Un total de 49 emergencias relacionadas con la intensa lluvia y granizada del lunes fueron reportadas en la ciudad de La Paz, según Juan Pablo Palma, secretario municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades.

El temporal, que incluyó una tormenta eléctrica de 45 minutos y granizo de hasta tres centímetros en sectores específicos, generó daños menores como caídas de techos y muros, además de colapsos en sistemas de drenaje.

Palma explicó que las zonas más afectadas fueron la calle 28 de Cota Cota y las calles 8, 13 y 15 de Calacoto, donde la acumulación de granizo bloqueó el flujo de agua.

«La concentración de hielo impidió que los sistemas funcionaran correctamente», señaló, aunque aclaró que no hubo desbordes en los ríos Achumani e Irpavi. Solo el Huayñajahuira registró un incremento de caudal, sin mayores riesgos ni afectaciones como ocurrió en 2024, cuando las aguas arrasaron con las barandas de une los puentes en el curso del río.

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La Paz

Mientras los equipos municipales trabajan en la limpieza de vías y atención de emergencias, Palma criticó la imprudencia de peatones y conductores que circularon cerca de los afluentes durante el temporal. «Era una situación de riesgo absoluto», afirmó.

Añadió que el tráfico en la avenida Costanera ya fue restablecido e instó a respetar las balizas de alerta en zonas vulnerables.

La autoridad recordó que la línea gratuita 114 está disponible las 24 horas para reportar inundaciones, filtraciones u obstrucciones en sumideros. Hasta el momento, no se han registrado víctimas ni daños estructurales graves.

La Paz enfrenta recurrentes desafíos durante la temporada de lluvias, con sistemas de drenaje que suelen saturarse ante fenómenos climáticos intensos y por deslizamientos causados por el movimiento de tierras debido a sus características geográficas.

De acuerdo con el Viceministerio de Defensa Civil, La Paz es el departamento más afectado materialmente en todo el país por la época de precipitaciones.

Este martes, la Central Obrera Departamental (COD) de La Paz se concentró en la ciudad de El Alto para iniciar una movilización hacia la sede de Gobierno en rechazo a la crisis económica que atraviesa el país.

“La marcha es en repudio a lo que está sucediendo en estos momentos, nos referimos al tema del alza de los precios de los productos de la canasta familiar, la escasez de combustibles que se ha ido viendo este último tiempo”, señaló a los periodistas Felix Nina, secretario ejecutivo de la federación.

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Crisis

Explicó que la movilización concentrará a fabriles, mineros, gremiales, trabajadores en salud, constructores y otros sectores que forman parte de la COD.

Nina indicó que sus principales demandas son la rebaja de sueldos de los funcionarios públicos, principalmente a los diputados y senadores, debido a que considera que no realizan su trabajo. Asimismo, exigen que se elimine la renta vitalicia a los expresidentes, quienes reciben sueldo por haber cumplido esa función.

De igual manera, los obreros paceños cuestionan el trabajo de varias instituciones del Estado, particularmente al Viceministerio de Transparencia. Nina señaló que realizaron varias denuncias en esta instancia, pero que jamás fueron atendidas, lo que, señala, permitió que la corrupción se vuelva algo habitual en el Gobierno.

El dirigente informó que una vez que lleguen a La Paz realizarán un mitin en plaza San Francisco para expresar el “repudio” que tiene el sector hacia la crisis económica y sus causantes.

En criterio de Nina, no es solo el Gobierno el responsable del alza de precios y de la falta de dólares en el país. Apuntó contra los empresarios privados por generar desabastecimiento y a los legisladores por no aprobar créditos en la Asamblea Legislativa.

“Son varios los actores que tienen responsabilidad en la crisis económica y política que estamos vivienda y hoy (martes) las bases van a salir en rechazo a esa situación”, señaló.

Por segundo día consecutivo, el centro paceño será punto de concentración de nuevas protestas. El lunes, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto se movilizó por los mismos motivos.

La producción de maíz en Santa Cruz enfrenta una crisis multifactorial que combina la escasez de combustible y los efectos climáticos, según Mario Moreno, presidente de la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo (Promasor).

Además de la falta de diésel, que dificulta las labores de cosecha, los agricultores lidian con el temor a daños mayores en sus cultivos debido a las recientes lluvias e inundaciones.

Moreno detalló que la insuficiencia de combustible ha impedido a los productores aprovechar las ventanas óptimas para la recolección de granos, lo que agrava las pérdidas económicas.

A esto se suma un descenso del 10% en la superficie cultivada en la zona sur, tradicionalmente dedicada a más de 120.000 hectáreas de maíz y sorgo.

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Maíz

El dirigente también señaló que, durante la etapa de crecimiento de los cultivos, no se pudo ejecutar un control adecuado de malezas y plagas por la misma limitación de recursos, incrementando la vulnerabilidad de las plantaciones.

«Hemos gestionado diésel de todas las formas posibles, pero la situación sigue siendo crítica», afirmó, añadiendo que el sector soyero y todo el sector agropecuario en general enfrenta desafíos similares.

Como nuevo factor de preocupación, mencionó las riadas que ya han impactado cultivos de soya y sorgo en varias regiones del departamento. Pese a que el sector fue golpeado por fuertes sequías en 2024, ahora las persistentes lluvias resultan contraproducentes y negativas para las actividades agrícolas.

Por ello, Moreno hizo un llamado a las autoridades para atender la emergencia, enfatizando que estos problemas acumulados podrían afectar la seguridad alimentaria y la estabilidad económica del sector y del país en su conjunto.

Promasor representa a productores de maíz y sorgo en Santa Cruz, región clave para la agroindustria y motor de la producción de alimentos para todo el territorio nacional.

Este lunes, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que la época de lluvias dejó como resultado 50 personas fallecidas, cifra que podría incrementar en los próximos días, debido a que se reportó la desaparición de ocho personas.

“Hay 90 municipios declarados en desastre municipal, 19 en emergencia, 4.362 comunidades afectadas, 368.702 familias, entre afectadas y damnificadas, 770 viviendas completamente destruidas, 50 personas fallecidas y ocho desaparecidas”, detalló en contacto con Bolivia Tv.

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Lluvias

De acuerdo con el viceministro, los datos se cuantifican a partir de finales de noviembre, mes en el que inició la temporada de precipitaciones y que podría extenderse hasta mayo, según los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Por ahora, son tres los departamentos declarados en emergencia y uno, Beni, que se declaró en desastre departamental. Además, la cantidad de municipios afectados por las lluvias asciende a más de 200.

“Hasta el momento son 204 municipios afectados, pero todos los días estamos recibiendo reportes de afectación en nuevos municipios”, señaló Calvimontes, preocupado por las nuevas lluvias que se observaron el lunes en La Paz y Santa Cruz, dos de los departamentos más golpeados por las precipitaciones.

La autoridad informó que, hasta el momento, el Gobierno destinó un monto aproximado de Bs 3,8 millones en la entrega de ayuda humanitaria, beneficiando a más de 13.000 familias afectadas por las inundaciones, derrumbes y desbordes de ríos.

Sin embargo, Calvimontes considera que los recursos no son suficientes y se requiere de un monto adicional para poder construir nuevamente todas las viviendas que fueron arrasadas y lograr atender a todas las familias afectadas.

Por ello, el viceministro reiteró en la importancia de la aprobación del crédito de $us 250 millones, pendiente en la Cámara de Senadores, para que el Gobierno cuente con los recursos para ayudar a la población y municipios que atraviesan momentos complicados.

En medio de la escasez de combustibles que atraviesa el país, La Razón realizó un sondeo a través de su cuenta de X para conocer la percepción de la población sobre la subvención de diésel y gasolina. ¿Es razonable seguir con la medida?

El 79,5% de los sondeados considera que no es razonable mantener la política de subvención de carburantes, tomando en cuenta el contexto actual; mientras que el 20,5% restante apoya la medida, según el sondeo de este diario.

A estas alturas de la situación, ¿cree Ud. que es razonable seguir con la subvención de la gasolina y el diésel en el país? Ésa fue la pregunta que La Razón lanzó el lunes 17 de marzo. Al final del sondeo, luego de siete días, 200 usuarios participaron de él.

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Subvención

La subvención de carburantes se aplica desde hace 20 años en el país, manteniendo los precios del litro de gasolina en Bs 3,74 y el de diésel en Bs 3,72. De esta manera, los bolivianos pagan un precio considerablemente más bajo por los combustibles en comparación con los costos en el mercado internacional.

Sin embargo, esta medida, que mantiene los costos del transporte y de vida en general entre los más bajos de la región, representa un alto gasto para el Estado. Solo en 2024 el país destinó $us 2.381 millones para mantener la subvención de carburantes. Para 2025 se prevé un monto superior, de $us 2.900 millones, según el Presupuesto General del Estado (PGE).

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2019 el costo de la subvención de combustibles había sido de $us 1.629 millones; es decir que podría duplicarse en los próximos años.

La situación del país ha cambiado y el ingreso de dólares ya no es el mismo, como reconoce el propio Gobierno. Por ello, las limitadas divisas que genera el país se destinan a la subvención de carburantes y al pago de la deuda externa, situación que provoca la escasez de moneda extranjera que afecta a tantos sectores.

Por ello, muchos actores políticos y económicos insisten en que el Gobierno debe levantar la subvención de carburantes, ya que la consideran como la causa de muchos de los problemas que atraviesa el país actualmente.

Sin embargo, las autoridades advierten que esa posibilidad generaría un encarecimiento en el costo de vida en general, pues todo se mueve con el transporte y se deberá pagar el nuevo precio de la gasolina y diésel agregado a todos los productos y servicios.

En ese sentido, el Gobierno ratificó el pasado viernes que la subvención se mantendrá, pese a todos los pedidos de suspender la medida.