Desburocratizar implica reducir trámites, simplificar, agilizar y reestructurar; desafío que actualmente está siendo asumido por diversas entidades gubernamentales de los niveles nacional, departamental y municipal, con la finalidad de prestar a la población boliviana servicios más ágiles, eficientes y de calidad. Para el caso del Seguro Social de Corto Plazo, conformado por las diferentes cajas de salud, implica además ofrecer a los asegurados servicios humanizados, de calidad y con calidez.

Si recordamos el concurso “El peor trámite de mi vida”, desarrollado en 2011 por el Ministerio de Transparencia, entre las instituciones vulneradoras de derechos en el área de salud se mencionó a la Caja Nacional de Salud, por la burocracia existente en sus procesos administrativos y asistenciales. Sin embargo, conociendo bien que esta institución se constituye en parámetro de referencia para las demás cajas en muchos aspectos, incluidos sus procesos administrativos, es lamentable que a cinco años de haberse anunciado medidas correctivas y de seguimiento para erradicar la burocracia, a la fecha ni las autoridades del órgano rector y ni del Instituto Nacional de Seguros de Salud (Inases) han tomado medidas para desburocratizar el acceso a los servicios de salud en el Seguro Social de Corto Plazo.

Una realidad común a todas las cajas de salud del país se refleja en el proceso para la afiliación de los beneficiarios de los trabajadores (cónyuge, hijos, padres, hermanos, etc.), cuyo trámite requiere el llenado del formulario “Certificación de Cajas de Seguro”, por el cual los interesados están obligados a realizar un peregrinaje por todas las oficinas de afiliación del total existente de cajas de salud, en busca de obtener un sello que corrobore que no figuran en listas, y por cuanto no tienen doble seguro de salud.

Un segundo ejemplo es la verificación de la vigencia de derechos, que se realiza a través de sellos para refrendar los documentos emanados de la consulta médica (recetas, transferencias, órdenes de laboratorio, de imagenología, etc.), imprescindibles para obtener acceso efectivo a las prestaciones en especie que prevé el Código de Seguridad Social.

Otro paso moroso son las resoluciones de los comités de prestaciones para la compra de insumos o medicamentos, para la compra de servicios, y hasta para la afiliación de los adultos mayores padres de los asegurados titulares, cuya emisión puede demorar hasta tres meses, sin que exista instancia de reclamo para esta evidente negligencia administrativa.

Ante este escenario de silencio cómplice por parte de nuestras autoridades en salud, punto alto merecen los entes gestores que a iniciativa propia han orientado sus esfuerzos para implementar plataformas electrónicas de gestión hospitalaria y expedientes clínicos con la finalidad de optimizar los servicios que otorgan a sus asegurados; es el caso de la Caja de Salud de la Banca Privada y la Caja Petrolera de Salud.

De la misma forma, estando en posibilidades económicas, por cuenta propia los entes gestores rezagados tendrán que asumir este reto tecnológico en el corto plazo, pues es necesario poner en funcionamiento una plataforma interinstitucional, al menos para el Seguro Social de Corto Plazo, que permita compartir información estratégica (de tipo administrativo, asistencial, epidemiológico, etc.) entre las cajas y con el Estado, y así modernizar los procedimientos que hoy tornan burocrático el acceso de los bolivianos al sistema de Seguro Social de Corto Plazo.