Senadores denuncian que artículos de la Ley del PGE viola la Constitución
Legisladores exigen la derogación de disposiciones que consideran inconstitucionales
Los senadores Silvia Salame y Luis Adolfo Flores han denunciado que el Gobierno incluyó de manera irregular artículo y disposiciones en la Ley N° 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, afectando la Constitución Política del Estado (CPE). Ambos parlamentarios exigen la derogación de estos artículos y advierten sobre su posible impacto en la estabilidad económica y jurídica del país. Este debate ha generado una fuerte controversia en Bolivia.
Un proceso legislativo cuestionado
Según la senadora Silvia Salame, la promulgación de la ley no respetó los plazos establecidos por la CPE. Explicó que el 18 de diciembre envió una carta al presidente alertando que no se podía promulgar la ley del presupuesto, ya que aún no habían vencido los 60 días que estipula la Constitución en caso de falta de aprobación por la Asamblea Legislativa.
“La norma debía haber sido enviada al Senado, donde ya había una directiva conformada, pero el vicepresidente retuvo el documento hasta que se resolviera el problema en Diputados. Por ello, el plazo real para su tratamiento vencía el 12 de enero”, afirmó Salame.
Disposiciones introducidas de “contrabando”
Uno de los puntos más cuestionados es la inclusión de artículos ajenos al presupuesto. La legisladora denunció que en la Ley N° 1613 se incorporaron cambios que afectan:
- La Ley del Banco Central, permitiendo financiamiento estatal sin aprobación legislativa.
- El acceso a financiamiento externo, autorizando endeudamiento sin revisión de la Asamblea.
- Disposiciones sobre el litio, agregadas sin discusión previa.
Salame enfatizó que el presupuesto debe enfocarse exclusivamente en la administración de recursos, sin modificar otras leyes.
Advertencias sobre endeudamiento y reservas de oro
Por su parte, el senador Luis Adolfo Flores señaló que el Gobierno ha utilizado la Ley del Presupuesto para aprobar medidas financieras sin el debido control legislativo. Explicó que en 2023 se aplicó una estrategia similar, reteniendo el presupuesto en la Vicepresidencia durante 40 días y aprobándolo de forma apresurada.
“El artículo 13 permite al Ejecutivo endeudarse con $us 3.000 millones sin aprobación del Legislativo, el artículo 14 autoriza otros $us 14.000 millones y el artículo 19 permite al Banco Central utilizar las reservas de oro como garantía sin consulta previa”, alertó Flores.
El legislador recordó que según la Ley del Banco Central y la Ley del Oro, solo la Asamblea Legislativa puede autorizar la pignoración o hipoteca de las reservas de oro.
Hace algunos años, durante la actual gestión de gobierno, se aprobó la Ley del Oro. En esta norma se incluyó un artículo específico que establece que la Asamblea Legislativa es la única entidad que puede autorizar la disposición de las reservas de oro. «En su momento, se autorizó la venta y compra de oro con el supuesto objetivo de generar dólares para el país, pero esto no funcionó. Las últimas veintidós toneladas de oro fueron protegidas en la ley, especificando que no pueden ser utilizadas como garantía sin aprobación legislativa», afirmó el asambleísta
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Acciones legales en marcha
Ante estas irregularidades, los legisladores han emprendido dos vías de acción:
- Un proyecto legislativo para derogar los artículos cuestionados.
- Una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Además, según el senador Flores, se denunció penalmente a Yván Espada, magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional por permitir estas irregularidades.
Posibles consecuencias y llamado al diálogo
Los senadores advirtieron que la aprobación apresurada de la ley podría tener graves consecuencias económicas. “Si el Gobierno necesita créditos, debe debatirse en la Asamblea. No podemos permitir que se endeuden sin control ni transparencia”, sostuvo Flores.
En este contexto, instaron a los sectores sociales que convocaron un paro nacional a considerar un compás de espera mientras la Cámara de Diputados revisa la norma. “Así como nosotros hemos actuado con responsabilidad, pedimos a los movilizados que nos permitan completar el proceso legislativo”, concluyó Salame.