En un reciente encuentro, las víctimas de Senkata y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hicieron un balance de los compromisos del Estado boliviano relacionados con los hechos ocurridos en noviembre de 2019. La reunión, que destacó la falta de avances en la implementación de las recomendaciones de la CIDH, subrayó el incumplimiento de promesas clave de reparación y justicia.

Informe

La CIDH, en su informe de 2021, presentó 36 recomendaciones, de las cuales 16 están directamente vinculadas a las víctimas de Senkata y Sacaba. Entre las más relevantes se encuentran la implementación de un plan de atención a las víctimas y la creación de medidas de dignificación y justicia. Sin embargo, el representante de las víctimas de Senkata, Edgar Inca, expresó que, aunque algunas acciones han sido iniciadas, los avances son aún limitados.

En particular, Inca destacó que el Estado aún no ha cumplido con muchas de las medidas relacionadas con el resarcimiento de las víctimas. Las recomendaciones incluyen la modificación de la legislación sobre terrorismo, ya que, según la CIDH, su definición actual facilita la persecución política. Además, se señaló que no se ha dado un proceso judicial adecuado en los tribunales nacionales para abordar los hechos de violencia de 2019.

Compromisos incumplidos

Las denuncias de abuso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden durante las protestas en noviembre de 2019 siguen sin una resolución clara y justa.

Las víctimas y la sociedad civil continúan buscando justicia en instancias internacionales, ya que el Estado boliviano no ha proporcionado las respuestas necesarias en el marco nacional.

Inca instó al gobierno de Bolivia a cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de los derechos humanos, especialmente aquellos vinculados a la reparación integral para las víctimas de Senkata y otros hechos de violencia ocurridos en ese período.

La CIDH ha hecho un llamado urgente al Estado boliviano para cumplir con sus recomendaciones.

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Denuncias contra autoridades locales

El encuentro también evidenció denuncias contra autoridades locales por su presunto incumplimiento de leyes relacionadas con la dignificación y reparación de las víctimas. Entre los señalados se encuentran:

• Eva Copa , alcaldesa de El Alto, por incumplir la Ley Municipal de Dignificación.
• Santos Quispe , gobernador de La Paz, por no cumplir con la Ley Departamental de Dignificación.
• Betty Yañiquez , diputada, por retrasar la aprobación del Proyecto de Ley de Reparación Integral.

La empresa Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. (DELAPAZ) se encuenra en plena construcción de la Subestación Villa Santiago 115/12 kV, ubicada en el Distrito 2 del municipio de El Alto. Esta infraestructura fortalecerá la red de subtransmisión, incrementando su capacidad de 69 kV a 115 kV. Como resultado, se podrá responder al crecimiento demográfico y a la creciente demanda energética en La Paz, El Alto y Viacha.

El proyecto, financiado con una inversión de Bs42.851.455, busca garantizar un suministro eléctrico continuo, confiable y seguro. Además, cumple con la normativa vigente y beneficiará a miles de familias, comercios e industrias de la región.

Características de la nueva subestación

La Subestación Villa Santiago contará con un diseño híbrido e incorporará tecnología de última generación, incluyendo:

• Un equipo compacto aislado en gas SF6 de 145 kV con configuración de barra simple.
• Dos bahías de línea, dos bahías de transformador y una bahía de acople.
• Capacidad para reemplazar a la actual Subestación Tarapacá de 69/6,9 kV, ubicada en el regimiento Ingavi de El Alto.

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Expansión y modernización del sistema eléctrico

Como parte del plan estratégico de mejora del sistema eléctrico, DELAPAZ completó en 2024 la construcción de las líneas subterráneas de 115 kV Kenko – Villa Santiago y Villa Santiago – Alto La Paz. Gracias a estas conexiones, se fortalece la seguridad y estabilidad de la red. De este modo, se asegura una distribución eficiente de energía y se permite atender futuras expansiones urbanas.

Con estos avances, DELAPAZ reafirma su compromiso de ofrecer un servicio eléctrico confiable y eficiente. Asimismo, la empresa impulsa la industrialización de Bolivia en el marco del Bicentenario.

La aprobación del contrato con CBC para la extracción de litio en Bolivia ha generado críticas y denuncias de la oposición. El diputado Miguel Roca cuestionó la transparencia del proceso y señaló posibles maniobras irregulares para asegurar su aprobación.

Según Roca, la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados retomó la sesión sin previo aviso y restringió el acceso de la oposición y la prensa. De acuerdo con el legislador, esta estrategia tuvo la intención de excluir a ciertos miembros y evitar el debate sobre el acuerdo.

Sesión nocturna y votos clave en la aprobación

La votación se llevó a cabo en la madrugada y contó con el apoyo de cinco diputados oficialistas, además de Pedro Coro, Ronald Huanca y José Carlos Gutiérrez, quienes respaldaron el contrato a pesar de las críticas dentro de sus bancadas.

Control del consorcio y condiciones económicas

Otro de los aspectos cuestionados es la autonomía que tendrá el consorcio CBC en la operación. Según Roca, la empresa decidirá sobre compras, contrataciones y gastos sin un control efectivo del Estado boliviano. Además, los costos de inversión serán devueltos con una tasa de interés del 12%, superior a la de los créditos internacionales actuales.

Denuncias de sobornos en la aprobación

Roca también denunció presuntos pagos de hasta $us 10.000 por voto para favorecer la aprobación del contrato, según información obtenida de periodistas. «Este tipo de corrupción es inaceptable», afirmó el legislador.

El diputado comparó este contrato con los acuerdos firmados en 2003 durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. «Por menos que esto, cayó Goni», enfatizó.

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Reacciones y próximas acciones

Desde el oficialismo se defiende el contrato, argumentando que fortalecerá la explotación del litio y atraerá inversión extranjera. No obstante, sectores opositores y organizaciones sociales han anunciado movilizaciones y acciones legales para exigir mayor transparencia y la revisión de los términos del acuerdo.

Los senadores Silvia Salame y Luis Adolfo Flores han denunciado que el Gobierno incluyó de manera irregular artículo y disposiciones en la Ley N° 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, afectando la Constitución Política del Estado (CPE). Ambos parlamentarios exigen la derogación de estos artículos y advierten sobre su posible impacto en la estabilidad económica y jurídica del país. Este debate ha generado una fuerte controversia en Bolivia.

Un proceso legislativo cuestionado

Según la senadora Silvia Salame, la promulgación de la ley no respetó los plazos establecidos por la CPE. Explicó que el 18 de diciembre envió una carta al presidente alertando que no se podía promulgar la ley del presupuesto, ya que aún no habían vencido los 60 días que estipula la Constitución en caso de falta de aprobación por la Asamblea Legislativa.

“La norma debía haber sido enviada al Senado, donde ya había una directiva conformada, pero el vicepresidente retuvo el documento hasta que se resolviera el problema en Diputados. Por ello, el plazo real para su tratamiento vencía el 12 de enero”, afirmó Salame.

Disposiciones introducidas de “contrabando”

Uno de los puntos más cuestionados es la inclusión de artículos ajenos al presupuesto. La legisladora denunció que en la Ley N° 1613 se incorporaron cambios que afectan:

• La Ley del Banco Central, permitiendo financiamiento estatal sin aprobación legislativa.
• El acceso a financiamiento externo, autorizando endeudamiento sin revisión de la Asamblea.
• Disposiciones sobre el litio, agregadas sin discusión previa.

Salame enfatizó que el presupuesto debe enfocarse exclusivamente en la administración de recursos, sin modificar otras leyes.

Advertencias sobre endeudamiento y reservas de oro

Por su parte, el senador Luis Adolfo Flores señaló que el Gobierno ha utilizado la Ley del Presupuesto para aprobar medidas financieras sin el debido control legislativo. Explicó que en 2023 se aplicó una estrategia similar, reteniendo el presupuesto en la Vicepresidencia durante 40 días y aprobándolo de forma apresurada.

“El artículo 13 permite al Ejecutivo endeudarse con $us 3.000 millones sin aprobación del Legislativo, el artículo 14 autoriza otros $us 14.000 millones y el artículo 19 permite al Banco Central utilizar las reservas de oro como garantía sin consulta previa”, alertó Flores.

El legislador recordó que según la Ley del Banco Central y la Ley del Oro, solo la Asamblea Legislativa puede autorizar la pignoración o hipoteca de las reservas de oro.

Hace algunos años, durante la actual gestión de gobierno, se aprobó la Ley del Oro. En esta norma se incluyó un artículo específico que establece que la Asamblea Legislativa es la única entidad que puede autorizar la disposición de las reservas de oro. «En su momento, se autorizó la venta y compra de oro con el supuesto objetivo de generar dólares para el país, pero esto no funcionó. Las últimas veintidós toneladas de oro fueron protegidas en la ley, especificando que no pueden ser utilizadas como garantía sin aprobación legislativa», afirmó el asambleísta

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Acciones legales en marcha

Ante estas irregularidades, los legisladores han emprendido dos vías de acción:

1. Un proyecto legislativo para derogar los artículos cuestionados.
2. Una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Además, según el senador Flores, se denunció penalmente a Yván Espada, magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional por permitir estas irregularidades.

Posibles consecuencias y llamado al diálogo

Los senadores advirtieron que la aprobación apresurada de la ley podría tener graves consecuencias económicas. “Si el Gobierno necesita créditos, debe debatirse en la Asamblea. No podemos permitir que se endeuden sin control ni transparencia”, sostuvo Flores.

En este contexto, instaron a los sectores sociales que convocaron un paro nacional a considerar un compás de espera mientras la Cámara de Diputados revisa la norma. “Así como nosotros hemos actuado con responsabilidad, pedimos a los movilizados que nos permitan completar el proceso legislativo”, concluyó Salame.

En un contexto marcado por tensiones internas y disputas sobre el liderazgo, el sector evismo, liderado por Evo Morales y sus bases, ha anunciado una serie de ampliados estratégicos para definir su hoja de ruta.

Encuentros clave en Tiraque y Lauca Ñ

El senador Luis Flores confirmó que el evismo llevará a cabo dos encuentros de relevancia nacional:

• Ampliado departamental en Tiraque: Se celebrará el viernes 7 de febrero con la participación de la dirigencia departamental, sectores campesinos, Bartolinas, interculturales y representantes del Trópico de Cochabamba. El objetivo es unificar criterios y establecer una postura común frente al proceso electoral.
• Ampliado nacional en Lauca Ñ: Programado para el día siguiente, contará con la asistencia de dirigentes de sectores clave a nivel nacional. Durante esta reunión, se realizará un análisis de la coyuntura política y se definirán estrategias de movilización y posicionamiento del candidato.

Candidatura de Evo Morales

Luis Flores reafirmó que la candidatura de Evo Morales ha sido una decisión orgánica de las bases. «El 99.9 % de las organizaciones sociales ha manifestado su respaldo a Evo», señaló el senador, enfatizando que cualquier otra propuesta responde a intereses individuales y no a consensos colectivos.

El dirigente también se refirió a las tensiones con el sector arcista, que ha insinuado la posible postulación de Andrónico Rodríguez. Sin embargo, Flores descartó que este planteamiento tenga peso dentro de la estructura evismo, asegurando que el binomio presidencial será definido en consenso con los sectores sociales.

Movilización masiva para la inscripción

El evismo prepara una demostración de fuerza en el momento de inscripción de candidaturas. «Se movilizarán decenas de miles de personas», anticipó Flores, en respuesta a las críticas de sectores opositores y oficialistas que cuestionan esta estrategia. Desde su perspectiva, la movilización es un derecho legítimo y una muestra del respaldo social que mantiene el exmandatario.

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Denuncias de injerencia

El senador también advirtió sobre una presunta injerencia del Ejecutivo y el Tribunal Constitucional en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), señalando que existe una estrategia para impedir la inscripción de Evo Morales. «Los bolivianos debemos estar atentos. Hay una intención de dejar fuera del proceso a la izquierda y al indigenismo», declaró.

Asimismo, mencionó que los vocales del TSE han adelantado criterios sobre la eventual inhabilitación de Morales, lo que, a su juicio, compromete su imparcialidad. «Si ya se han pronunciado antes de recibir cualquier recurso, no podrán intervenir en el proceso», afirmó.

Estrategia

Pese a las adversidades, el evismo mantiene su determinación de disputar la presidencia en 2025. Con una agenda de reuniones y movilizaciones en marcha, el sector busca consolidar su estructura política y fortalecer su presencia en todo el país.

Al parecer, los ampliados de Cochabamba y Lauca Ñ serán clave en este proceso, pues definirán los pasos a seguir y el plan de acción que llevará al evismo rumbo a las elecciones generales.