A principios de los años 80 se estrenó una película de género comedia titulada Y dónde está el piloto, en la que el piloto del vuelo de Trans American, al igual que los pasajeros, sufre una intoxicación alimentaria, deja de pilotear la aeronave, desatando el pánico entre los pasajeros. El título de ese filme muy bien podría asociarse a la actual coyuntura nacional, donde millones de bolivianos se preguntan: ¿Y dónde está el dólar? El filme es una comedia; en cambio, la realidad económica boliviana es una tragedia.

Hace dos semanas, después de cuatro años de constantes mentiras, el presidente Luis Arce Catacora admitió que su gobierno no dispone de los suficientes dólares para importar combustibles que gran falta hace al país. Por más de tres años, la actual administración política aprovechó cualquier acto para afirmar que la economía nacional era una de las más estables de la región y que la industrialización nacional avanzaba a “paso de parada”. Sin embargo, la realidad era otra, pues la falta de dólares se profundizó, la supuesta industrialización no daba frutos y la escasez de combustibles se ha convertido en el pan de cada día. La escasez de carburantes es por la iliquidez existente y no por factores externos como quiso hacer creer el Gobierno.

Causaba vergüenza escuchar a Arce Catacora cuando se refería, hace unos meses, que una empresa de industrialización de papa instalada en la ciudad de El Alto estaba produciendo y comercializando papas en todos sus derivados. Faltó un poco para que el Presidente diga que las papas fritas eran más crujientes y más sabrosas que las famosas Lays.

La grave situación económica por la que atraviesa el país se debe a que el gobierno de Arce Catacora no se preocupó en administrar correctamente los casi 14.000 millones de dólares que habían sido captados durante la gestión del expresidente Evo Morales. El actual Gobierno gastó los recursos económicos en desprestigiar a su antecesor, comprando conciencias políticas, pagando grandes sumas de dinero a dirigentes sindicales, inflando el aparato estatal, aumentando la pauta publicitaria en medios de comunicación y pagando sumas astronómicas a periodistas para que escriban o hablen loas a favor de la administración Arce Catacora. A esto se suma la galopante corrupción del cual están involucrados diferentes personajes gubernamentales; además, de las constantes denuncias de corrupción que involucran al entorno familiar del presidente.

El diputado del ala evista Héctor Arce constantemente se refiere a hechos de corrupción en el que estarían involucrados Marcelo Arce Mosqueira y Rafael Arce Mosqueira (hijos del presidente Arce Catacora). Las denuncias contra Marcelo están encaminadas a supuestos negocios relacionados con Yacimientos Petrolíferos Fiscales bolivianos (YPFB) en la compra de gasolina y diésel, mediante una empresa registrada con “palos blancos”. También es señalado en beneficiarse con los contratos de adjudicación a empresas chinas y rusas con la explotación del litio. Con relación a Rafael, el diputado afirma que éste ha realizado 24 viajes en un año a diferentes países del mundo con un gasto estimado de medio millón de bolivianos en pasajes y estadía; además, pidió al Fiscal General del Estado realizar una investigación de ambos casos por ganancias ilícitas.

Recientemente, el portal digital argentino Letra P reveló un presunto esquema de corrupción en la venta de combustibles, que involucraría a la familia del presidente Luis Arce y al grupo empresarial Valdivia. Según el medio, en Bolivia opera un esquema de intermediación de combustible a través de Botrading, una subsidiaria de YPFB instalada en Paraguay. Esta empresa habría comprado combustible a precios inflados, generando presuntas ganancias ilícitas para un círculo de poder ligado a Marcelo Arce Mosqueira y al empresario Eduardo Valdivia, propietario del periódico cochabambino Los Tiempos. En Cochabamba se habla de la conformación de una nueva casta de jóvenes políticos unidos por sus vínculos de amistad que tratarán, en el mediano plazo, de hacerse con el poder: los Arce Mosqueira, los Valdivia y los Reyes Villa (hijos del actual alcalde Manfred Reyes Villa).

El panorama político de la oposición boliviana se encuentra en una encrucijada. A finales de marzo se llevarán a cabo tres encuestas simultáneas para definir al candidato del denominado Bloque de Unidad, una alianza que agrupa a partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y figuras públicas con el objetivo de enfrentar las elecciones generales de 2025 con un solo postulante. Según lo anunciado, los resultados estarán disponibles en abril, y quien obtenga la mayor preferencia será el candidato de consenso.

En la contienda permanecen Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga Ramírez y Amparo Ballivián, tres figuras ampliamente conocidas en la política nacional. Todos han declarado públicamente su compromiso de acatar el resultado y respaldar al ganador. Sin embargo, en este proceso de selección, surge una incógnita incómoda tanto para los candidatos como para sus seguidores: ¿qué sucederá si la opción con mayor respaldo no es ninguna de estas figuras? Si la suma de las respuestas “Ninguno” y “No sabe/No responde” supera el porcentaje del mejor ubicado, ¿se apartarán de la carrera en coherencia con su discurso de renovación o insistirán en postularse pese al evidente rechazo ciudadano?

Desde hace meses, los principales actores de este bloque han insistido en la necesidad de construir una alternativa fresca y diferente, que conecte con una ciudadanía desencantada con la política tradicional. Han prometido renovación, nuevos liderazgos y una oposición capaz de articular un verdadero cambio. Sin embargo, la verdadera prueba de este discurso llegará con los resultados de las encuestas. Si los bolivianos dejan claro que prefieren una renovación real y que ninguno de los candidatos actuales los representa, la oposición tendrá que decidir si está dispuesta a escuchar el mensaje o si caerá en la contradicción de continuar con los mismos rostros de siempre.

El dilema es evidente: ¿tendrán la valentía de dar un paso al costado y permitir la aparición de nuevos liderazgos? ¿O persistirán en una candidatura sin respaldo ciudadano, confiando en la maquinaria electoral y en el desgaste del oficialismo como única estrategia para llegar al poder?

Más allá de quién encabece las encuestas, este proceso no solo definirá a un candidato, sino que pondrá a prueba la credibilidad y coherencia de la oposición. Si realmente buscan convertirse en una alternativa seria, deben demostrar que están dispuestos a escuchar al electorado y actuar en consecuencia. Ignorar el mensaje de la ciudadanía y aferrarse a candidaturas sin legitimidad popular sería un error que podría sellar su destino antes incluso de la contienda electoral.

Abril traerá consigo una respuesta que definirá no solo al candidato del Bloque de Unidad, sino también el rumbo de la oposición. La gran interrogante es si los protagonistas de este bloque están listos para aceptar las consecuencias de un resultado que podría desafiar su continuidad política y exponer las fisuras de un frente que, hasta ahora, sigue sin demostrar que realmente encarna el cambio que promete.

Recientemente se ha establecido el Fondo de Capital de Riesgo para Emprendimientos Innovadores (Fondo Startup) mediante Resolución Ministerial 036, iniciativa orientada al fortalecimiento de startup bolivianas en el ámbito de las exportaciones y la producción nacional, enfocada en la sustitución de importaciones, impulsando así un ecosistema emprendedor robusto y dinámico en Bolivia.

Las startup son empresas emergentes que se caracterizan por su espíritu innovador y su capacidad de crecimiento, naciendo a partir de ideas disruptivas que, a través de productos o servicios novedosos, tienen el potencial de transformar sectores económicos tradicionales. Por otra parte, el capital de riesgo es una modalidad de financiamiento destinada a empresas con alto potencial de crecimiento; esta forma de inversión permite a los emprendedores contar con los recursos necesarios para desarrollar y escalar sus proyectos, mientras que los inversores asumen una parte del riesgo a cambio de una participación en la empresa.

La relación entre el capital de riesgo y las startup es importante: los inversores no solo aportan recursos financieros, sino que también ofrecen asesoramiento estratégico y acceso a redes de contactos, elementos esenciales para el éxito de las startup. En este sentido, el Fondo Startup tiene la particularidad de que, a través de este mecanismo, el Estado boliviano se convierte en un facilitador de estos recursos, promoviendo la innovación y el emprendimiento en el país.

El Fondo Startup beneficiará a aquellos emprendimientos con alto potencial de crecimiento que se caractericen por su capacidad innovadora y el uso de herramientas basadas en tecnologías de la información y la comunicación, que se constituyan en el ámbito de las exportaciones y la producción nacional orientada a la sustitución de importaciones, otorgándoles capital de riesgo a través del Banco de Desarrollo Productivo Sociedad Anónima Mixta (BDP – SAM) o mediante empresas aceleradoras.

Para acceder al Fondo Startup, los emprendimientos deberán demostrar viabilidad financiera, operativa y estratégica; además, deberán tener una situación crediticia sin operaciones vencidas, en ejecución o castigadas en el sistema financiero, y cumplir con los requisitos establecidos por el BDP SAM.

Este fondo tendrá un impacto significativo en los jóvenes emprendedores y personas innovadoras, proporcionándoles los recursos, el acompañamiento y las oportunidades necesarias para transformar sus ideas en proyectos exitosos. Es fundamental que los jóvenes, emprendedores y cualquier persona con una idea innovadora, aprovechen esta iniciativa, ya que les ofrecerá las herramientas clave para desarrollar sus proyectos, generando un impacto positivo en la comunidad, la economía y el país; además, se contribuirá a la diversificación económica, la creación de empleo y el fortalecimiento de una cultura de innovación, lo que, a su vez, potenciará el desarrollo económico a nivel nacional.

En el siglo XXI, Sudamérica no estuvo libre de conflictos políticos que pusieron en vilo a la diplomacia de la región. Algunas de estas disputas fueron resueltas a través del diálogo y la negociación; otras, en cambio, requirieron la intervención de la ONU con la Corte Internacional de Justicia (CIJ). A pesar de haber adoptado estos medios de resolución pacífica, algunas disputas siguen vigentes y otras se han intensificado con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, en enero de 2025.

Revisemos algunos conflictos: i) La disputa marítima entre Perú y Chile (2008-2014), en la cual el Perú reclamó a Chile la propiedad de un territorio marítimo que estaba siendo utilizado por este país con fines económicos. La demanda de una delimitación clara, solicitada por el Perú con base en los tratados de 1952 y 1954, fue resuelta con un fallo de la CIJ en enero de 2014. ii) La ruptura de relaciones diplomáticas instruida por Nicolás Maduro, que enfrentó a Colombia y Venezuela entre 2019 y 2022, debido a que Iván Duque, presidente de Colombia, reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, en lugar de Maduro. La sanción fue la expulsión de diplomáticos colombianos y el cierre de pasos fronterizos, lo cual obstruyó el comercio bilateral y el flujo migratorio. La crisis diplomática provocó acusaciones de financiamiento a grupos guerrilleros y planes conspirativos en contra del gobierno venezolano. iii) La disputa entre Venezuela y Guyana (vigente). Quizás uno de los conflictos territoriales más antiguos y complejos de la región, en el cual Venezuela reclama la soberanía sobre el territorio del Esequibo que representa cerca del 70% de Guyana. Si bien el conflicto es de larga data, las tensiones aumentaron en 2015 con el descubrimiento de petróleo por parte de la empresa Exxon Mobil. Venezuela denunció a Guyana por otorgar concesiones petroleras en una zona en litigio, y en 2018 Guyana llevó el caso a la CIJ para confirmar la validez del Laudo Arbitral de Paris de 1899. Las tensiones continúan hasta la fecha.

Bolivia también tuvo una conflictiva agenda diplomática, la demanda marítima contra Chile (2013-2018) presentada ante la CIJ, en la cual solicitó que se obligue a Chile a negociar el acceso al océano Pacífico; la demanda de Chile (2016-2022) sobre la disputa del estatus y el uso de las aguas del Silala. En ambos casos, los fallos fueron desfavorables para el Estado boliviano. A estas acciones se suma el conflicto diplomático con Venezuela en 2019, a raíz del reconocimiento que hizo Jeanine Áñez a Juan Guaidó como presidente de ese país. Entre 2019 y 2020, también se afectaron las relaciones con Cuba y México, no es arriesgado decir que, en ese periodo, Bolivia experimentó una de las peores crisis en la administración de su diplomacia.

Otras tensiones surgieron entre Bolivia y Argentina por la construcción de un alambrado en la frontera entre los dos países. El argumento fue combatir el contrabando de bienes, el narcotráfico y la trata de personas. Asimismo, la llegada de Trump a la presidencia de los EEUU generó una fuerte crisis diplomática en muchos países de Latinoamérica, de la cual Bolivia no está exenta: la deportación de los migrantes latinos indocumentados. Las condiciones impuestas por EEUU vulneran el derecho de los migrantes a ser tratados con dignidad humana y los Estados tienen la obligación de aplicar el conjunto de disposiciones en materia de derechos humanos. Sin embargo, eso no ocurre. Hace poco EEUU arremetió contra Colombia por la decisión de Gustavo Petro de no autorizar el arribo de aviones norteamericanos que transportaban migrantes deportados. La represalia se tradujo en el aumento de aranceles a productos colombianos exportados a EEUU, revocación de visas a funcionarios del gobierno y el cierre de oficinas para emisión de visas a ciudadanos colombianos, entre otras medidas. 

Con respecto a lo último, el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas imponen a los Estados la obligación de solucionar sus controversias internacionales por medios pacíficos, a través de una negociación directa entre las partes en conflicto, sin recurrir al uso de la fuerza o a la coerción.

(*) Evaristo Mamani Taquichiri es abogado y docente universitario

El martes 18 de febrero, día nublado y lluvioso, fue el escenario de la realización del Encuentro Multipartidario, en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, ubicadas en la Plaza Abaroa, para establecer acuerdos para la realización de las Elecciones Generales de 2025; al mismo tiempo, en las afueras, se oían voces de mujeres diversas, que pedían el cumplimiento del principio de paridad y alternancia a la hora de las postulaciones a las diferentes candidaturas.

La lectura de los 15 puntos del Acuerdo del Encuentro, refleja que  el Órgano Electoral Plurinacional está viviendo una fragilidad institucional preocupante, toda vez que para cumplir sus competencias establecidas por norma (Ley No 018), pide “respaldo” a dos Órganos del Estado (Ejecutivo y Legislativo) y a las Organizaciones Políticas para realizar sus acciones, que dicho sea de paso que la mayoría de los puntos son de carácter administrativo, como acceso a recursos para la ejecución de las elecciones, para el voto en el exterior, para la implementación del Sistema de Trasmisión de Resultados Electorales Parciales (TREP), para el saneamiento y depuración del Padrón electoral, etc, etc.

Lea: Octubre loco

Solo dos puntos —aunque reiterativos de los mandatos constitucionales— hacen alusión, por un lado, a la inclusión de las mujeres en la lista de candidatas y candidatos y, por el otro, el establecimiento de debates obligatorios entre candidatos y candidatas a la presidencia y la vicepresidencia. En todo caso, serán la base y nicho de oportunidad para la vigilancia, exigibilidad y movilización que realicen las mujeres en este período preelectoral, a fin de profundizar la democracia y la visión de país para avanzar en la igualdad e inclusión.

Claro, no basta mirar solo al TSE, sino también a  las Organizaciones Políticas, porque por ley ( Ley N° 1996), son las que deben garantizar la democracia representativa, a través de las postulaciones de candidatas y candidatos a todos los puestos sometidos al voto ciudadano y en su propia estructura organizativa interna; sin embargo, se registran limitaciones, sobre todo para las postulaciones a los puestos de jerarquía ejecutiva, como para la Presidencia, Vicepresidencia del país, para los Gobiernos Autónomos Departamentales, los Gobiernos Autónomos Municipales. Las cifras disponibles a la fecha son elocuentes y reflejan la limitada presencia de mujeres en estos puestos ejecutivos y esta es una deuda tangible de la democracia, por ello (las mujeres) se movilizan y ejercen vigilancia permanente. Dicho sea de paso, que los avances en la normativa para promover el derecho de las mujeres a la participación política es producto de la larga y sostenida lucha de las propias mujeres, de diversos sectores.

Llama la atención que la lista que circula de precandidaturas a la presidencia es predominantemente masculina, lo que hace suponer que las mujeres solo podrían aspirar a postularse como candidatas a la vicepresidencia. El mismo día del Encuentro el precandidato Reyes Villa fue entrevistado por un medio, que le preguntó: ¿Será una mujer su acompañante a la vicepresidencia? El responde: “Hay muchas mujeres capaces; pero no se animan a entrar en la política”; esta respuesta da pie para poner en mesa el análisis y reflexión sobre el porqué las mujeres no ingresan a la arena política y sin duda alguna una causa estructural es la violencia política que viven las mujeres electas, como violación evidente a sus derechos políticos y al derecho fundamental a la vida; pese a la Ley N° 243, contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, establece mecanismos para prevenir, atender y sancionar estos actos; sin embargo, la impunidad abusiva y la imposibilidad de la reparación del derecho vulnerado campean por la debilidad del sistema judicial. El caso paradigmático de violencia política seguida de muerte es el asesinato de la concejala Juana Quispe, que, luego de más de 11 años de búsqueda de justicia, se emitió una sentencia.

Testimonios de mujeres electas, que vivieron violencia política en los espacios donde se  desempeñan, refieren haber pasado también violencia al interior de sus hogares por no cumplir los mandatos del poder patriarcal, naturalizado socialmente, que reduce el rol de las mujeres a la reproducción biológica, a las tareas de cuidados, debido a una injusta división sexual del trabajo; situación que se agrava cuando tienen hijas, hijos y además tienen que trasladarse a un lugar distinto a la de su domicilio.

Entonces, para las mujeres ingresar a la arena política, implica exponerse a una serie de riesgos, en la familia, la sociedad, las instituciones, toda vez que tienen que romper barreras, prácticas, imaginarios machistas, con costos personales enormes, porque vivimos una democracia restringida que aún no ha tocado las puertas de los hogares, ni creado condiciones para desestructurar los sistemas patriarcales vigentes.

A 43 años de haber recuperado la democracia y 16 años de aprobada la Constitución Política del Estado, que ha permitido pasar de una democracia liberal a una democracia participativa,  paritaria e intercultural, es hora de ampliar la democracia a un concepto explícito de redistribución equitativa de la riqueza, de los beneficios del desarrollo —salud, educación, tecnología, generación de ingresos, entre otros—, del trabajo de cuidados como columna vertebral de la vida; solo así se avanzará en el ejercicio pleno de derechos de hombres y mujeres. En torno a estos temas, las mujeres quieren escuchar las propuestas de políticas públicas, planes y presupuestos.

(*) Ana Quiroga Morales es ciudadana de la tercera edad y militante por los derechos de las mujeres