Una nueva discusión sobre el origen de la generosidad, la solidaridad y la  cooperación está cuestionando uno de los supuestos más importantes de la teoría de la selección natural de Charles Darwin: la idea de la superioridad del comportamiento egoísta en la despiadada lucha por la sobrevivencia. En el famoso libro El origen del hombre, Charles Darwin escribió: “Los individuos que prefieren sacrificarse por el bienestar de sus compañeros frecuentemente no permiten a sus descendientes heredar su naturaleza noble”.

Si la competición y el egoísmo son las fuerzas por detrás de la evolución de las especies, ¿cómo explicar la presencia de comportamientos solidarios en los reinos vegetal y animal? El murciélago, por ejemplo, es una especie que vive en enormes colonias, con centenares de individuos dividiendo una misma cueva. Para sobrevivir, requieren alimentarse cada 60 horas y aquellos que no logran encontrar una víctima, empiezan a lamber las alas y los labios de otro murciélago, los dos abren sus bocas y el cazador bien sucedido vomita sangre caliente sobre la boca del otro. Se estima que el 80% de los murciélagos-vampiros adultos morirían de hambre todos los años sin la presencia de este comportamiento solidario.

Entre los humanos, la generosidad está presente principalmente en el seno de las familias y de las comunidades. Somos capaces de arriesgar la propia vida o los propios intereses para proteger a los nuestros. Sin embargo, también somos capaces de ponernos en los zapatos de otros desconocidos, comprender sus sufrimientos e indignarnos con injusticias. Inclusive somos capaces de arriesgarnos por ellos. Son muchas las historias de individuos y de colectivos que se movilizan por otros: el joven que se lanza en los rieles del tren para salvar a un niño, la señora que acoge a una extranjera sin documentos y dinero, o ciudadanos que apoyan a indígenas luchando por sus derechos. 

Así como estos comportamientos cooperativos no pueden ser explicados por la búsqueda de intereses personales y egoístas, también sabemos que los seres humanos no están libres de maldad y comportamientos predatorios. Ni las familias o las comunidades más cerradas están exentas de conflictos de intereses, comportamientos egoístas, dinámicas competitivas y relaciones de poder. 

La nueva teoría sobre la evolución del altruismo retoma una hipótesis propuesta por el mismo Charles Darwin: la generosidad puede haber evolucionado como una propiedad no del individuo, pero del grupo. El escribió: “No puede haber duda de que una tribu de muchos miembros siempre prontos a ayudar unos a otros y a sacrificarse por el bien común sería vencedora sobre la mayoría de las otras tribus”. Pese a que los actos de altruismo puedan costar caro para el individuo, nos explica Darwin, estos ayudan a mantener el colectivo y, por lo tanto, los miembros individuales. Esta idea también conocida como selección de grupo todavía es muy polémica entre los biólogos evolutivos. El contra argumento es que una tribu llena de individuos bien intencionados y propensos a la generosidad es más vulnerable a individuos externos mal intencionados y con experiencia en manipulaciones. Por lo tanto, los chances de la propagación de los genes de estos últimos son mayores.

La discusión sobre el rol de la generosidad y la solidaridad en la sobrevivencia de los individuos y de los grupos no está resuelta, aunque sabemos que los esfuerzos para romper la cohesión de grupo ha sido una de las principales tácticas de la disputa política. Ésta es la historia que estamos actualmente presenciando en el conflicto del TIPNIS, donde una de las principales estrategias del Gobierno es precisamente debilitar la cooperación y organización de los indígenas.  

El cierre de la empresa Ametex y la creación de una empresa estatal “sustituta”  (Enatex) fueron anunciadas conjuntamente por las autoridades gubernamentales. Esto no es casual. Además del intento de suavizar la perdida de alrededor de 1.900 fuentes de empleo formal, también está el hecho de puntualizar la toma por el Estado de la empresa que simbolizó el desarrollo tecnológico del sector manufacturero boliviano, la conquista de mercados internacionales y la generación de empleos de calidad.

Propongo algunas preguntas sobre la “sustitución” de Ametex por Enatex. La primera es: ¿qué nos haría creer que el Gobierno central podrá encarar más eficientemente los problemas que resultaron en el cierre de la empresa? No creo que tengamos ninguna razón para creer que le irá mejor al Gobierno central en el rol de empresario, considerando, por un lado, las limitaciones institucionales y de recursos humanos de las instancias responsables por las políticas de desarrollo productivo y, por el otro, la existencia de un numero ya considerable de nuevas empresas públicas que todavía enfrentan problemas básicos para una gestión mínimamente eficiente.

La segunda es: ¿no deberíamos emplear los siempre escasos recursos financieros y humanos en otros instrumentos alternativos a la    creación de una empresa pública para lograr el objetivo de promoción de la producción nacional y empleos de calidad?, ¿no deberíamos por lo menos exigir análisis comparativos sobre factibilidad, costos, efectos multiplicadores entre la empresa pública que se quiere crear y otros instrumentos de política de apoyo al sector privado?

La tercera pregunta es: ¿en lugar de seguir creando empresas públicas en sectores tan diversos, no debería el Gobierno centrarse en la consolidación de las empresas estatales ya existentes (principalmente YFPB), y no dispersar esfuerzos con nuevas empresas públicas con dudosa posibilidad de éxito?
La cuarta pregunta es: ¿qué podemos aprender de la experiencia de Venezuela que siguió una política de expansión de las empresas públicas? La política de sustitución de empresas privadas por empresas públicas tuvo como resultado la sustitución de la producción venezolana por la importación de productos extranjeros. Venezuela es un país cada vez más dependiente de productos importados.            

La política de nacionalización de las empresas del gobierno de Hugo Chávez tenía el objetivo de aumentar la producción. Esto no funcionó: la producción de cemento disminuyó significativamente y hoy Venezuela importa cemento de Cuba. La siderúrgica Sidor produce al 50% de su capacidad y las fábricas de aluminio al 40%. Se comenta que el presidente de una de estas fábricas nacionalizadas preguntó por las minas de aluminio al ser posesionado.
Para evitar que la falta de producción nacional presione todavía más la inflación, el Gobierno venezolano importa todo: leche, carne, pollo, mantequilla, enlatados, masas, aceites, pescado. ¿No es terrible que un país con una costa tan extensa como Venezuela no pueda autoabastecerse de pescado? Quién más se beneficia de este proceso de desindustrialización es Brasil, de donde viene la mayoría de estos productos de primera necesidad.

Estas lecciones muestran que no es sencillo transformar el Estado en empresario, y que es importante tener una actitud de mucha cautela a la hora de crear empresas públicas si los objetivos mayores son preservar y fortalecer la capacidad productiva nacional y generar empleos de calidad.

Una vez más Bolivia recibió buenas calificaciones de riesgo país en mayo, ahora por la agencia internacional Standard & Poor’s. Esta calificación responde a los excelentes indicadores macroeconómicos, como la reducción de la deuda externa y las elevadas reservas internacionales. La salud macroeconómica es sin duda muy importante, pero las preguntas que debemos hacer son: ¿Cuán estables son los superávit fiscales?, ¿contar con ahorro es suficiente para incrementar la inversión?, ¿los indicadores de finanzas públicas son suficientes para atraer inversiones extranjeras? y ¿estamos aprovechando el excelente contexto internacional para superar los problemas estructurales de nuestra economía y lograr la transformación productiva?

Si bien hemos superado los crónicos déficit fiscales de los años 80 y 90, los superávit fiscales logrados desde 2006 son inestables, debido a su alta dependencia de las rentas hidrocarburíferas. En el actual contexto de precios internacionales altos, las rentas fueron utilizadas principalmente para la expansión del gasto público generando nuevos derechos, los cuales serán difíciles de responder en coyunturas de bajos precios internacionales. Para evaluar tanto la solidez fiscal con criterios de largo plazo como también los esfuerzos realizados por el Gobierno y la sostenibilidad del gasto público, es importante calcular el déficit sin la renta y gasto hidrocarburífero. Este ejercicio nos indica un cuadro mucho menos optimista de nuestras finanzas públicas.

Con relación a la segunda pregunta, las evidencias indican que contar con ahorro público y privado no es suficiente para transformarlo en inversión. Buena parte del ahorro público acumulado en los últimos años, alrededor del 64%, fue a gasto corriente; mientras que solamente 22% fue a financiar la inversión pública. Con relación al ahorro privado, vemos que éste se va acumulando en los bancos, mientras que los sectores que han ganado empuje significativo son la construcción, importación (legal e ilegal) y la producción de coca y no así el sector productivo. Con relación a las inversiones extranjeras, las limitaciones siguen grandes como es el caso ejemplar del sector de hidrocarburos con el estancamiento de la producción de gas y el decrecimiento de la producción de petróleo.

También queda la pregunta si estamos aprovechando las excelentes condiciones internacionales para superar los problemas estructurales y acelerar el crecimiento económico de largo plazo y generar empleos de calidad. La respuesta es contundente: no estamos en la ruta de fortalecimiento de nuestra capacidad de producción de bienes y servicios para la exportación ni para el mercado interno. No avanzamos el desarrollo tecnológico, la incorporación de conocimiento y el incremento de productividad, principalmente en los sectores intensivos en trabajo. Al contrario, se ha incrementado la importación de productos que antes teníamos capacidad de abastecimiento interno como alimentos con la profundización del empleo informal.       

Estas consideraciones alertan sobre la insuficiencia de tomar las calificaciones internacionales sobre el riesgo país para evaluar los resultados de la gestión económica. Los desafíos son más complejos y dependen de la complementariedad del conjunto de los instrumentos de política económica. Así que mucho cuidado con los mensajes gubernamentales excesivamente optimistas sobre indicadores que solo cuentan parte de la historia. Estos pueden volverse bumeranes, como nos pasó con el fallido gasolinazo, cuando medidas sorpresivas plantean problemas de la gestión económica (ej. baja capacidad de atracción de inversión privada extranjera) no adecuadamente anticipados y explicados a la población.

Quién se responsabiliza por la provisión de cuidado a las personas que requieren de atención integral como los niños y niñas, adolescentes, adultos mayores, discapacitados y enfermos? La respuesta parece obvia: las familias y especialmente las mujeres. Aunque esta es la realidad en Bolivia y en muchos países, esta situación esconde serios problemas, tensiones y conflictos sociales que ya no pueden seguir ignorados en el debate político.

A más de tres décadas, las feministas y los movimientos de mujeres vienen visibilizando las tendencias irreversibles de las transformaciones familiares, sociales y económicas que demandan nuevas formas de organización social del cuidado. Asistimos a la pérdida de importancia relativa de la familia biparental, compuesta por un papá proveedor de recursos económicos y una mamá disponible a tiempo completo para proveer cuidado en el hogar. De la misma manera las familias se diversifican con el aumento de la familia monoparental con jefatura femenina y la familia biparental donde ambos cónyuges comparten la responsabilidad de proveer ingresos.

El conflicto entre vida laboral y familiar que viven todas las mujeres, pero más dramáticamente las mujeres de los estratos sociales menos favorecidos, les restringe el derecho al trabajo y a la educación en igualdad de condiciones, al mismo tiempo que condena a sus niños, niñas y adolescentes a arreglos precarios de cuidado y protección. Un círculo vicioso a través del cual se reproduce la desigualdad y la pobreza de una generación a otra.

El problema social del cuidado no se restringe a la democratización de los roles al interior de la familia y los cambios culturales para superar la discriminación de género en el mercado laboral. Incluye el cuestionamiento del supuesto de que las familias/comunidades (léase mujeres) deben ser las únicas responsables de proveer cuidado. La nueva pregunta que propone las feministas y los movimientos de mujeres es: ¿Quiénes deben responsabilizarse por la provisión de cuidado a las personas dependientes, especialmente a los niños y adolescentes, frente a los cambios que están viviendo las familias, las sociedades y los mercados laborales? La respuesta es contundente: la responsabilidad debe ser compartida entre el Estado, la sociedad y las familias.

En este nuevo marco, el movimiento feminista, las organizaciones de mujeres, estudiosos y organizaciones comprometidas con los derechos de la infancia, entre otros actores sociales proponen la implementación de políticas públicas orientadas a la transformación de la organización social del cuidado con base en el principio de la corresponsabilidad entre familia, sociedad y Estado. De tal manera que las familias y las comunidades tengan las condiciones y apoyos institucionales adecuados para llevar a cabo el trabajo de cuidado y protección a los niños, niñas y adolescentes independientemente de su condición socioeconómica.

Propuesta que se orienta al fortalecimiento de un estado de bienestar con el reconocimiento explícito del derecho al cuidado en el conjunto de los derechos sociales —educación, salud, vivienda, empleo y seguridad social. La explicitación de esta dimensión de derecho reorienta la    coordinación de las políticas sociales y económicas para el ejercicio efectivo de los derechos ya establecidos (educación, salud, seguridad y empleo) y, por lo tanto, plantea un cambio en el marco conceptual de las políticas sociales para enfrentar integralmente los problemas de pobreza, violencia y desigualdad social. Cuidar a los niños es responsabilidad de todos.

Me asustan las noticias que empiezan con “Evo dice …”. El titular de esta semana informaba que el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia se siente feliz de no haber asistido a la universidad. En sus palabras: “¿Qué enseñan los rectores y docentes? Enseñan a agredir a los campesinos. ¿Eso estudian en las universidades con la plata del pueblo? La autonomía es para hacer golpear a los campesinos y apedrear sedes sindicales. No puedo entender, por eso estoy muy feliz y muy contento de no haber ido a la universidad”.

Hace cinco años, los enemigos del Gobierno eran los neoliberales, las transnacionales y el sistema capitalista. El Movimiento Al Socialismo logró la representación de los ideales de la izquierda y aglutinó los movimientos indígenas, de mujeres, campesinos, obreros y ecologistas.

Ahora los enemigos del MAS se han ampliado. Y hablamos de enemigos y no adversarios políticos porque, para esta administración, estos últimos no existen. Las descalificaciones a través de adjetivos agresivos están al orden del día. Si buscas en la internet “Evo dice…” encontrarás acusaciones y chistes de mal gusto contra las mujeres, los indígenas, los trabajadores asalariados, los médicos, los ambientalistas, la izquierda crítica, los profesionales y técnicos de las organizaciones no gubernamentales, entre muchos otros.

El alejamiento del Gobierno de sus bases sociales es evidente. La pregunta que queda es: ¿Qué grupos todavía no han sido víctimas de los adjetivos y acusaciones del Primer Mandatario y sus correligionarios? Respuesta que nos puede dar pistas de qué sectores sociales representa verdaderamente el Gobierno. El proyecto político del gobierno del MAS se revela mucho menos inclusivo de lo que dice su discurso. La decepción de la izquierda boliviana y de varios grupos sociales es creciente.

La generalización injusta de que las casas superiores de estudio enseñan métodos de violencia muestra no sólo el preconcepto como también el desconocimiento de la difícil y ardua labor de formación de nuestros estudiantes y jóvenes profesionales. La infeliz declaración desmerece el trabajo de decenas de profesionales formados en nuestras universidades públicas y que están al servicio del país. ¿Cómo se sentirán el médico que atendió al Presidente en su último resfrío, el dentista que lo atiende, los economistas que están en funciones públicas y los docentes e investigadores que dedican sus vidas a la academia?

Sin duda los hechos de violencia protagonizados por algunos universitarios es condenable. Pero son aún más reprochables las generalizaciones hechas al calor de la riña política. En este tipo de situación se necesita sindéresis y serenidad para no enviar mensajes negativos sobre la educación a la ciudadanía.

En las sociedades actuales, las universidades no sólo tienen la importante función de brindar educación a nivel de licenciatura, sino que también son centrales en el desarrollo de las sociedades de conocimiento, a través de la formación posgradual y la investigación, en estrecha coordinación con el sector público, las empresas y la sociedad en general.

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