Tenía 15 años cuando cumplí el obligatorio servicio militar. Por mi vida en el escultismo quise tatuarme la flor de lis en el pecho, aunque desistí al presenciar el proceso doloroso que significaba. Se hacía el dibujo con bolígrafo y con una aguja que se metía continuamente en un tintero, se comenzaba a dibujar, punto o pinchada por pinchada; al final, eso quedaba tan hinchado por lo agresivo del método, que podía producir infección si no se le rociaba orina. Obviamente dicho proceso producía unos gestos de dolor en quien estaba siendo tatuado, aunque por machangos no gritaban, en el peor de los casos sólo se permitían lagrimear.

Ese cuadro es el que imagino cuando el lombrosianismo del siglo XIX determinaba que el tatuaje es a la criminalidad: por el carácter de indolencia. ¿Quizás nunca presenciaron dicho proceso tan doloroso?

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En estos momentos, de resquebrajamiento institucional y gran debilidad democrática en el mundo, Trump (el Lombroso redivivo) en razón a tatuajes, en latinos obviamente, está encarcelando (en recintos propios y foráneos de gobiernos también lombrosianos). Esto nos recuerda, además, el concepto de aislamiento geográfico, en razón de que no tienen posibilidad alguna de “rehabilitación”. El colonialismo de la entonces Guyana Francesa y Papillón, está actualizado: depósitos de los secuestrados (no gozan de juicio previo) en las nuevas —o viejas— colonias.

Claro, el tatuaje del latino, marginal o emergente es “criminoso”, mientras que los tatuajes de la sexy Angelina Jolie, o los de Brad Pitt, o del astro Lionel Messi (que es latino) son arte, símbolo, recuerdos que se pretenden alargar en el tiempo … o esperanzas grabadas: no son criminosos.

Y es bueno recalcar que no existe previo juicio sino meras acciones administrativas. La calificación de “VAGANCIA O MALENTRETENIMIENTO”, que implica la PELIGROSIDAD PREDELICTUAL o potencialidades criminógenas, que el Estado moderno supuestamente supera cuando sólo somete a proceso judicial por actos, hechos y que se ajustan a los tipos penales previamente definidos: nullum crimen, nulla poena sine previa lege … y debido proceso por el principio de inocencia. Obviamente, sería ingenuo pensar en objetividades legales y judiciales.

Existe un doble exilio que presenciamos, ya no sólo por ideas u acciones contrarias al régimen de turno y CONTRA SU VOLUNTAD. El primero, cuando el Estado y la Democracia no viabiliza la vida digna y el ciudadano se ve obligado a migrar para buscar su sobrevivencia y la de los suyos. El segundo, cuando es secuestrado (delito permanente) y depositado en un centro extraño y extranjero. Este tipo de crimen estatal y doble, se lo denomina CRIMIGRACIÓN.

Lo que muestra esta crimigración, es la debilidad y la situación de Estados fallidos: si no logra materializar los objetivos por los que fue creado, en función y servicio del soberano ciudadano. En momentos de transición que el mundo vive, como en toda crisis, se van imponiendo la desinstitucionalidad democrática y del Estado, a partir del manejo administrativo (contrario de la judicialización) de la sanción punitiva: el poder ejecutivo usurpa la función judicial y legislativa (al crear tipos penales de hecho y ejecutarlos); sabemos cómo se deteriora, pero no sabemos cómo quedará reconfigurado el estado post-postmoderno, cuando el mundo retome su nuevo equilibrio.

(*) Alejandro Colanzi Zeballos es criminólogo y nonnino de Valentina

El neoconstitucionalismo latinoamericano ha desarrollado nuestras formas de interpretar y aplicar el derecho, alejado de la tradición anglosajona y europeo continental del ius positivismo. Desde la teoría pura del derecho de Kelsen se pensaba que la sociedad debía adecuarse al sistema de códigos y leyes escritas. El neoconstitucionalismo plantea otras dimensiones jurídicas de entendimiento e interpretación partiendo de la premisa fundamental de que el derecho al ser un producto de la sociedad debe adecuarse y resolver los problemas estructurales de la misma, el derecho adecuado a las diferentes realidades sociales en lugar de modelos ortodoxos y dogmáticos que intentan aplicarse a rajatabla en cualquier sociedad y contexto.

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En este sentido, la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC) ha nutrido esta nueva forma de comprender el derecho desde los propios usos, costumbres, concepciones y cosmovisiones de entendimiento de las comunidades indígenas de su propia realidad y sus propios problemas planteando como resolverlos y repararlos. El año 2002 en Ecuador, en la comunidad de La Cocha, Parroquia de Zumbahua, Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi; mediante la aplicación de la justicia indígena originaria se resolvió el caso del asesinato del comunero Maly Latacunga. Habitantes y dirigentes de trece sectores aledaños a La Cocha se reunieron el 5 de mayo de ese año para llevar adelante los procedimientos propios de la justicia indígena con un carácter colectivo basada en las siguientes fases: Willachina o conocimiento del caso, Tapuikuna o averiguación de los hechos, Chimbapurana o encontrar la verdad en la palabra de los responsables escuchando y contrastando versiones de todos los implicados incluidos testigos, además de sus familiares, padrinos y profesores de los implicados. Posteriormente, la fase Kishpichirina que es la determinación de sanciones que prevé indemnizaciones económicas para los directamente afectados, en este caso fue para la viuda, dando a conocer a la comunidad todas las determinaciones en cabildo de manera pública y abierta, para dar cumplimiento a la última fase de la justicia indígena denominada Paktachina.

El reconocimiento constitucional de los valores, usos y costumbres de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos ya es un logro y un salto cualitativo en nuestra normativa con relación a la Constitución de 1967. Pero que sin lugar a dudas aún falta su implementación plena desde el estudio profundo de la cosmovisión de cada nación y pueblo, lo cual no es un trabajo solamente jurídico o de codificación normativa, sino el entendimiento cabal de todo un sistema de valores, creencias, resolución de controversias y de valores que se persiguen en determinada comunidad. El valor occidental de la justicia o de la reparación no será el mismo que de los pueblos andinos, amazónicos o guaraníes, por ejemplo. Entonces tenemos una forma tradicional y convencional de ver el derecho que no concibe en su lógica la total implementación de la JIOC. 

Los sistemas judiciales en teoría son totalizantes para toda la sociedad en su conjunto, sin embargo, en los hechos son particulares y específicos; por eso mismo la administración de justicia se divide por materias y por áreas, existen litigantes que nunca pisaran en su vida la jurisdicción penal, por ejemplo, pero si la civil, laboral y comercial. Si se entiende la justicia desde esa lógica también podemos dividir su administración por espacios geográficos como se hace por ejemplo en países federales. Por lo tanto, toda administración de justicia es específica, en el caso de la justicia indígena originaria campesina se deben valorar los usos y costumbres en una determinada nación y pueblo indígena que sin lugar a dudas delimita su rango de acción y de jurisdicción, En este entendido la aplicación real y efectiva de la JIOC no solamente resuelve hechos dentro de la comunidad idealmente, sino que también, al atender casos específicos descongestiona el sistema judicial en su jurisdicción ordinaria; para lo cual se precisa todo un sistema de formación, gestión asistencia técnica, proyección y seguimiento de la JIOC; materializando una real descolonización de la justicia que necesariamente pasa por la consolidación de este jurisdicción tan importante y que enriquece la resolución de controversias para lograr la, tan anhelada, paz social que aún puede darse en sectores rurales de nuestro país mas no en las selvas de cemento regidas por principios ortodoxos del ultra positivismo que hay que empezar a deconstruir.

(*) Gabriel Villalba Pérez es abogado y magíster en Gestión de la Comunicación por el IpiCom UMSA

El 13 de abril de 2025 se cumplieron 10 años de la partida física de uno de los grandes íconos de la escritura latinoamericana, que no sólo supo retratar en sus líneas la desigualdad de los pueblos de América Latina, sino le dio voz a los más oprimidos, los explotados, los nadies, las víctimas de la hegemonía mundial, Eduardo Galeano.

El escritor, periodista  y editor uruguayo supo plasmar en su libro más famoso: “Las venas abiertas de América Latina”, publicado en 1971 —a manera de denuncia—, la explotación económica del continente por parte de los imperios coloniales y los estados imperialistas, texto que fue prohibido en su natal Uruguay, además de Chile y Argentina durante las dictaduras de los años 60 y 80, mismo que lo mandó al exilio cuando en 1973 los militares dieron un Golpe de Estado e instalaron un gobierno de facto hasta 1985.

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En su libro “Patas Arriba: La escuela del mudo al revés”, expone las injusticias del mundo contemporáneo criticando a la globalización, al capitalismo, las desigualdades sociales, y cómo los poderosos han impuesto un sistema que justifica “La explotación de los débiles”.

Siempre crítico contra gobiernos servidores al imperio, como el que está cometiendo el genocidio en Palestina, cuya denuncia la hace en su escrito “Operación plomo impune”, en el año 2008, en el cual expone que desde 1948 los palestinos viven condenados a la humillación perpetua; pues han perdido su libertad, su todo… Gaza está siendo castigada. Se convirtió en una ratonera sin salida, desde que Hamás ganó limpiamente las elecciones en el año 2006.

Ya lo decía en ese año, “ya poca Palestina queda”, paso a paso el régimen israelí la está borrando del mapa, porque Israel viola e incumple todas las resoluciones, burlándose del Derecho Internacional, “el ejército israelí no mata por error”, sabe a quién mata.

También nos percataba de los Medios Masivos de Manipulación, o los medios hegemónicos los que están controlados por el lobby sionista, los grandes monopolios de las multinacionales, los holdings, quienes dominan el mundo de la comunicación, y los que quieren dirigir lo que vemos, lo que leemos, y escuchamos, al servicio de los intereses israelíes-estadounidenses, los que continúan llamando guerra a un genocidio, como lo señalo en el texto “Palestina entre piedras y misiles”.

Ante el silencio mediático de los crímenes de guerra del régimen israelí, Netanyahu incinera la verdad, asesinando a periodistas, quemándolos vivos. Hasta la fecha ya son más de 211 comunicadores palestinos muertos en la Franja de Gaza, y de acuerdo al informe del Instituto de Watson de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Brown, en EEUU, desde el 7 de octubre de 2023, son 230 reporteros asesinados.

Los medios oligárquicos son los que nos invitan a creer que son humanitarias las doscientas bombas atómicas de Israel, y que una potencia nuclear llamada Irán fue la que aniquiló Hiroshima y Nagasaki, como lo señala Eduardo Galeano, cuando en la realidad Israel, que ocupa territorio palestino desde hace 77 años es el Estado que posee armas nucleares, y que EEUU es el país que fabrica y vende más armas que cualquier otro país del mundo, el único que ha lanzado “bombas atómicas” sobre personas indefensas.

Galeano, en sus numerosas columnas hace hincapié a las invasiones desatadas por Estados Unidos desde 2001, las cuales han dejado más de 4,6 millones de muertos en Afganistán, Irak, Libia, Pakistán, Somalia, Siria y Yemen, cifras que todavía continúan creciendo por los conflictos que aún persisten, el lobby armamentístico, que hoy ha asesinado a cerca de 60.000 palestinos, donde 19.000 son niños.

El silencio cómplice de los medios y la maquinaria bélica del occidente hegemónico encubren el genocidio en Gaza. Israel, armado hasta los dientes por EEUU, masacra palestinos mientras el mundo mira hacia otro lado, los mismos que justifican sus 200 bombas nucleares son los que demonizan a Irán, ignorando que solo EEUU ha usado armas atómicas contra civiles. Galeano lo denunció: el imperialismo es una fábrica de muerte.

Hasta el presente, mientras se escribe estas líneas, según el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza ya son 60.000 palestinos asesinados —19.000 niños— por lo tanto, esta no es una guerra, es una limpieza étnica, sin duda la historia juzgará a los verdugos… y a quienes callaron.

(*) Sdenka Saavedra Alfaro es escritora, corresponsal internacional de HispanTV

En Bolivia hay una crisis política que ha exacerbado los insultos y las promesas de revancha, y que nos sitúa frente a un escenario de electoralización del odio, pero también ante el anonimato del espacio digital donde aparecen los aplaudidores de consignas antidemocráticas y antiderechos.

Por un lado, estas prácticas políticas han banalizado el momento de crisis actual y, por el otro, han dejado en el olvido los gravísimos problemas de siempre. La banalización de la democracia pasa mientras continúan los casos de infanticidios en los hogares de las niñas y niños; pasa mientras una adolescente es violada por su profesor; pasa mientras las madres, las hermanas y las hijas gritan justicia en las calles mientras el agresor sexual vuelve a violar impunemente gracias a un juez o fiscal corrupto que ha puesto precio a la dignidad de la víctima; pasa mientras una mujer ve con resignación que la asistencia familiar es un deseo, pero no es un derecho posible para sus hijos; pasa mientras un adulto rompe el silencio y decide denunciar el abuso sexual en su infancia, mientras la ley le dice que su derecho a la denuncia ha prescrito y, sin embargo, no ha prescrito su dolor y su trauma.

El acceso a la justicia es un privilegio de clase; por tanto, la impunidad tiene nombre: justicia clasista, patriarcal y corrupta, que concede arrogancia a los infanticidas y violadores de niñas, niños y adolescentes.

Los derechos de la niñez son el termómetro real del compromiso político electoral, es una deuda histórica que los planes de gobierno deben atender, no solo como urgencia electoral, sino como reflexión política que impulse acciones transformadoras en la vida de las niñas y niños.

Queremos un compromiso electoral que asigne presupuestos y formule acciones de gobierno conducentes a fortalecer el Sistema de Protección de la Niñez en todos sus ámbitos, a erradicar la pobreza infantil, a proveer alimentación digna para la primera infancia como parte de la soberanía alimentaria, el acceso a la justicia gratuita y especializada para víctimas, el fortalecimiento del sistema educativo con acceso gratuito, público, digital, despatriarcalizador y descolonizador, la protección a la niñez migrante dentro una política exterior que garantice sus derechos y prevenga los delitos de trata y tráfico, entre otros.

Estamos frente a un momento histórico para el país: las elecciones coinciden con el año del Bicentenario y con el año en el que se cumplen 35 años de la ratificación de Bolivia a la Convención de los Derechos del Niño. Además, el Código Niña, Niño y Adolescente cumple 11 años de vigencia. Es el tiempo oportuno para un debate histórico, para reflexiones colectivas y de renovación política.

Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos, pero también son actores sociales, comunitarios e históricos, su participación debe ser incorporada a este debate nacional, a partir de refundar las relaciones intergeneracionales y profundizar la democracia. 

Éste es el debate más importante que debemos alentar y resguardar como sociedad. Los políticos deben esforzarse no solo para ganar elecciones, sino para recuperar los sueños de la gente y proyectar un horizonte de esperanza. El futuro de las naciones se construye con actos que devuelvan la dignidad a las niñas y niños: es una premisa fundamental, significa poner la vida como el eje central de la agenda pública.  

*Ninoska Durán es abogada especialista en Derechos Humanos.

En un mundo que exige cada vez más responsabilidad y conciencia, la industria farmacéutica en Bolivia asume un rol transformador. Más allá de producir medicamentos, nuestro propósito es claro: trascender para el bienestar de las y los bolivianos. Esto significa garantizar el acceso a productos de calidad, innovar en tecnología médica y, al mismo tiempo, cuidar nuestro entorno y contribuir activamente al desarrollo sostenible del país.

Nuestra labor comienza en el corazón mismo de la ciencia: la formulación. Desarrollamos productos farmacéuticos pensados específicamente para responder a las patologías más prevalentes en Bolivia —como enfermedades cardiovasculares, metabólicas, infecciosas y del sistema nervioso— integrando innovación, evidencia científica y una profunda comprensión del contexto local. Cada fórmula es un compromiso con la vida, con la prevención y con el acceso a tratamientos seguros y eficaces.

Sin embargo, nuestra responsabilidad no termina en el laboratorio. Ejercemos un liderazgo humano, ético y empático, donde las decisiones técnicas se acompañan de valores. Creemos en una industria que promueve el bienestar integral, no solo de los pacientes, sino también de los colaboradores, proveedores, profesionales de salud y comunidades a las que servimos.

La sostenibilidad en nuestra industria no es una opción, es un compromiso. Desde la producción responsable y el uso eficiente de recursos, hasta programas que promueven la salud pública, la educación científica y la conservación de la biodiversidad, cada acción cuenta. Y es también una oportunidad para demostrar que el crecimiento económico puede ir de la mano con la protección del medio ambiente y el empoderamiento de las personas, especialmente de las mujeres en ciencia y liderazgo.

Iniciamos así una serie de artículos donde compartiremos reflexiones, acciones concretas e historias reales que ilustran los desafíos y oportunidades que enfrentamos como industria farmacéutica en Bolivia, con la firme convicción de que el verdadero valor de lo que hacemos está en cómo lo hacemos: con propósito, coherencia y visión de futuro.

En los próximos contenidos abordaremos cómo contribuir y medir el impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cómo implementar estrategias efectivas de marketing farmacéutico con ética y responsabilidad, y cómo ser agentes activos en la promoción de la salud mental y el bienestar integral desde nuestro rol en la industria.

María René Centellas
es gerente general de Bagó Bolivia.