En medio del caos jurídico que ha generado el Gobierno transitorio en Bolivia, la mira internacional enfoca los derechos humanos como objeto de justicia. Decenas de familias sumergidas en la incertidumbre de estos nueve meses podrían encontrar en tribunales extranjeros una luz al final del túnel.

Así lo hacen saber las dos demandas presentadas ante la Organización de Naciones Unidas, específicamente en la Relatoría de Ejecuciones Extrajudiciales y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, las que se basan en abundantes elementos de prueba, incluyendo decenas de archivos de audio, imágenes, videos y entrevistas.

“A nueve meses del quiebre institucional en Bolivia, denunciamos al gobierno de facto ante las Naciones Unidas por las ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones de derechos humanos y su impunidad”, manifiesta el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina que se constituyó en parte denunciante, junto a otras organizaciones argentinas y bolivianas.

El CELS señala que a pesar de que se destruyeron pruebas y se niega información a la Fiscalía sobre quiénes comandaron los operativos, de todos modos, existe  “evidencia enviada (a las Naciones Unidas) que da cuenta de que, tanto en Sacaba como en Senkata, las Fuerzas Armadas y policiales con armamento letal reprimieron protestas que eran contrarias al gobierno de Áñez y dejaron un saldo de 21 personas muertas y más de 70 heridas”.

Acudir a instancias internacionales es una alternativa frente a la inacción del Estado boliviano que no impartió ninguna investigación ni sancionó responsables, coincide el especialista en derechos humanos Tomas Becker.

Becker participó en una investigación anterior sobre las mismas vulneraciones de derechos, en el contexto institucional de la Universidad de Harvard de Estados Unidos. Además el abogado es parte del juicio a Gonzalo Sánchez de Lozada por la masacre de 2003, que constituye un precedente en la materia.

De hecho, en 40 años de democracia, la masacre de 2003 es el primer caso de violencia grave y las masacres de noviembre de 2019 son los hitos que ocupan el segundo lugar. “Áñez no ha disparado a nadie pero está evitando su responsabilidad de investigar y castigar. Murillo y López también”, sostiene el abogado, quien con base en su experiencia, anticipa que las demandas pueden también ser acogidas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Penal Internacional.

“La Corte Penal Internacional (CPI) investiga y, cuando se justifica, juzga a las personas acusadas de los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión”.

Estas demandas suman en lo relacional, no en lo aritmético, hechos que intranquilizan la memoria y el presente de las familias bolivianas. Junto a la imagen negativa de los uniformados se activa la impunidad que indigna de grupos irregulares armados y racistas que fueron calificados de “paramilitares” y “parapoliciales” en informes de la Defensoría del Pueblo.

Otros reportes con similar carácter se encuentran en el Centro de Investigación Económica y Política (Center for Economic and Policy Research – CEPR), Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard de Estados Unidos y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR).

Bolivia necesita una señal del mundo, el silencio solo contribuirá a asfixiar más la agonizante democracia boliviana. En cuestión de derechos humanos los organismos internacionales están llamados hoy a ser más que elegantes burocracias, constituyen una sombra en el caos abierto y despiadado.   

Claudia Espinoza es periodista

Lo vimos en las redes sociales. El video muestra a un policía en plena agresión sexual a una mujer en El Alto: el delito in fragantti. Nos gustaría saber qué sanción recibió el uniformado de la llamada Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP). Las redes mostraron las imágenes desde varios ángulos. El hecho se produjo en Senkata, tras el desbloqueo de las vías y el arresto de unas 60 personas. La redada policial terminó cuando subieron a las y los detenidos a las camionetas, y ahí fue cuando ocurrió el abuso sexual.

Acto seguido, la mujer sentada y abrumada por periodistas que le cuestionaban “por qué había vulnerado la cuarentena”, se lanzó a llorar y relatar que con tres hijos para alimentar, no recibió ninguna ayuda gubernamental para enfrentar la crisis económica. Entre lágrimas, se la escucha: “No recibí ningún bono y hoy salí porque era mi día de salir, fui a comprar algunas verduras”.

Los mensajes de indignación en las redes sociales no se dejaron esperar; mientras que las autoridades transitorias no reaccionaron sobre el caso. No ameritó una conferencia de prensa, un comunicado, ni un tuit ministerial o presidencial. El silencio estatal expresa una posición frente a la violencia. Envía un mensaje a la sociedad. Significa que la violencia contra esa mujer alteña, madre, indígena y trabajadora, está permitida. Encarna el carácter colonial y patriarcal del poder dominante.

Para esa mujer, y para muchísimas más, no fue suficiente enfrentarlas a la violencia represiva de los últimos seis meses. Vino la crisis sanitaria y la mayoría de ellas tuvo que adaptarse, sobre la marcha, al encierro, al contagio, al desempleo, al hambre y al desamparo de un futuro incierto. Están obligadas a obedecer decretos no consensuados socialmente, arbitrarios, incomprensibles y no comunicados. Se vulneran derechos y se ejerce la disciplinarización de los cuerpos a una “nueva” normalización de la violencia en varias versiones. La pandemia también sirve para eso: abuso e impunidad. El video que circuló en redes comunica la semiótica de ese poder que usa la fuerza bruta, viste uniforme y no recibe castigo.

En ese escenario, la alteña de pollera, víctima de toques sexuales (según la Ley 348) al igual que otras mujeres, en situaciones similares, se encuentran en la indefensión absoluta. En síntesis, se sufre la triple violencia: la falta de atención en la crisis sanitaria y económica, la agresión sexual y la detención. Nadie a quien quejarse, ni dónde exigir justicia. Porque si alguien se pronuncia, ¡zas!, le cae el ciberpatrullaje. Así, Bolivia cierra el primer semestre de un callejón oscuro en su historia.

Claudia Espinoza I., periodista.

Si en la memoria histórica de la pandemia iremos de incluir la muerte de una niña de 12 años por hambre, es señal de que Bolivia anda muy mal. Somos el país líder en tristeza. ¿Qué nos muestra esta aciaga realidad? Que en ausencia de políticas sociales más certeras, queda agudizar la sensibilidad e intensificar los lazos solidarios en las redes familiares, vecinales y comunitarias que nos rodean para soslayar la muerte.

Las redes solidarias, que son prácticas precoloniales, permitieron soportar la vida en momentos de dureza y crisis de diferente índole. A esta altura del siglo XXI, la ciencia y la tecnología han demostrado no ser suficientes para prevenir y enfrentar crisis sanitarias como la actual, por lo que tendremos que echar mano de un bien cultural valioso como la solidaridad.

Las tendencias en el mundo vislumbran que la pandemia del coronavirus COVID-19 no presenta una temporalidad exacta. Esa variabilidad en los periodos de su desarrollo desencadenará, inevitablemente, escasez, desempleo, hambruna, angustia y miedo ante la incertidumbre del hoy y el mañana, tanto de lo material como primera necesidad como lo utilitario, generado por la sociedad de consumo capitalista.

En ese devenir, la organización de la sociedad desde su experiencia comunal, urbana y rural alumbra un camino alternativo que puede reducir las carencias y —quién sabe— ojalá, salvar vidas. Varias acciones ya han montado el andamiaje de esa estructura societal hace algunas semanas y esperemos que perduren. 

Carteles con “Toma lo que necesita” acompañan alimentos puestos en mesas callejeras y bolsas colgadas en las rejas de los garajes. Camiones de frutas distribuyen en casas de zonas populares. Ollas comunes se preparan en colegios e iglesias. Empieza a moverse la máquina de la solidaridad en los difíciles y complejos días que irrumpen en la vida cotidiana.

Los mercados y ferias están ahí puntuales, pero la oferta sube cada vez más los precios para bolsillos que se achican como uno de los efectos de la pandemia. Esa es la suerte de la población más carente de condiciones para enfrentar las restricciones que genera la enfermedad, pero que también provoca la política social del Gobierno transitorio, insuficiente e insostenible. Amplios sectores no recibirán los bonos o no aguantarán el peso del calendario. 

La respuesta provisoria de la solidaridad a través de las redes vecinales, populares, familiares, gremiales y de organizaciones sociales y religiosas es y será absolutamente imprescindible. Pequeñas y medianas empresas también aportan de acuerdo con sus posibilidades. En algunas plazas se pueden ver bolsas colgadas con pan, verduras y con el desprendimiento de la gente. La persona o familia que lo necesita va y lo toma. No hace falta ningún resguardo uniformado.

También existen donaciones mayores, como los camiones desplazados desde el trópico de Cochabamba hacia el altiplano y los valles. Esas acciones malinterpretadas y castigadas fueron el bienestar de muchas familias. En algunas iglesias y colegios, las ollas comunes, donde vecinas y vecinos entregan alimentos, pueden comer por turnos la gente que vive en la calle, que fue abandonada u olvidada. Incluso en Pisiga y Colchane, donde han confinado a varios compatriotas, la olla común ha mitigado el hambre de centenares de personas.

Así, cual telaraña, la red de redes solidarias se extiende por el territorio nacional. En ese sentido, el aislamiento obligatorio encierra nuestra individualidad, mas no nuestro “yo colectivo”. Que así sea.

Claudia Espinoza I, periodista.