La directora de la distrital Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Santa Cruz, Lesly Lanza, dijo este lunes que la entidad atiende, en ese departamento, una sobredemanda de 50.000 garrafas de GLP (gas licuado de petróleo) por día.

Asimismo, aclaró que las tiendas de barrio no están autorizadas para vender este combustible, ya que no cuentan con medidas de seguridad.

“Hay una coordinación con cada una de las distribuidoras, así también con YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) para producir 50.000 garrafas día; las cuales estuvieran cubriendo la sobredemanda que se presenta”, explicó en conferencia de prensa.

Además, remarcó que no existe desabastecimiento de ese combustible en el país y exhortó a la población a no dejarse llevar por la especulación; y aquellas aseveraciones que circulan mediante redes sociales de que no existirían garrafas de GLP en las tiendas de barrio.

Explicó que existe un acuerdo con las distribuidoras y camiones repartidores de que las tiendas de barrio no son lugares autorizados para la venta de ningún tipo de combustible; ya que no cuentan con las medidas de seguridad.

Recordó que la ANH cuenta con dos líneas habilitadas las 24 horas, a través de las cuales los consumidores pueden hacer su solicitud de garrafas de GLP e inmediatamente el camión irá a la zona donde estuviera faltando ese carburante.

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GLP

Respecto a la venta por persona, dijo que las distribuidoras entregan, por seguridad, sólo dos garrafas de GLP por persona; ya que se trata de un producto altamente inflamable. Sin embargo, en caso de que el consumidor sea de una panadería, restaurante, entre otros negocios, y requieran de mayor cantidad, deben contar con el registro de la ANH.

“Aclarar a toda la ciudadanía de Santa Cruz que no hay un desabastecimiento en lo que respecta a GLP; es más, se están incrementando los volúmenes actualmente para apalear lo que se está generando una sobredemanda”, remarcó Lanza.

La ANH, YPFB y representantes de la Cámara de Distribuidoras de GLP se reunieron este lunes en Santa Cruz por el comportamiento en el mercado y la sobredemanda generada respecto a las garrafas.

En varias ciudades, la gente reclamó por un supuesto desabastecimiento de GLP; incluso hubo algunos bloqueos esporádicos de vías.

El sábado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que despacha diariamente 1.375 toneladas de GLP a nivel nacional, cifra que cubre la demanda proyectada y garantiza el suministro sin interrupciones.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) saludó la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que admitió una acción de inconstitucionalidad contra la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado y dijo que es “acto de defensa y respeto a la propiedad privada”.

“La disposición adicional séptima genera un clima de alta inseguridad jurídica para la inversión privada y la decisión del TCP es un acto de defensa; y respeto de los derechos a la actividad económica y propiedad privada consagrados en la CPE”, dijo Pablo Camacho, presidente de la CNI. 

Asimismo, destacó que la decisión del TCP es resultado de las intensas gestiones realizadas por la CNI; y otras entidades gremiales a nivel nacional frente a una norma considerada confiscatoria por varios sectores de Bolivia.

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CNI

Camacho señaló que la CNI fue la primera entidad gremial en rechazar y solicitar la anulación de la disposición adicional séptima por considerarla confiscatoria; y transgredir el derecho a la propiedad privada consagrada en la Constitución Política del Estado. “Los industriales iniciamos un conjunto de acciones intensas en coordinación con varios sectores empresariales; para lograr que esta norma sea anulada”, indicó.

La decisión del TCP deja en suspenso la aplicación de la ley hasta que se pronuncie con una sentencia; y también prohíbe el tratamiento de cualquier otra normativa vinculada a la citada norma; hasta que se dicte la respectiva sentencia constitucional plurinacional.

Además, remarcó que la CNI continuará en permanente vigilia y se seguirá adoptando acciones y pronunciamientos para que esta disposición confiscatoria sea totalmente anulada. 

Este lunes, el TCP suspendió provisionalmente la aplicación de la polémica disposición adicional séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, denominada como la “norma confiscatoria”.

La disposición había generado el rechazo de varios sectores. Incluso se conformó un Comité Multisectorial integrado por gremiales, transportistas; productores y otros que se movilizaron en contra de esta normativa. El Gobierno argumenta que es para luchar contra el contrabando.

La Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) se declaró en emergencia y alertó que está dejando de exportar debido al incremento de precios de los insumos y la falta de dólares. El sector se reunirá en un ampliado para asumir medidas.

Helen Rivero, ejecutiva del sector, lamentó que el Gobierno no dé soluciones estructurales a la crisis económica y alertó que los pequeños empresarios están siendo “asfixiados”.

“El dólar sigue subiendo, ayer estaba a Bs 11, hoy me dijeron que ya subió y no hay quién controle eso. Nos preocupa porque si nosotros vendemos a un precio hoy, al día siguiente ya es otro y no ganamos nada”, dijo Rivero en radio Fides.

Asimismo, explicó que por la falta de divisas no pueden producir y exportar con normalidad, por lo que de a poco muchas pequeñas empresas están dejando de vender al exterior. “Somos independientes y deberían darnos más apoyo porque también damos empleo”, complementó.

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Dólares

Rivero dijo que están cansados de las mentiras del Gobierno y pidió a las autoridades que se sinceren, sobre todo respecto al abastecimiento de hidrocarburos.

Conamype también está siendo afectada por la falta de diésel y gasolina.

“No estamos de acuerdo con las 10 medidas, basta de tanta mentira, hasta cuándo van a pedir créditos, si quieren ahorrar debe haber austeridad. Necesitamos diésel, gasolina, no hay dólares, estamos cansados”, remarcó.

Anunció que en las siguientes horas se reunirán en un ampliado nacional para determinar qué medidas asumirán para hacer conocer sus demandas.

Conamype no es el único sector que protesta por la coyuntura económica del país, particularmente la escasez de dólares y combustible.

El transporte y los productores son los que más han reclamado por el desabastecimiento e incluso alertaron que está en peligro la cosecha y la seguridad alimentaria.

Luego del colapso de la plataforma vial, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) restableció la tarde de este viernes el paso de vehículos por Llavini, en la carretera Cochabamba-La Paz, y los viajes interdepartamentales se reanudaron.

“En el tramo Bombeo, Cochabamba, donde teníamos el derrumbe en el Sillarcito, kilómetro 69, conocido como Llavini, se habilitó el paso para vehículos livianos, medianos y pesados, en ambos sentidos; entonces, estamos levantando la restricción vehicular para los viajes interdepartamentales”, confirmó el presidente de la ABC, Marcel Claure.

De inmediato, las terminales terrestres de Cochabamba, La Paz y Oruro fueron autorizadas a habilitar los viajes de buses; que estaban suspendidos desde el martes; cuando se produjo el desplome de parte de la vía.

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Cochabamba

El jueves se habilitó parcialmente la vía, solo para el paso de vehículos livianos; pero ahora el camino fue habilitado para todo tipo de vehículos.

Claure afirmó que dejó de llover en la zona, no obstante, llamó a los transportistas a tener precaución; y seguir las instrucciones de la Policía Caminera y del personal de ABC.

Por otro lado, informó que se rehabilitó el paso en el sector Tres Marías en la ruta de Unduavi – Chulumani; en el departamento de La Paz.

El corte de la vía troncal entre Cochabamba y La Paz provocó incluso el desabastecimiento de algunos alimentos de la canasta familiar que llegan del valle y de oriente; como la carne de pollo.

El miércoles, el gabinete autorizó el uso de recursos económicos del Tesoro General de la Nación (TGN) para atender los tramos carreteros “críticos” en la Red Vial Fundamental debido a las intensas lluvias, informó el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño. Según la autoridad, se estima un gasto aproximado de Bs 55 millones.

Luego de un ampliado, los choferes de la Federación Andina de El Alto anunciaron que activarán un paro indefinido desde el lunes 17 en protesta por la escasez de combustibles.

“¿Paro indefinido desde el lunes?”, preguntó uno de los dirigentes y las bases contestaron “¡Aprobado!”, según un audio difundido por el portal Radio Tv Creativa Digital Bolivia.

La medida será asumida hasta que se normalice el abastecimiento de combustible en todo el país. Los choferes reclamaron que deben realizar largas filas diariamente, lo que les imposibilita cumplir con normalidad con su trabajo.

En la resolución, aprobaron, además, pedir la renuncia del secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, a quien acusaron de no luchar por el sector y de traicionarlos.

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Los participantes del ampliado reclamaron porque Gómez suspendió el ampliado nacional que debía realizarse el jueves 13 de marzo.

Asimismo, sugirieron presionar y tomar la Confederación, no pagar peajes y asumir otras medidas de presión.

La escasez de combustibles en el país afecta, principalmente, al transporte público y privado. Las largas filas en las estaciones de servicio se mantienen hace más de dos semanas.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, anunció este viernes la llegada de casi 100 millones de litros de combustible; sin embargo, reconoció que las filas aún no desaparecerán, pero irán disminuyendo de a poco.