo, en una suerte de biblioteca de lo que fueron alguna vez partículas viajando en el aire. En los años 70 del siglo pasado, un bioquímico clasificó algo así como lo que vendrían a ser los olores primarios y más tarde y hasta hoy, hay una clasificación que divide a eso que huele, en frutados, cítricos, ahumados, en fin, esas diferencias que la memoria puede distribuir en experiencias distintas porque más allá de la química, hay también un componente simbólico detrás de cada aroma. ¿A qué huele la extendida melancolía de un zapato sin pareja, en medio de un barco abandonado a la deriva? Un enólogo, durante la pandemia de la Covid 19, perdió el olfato. Seguramente hoy, si no logró recuperarlo, vende cositas en alguna calle de alguna ciudad cuya plaza principal huele a lavanda y a madera antigua. Al perder el olfato habrá perdido también retazos de la vida. En un huayño, memorable como un documento, el texto dice que la sangre del pueblo tiene rico perfume, que huele a jazmines, a violetas, a pólvora y dinamita. Es difícil, como un sonido, traer un aroma desde la memoria profunda, lo que suele ocurrir es que, al enfrentarse una persona con un aroma, en la calle, al ingresar a una habitación, en el mercado, al recorrer una silla, al abrir un cajón, de pronto, hay un detonante, uno que huele y provoca una cadena de reacciones hechas emociones. El olor a guardado que hizo llorar a la tía en una casa de Miraflores, o ese aroma particular que debió haber tenido la celda obligada e injusta de Camille Claudel.

El recurrente olor a tierra mojada, apenas, por una lluvia tenue, suele ser el más mencionado y en circunstancias diversas, para empezar un poema, para terminar un discurso, para intentar una seducción por demás ineficiente, para describir el camino que lleva a los músicos al horizonte, en franca despedida. El aroma, el del almizcle, el del comino, el de la alegría particular de una guitarra, el que se desliza sin pausa, lentamente, hasta el regazo de la madre.

Óscar García es compositor y escritor.