Recientemente se ha establecido el Fondo de Capital de Riesgo para Emprendimientos Innovadores (Fondo Startup) mediante Resolución Ministerial 036, iniciativa orientada al fortalecimiento de startup bolivianas en el ámbito de las exportaciones y la producción nacional, enfocada en la sustitución de importaciones, impulsando así un ecosistema emprendedor robusto y dinámico en Bolivia.

Las startup son empresas emergentes que se caracterizan por su espíritu innovador y su capacidad de crecimiento, naciendo a partir de ideas disruptivas que, a través de productos o servicios novedosos, tienen el potencial de transformar sectores económicos tradicionales. Por otra parte, el capital de riesgo es una modalidad de financiamiento destinada a empresas con alto potencial de crecimiento; esta forma de inversión permite a los emprendedores contar con los recursos necesarios para desarrollar y escalar sus proyectos, mientras que los inversores asumen una parte del riesgo a cambio de una participación en la empresa.

La relación entre el capital de riesgo y las startup es importante: los inversores no solo aportan recursos financieros, sino que también ofrecen asesoramiento estratégico y acceso a redes de contactos, elementos esenciales para el éxito de las startup. En este sentido, el Fondo Startup tiene la particularidad de que, a través de este mecanismo, el Estado boliviano se convierte en un facilitador de estos recursos, promoviendo la innovación y el emprendimiento en el país.

El Fondo Startup beneficiará a aquellos emprendimientos con alto potencial de crecimiento que se caractericen por su capacidad innovadora y el uso de herramientas basadas en tecnologías de la información y la comunicación, que se constituyan en el ámbito de las exportaciones y la producción nacional orientada a la sustitución de importaciones, otorgándoles capital de riesgo a través del Banco de Desarrollo Productivo Sociedad Anónima Mixta (BDP – SAM) o mediante empresas aceleradoras.

Para acceder al Fondo Startup, los emprendimientos deberán demostrar viabilidad financiera, operativa y estratégica; además, deberán tener una situación crediticia sin operaciones vencidas, en ejecución o castigadas en el sistema financiero, y cumplir con los requisitos establecidos por el BDP SAM.

Este fondo tendrá un impacto significativo en los jóvenes emprendedores y personas innovadoras, proporcionándoles los recursos, el acompañamiento y las oportunidades necesarias para transformar sus ideas en proyectos exitosos. Es fundamental que los jóvenes, emprendedores y cualquier persona con una idea innovadora, aprovechen esta iniciativa, ya que les ofrecerá las herramientas clave para desarrollar sus proyectos, generando un impacto positivo en la comunidad, la economía y el país; además, se contribuirá a la diversificación económica, la creación de empleo y el fortalecimiento de una cultura de innovación, lo que, a su vez, potenciará el desarrollo económico a nivel nacional.

En el siglo XXI, Sudamérica no estuvo libre de conflictos políticos que pusieron en vilo a la diplomacia de la región. Algunas de estas disputas fueron resueltas a través del diálogo y la negociación; otras, en cambio, requirieron la intervención de la ONU con la Corte Internacional de Justicia (CIJ). A pesar de haber adoptado estos medios de resolución pacífica, algunas disputas siguen vigentes y otras se han intensificado con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, en enero de 2025.

Revisemos algunos conflictos: i) La disputa marítima entre Perú y Chile (2008-2014), en la cual el Perú reclamó a Chile la propiedad de un territorio marítimo que estaba siendo utilizado por este país con fines económicos. La demanda de una delimitación clara, solicitada por el Perú con base en los tratados de 1952 y 1954, fue resuelta con un fallo de la CIJ en enero de 2014. ii) La ruptura de relaciones diplomáticas instruida por Nicolás Maduro, que enfrentó a Colombia y Venezuela entre 2019 y 2022, debido a que Iván Duque, presidente de Colombia, reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, en lugar de Maduro. La sanción fue la expulsión de diplomáticos colombianos y el cierre de pasos fronterizos, lo cual obstruyó el comercio bilateral y el flujo migratorio. La crisis diplomática provocó acusaciones de financiamiento a grupos guerrilleros y planes conspirativos en contra del gobierno venezolano. iii) La disputa entre Venezuela y Guyana (vigente). Quizás uno de los conflictos territoriales más antiguos y complejos de la región, en el cual Venezuela reclama la soberanía sobre el territorio del Esequibo que representa cerca del 70% de Guyana. Si bien el conflicto es de larga data, las tensiones aumentaron en 2015 con el descubrimiento de petróleo por parte de la empresa Exxon Mobil. Venezuela denunció a Guyana por otorgar concesiones petroleras en una zona en litigio, y en 2018 Guyana llevó el caso a la CIJ para confirmar la validez del Laudo Arbitral de Paris de 1899. Las tensiones continúan hasta la fecha.

Bolivia también tuvo una conflictiva agenda diplomática, la demanda marítima contra Chile (2013-2018) presentada ante la CIJ, en la cual solicitó que se obligue a Chile a negociar el acceso al océano Pacífico; la demanda de Chile (2016-2022) sobre la disputa del estatus y el uso de las aguas del Silala. En ambos casos, los fallos fueron desfavorables para el Estado boliviano. A estas acciones se suma el conflicto diplomático con Venezuela en 2019, a raíz del reconocimiento que hizo Jeanine Áñez a Juan Guaidó como presidente de ese país. Entre 2019 y 2020, también se afectaron las relaciones con Cuba y México, no es arriesgado decir que, en ese periodo, Bolivia experimentó una de las peores crisis en la administración de su diplomacia.

Otras tensiones surgieron entre Bolivia y Argentina por la construcción de un alambrado en la frontera entre los dos países. El argumento fue combatir el contrabando de bienes, el narcotráfico y la trata de personas. Asimismo, la llegada de Trump a la presidencia de los EEUU generó una fuerte crisis diplomática en muchos países de Latinoamérica, de la cual Bolivia no está exenta: la deportación de los migrantes latinos indocumentados. Las condiciones impuestas por EEUU vulneran el derecho de los migrantes a ser tratados con dignidad humana y los Estados tienen la obligación de aplicar el conjunto de disposiciones en materia de derechos humanos. Sin embargo, eso no ocurre. Hace poco EEUU arremetió contra Colombia por la decisión de Gustavo Petro de no autorizar el arribo de aviones norteamericanos que transportaban migrantes deportados. La represalia se tradujo en el aumento de aranceles a productos colombianos exportados a EEUU, revocación de visas a funcionarios del gobierno y el cierre de oficinas para emisión de visas a ciudadanos colombianos, entre otras medidas. 

Con respecto a lo último, el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas imponen a los Estados la obligación de solucionar sus controversias internacionales por medios pacíficos, a través de una negociación directa entre las partes en conflicto, sin recurrir al uso de la fuerza o a la coerción.

(*) Evaristo Mamani Taquichiri es abogado y docente universitario

El martes 18 de febrero, día nublado y lluvioso, fue el escenario de la realización del Encuentro Multipartidario, en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, ubicadas en la Plaza Abaroa, para establecer acuerdos para la realización de las Elecciones Generales de 2025; al mismo tiempo, en las afueras, se oían voces de mujeres diversas, que pedían el cumplimiento del principio de paridad y alternancia a la hora de las postulaciones a las diferentes candidaturas.

La lectura de los 15 puntos del Acuerdo del Encuentro, refleja que  el Órgano Electoral Plurinacional está viviendo una fragilidad institucional preocupante, toda vez que para cumplir sus competencias establecidas por norma (Ley No 018), pide “respaldo” a dos Órganos del Estado (Ejecutivo y Legislativo) y a las Organizaciones Políticas para realizar sus acciones, que dicho sea de paso que la mayoría de los puntos son de carácter administrativo, como acceso a recursos para la ejecución de las elecciones, para el voto en el exterior, para la implementación del Sistema de Trasmisión de Resultados Electorales Parciales (TREP), para el saneamiento y depuración del Padrón electoral, etc, etc.

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Solo dos puntos —aunque reiterativos de los mandatos constitucionales— hacen alusión, por un lado, a la inclusión de las mujeres en la lista de candidatas y candidatos y, por el otro, el establecimiento de debates obligatorios entre candidatos y candidatas a la presidencia y la vicepresidencia. En todo caso, serán la base y nicho de oportunidad para la vigilancia, exigibilidad y movilización que realicen las mujeres en este período preelectoral, a fin de profundizar la democracia y la visión de país para avanzar en la igualdad e inclusión.

Claro, no basta mirar solo al TSE, sino también a  las Organizaciones Políticas, porque por ley ( Ley N° 1996), son las que deben garantizar la democracia representativa, a través de las postulaciones de candidatas y candidatos a todos los puestos sometidos al voto ciudadano y en su propia estructura organizativa interna; sin embargo, se registran limitaciones, sobre todo para las postulaciones a los puestos de jerarquía ejecutiva, como para la Presidencia, Vicepresidencia del país, para los Gobiernos Autónomos Departamentales, los Gobiernos Autónomos Municipales. Las cifras disponibles a la fecha son elocuentes y reflejan la limitada presencia de mujeres en estos puestos ejecutivos y esta es una deuda tangible de la democracia, por ello (las mujeres) se movilizan y ejercen vigilancia permanente. Dicho sea de paso, que los avances en la normativa para promover el derecho de las mujeres a la participación política es producto de la larga y sostenida lucha de las propias mujeres, de diversos sectores.

Llama la atención que la lista que circula de precandidaturas a la presidencia es predominantemente masculina, lo que hace suponer que las mujeres solo podrían aspirar a postularse como candidatas a la vicepresidencia. El mismo día del Encuentro el precandidato Reyes Villa fue entrevistado por un medio, que le preguntó: ¿Será una mujer su acompañante a la vicepresidencia? El responde: “Hay muchas mujeres capaces; pero no se animan a entrar en la política”; esta respuesta da pie para poner en mesa el análisis y reflexión sobre el porqué las mujeres no ingresan a la arena política y sin duda alguna una causa estructural es la violencia política que viven las mujeres electas, como violación evidente a sus derechos políticos y al derecho fundamental a la vida; pese a la Ley N° 243, contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, establece mecanismos para prevenir, atender y sancionar estos actos; sin embargo, la impunidad abusiva y la imposibilidad de la reparación del derecho vulnerado campean por la debilidad del sistema judicial. El caso paradigmático de violencia política seguida de muerte es el asesinato de la concejala Juana Quispe, que, luego de más de 11 años de búsqueda de justicia, se emitió una sentencia.

Testimonios de mujeres electas, que vivieron violencia política en los espacios donde se  desempeñan, refieren haber pasado también violencia al interior de sus hogares por no cumplir los mandatos del poder patriarcal, naturalizado socialmente, que reduce el rol de las mujeres a la reproducción biológica, a las tareas de cuidados, debido a una injusta división sexual del trabajo; situación que se agrava cuando tienen hijas, hijos y además tienen que trasladarse a un lugar distinto a la de su domicilio.

Entonces, para las mujeres ingresar a la arena política, implica exponerse a una serie de riesgos, en la familia, la sociedad, las instituciones, toda vez que tienen que romper barreras, prácticas, imaginarios machistas, con costos personales enormes, porque vivimos una democracia restringida que aún no ha tocado las puertas de los hogares, ni creado condiciones para desestructurar los sistemas patriarcales vigentes.

A 43 años de haber recuperado la democracia y 16 años de aprobada la Constitución Política del Estado, que ha permitido pasar de una democracia liberal a una democracia participativa,  paritaria e intercultural, es hora de ampliar la democracia a un concepto explícito de redistribución equitativa de la riqueza, de los beneficios del desarrollo —salud, educación, tecnología, generación de ingresos, entre otros—, del trabajo de cuidados como columna vertebral de la vida; solo así se avanzará en el ejercicio pleno de derechos de hombres y mujeres. En torno a estos temas, las mujeres quieren escuchar las propuestas de políticas públicas, planes y presupuestos.

(*) Ana Quiroga Morales es ciudadana de la tercera edad y militante por los derechos de las mujeres

El boomerang es un arma arrojadiza, generalmente de madera, cuya característica principal es el hecho de que, si no impacta en su objetivo, regresa con la misma fuerza a su punto de origen. Los boomerangs de madera más antiguos descubiertos provienen de Wyrie Swamp en Australia del Sur. La política económica con relación a los dólares asumida en febrero del año 2023 en Bolivia, de la mano del Banco Central de Bolivia y el Banco Unión puede considerarse un boomerang, que, al no impactar en su objetivo (generar más dólares en el país), regresó violentamente en contra de la economía de Bolivia.

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El problema de los dólares en Bolivia se generó en febrero del 2023, cuando el Banco Central de Bolivia y el Banco Unión definían un “Tipo de cambio competitivo” para exportadores. En los hechos imponían 2 tipos de cambio diferentes. Uno para exportadores a 6,86 y otro para el resto de la población a 6,96. El presidente del BCB ese año, Edwin Rojas, informó que la medida tenía el objetivo de incentivar las exportaciones y mejorar el desempeño de ese sector, además de dar certidumbre a las ventas que realicen al exterior. Era una medida para los sectores empresariales privados mercantiles dándoles una facilidad más, olvidándose del resto de la población.

Aquel entonces el presidente del Banco Central dijo lo siguiente: “El Banco Central comprará dólares generados por el sector privado a un tipo de cambio competitivo entre el tipo de cambio de compra 6,86 bolivianos (por cada dólar) y el tipo oficial de venta 6,96, pero que sea superior al tipo de cambio promedio que ofrece el sistema financiero con el objetivo de incentivar la actividad de exportación”.

El objetivo se esta medida era generar un movimiento de $us 1.000 millones del sector exportador privado. Objetivo que nunca se cumplió y, más al contrario, generó temor y especulación en el resto de la población que compraba cada dólar a 6,96 que, además, no entendía por qué los exportadores tenían ese beneficio de compra a 6,86.

En los hechos esa medida generó pánico en la población que empezó a retirar su dinero en dólares del sistema financiero, generó también especulación de la divisa norteamericana en nuestro país, ocultamiento de dólares, etc. Los únicos que se beneficiaron fueron los exportadores privados, con una medida que ni siquiera era obligatoria, sino solamente voluntaria, por lo que estos privados prefirieron llevar su dinero en dólares a otros países con tasas más favorables.

Como resultados reales de esta medida se pueden mencionar la especulación de la divisa norteamericana en el país, restricciones a la población en general para mover sus dólares en el sistema financiero boliviano, generación de tipos de cambio paralelos, ya que el propio gobierno generaba 2 tipos de cambio diferentes, no tardaron todos los sectores en especular y crear sus propios tipos de cambio. Además de generar temor en la población sobre la solvencia de nuestro país con relación a los dólares norteamericanos de la mano de retiros masivos de dólares del sector financiero nacional, mismo que tuvo que imponer restricciones. También se generó una exagerada demanda de dólares y finalmente el colapso del sistema financiero con relación a la divisa norteamericana.

(*) Gabriel Villalba Pérez es abogado y magíster en Gestión de la Comunicación por el IpiCom UMSA

En el preámbulo de la Constitución Política del Estado, se señala “dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario”, con lo que se incorporan nuevos elementos transversales en todo el aparato del Estado boliviano, como la interculturalidad, la pluralidad, y la economía plural, intentando con esto generar nuevas formas de organización social, económica, jurídica y política, es decir, ir más allá de los postulados del pensamiento liberal.

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La visión del constituyente estuvo enfocada en el cambio de un modelo de Estado republicano con una económica neoliberal a un Estado plurinacional con una economía plural. Modelo económico plural en virtud al cual se ha reconocido a diferentes formas de organización económica; la comunitaria, la estatal, la social cooperativa y la privada. Los promotores de este modelo económico estuvieron esperanzados que con ella se lograría una distribución equitativa de la riqueza, para reducir la pobreza, la desigualdad social y generar mejores oportunidades para los sectores más vulnerables de la población. Sin embargo, este modelo después de 17 años expone sus debilidades poniendo a la economía del país en una encrucijada. La crisis institucional, la crisis del sistema político, situaciones permanentes de conflictividad social, han configurado un escenario alejado de la estabilidad política, del crecimiento económico y la seguridad jurídica. Un gobierno que está ausente de las necesidades de sus habitantes y débil en sus decisiones es más propenso a tomar medidas erráticas.

Ante escenario, y la probable agudización de todos estos componentes, las proyecciones de los organismos internacionales sostienen que la economía del país está ingresando a una situación crítica debido a una mayor inflación y un bajo crecimiento económico. Fitch Raiting, una de las más importantes calificadoras de riesgo crediticio internacional, bajó la calificación a Bolivia a un CCC- revelando no solo la fragilidad de las finanzas públicas del país sino también la falta de confianza en las medidas que el gobierno está ejecutando para revertir esta crítica situación. Por su lado, el Fondo Monetario Internacional en su informe “La Consulta del Artículo IV”, ha señalado que Bolivia ante su difícil situación económica, debe de llevar a cabo medidas orientadas a un ajuste fiscal. Asimismo, la Fundación Milenio en su Informe de “Milenio Sobre la Economía de Bolivia” asevero que “a raíz de la falta de soluciones oportunas y eficaces, la economía boliviana continúa en caída creando incertidumbre sobre el rumbo de la situación económica del país”. Además, Andrónico Rodríguez, en el foro “Liderazgo para un Nuevo Ciclo”, sostuvo que el “modelo del MAS, el modelo plural, ha fracasado”, y esto, en su opinión, se debe a que la administración del presidente Luis Arce se abocó exclusivamente a administrar lo público, convirtiéndose en un Estado paternalista.

Pese a este panorama sombrío en la economía, Arce Catacora —quien fue uno de los promotores de este modelo económico estatista— sostiene que continuará impulsando este modelo a fin de alcanzar la independencia económica nacional. Lo que hace pensar que Bolivia recibirá su Bicentenario sumida en una crisis política, económica y social.

Ante estos hechos, si bien hay sectores sociales afines al gobierno que respaldan este modelo plural, sin embargo, los datos y las opiniones coinciden en afirmar que el modelo económico plural ha fracasado, por lo que demandan dar un golpe de timón a la política económica, en donde se dé fin al centralismo, al intervencionismo estatal, y se promuevan nuevas políticas orientadas al crecimiento económico, al respeto a la propiedad privada, al fortalecimiento de la institucionalidad y la seguridad jurídica.

(*) Marcelo Céspedes Cuellar es abogado y politólogo