Lo que sucedió en Bolivia no era difícil de predecir. Un Gobierno estructurado sobre la figura de un presidente condicionado por el mesianismo y el populismo no puede tener un final agradable. A Bolivia le cuesta erigir instituciones políticas perdurables que prolonguen su vida democrática.

Desde la Revolución de 1952, cuando el Estado boliviano finalmente alcanzó madurez política y dotó identidad nacional a todos bolivianos, el Gobierno estuvo conformado por líderes políticos idealistas, conservadores, populistas, de centro-derecha, de centro-izquierda y recientemente indigenistas. Ninguno de estos presidentes produjo un proyecto político que solidifique instituciones políticas que garanticen la incertidumbre que provocan las crisis económicas, los descalabros que generan las rebeliones de la sociedad civil, el caos que crean los amotinamientos de las Fuerzas Armadas o el desmedro que causan los intereses económicos extranjeros y nacionales, incluyendo la manipulación de algunos políticos corruptos.

Hasta hoy, los líderes políticos bolivianos normalmente tuvieron la mirada puesta hacia la estabilidad y el crecimiento económico de corto plazo, pero raras veces se enfocaron en la construcción de un sistema político (preferiblemente una democracia participativa) que sobreviva a todas las adversidades políticas, económicas y sociales de una sociedad dividida no solamente por su entorno geográfico, sino también por rasgos étnicos de cambas y collas.

Inicialmente, el presidente Víctor Paz Estenssoro, en pleno albor de la Revolución nacional, instauró un proyecto de gobierno que deshizo más 50 años de regímenes oligárquicos que se dedicaron a velar por los intereses de los Barones del estaño (Simón Patiño, Carlos Aramayo y Mauricio Hochschild). A Paz Estenssoro no le quedó otra opción que postergar la instalación de las bases de una institución política, y se inclinó por la nacionalización y la reforma agraria.

Los otros gobiernos revolucionarios prefirieron implementar políticas populistas para acallar a sus bases sociales.

Durante los setenta y parte de los ochenta, las dictaduras militares, especialmente la encabezada por Hugo Banzer Suárez, utilizaron las arcas del Estado como válvulas de escape de la acumulación del capital de Estados Unidos. El dinero prestado sirvió para crear un espejismo de desarrollo económico y dejar mal parada a la democracia. Las dictaduras militares nunca contemplaron instrumentar instituciones políticas perdurables.

Desde 1982 hasta la llegada de Evo Morales, en 2006, una secuela de gobernantes bolivianos produjo uno de los periodos más estables del país. Empero, en vez de afianzar las incipientes instituciones democráticas, prefirieron desmantelarlas, a través de alianzas políticas que fusionaron a radicales de la izquierda con extremistas de la derecha, exdictadores con exrevolucionarios, capitalistas con comunistas, religiosos con ateístas, indígenas con colonizadores.

A este periodo de coaliciones políticas extrañas los bolivianos le dieron el nombre de “democracia pactada”, la cual se convirtió en uno de los acicates políticos de Evo Morales para llegar al Gobierno. El otro acicate fue el neoliberalismo salvaje, que despojó al Estado y a la gente de sus bienes materiales durante más de 20 años de democracia pactada.

Así, Evo Morales tuvo en sus manos la institucionalidad del sistema de gobierno de Bolivia. Tuvo el apoyo de la clase media, de la izquierda, del centro-derecha y una gran multitud de indígenas bolivianos. Sin embargo, como todos sus antecesores, prefirió la mezquindad política, el mesianismo y el populismo.

Todas las grandes hazañas económicas que Morales obtuvo a lo largo de su gobierno se diluyeron cuando, obstinada y vergonzosamente, hizo a un lado la decisión del pueblo de negarle otra gestión presidencial en 2016, a través de un plebiscito convocado por su gobierno. Al presentarse como candidato este año, Morales le dio un tiro certero a las instituciones políticas del Estado boliviano.

Hoy, nuevamente los bolivianos empiezan desde cero para construir esa institucionalidad política. Su nueva presidenta, Jeanine Áñez, y sus próximos sucesores tienen una lucha contra el destino.

Humberto Caspa, Ph.D., es docente e investigador

en la Universidad Juan de Castellano de Colombia,

estuvo de visita en 2018 como profesor Eminente

en Columbus State University, Georgia (EEUU).

Correo: [email protected]

Evo Morales Ayma dice que es una persona 100% indígena. Entonces por qué lleva un apellido que sugiera una supuesta ascendencia española. ¿Por qué sus familiares cambiaron su apellido indígena? No sabemos el verdadero apellido paterno de Evo Morales Ayma. Pudo haber sido Mamani, como también Limachi, Huayñapaco, Pari o Quispe. De acuerdo con indagaciones de estudiosos interesados sobre las raíces del Presidente, su apellido paterno podía haber sido Katari. Empero, nada es concluyente, ni el mismo Evo sabe la procedencia de su nombre.

Uno pensaría que Katari es más apropiado que Morales para identificar a uno de los líderes indígenas más sobresalientes del siglo XXI. Al fin y al cabo, el gran revolucionario aymara Julián Apaza utilizó el nombre de Túpac Katari para reafirmar sus raíces indígenas, y dio su vida para posibilitar la emancipación de su gente.

A pesar de todo, el cambio de apellido a Morales (español) no cuestiona el nexo indígena del actual Presidente. Sus facciones físicas claramente confirman su arraigo aymara o la pertenencia a algún otro grupo étnico boliviano. Por el contrario, la adopción de Morales por parte de los familiares del Presidente denota la existencia de una estructura social altamente discriminatoria contra la identidad indígena durante gran parte de la época republicana.

Antes del movimiento indígena, el cual posibilitó la llegada de Evo Morales al Gobierno, las personas con apellidos indígenas no tenían acceso a las instituciones de poder. Por ejemplo, los colegios militares solo eran para aquellos jóvenes que hubieran demostrado un vínculo español. Un Mamani, un Quispe o un Colque apenas podían prestar servicio militar. Los jóvenes bachilleres indígenas más entusiastas solo ingresaban a las escuelas militares de sargentos y suboficiales.

El racismo estaba encarnado en la sociedad boliviana. Hoy continúa latente en algunos sectores y se ha propagado debido a un movimiento reaccionario que no solamente afecta a los países en desarrollo, sino también a los desarrollados. El trumpismo en Estados Unidos es una esas consecuencias.

El racismo boliviano tiene raíces en la Colonia. Los españoles rechazaron todo lo que provenía de los pueblos originarios. Repudiaron el color de la piel de su gente, sus facciones autóctonas y su panteísmo religioso. La ignorancia de los españoles y su eurocentrismo los hizo cometer los abusos más horrendos contra la población originaria boliviana. Los “conquistadores” (invasores) trataron a los aymaras como objetos, como “animales” inmunes al dolor y al sufrimiento.

Asimismo, a inicios del periodo republicano, la Constitución de 1826 negó cualquier tipo de derechos ciudadanos a los miembros de la comunidad indígena. Para ser ciudadano, manifestaba el Art. 14, “el individuo tenía que ser boliviano (…), saber leer y escribir (…) y no estar sujeto o ser dependiente de otras personas como sirviente doméstico”. Los indígenas aymaras de ese periodo fueron negados a la educación y fueron obligados al servilismo.

La discriminación contra los indígenas fue tan abierta en Bolivia que uno de sus presidentes, Bautista Saavedra (1920-1920 y 1921-1925), consideró que los indígenas eran como “una bestia de carga, miserable y abyecta, a la que (sic) no hay que tener compasión, y a la que (sic) hay que explotar hasta la inhumanidad y lo vergonzoso”.

Ni la Revolución de 1952 hizo desaparecer el racismo. El pueblo indígena tuvo que sublevarse contra una sociedad enferma para enmendar siglos de discriminación racial. Cualquiera que fuera la razón, el cambio de apellido del Presidente boliviano solo mantiene la intolerancia del pasado. La sociedad boliviana ha cambiado y su identificación indígena es plena y constante.

*es PHD, docente e investigador de Economices On The Move. Fue profesor eminente en la Columbus State University, Georgia. Correo: [email protected]

Evo Morales Ayma dice que es una persona 100% indígena. Entonces por qué lleva un apellido que sugiera una supuesta ascendencia española. ¿Por qué sus familiares cambiaron su apellido indígena? No sabemos el verdadero apellido paterno de Evo Morales Ayma. Pudo haber sido Mamani, como también Limachi, Huayñapaco, Pari o Quispe. De acuerdo con indagaciones de estudiosos interesados sobre las raíces del Presidente, su apellido paterno podía haber sido Katari. Empero, nada es concluyente, ni el mismo Evo sabe la procedencia de su nombre.

Uno pensaría que Katari es más apropiado que Morales para identificar a uno de los líderes indígenas más sobresalientes del siglo XXI. Al fin y al cabo, el gran revolucionario aymara Julián Apaza utilizó el nombre de Túpac Katari para reafirmar sus raíces indígenas, y dio su vida para posibilitar la emancipación de su gente.

A pesar de todo, el cambio de apellido a Morales (español) no cuestiona el nexo indígena del actual Presidente. Sus facciones físicas claramente confirman su arraigo aymara o la pertenencia a algún otro grupo étnico boliviano. Por el contrario, la adopción de Morales por parte de los familiares del Presidente denota la existencia de una estructura social altamente discriminatoria contra la identidad indígena durante gran parte de la época republicana.

Antes del movimiento indígena, el cual posibilitó la llegada de Evo Morales al Gobierno, las personas con apellidos indígenas no tenían acceso a las instituciones de poder. Por ejemplo, los colegios militares solo eran para aquellos jóvenes que hubieran demostrado un vínculo español. Un Mamani, un Quispe o un Colque apenas podían prestar servicio militar. Los jóvenes bachilleres indígenas más entusiastas solo ingresaban a las escuelas militares de sargentos y suboficiales.

El racismo estaba encarnado en la sociedad boliviana. Hoy continúa latente en algunos sectores y se ha propagado debido a un movimiento reaccionario que no solamente afecta a los países en desarrollo, sino también a los desarrollados. El trumpismo en Estados Unidos es una esas consecuencias.

El racismo boliviano tiene raíces en la Colonia. Los españoles rechazaron todo lo que provenía de los pueblos originarios. Repudiaron el color de la piel de su gente, sus facciones autóctonas y su panteísmo religioso. La ignorancia de los españoles y su eurocentrismo los hizo cometer los abusos más horrendos contra la población originaria boliviana. Los “conquistadores” (invasores) trataron a los aymaras como objetos, como “animales” inmunes al dolor y al sufrimiento.

Asimismo, a inicios del periodo republicano, la Constitución de 1826 negó cualquier tipo de derechos ciudadanos a los miembros de la comunidad indígena. Para ser ciudadano, manifestaba el Art. 14, “el individuo tenía que ser boliviano (…), saber leer y escribir (…) y no estar sujeto o ser dependiente de otras personas como sirviente doméstico”. Los indígenas aymaras de ese periodo fueron negados a la educación y fueron obligados al servilismo.

La discriminación contra los indígenas fue tan abierta en Bolivia que uno de sus presidentes, Bautista Saavedra (1920-1920 y 1921-1925), consideró que los indígenas eran como “una bestia de carga, miserable y abyecta, a la que (sic) no hay que tener compasión, y a la que (sic) hay que explotar hasta la inhumanidad y lo vergonzoso”.

Ni la Revolución de 1952 hizo desaparecer el racismo. El pueblo indígena tuvo que sublevarse contra una sociedad enferma para enmendar siglos de discriminación racial. Cualquiera que fuera la razón, el cambio de apellido del Presidente boliviano solo mantiene la intolerancia del pasado. La sociedad boliviana ha cambiado y su identificación indígena es plena y constante.

* es PHD, docente e investigador de Economices On The Move. Fue profesor eminente en la Columbus State University, Georgia. Correo: [email protected]

Después una campaña política polarizante, llena de animosidad contra la población latina-estadounidense, los dos partidos políticos de Estados Unidos tienen algo que celebrar. Los republicanos mantuvieron su hegemonía en el Senado, mientras que los demócratas recuperaron el liderazgo de la Cámara de Representantes en el Congreso. Ahora tienen el mentón levantado, un camino con menos fricciones y un proyecto político restablecido. Sin embargo, el gran triunfo es del pueblo norteamericano, porque su electorado reafirmó su creencia en un sistema de gobierno basado en los controles y balances; mecanismos políticos que tanta falta nos hace en Bolivia y en el resto de América Latina.

La llegada de Trump a la Casa Blanca despertó los fantasmas más retrógrados de la sociedad norteamericana y de mundo. Los grupos más radicales de ese país, incluyendo a racistas neonazis y filósofos del darwinismo social, entre otros, encontraron en Trump a un líder ideal para propagar su agenda política social altamente chovinista y racista. El comportamiento del Presidente norteamericano no solo ha estado debilitando gradualmente las instituciones de Estados Unidos, sino que además su retórica polarizadora ha desestimado ostensiblemente, con mentiras, el trabajo loable de los medios de comunicación, a los que calificó como diseminadores de información falsa.

Trump había optado por una estrategia muy similar a aquellos líderes políticos populistas, quienes, al verse acosados por los mecanismos de control del Estado y la sociedad, terminan por confrontarlos, sancionarlos y, finalmente, prohibir su accionar libre dentro de la sociedad. Al final encuentran excusas para consolidar un sistema dictatorial-autoritario utilizando los mismos mecanismos democráticos que los ponen en el poder, y sustentan la excusa que lo hacen porque “velan por los intereses del pueblo”. Todos sabemos que lo anterior son puras mentiras.

Al Gobierno norteamericano se le puede acusar de imperialismo, de manipular la desestabilización de gobiernos en América Latina en periodos anteriores, y de promover recientemente una política económica que beneficia a sus entidades transnacionales; pero a su sistema político de controles y balances nunca se le puede juzgar de inoperancia. En este país los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se controlan mutuamente. El Congreso puede, si la situación amerita, procesar al presidente por desacato a la ley, y puede sancionarlo con un impeachment, desalojándolo de sus funciones en forma vergonzosa.

Los demócratas, ahora con pleno dominio en la Cámara de Representantes, tendrán en mente apoyar la investigación del fiscal independiente Robert Mueller en torno a la participación de Donald Trump en la operación rusa, que supuestamente permitió su llegada a la Casa Blanca. Es muy probable que Mueller no encuentre una relación directa de participación entre Trump y el Gobierno de Rusia, pero es posible que su informe incluya otros delitos federales, como la evasión de impuestos y mentir bajo juramento; los cuales son violaciones que no tienen perdón ni por las autoridades ni por la población norteamericana, ni mucho menos por las leyes anglosajonas.

En este sentido, la victoria de los demócratas es una victoria del proceso democrático y de los mecanismos de control y balances del Gobierno de Estados Unidos. Durante el dominio de los republicanos en el Congreso, Donald Trump actuaba de acuerdo con sus propias convicciones, propagando mentiras a diestra y siniestra, sin ningún miedo a ser castigado. Sin embargo hoy, con un partido opositor en la Cámara de Representantes, sus abusos serán limitados ostensiblemente. Los controles y balances funcionan en Estados Unidos y es una meta innegable a lograr en el nuestro.

El neoliberalismo se inició con la dictadura de Augusto Pinochet. Chile fue el conejillo de indias, el primer laboratorio del monetarismo económico. Luego, el gobierno de Margaret Thatcher lo regionalizó en Europa, pero fue la Administración Reagan (1981-1989) de Estados Unidos la que lo universalizó e hizo en América Latina un nido sin fronteras.

A más de tres décadas después de su universalización, el neoliberalismo está herido. Le han acertado un golpe estratégico para despertarlo, reanimarlo y dotarle de más energía.  El mismo país que lo propagó alrededor del mundo, también se está encargando de dosificarlo.

El gobierno de Donald Trump maquinó una contienda económica para revitalizar al neoliberalismo y alargar su vida. Desde enero de este año se empeñó en establecer una guerra comercial que no solo involucra a sus enemigos, sino también a sus aliados.

Las políticas proteccionistas trumpistas son similares al “acoso escolar”. Primero, dar el golpe inicial al enemigo y/o socio comercial. Luego, después de una reacción, inmediatamente infringirle otra dosis de castigos. Finalmente, una vez que el socio o enemigo se muestra maltrecho, Estados Unidos abre una ronda de diálogos para firmar un tratado completamente a su favor.

Así es como sobrellevó el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCN) y de esa manera pretende establecer relaciones comerciales con otros países. Inicialmente, el gobierno de Trump desistió extender la firma del TLCN con sus similares de México y Canadá, argumentando tasas deficitarias en su contra. En 1917 hubo un déficit comercial de 71.000 millones de dólares a favor a México, mientras que con Canadá fue 17.100 millones de dólares.

En parte, la estrategia de Donald Trump funcionó debido a la premura del gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto de mantener relaciones comerciales y no crear problemas económicos en su país.  Por otra parte, Peña Nieto se encuentra a meses de dejar el poder y no tuvo un argumento sólido contra el revanchismo de Trump.

Sin embargo, México sobrevivió y no le fue mal. El tratado fue firmado bilateralmente con mínimas enmiendas y ahora tiene que ser aprobado por sus respectivos congresos para que tenga efecto en 2020.  Algo muy similar sucedió con Canadá.

El problema de Trump es utilizar está estrategia revanchista con otra potencia mundial. En junio, el Gobierno norteamericano incrementó en un 25% de aranceles a cientos de productos chinos que sumados resultan $us 34.000 millones. En agosto se añadieron otros productos por $us 16.000 millones y en septiembre, $us 200.000 millones.

Por su parte, el Gobierno de China también anunció incremento de aranceles a más de 125 productos provenientes de Estados Unidos. Uno de los sectores más afectados en Estados Unidos es la agricultura.

En este caso, la balanza está a favor de los chinos por simples ventajas comparativas.  China es un generador de riqueza material que se ha diversificado su venta alrededor del mundo. La mano de obra sigue siendo más barata en China que en cualquier otro lugar del mundo, a excepción de África. Estados Unidos tiene el mejor mercado mundial, pero ya no es el mejor productor de bienes.

Donald Trump pretende manejar al Gobierno norteamericano como una empresa. Le gusta negociar desde una instancia de poder para sacar provecho y alargar la vida del neoliberalismo. Eso funciona con economías pequeñas, pero el régimen chino es un monstruo económico que no permite que le tuerzan la mano.

* Ph.D., es docente e investigador  de la Universidad Juan de Castellanos, Colombia; actualmente está de visita como profesor eminente en Columbus State University, Georgia (EEUU). Correo: [email protected]