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Nadia Cruz: Debe haber apertura, estatal y ciudadana

El diálogo se aleja, dice la Defensora, cuando las partes solo se empeñan en descalificarse unas a otras.

La Defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz Tarifa.

La Defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz Tarifa. Foto: Miguel Carrasco

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos es periodista

00:00 / 27 de noviembre de 2019

La actual crisis estatal y social que vivimos desde la elección fallida del 20 de octubre ha significado un remezón no solo para la sociedad civil boliviana, sino también y especialmente para sus instituciones. Para el caso del Defensor del Pueblo, hoy bajo la dirección interina de Nadia Cruz Tarifa, fue ver cómo se diversificaron las formas de violencia contra los derechos humanos, tanto desde grupos sociales ciudadanos como desde sindicatos y organizaciones sociales, como desde el Estado, en sus diferentes niveles. Con 32 muertos en poco más de tres semanas, cada vez se hace más patente la necesidad de la pacificación, una con justicia, demandas desde distintos lados, especialmente desde los sectores con más víctimas. Mal que bien, este conflicto acaso sea una oportunidad, reflexiona la Defensora.

—Esta crisis ha sido peculiar para todos, ¿cómo ha sido para la Defensoría del Pueblo y la vigencia de los derechos humanos?

—Como Defensoría, hemos dividido el conflicto en tres etapas; el primero es del 20 de octubre hasta el 8 de noviembre, del 8 al 11, y del 11 en adelante. Con dos sucesos que ocurren el 9 y 10 de noviembre. Lo primero que se nota en este conflicto es la escalada de violencia con la que se ha ido generando. Ha empezado a través de una violencia más verbal, sicológica. Al final, yo creo que lo más fuerte de todo el conflicto es el golpe sicológico que ha tenido en la población; pero esta violencia, a medida que aumentaban los días, se ha ido tornando más agresiva. Hemos visto que las poblaciones en situación de vulnerabilidad, como los adultos mayores, adolescentes, las mujeres, incluso las personas con discapacidad, han sido afectadas sin considerar la vulnerabilidad en la que se encuentran. Vimos además que tanto las instituciones públicas así como bienes privados han sido afectados por grupos de uno y otro lado. Hemos visto que hay una fuerte tonalidad de amenazas o el hecho de utilizar la protesta o la manifestación de las demandas a través de hechos casi delictivos, como la toma de rehenes, las retenciones indebidas por particulares, o formas de chantaje a través del maltrato de familiares para conseguir objetivos de la demanda.

—Uno de los grandes conflictos de derecho que ocurrió son las acciones que dañan derechos de terceros, el bloqueo que daña el derecho de trasladarse o, como ahora, de abastecimiento.

—Como Defensoría del Pueblo, nos acogemos en los derechos constitucionales, el derecho a la libre protesta, a la libre manifestación, derechos reconocidos en la Constitución, pero éstos encuentran su límite cuando hay afectación de terceros. Sin embargo, esta lectura de afectación de terceros tiene que estar acompañada de la complejidad del conflicto; no es una situación regular u ordinaria, sino que vivimos unas circunstancias mucho más complejas, porque de alguna forma la sociedad y algunas instituciones estatales como que han mostrado su peor rostro durante este conflicto. Ahora, en este conflicto lo que nosotros vemos como realmente la única salida es el diálogo. Si no existe el diálogo como instrumento o camino hacia la pacificación de la sociedad, nunca vamos a volver a recobrar la paz.

—Como sociedad todos estamos crispados.

—No olvidemos que en el caso de Bolivia, desde el 21 de octubre la población en general no vive en paz, no vive en un estado de normalidad, sino en un estado de intolerancia, odio, violencia y agresiones; por eso es importante que más allá de una posición más dogmática sobre derechos y deberes y obligaciones de la ciudadanía, también se pueda considerar que este conflicto lo que está demandándonos al Estado y a la sociedad es poder fortalecer caminos de diálogo como única salida. Ahora, si en la vigencia de unos derechos se afecta derechos de terceros, habría que recordarnos como Estado que es primordial el diálogo para podernos pacificar; caso contrario, lo único que hacemos es generar mayor complejidad en el conflicto en cuanto a su abordaje y generamos otra serie de violaciones de derechos humanos.

—Al calor de las movilizaciones, también es difícil distinguir de reacción, excesos o vandalismo...

—Desde el 21 de octubre, en Bolivia no estamos en un estado de normalidad o de paz plena. Todos deberíamos ser respetuosos de las demandas o manifestaciones de toda la población. Nosotros reiteradamente hemos exhortado a las organizaciones y población en general a que si hay grupos de vándalos que se aprovechan de las movilizaciones, es obligación de los movilizados legítimamente poder excluirlos, para que no ocurra lo que también pasa, que es la estigmatización de la protesta. La criminalización, la estigmatización de la movilización lo único que genera es alejamiento, marginación y finalmente la ruptura del diálogo.

—El problema es cuando el conflicto se torna violento. 

—Evidentemente, cuando se está tratando de fuerzas del Estado, no existe proporción con la población, porque la población siempre va a estar disminuida a su capacidad física de agresiones, en tanto que las fuerzas estatales tienen la capacidad ya armada de respuesta. Entonces, ese balance siempre hay que realizarlo, porque lastimosamente no se encuentran en igualdad de condiciones un ciudadano o un policía y un militar armados.

—Por eso, no es lo mismo decir enfrentamiento que represión, dijo en un comunicado el Defensor del Pueblo. 

—Sí, porque enfrentamiento va a ocurrir cuando exista una equiparación o igualdad en el uso de la fuerza. En el caso de tener a dos fuerzas de tarea conjunta, como es Policía y Fuerzas Armadas, la población por más movilizada que esté no va a estar en la misma igualdad o proporción que las instituciones.

—¿Están ustedes mediando?

—Nosotros hemos hecho el llamado de pacificación desde el 25 de octubre; sin embargo, ha sido muy difícil de manejar el conflicto porque ha ido escalando. Actualmente estamos nosotros trabajando en mesas de diálogo regionales o más locales.

—El diálogo se aleja hasta por los descalificativos que cada de vez se lanzan unos y otros.

—La única forma de restablecer la paz, al menos inmediata, es a través del diálogo; a través de la apertura estatal, de la apertura ciudadana, y eso implica varios factores: lo primero tendría que ser ir ajustando los discursos de las autoridades en cuanto a la forma y calificación de los grupos movilizados, de las demandas que puedan tener, y siempre ser respetuosos de aquello, porque caso contrario es muy difícil siquiera poder instalar una mesa.

—Con las 32 muertes, lo imperativo ahora es la justicia.

—Tienen que seguir su curso los procesos judiciales abiertos. Nosotros como Defensoría estamos haciendo un seguimiento; hemos hecho las solicitudes formales al Ministerio Público para que los 32 casos tengan proceso judicial. Y aquí, también, para la pacificación es muy importante la señal del sistema de justicia; ante violaciones de derechos humanos, la primera instancia encargada de la subsanación a la víctima es el sistema de justicia, el órgano judicial, el Ministerio Público. Ahí es importante la labor que puedan realizar, en un marco de imparcialidad, de objetividad, de transparencia hacia la población. Esa línea también va aportar a un proceso de pacificación.

—La justicia ganaría prestigio para el futuro.

—Justicia para el presente y para el futuro. Ya solo la señal de que se abran procesos, de que se investigue, dan una suerte de aliento y de esperanza en la población que ha sido afectada, y ahí es importante por parte de la sociedad ser respetuosos de las formas en cómo el sistema de justicia está actuando, sin tratar de imponerles nada a través de grupos o solicitudes, sino dejar que el sistema de justicia actúe. Acaso este conflicto sea como la oportunidad para recuperar el sistema de justicia y el rol importante que debería cumplir en nuestro país.

Nadia Cruz Tarifa. Fue abogada de la Comisión Jurídica del Comité Impulsor del juicio contra el exprefecto de Pando Leopoldo Fernández por el caso Porvenir y del juicio contra Sánchez de Lozada. Trabajó junto a Rolando Villena.

Datos

Nombre: Nadia Alejandra Cruz Tarifa

Nació: En La Paz, el 10 de diciembre de 1982.

Profesión: Abogada. Ocupación: Defensora del Pueblo en interinato.

Perfil

Es abogada de profesión y tiene una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Cuenta, además, con diplomados en Educación Superior.

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