Estafas académicas
Hay institutos cuya labor no es precisamente formar estudiantes, sino estafarlos

El último Informe La Razón alerta sobre la existencia de institutos que ofrecen carreras técnicas en el país, pero cuya labor no es precisamente formar estudiantes, sino estafarlos. No es algo que sorprenda, pues los delincuentes suelen poner la mirada en las necesidades y aspiraciones de la gente, y son muchos quienes conciben a la educación como la mejor forma de superarse.
En efecto, un periodista de este diario pudo constatar que individuos inescrupulosos emplean varias estrategias para quedarse con el dinero de jóvenes que buscan adquirir una carrera técnica, y así tener mejores posibilidades de inserción laboral. La más extendida es el establecimiento de institutos “golondrinas”. Llamados así porque son centros que operan durante pocas semanas. Tan sólo las necesarias para recaudar el dinero de las inscripciones y luego desaparecer sin dejar rastro. Aparte de la matrícula y de la primera mensualidad, algunos estudiantes pagan incluso la totalidad del curso, por lo que el daño que sufren es aún mayor.
Estas instituciones no sólo estafan a los alumnos, sino también al personal que contratan para promocionar sus cursos y atraer a sus víctimas. Para ello les ofrecen elevadas sumas por sus servicios, que nunca cancelan, pero antes se les exige que participen en talleres de capacitación que deben pagar por adelantado.
Otros institutos, incluso algunos de ellos reconocidos, utilizan el chantaje para estafar a sus estudiantes. Cuando ingresan por primera vez se les ofrece matrículas y mensualidades de bajo costo. Esto con el propósito de atraer a la mayor cantidad de alumnos. Pero a medida que van avanzando se les exige pagos adicionales para el uso de libros y materiales específicos, seminarios, talleres y otros cursos extras. Expoliación que alcanza niveles extremos cuando la persona está a punto de culminar, con el pago de talleres de egreso, examen de grado y otras exigencias para obtener el certificado de graduación. Los que pueden, terminan erogando los pagos adicionales. El resto, trata de conseguir el dinero y opta por no denunciar estos abusos por temor a perder todo el tiempo y el dinero invertidos.
Como es de suponer, estas estafas son posibles porque las autoridades se muestran incapaces de regular a este tipo de centros académicos (el Ministerio de Educación ni siquiera cuenta con un registro oficial del número de institutos que operan en el país), y por la falta de una normativa. Vacío legal que la nueva ley de educación pretende subsanar. De todas maneras, es previsible que sigan operando. De ahí que sean los propios estudiantes quienes deban velar por sus intereses. En este sentido, las autoridades del rubro aconsejan que se aseguren de que el instituto cuente con la resolución ministerial correspondiente; que firmen contratos al momento de inscribirse, para evitar pagos adicionales; y que exijan facturas por cualquier pago.