Elecciones judiciales: Un tortuoso camino caracterizó a los comicios de este domingo

Imagen: APG
Este domingo, Bolivia escribe otro capítulo de la historia de su democracia. Luego de un tortuoso camino que comenzó en 2023, las elecciones judiciales se realizan por fin, aunque de manera parcial, por primera vez en este periodo democrático de 42 años.
Aprobada una ley, la Asamblea Legislativa emitió la primera convocatoria para las judiciales el 27 de marzo de 2023, pero fue paralizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) luego de un amparo constitucional presentado por el abogado Miguel Ángel Balcázar en Beni, que dejó sin efecto la convocatoria el 13 de abril, mediante la Resolución 024/2023 e instruyó la emisión de una nueva convocatoria.
En cumplimiento de la decisión, la Asamblea Legislativa emitió la convocatoria el 20 de abril de ese año; sin embargo, el 25 de ese mes, el diputado Leonardo Ayala, de Creemos, presentó una acción de inconstitucionalidad ante el TCP, que dos días después emitió el Auto Constitucional 0186/2023, con el que se paralizó el proceso nuevamente.
Elecciones judiciales
El 1 de junio, el presidente Luis Arce promulgó la Ley 1315, que acortaba los plazos de la preselección de candidatos y el tiempo para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) organice los comicios. Así, el 14 de junio, ese órgano definió el 4 de septiembre para la entrega de la lista de preseleccionados, y el 3 de diciembre, la votación.
No obstante, el TCP emitió el 31 de julio la Sentencia Constitucional 60/2023 y anuló la convocatoria, el reglamento y la Ley 1513, en respuesta a la acción interpuesta por el diputado Ayala. De esa manera, el proceso volvió a fojas cero.
Ante la premura de cumplir con las elecciones judiciales, el 8 de agosto, legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos conformaron una comisión técnica para la elaboración de un proyecto de ley único y garantizar así los dos tercios que exigió el TCP.
Luego de eso, el 31 de agosto, la Cámara de Senadores dio luz verde a un proyecto de ley consensuado entre las tres fuerzas políticas y lo remitió a Diputados.
Convocatoria
El 6 de septiembre de 2023, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados solicitó una opinión al Órgano Ejecutivo y a los tribunales de Justicia que debían cesar en sus mandatos. Luego, el 20 de septiembre de 2023, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a partir de esas “notas”, remitió la consulta al TCP, al que solicitó control previo de constitucionalidad del Proyecto de Ley 144/2022-2023. En ese sentido, el 28 de septiembre, el TCP admitió la consulta y suspendió las elecciones judiciales por quinta vez.
El 8 de noviembre de ese año, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Marco Ernesto Jaimes, solicitó ampliar el objeto de la consulta, exhortando al TCP evitar un “vacío de poder” en caso de no contar con autoridades electas hasta el 31 de diciembre de 2023.
El 11 de diciembre, el TCP emitió la Declaración Constitucional 049/2023. Se trata de la polémica resolución que prorrogó el mandato de los magistrados y consejeros electos en 2017, con la que extendieron su gestión hasta que sus sucesores sean electos y posesionados por voto popular.
Dicha declaración movió la arena política debido a una serie de acusaciones de algunos sectores que denunciaron “contubernios” entre los “autoprorrogados” —como calificó el evismo y la oposición— y el Gobierno. En medio de esa polémica, el TCP emitió el 31 de enero una medida cautelar con la que ordenó a la Asamblea Legislativa acatar la Sentencia 049/2023.
Asamblea Legislativa
Luego de acuerdos políticos y sesiones con bochorno, la Asamblea Legislativa dio luz verde a un nuevo proyecto de ley para continuar las elecciones judiciales. Así, el 6 de febrero el presidente Luis Arce promulgó la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.
Más adelante, en pleno procesos de preselección de postulantes, una decisión constitucional frenó su avance. El 12 de julio de 2024, la Sala Constitucional de Beni decidió suspender, bajo medida cautelar, el proceso de elección en la fase de exámenes.
El 8 de agosto, luego de la sesión bicameral para la aprobación del informe con la lista de habilitados a los comicios, la Asamblea Legislativa remitió al Tribunal Supremo Electoral (TSE), una lista de 139 preseleccionados, entre hombre y mujeres, para llevar adelante las elecciones para los altos cargos del Órgano Judicial y del TCP.
Ya con un calendario electoral en curso, el TCP emitió el 4 de noviembre la Sentencia Constitucional 0770/2024-S4, que declaró desiertas las elecciones para el TSJ en los departamentos de Beni y Pando y, para el TCP, en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.
Pese a un intento del TSE para que la votación se cumpla según lo previsto, el TCP ratificó su decisión.
TCP y las elecciones judiciales
Esa decisión reavivó los cuestionamientos sobre la prórroga del mandato de los magistrados y consejeros en ejercicio. Principalmente, lo más cuestionado es la legalidad y la legitimidad de sus resoluciones.
Legisladores evistas y de oposición desconocieron la legalidad de esas decisiones e incluso afirmaron que los profesionales “están haciendo usurpación de funciones”.
Hoy, por tercera vez en la historia del país, los bolivianos elegirán a 19 de las 26 autoridades de los tribunales Constitucional Plurinacional (TCP), Supremo de Justicia (TSJ) y Agroambiental (TA), y del Consejo de la Magistratura.
Electos y posesionados, los nuevos magistrados “convivirán” con los magistrados cuyo mandato constitucional de seis años terminó el 31 de diciembre de 2023.
El sábado, el presidente Luis Arce celebró la realización de las elecciones y afirmó que el Gobierno “cumplió” con los comicios.