El vocero de Latigid CONST SRL, Fernando Helguero, informó que la empresa comenzó a importar y comercializar diésel de forma privada para el agro, el transporte y la construcción.

En entrevista con Piedra, Papel y Tinta de La Razón, informó que, desde diciembre de 2024, Latigid ha traído más de 2 millones de litros de diésel y el permiso de importación es hasta 240 millones de litros durante el año.

«Desde la semana pasada, se están incrementando los pedidos. Nuestra logística tarda hasta 8 días en la parte oriental de Bolivia y hasta 5 días en la parte occidental. Tenemos la autorización de 240 millones hasta fin de año”, explicó.

En diciembre, Latigid ultimó detalles para consolidarse como la primera firma privada en comercializar combustibles en Bolivia. Debido a la escasez de carburantes, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5271, que autoriza la libre importación de combustibles a los privados, no solo para el consumo propio, sino para la comercialización con otros sectores.

La empresa vende el combustible a $us 1,25 por litro, un precio superior al subvencionado por el Estado; Bs 3,72, equivalentes a $us 0,54 al tipo de cambio oficial. El vocero informó que Latigid utiliza el precio Al tipo de cambio oficial de activos virtuales del Banco Central de Bolivia (BCB) que se encuentra en Bs 11,51 para la compra y Bs 11,90 para la venta.

Explicó que el diésel proviene de la empresa Copec de Chile y es almacenado en YPFB Logística, en las plantas de Senkata, Palmasola y Camiri, aunque también realiza entregas directas.

Según Helguero, los pedidos aumentaron en las últimas semanas y la empresa ya maneja una disponibilidad de 20 millones de litros mensuales.

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Representantes de Unidad Nacional (UN), Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) rechazaron la propuesta de adelantar las elecciones generales en Bolivia, asegurando que el presidente Luis Arce debe cumplir su mandato hasta noviembre.

El 8 de marzo, el empresario Marcelo Claure sugirió que los comicios se realicen antes de lo previsto debido a la crisis económica y la falta de liderazgo del Gobierno. También, el diputado evista Ányelo Céspedes reiteró el pedido de renuncia del mandatario ante la falta de combustible y la crisis económica por la que atraviesa el país.

Sin embargo, en entrevista con La Razón Radio, opositores consideran que el adelanto no es viable ni solucionaría la situación política y económica.

Roberto Moscoso, secretario ejecutivo de UN, señaló que organizar elecciones anticipadas solo acortaría el proceso en un mes y no cambiaría la crisis actual.

“El Gobierno tiene que cumplir su mandato, la democracia se tiene que respetar. Pero precisamente para que cumpla su mandato implica pues solucionar los temas económicos, que no lo puede hacer el gobierno, que no tiene la capacidad, porque el modelo económico del Movimiento Al Socialismo (MAS) ya ha fracasado”, afirmó.

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Desde Creemos, la asambleísta departamental Paola Aguirre sostuvo que adelantar los comicios “aliviaría la asfixia” sobre el Gobierno, pero no resolvería el problema de fondo.

“Estamos a poco más de tres meses. Yo creo que Luis Arce debe afrontar la realidad que la ha provocado con el mal manejo (…). En realidad, debemos ocuparnos de la causa principal de esta debacle económica que es la permanencia del MAS en el poder. En consecuencia, creo que necesitamos extremar esfuerzos, resistir hasta el mes de agosto”, dijo.

Por su parte, Enrique Urquidi, jefe de bancada de CC en Diputados, remarcó que Arce tiene la responsabilidad de gobernar hasta el final de su gestión.

“El presidente tiene que quedarse hasta el 8 de noviembre y generar condiciones para entregar el poder en paz. Pareciera que el presidente continúe en esa su burbuja porque continúa regalando sedes sindicales. Continúa gastando más de lo que recibe”, cuestionó.

En criterio de los tres representantes, la prioridad es garantizar elecciones transparentes y evitar un posible fraude.

Mientras tanto, desde el gobierno anunciaron que el pedido de adelantar elecciones está vinculado a interés políticos y económicos por parte de la oposición.

La vicepresidenta del Concejo Municipal, Roxana Pérez Del Castillo, denunció que el legislativo municipal advirtió hace ocho meses sobre la necesidad urgente de mantenimiento en El Montículo.

“Venimos, por lo menos hace ocho meses, señalando que existía la necesidad, pero urgente de poder hacer mantenimiento e invertir en la prevención de riesgos para que justamente no tengamos problemas”, afirmó en entrevista con La Razón Radio.

Según Pérez Del Castillo, el Plan Operativo Anual (POA) de este año no contempló ninguna obra para El Montículo, aunque en diciembre de 2024 se destinaron Ba 369.999 a otros fines.

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El sábado las constantes lluvias provocaron la caída de un muro de contención de seis metros de ancho por tres de largo en la parte trasera del parque colindante con la av. Presbítero Medina.

Ante la emergencia, el Concejo realizará una sesión informativa para que el subalcalde explique por qué no se atendió el problema. “Dependiendo de los resultados de la sesión informativa, se va a proceder con las acciones legales correspondientes”, advirtió la concejala.

La concejala advirtió que el municipio no actualiza su mapa de riesgos desde 2011 ni ha priorizado obras hídricas.

Consultada sobre otras zonas en riesgo, la concejal informó que los lugares afectados por las lluvias son: Achumani, Codavisa, Bajo Llojeta, Alto Llojeta, Cotahúma, Periférica y la Av. Sánchez Bustamante en Calacoto.

El viceministro de Autonomías, Martín La Mar, atribuyó la crisis económica y la escasez de combustibles en el país a un supuesto bloqueo político en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), impulsado por líderes de oposición como Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y Evo Morales.

En entrevista con La Razón Radio La Mar se aseguró que “el origen” de la crisis que vive el país se debe a que no se aprueban los créditos en la Asamblea. Mencionó una entrevista de Samuel Doria Medina, donde, supuestamente, el precandidato reconoce que con los créditos que se aprueben en el Legislativo “salimos tranquilamente de la crisis”.

En su criterio, los precandidatos como Jorge Quiroga, Manfred Reyes Villa o el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, coinciden en que la crisis tiene un responsable: “Y es la Asamblea Legislativa Plurinacional, y el acuerdo que ha hecho Carlos Mesa, Fernando Camacho y Evo Morales, para que las bolivianas y los bolivianos, no el gobierno, estemos en este momento, en esta crisis”.

Según La Mar, el país enfrenta un “bache” financiero debido a la falta de aprobación de $us 1.600 millones de dólares en créditos internacionales, que habrían servido para fortalecer la economía. “Bolivia siempre ha recibido estos créditos, y siempre estos créditos han servido, para oxigenar los recursos de nuestro país”, afirmó. 

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En total, son 16 proyectos de ley que se encuentran en la Asamblea; 12 en la Cámara de Diputados y cuatro en Senadores. La cifra que pide aprobar el Gobierno es de $us 1.667.340.000 que supuestamente resolverá la crisis de combustible y la escasez de dólares.

También dijo que la oposición interpretó erróneamente que estos préstamos estaban destinados únicamente a la compra de combustibles. “Se aprueban los créditos, y las obras, todo aquello que se tiene que hacer, se hacen bolivianos, y estas divisas nos sirven para cumplir con la compra de diésel y gasolina”, aclaró.

Explicó que además de la compra de hidrocarburos, se utiliza la moneda extranjera para la “pagar la deuda externa” o la revisión de los aviones de BOA.

En cuanto a la escasez de combustibles y las largas filas en surtidores, La Mar reconoció que hubo problemas en la distribución, pero aseguró que el Gobierno ya está normalizando el suministro. También señaló que el contrabando de gasolina y diésel hacia países vecinos, con la presunta complicidad de algunos efectivos policiales y militares, agrava la situación.

Desde noviembre de 2023, el gobierno denuncia un convenio entre Morales, Mesa y Camacho para “desestabilizar el gobierno de Luis Arce”. En ese entonces, el exvocero presidencial Jorge Richter, hizo esta afirmación luego de que Andrónico Rodríguez sea elegido nuevamente como presidente del Senado. Desde entonces, se utilizó esta narrativa para denunciar un bloqueo económico en la Asamblea además de buscar acortar el mandato de Arce.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, advirtió que las elecciones presidenciales del 2025 enfrentan “enormes riesgos” si la Asamblea Legislativa Plurinacional no aprueba las leyes necesarias para garantizar el proceso.

Durante una entrevista con La Razón Radio, Tahuichi lamentó que no haya avances en lo acordado en el “Tercer Encuentro Multipartidario por la Democracia” donde se plantearon 15 puntos, de los cuales seis son responsabilidad de la Asamblea.

“Cuidado que en esta elección alguna autoridad disponga de prorrogar, postergar, anular cualquier cosa”, advirtió.

Dicho encuentro, en el que participaron el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, y los líderes de los 14 partidos políticos con personería jurídica de alcance nacional, se planteó la aprobación de varias leyes para “blindar” las elecciones generales fijadas para el 17 de agosto de este año.

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Uno de los principales problemas, según Tahuichi, es la falta de una ley de preclusión electoral, que impediría que cualquier autoridad administrativa, jurisdiccional o constitucional pueda suspender, postergar o anular las elecciones.

El vocal también criticó el poder del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que en 2024 declaró desierta la elección judicial en cinco departamentos. Según él, esto demuestra que la preclusión electoral no está plenamente garantizada, a pesar de estar reconocida en la ley 026.

En una entrevista con Piedra, Papel y Tinta, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, afirmó que Bolivia cuenta con un orden normativo suficiente para garantizar elecciones transparentes, Tahuichi respondió que su análisis es incompleto.

“El artículo 203 de la Constitución dice que todas las decisiones del Tribunal Constitucional son de cumplimiento obligatorio, sin posibilidad de recurso. Si un vocal electoral se negara a acatar una sentencia del TCP, podría ser encarcelado”, sostuvo.

Respecto a la fecha de las elecciones, programadas para el 17 de agosto, la misma jornada en la que se celebra la festividad de Urkupiña. Organizaciones religiosas y cívicas amenazaron con presentar un amparo constitucional.

Tahuichi advirtió que, si el TCP admite una acción de este tipo, se reforzaría la necesidad de la ley de preclusión electoral para evitar que terceros bloqueen el proceso.