Este viernes, la Central de Trabajadores de Bolivia (CTB) advirtió con retomar las movilizaciones a nivel nacional a partir del próximo lunes si, en el transcurso, no se deroga la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que autoriza el decomiso y la confiscación de productos y alimentos.

“Queremos la derogación del artículo siete. Ya han dicho todos, los empresarios, gremiales, conamypes (micro y pequeños empresarios), que queremos el retiro definitivamente. A nivel nacional ya estamos coordinando con los nueve departamentos, si hasta el día lunes no se retira, vamos a salir a las calles”, protestó el secretario ejecutivo de la federación, Toño Siñani.

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Disposición

El sector también se movilizó a inicios de esta semana con el mismo pedido, sin embargo, el Gobierno insiste en mantener la disposición, pese al rechazo multisectorial contra la misma.

Las autoridades explicaron que la norma no afectará a los productores que operen de acuerdo a la ley, sino solo a aquellos que se dediquen a la especulación, agio y contrabando.

A pesar de las aclaraciones, el sector empresarial y productor ratificó que la disposición genera zozobra y preocupación y que no se puede llegar a ningún acuerdo, salvo su derogación.

Siñani lamentó la situación que atraviesa el país y pidió al Gobierno dar soluciones de carácter inmediato para poder atender la crisis.

“En este Bicentenario, en vez de estar gozando por nuestra rojo amarillo y verde, vamos a estar flameando en las calles pidiendo la renuncia del presidente Luis Arce”, advirtió el dirigente.

En su criterio, el Gobierno miente en relación a aspectos que son de interés y afectan a toda la población, como la falta de dólares y la escasez de combustibles.

Por ello, señaló que las medidas de presión comenzarán a radicalizarse a partir de la próxima semana.

El sector de la minería continúa consolidándose como un pilar clave de la economía nacional. Según el viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización, Marcelo Ballesteros, la producción de minerales tradicionales creció un 26% en el tercer trimestre de 2024, en comparación con el mismo periodo del año anterior. 

Los principales minerales responsables de este crecimiento son el zinc, estaño, plata, antimonio, plomo, wólfram, cobre, ulexita, bismuto y hierro, cuyos volúmenes de producción experimentaron un notable repunte. 

“El crecimiento de la producción minera refleja no solo el dinamismo del sector, sino también la efectividad de las políticas implementadas por el Gobierno”, destacó Ballesteros. 

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Minería

En términos económicos, este avance se tradujo en un incremento del 16% en el valor de la producción, lo que significa ingresos adicionales por $us 391,72 millones de respecto al mismo trimestre de 2023.

De acuerdo con el viceministro, este resultado ha sido impulsado, en parte, por la recuperación de los precios de ciertos metales en el mercado internacional. 

Sin embargo, no todos los indicadores del sector fueron positivos. La producción de oro registró una caída del 44%, atribuida a condiciones adversas para la minería y a la volatilidad en la comercialización del metal.

Esto impactó directamente en el valor económico generado por el oro, que disminuyó en un 34%. 

Ballesteros indicó que, aunque la caída del oro afectó el desempeño global, se espera que esta tendencia negativa se modere al evaluar los resultados acumulados al cierre de 2024. 

El viceministro también resaltó el liderazgo de los departamentos de Potosí, La Paz y Oruro, que concentran el 87,6% del valor total de la producción minera del país, consolidando su posición como los principales motores del sector. 

Según Ballesteros, este balance positivo reafirma el rol estratégico de la minería como generador de divisas y desarrollo económico, pese a los desafíos que enfrenta el rubro aurífero. 

Pasada la primera quincena de enero, el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando informó que en ese periodo los operativos realizados afectaron a esa actividad ilícita por un monto que supera los Bs 2 millones.

“Desde el 1 de enero hasta la fecha hemos realizado una afectación al contrabando en más de 2 millones de bolivianos, especialmente en el decomiso de maíz”, informó el titular de esa cartera de Estado, Luis Velásquez, en entrevista con Bolivia Tv.

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Contrabando

Hasta finales de diciembre de 2024, la afectación al contrabando había sido de Bs 416 millones, siendo uno de los años en los que más mercancía, productos y alimentos ingresaron y salieron de manera ilegal del país.

A raíz de ello, el Gobierno tomó acciones para frenar esta actividad, por lo que desde septiembre de la gestión pasada las zonas fronterizas se encuentran militarizadas para eliminar el contrabando.

De acuerdo con Velásquez, en 2024 se logró la detención de seis personas por el delito de contrabando a la inversa, cuando los productos nacionales son llevados a los países vecinos. Sin embargo, el dato es bastante reducido, considerando la cantidad de actividad irregular y el daño a la economía.

Por ello, el viceministro señaló que este año se busca mejorar las estrategias para combatir la salida ilegal de los productos.

“En la presente gestión estamos buscando estrategias para detener y entregar al Ministerio Público para que sean procesados como corresponde”, indicó.

Asimismo, Velásquez no destacó que en las próximas semanas se observe una mayor presencia del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando.

Debido a las características del país, en el centro del continente, la línea fronteriza es bastante amplía, por lo que el contrabando se presenta en bastantes zonas y se incrementa por la presencia de pasajes clandestinos.

La Alcaldía de La Paz anunció la entrega de un puesto de venta formal a doña Emilia Mamani Itaco, quien fue víctima de agresión verbal y psicológica junto a su hijo mientras recolectaban tunas en la Meseta de Achumani. El anuncio fue realizado por el alcalde Iván Arias la noche del jueves. 

“La compañera Emilia ya podrá disfrutar de un espacio de venta legalmente constituido”, afirmó la autoridad. Doña Emilia, vendedora ambulante, solicitó apoyo económico para sostener a su nieto de cuatro años, quien depende de ella. 

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Doña Emilia

El hecho ocurrió días atrás cuando la mujer y su hijo fueron increpados de forma violenta por dos hombres mientras recogían tunas en un espacio público. El caso generó gran indignación y fue denunciado por la población en redes sociales.

La Defensoría Municipal de La Paz ubicó a la víctima y al menor el jueves en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. 

El alcalde Arias instruyó de inmediato a la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico agilizar el proceso para otorgarle el puesto de venta.

 “Pedí hacer esta orden de despacho que instruye otorgar a favor de la señora Emilia Mamani un espacio para desarrollar su actividad económica en el lugar autorizado en el plazo más breve posible”, indicó. 

Por su parte, el secretario municipal de Educación y Desarrollo Social, Jacques Alcoba, explicó, citado por la Agencia Municipal de Noticias (AMUN), que se está colaborando en la investigación legal, brindando apoyo psicológico y social a la víctima y participando en la inspección técnica ocular en el lugar donde ocurrió la agresión. 

“El cuidado de la niñez, adolescencia y de los grupos vulnerables es responsabilidad de toda la población”, enfatizó el director de la Defensoría Municipal, Brayan Tintaya, quien también hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar en la erradicación de la violencia. 

Doña Emilia también recibió apoyo económico del Gobierno e incluso se reunió con el presidente Luis Arce en Casa Grande del Pueblo.

Tras varias horas de diálogo entre la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y autoridades del Gobierno, no se logró llegar a un acuerdo sobre la reglamentación de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) que autoriza el decomiso y confiscación de productos acopiados.

“Le hemos vuelto a transmitir al ministro la posición que es de rechazo a la disposición y creemos que la misma debe ser derogada. Hemos traído la voz de otras cámaras pares”, informó en conferencia de prensa Pablo Camacho, presidente de la CNI.

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Disposición

De acuerdo con Camacho, la convocatoria se realizó a último minuto, lo que impidió la llegada de los representes del sector agroindustrial cruceño.

Por parte del Gobierno participaron César Siles, ministro de Justicia; Néstor Huanca, titular de Desarrollo Productivo y Economía Plural; y Yamil Flores, ministro de Desarrollo Rural y Tierras.

“Nos han hecho una propuesta que la hemos recibido, pero ya la posición es clara del empresariado nacional y de todas las cámaras”, explicó Camacho.

La propuesta del Gobierno, como lo adelantó el Comité de Seguridad Alimentaria, se trataba de explicar en la disposición que los alcances de la norma no afectarán al sector productivo, con el objetivo de brindar tranquilidad a quienes se dedican a este rubro.

La criticada disposición establece que: “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

Gobierno

Por ello, el Gobierno insiste al empresariado, productores e industriales, que la medida no afectará a quienes operen en el marco de la ley, sino a quienes se dediquen al agio, al contrabando y a la especulación.

No obstante, Camacho reiteró que se trata de una norma extorsiva y que se puede utilizar de manera arbitraria por parte de las autoridades estatales.

El problema del sector radica con los conflictos y acusaciones que se generan desde la gestión pasada, cuando el presidente Luis Arce y varios ministros acusaron a los productores de ser los responsables del alza de precios de alimentos de la canasta familiar.

Rechazo

El presidente de la CNI dijo que expuso la postura de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), la Confederación Nacional de Agricultura de Bolivia (Confeagro) y las cámaras de transporte.

Además de estas instituciones, los gremiales, prestatarios, comerciantes y actores políticos de oposición también se sumaron al rechazo a la disposición, debido a que consideran que afectará al sector productivo y a la economía nacional.

Pese a todo, Camacho destacó el diálogo con los ministros de Estado y adelantó que se dejó la puerta abierta para tratar otros temas. “Ha quedado abierta la posibilidad de mayores reuniones”, afirmó, pero aclaró que la postura será la misma.

El Gobierno señaló que mientras no se realce la reglamentación correspondiente en coordinación con todos los sectores, los controles no pueden realizarse, por lo que la disposición se mantiene ‘en pausa’.