Juez otorga libertad pura y simple a maestros que tomaron el Ministerio de Trabajo
Según el abogado defensor, no se demostró que había riesgo de fuga ni obstaculización e inexistente probabilidad de autoría. El dirigente José Luis Álvarez tiene prohibido acudir al Ministerio de Trabajo salvo necesidad marcada o permiso del juez para hacer reclamos.
El profesor José Luis Àlvarez saliendo de su audiencia. Foto: Roberto Guzmán
Tras una larga audiencia de medidas cautelares, los cuatro maestros aprehendidos el viernes pasado tras la toma del Ministerio de Trabajo recibieron este lunes libertad pura y simple y en las siguientes horas serán liberados.
Los maestros José Luis Álvarez, Leandro Mamani, Mary Álvarez Beltrán y Felipe Loza, fueron imputados por los delitos de destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, tras ingresar por la fuerza a instalaciones del Ministerio de Trabajo exigiendo el reconocimiento de la directiva del Magisterio Urbano de La Paz.
“Fue una audiencia de la vergüenza, la bajeza de la FELCC ordena a que se presten policías a levantar falsos, el Ministerio de Trabajo pretendía que se dé detención preventiva domiciliaria al profesor José Luis Álvarez; sin embargo, al haber demostrado que no incurría en riesgo de fuga ni obstaculización e inexistente probabilidad de autoría, al juez no le quedó otra que eximirlo y solo lo ha impuesto la prohibición de concurrir al ministerio de Trabajo salvo necesidad marcada de hacer algún trámite o permiso del mismo juez para ir a hacer reclamos respecto al reconocimiento de directiva”, explicó el abogado de los maestros, Franz Bustos.
Remarcó que los cuatro maestros deben ser liberados en las siguientes horas, tras cumplir con las formalidades de ley.
“Atribuyen un delito de bagatela, una chapa cuesta 300 bolivianos más el trabajo de un cerrajero, es una vergüenza”, acotó.
Una gran cantidad de maestros hizo vigilia y protestó en puerta del Tribunal Departamental de Justicia, exigiendo la liberación de sus compañeros.
El Magisterio Urbano de La Paz reclama al Ministerio de Trabajo el reconocimiento de sus dirigentes electos en una asamblea en mayo pasado. Por esta negativa, la Federación de Maestros Urbanos denuncia que tiene congelada la cuenta de aportes de sus afiliados.
Las autoridades laborales aseguran que existen observaciones en algunos de los representantes del sector y por eso no se puede dar luz verde a la aprobación del directorio.
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Filas reducen en ciudades y YPFB dice que abastecimiento de combustible es normal y continuo
El presidente de la empresa estatal, Armin Dorgathe, informó que este lunes llega a Chile un buque con carburante para el país y el miércoles arribará otro.
Venta de gasolina en una estación de servicio. Foto: YPFB
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen garantizó este domingo que el abastecimiento de combustible en el país ya es normal y continuo, lo que permitió reducir muchas de las filas en las estaciones de servicio, particularmente en las ciudades.
Anunció que el lunes 24 y el miércoles 26 de marzo llegarán a Arica dos buques con diésel y gasolina para continuar abasteciendo al país. Dijo que, paralelamente, continúan ingresando carburantes de importación desde Paraguay, Argentina y Perú.
Dorgathen reconoció que la aprobación de un crédito en la Asamblea Legislativa, de $us 75 millones destinado a la atención de emergencias por lluvias, le dan a la empresa “un respiro para pensar en los pagos de las próximas semanas”.
“No es correcto hablar que tenemos abastecimiento para 15 o 20 días, es continúo, el combustible va entrando por Argentina, por Perú, Paraguay, llega en buques por Arica. Los saldos continuamente van girando, en función de los pagos que realizamos ingresa el combustible”, explicó en Bolivia Tv.
Indicó, además, que la contratación de buques con carburantes para el país se realiza al menos con dos meses de anticipación y los dos que llegarán esta semana fueron contratados en febrero y ya se tiene más acuerdos para la llegada de otros barcos en el mes de abril.
El puerto de Arica es el punto más importante de importación para el país, pues tiene la capacidad de recibir 4.300.000 litros de combustibles, casi el 50% de la demanda del país.
Dorgathen detalló que desde el lunes los despachos de diésel en el país subieron de 6.367.000 litros a 7.642.000 litros, más del 100% de la demanda que en promedio alcanza a 7 millones diarios. “Ya hay una regularización para bajar las filas”.
En el caso de la gasolina, dijo que los despachos son más altos, lo que logró que prácticamente desaparezcan las filas por este combustible.
El sábado, la empresa estatal despachó 8.466.000 litros, 120% más de la demanda diaria del mercado. En el caso del diésel, reconoció que es un poco más difícil terminar rápidamente con las filas; sin embargo, aseguró que se están incrementando los despachos.
Si bien las filas son más cortas en varias ciudades, el problema en en área rural aún se mantiene, particularmente para el abastecimiento de diésel.
“Cuando tenemos ese tipo de situaciones, hay sobredemanda, y el tema especulativo. Hay especulación; hoy vimos una noticia que decía ‘ven a comer un pollo y te llevas un litro de gasolina’. Vamos a tomar las acciones correspondientes, se informó a la ANH”, dijo.
Durante más de dos semanas se vio largas filas en las estaciones de servicio del país debido a la falta de combustible. El Gobierno atribuyó el problema a la falta de dólares y culpó a la Asamblea Legislativa por no aprobar los créditos pendientes.
La diferencia cambiaria y la variación en los costos de productos claves han convertido a Bolivia en el destino turístico ideal para hacer que los argentinos hagan compras y busquen ofertas hasta 75% más barato, según resaltan medios de comunicación de Argentina.
El diario Todo Jujuy informó esta semana que el flujo comercial entre Argentina y Bolivia cambió drásticamente.
“Antes, los argentinos solían viajar a Brasil, Chile o Paraguay para aprovechar los precios convenientes, pero la situación económica modificó esa tendencia. Actualmente, Bolivia ofrece una alternativa más accesible; con productos entre un 30% y un 75% más económicos en comparación con el mercado argentino”.
La nota indica que los rubros más buscados incluyen ropa, calzado, tecnología y repuestos para vehículos. A pesar de algunos aumentos en alimentos, el costo sigue siendo menor que en Argentina, lo que incentiva aún más los viajes de compras.
Asimismo, indica que uno de los factores clave en esta nueva tendencia es la diferencia cambiaria. Mientras que hace algunos años $1 argentino equivalía a Bs 7, hoy la conversión favorece aún más a los turistas argentinos, ya que se pueden obtener hasta Bs 9,50.
“El auge de los viajes a Bolivia por compras responde a una combinación de factores económicos y comerciales. La estabilidad de los precios en ciertos rubros y la mejora del tipo de cambio hacen que cada vez más argentinos elijan este destino para ahorrar en productos de primera necesidad y artículos de alto valor”.
No es la primera vez que la prensa argentina refleja este fenómeno. Ya en otras publicaciones se destacó el crecimiento del flujo de compradores de ese país hacia Bolivia, incluso mucho para llevarse mercadería de forma ilegal.
Se informó que solo por Aguas Blancas, ciudad argentina ubicada frente a Bermejo, al menos 2.000 ciudadanos argentinos cruzan a diario la frontera. Los fines de semana, el número sube a 3.000 visitantes.
Pero no solo compran para consumo propio, pues los productos de origen boliviano salen también en cantidades masivas rumbo a Salta, Orán y Jujuy, los cuales se destinan al comercio minorista.
Para frenar ese tránsito ilegal, el gobierno de ese país inició a la construcción del cerco en la frontera entre Aguas Blancas y Bermejo de Bolivia.
La obra se trata de un cerco de 200 metros, que será construida en el marco del Plan Güemes y que tendrá por objetivo evitar el contrabando y el ingreso y salida ilegal de personas de los dos países vecinos.
Pablo Camacho, presidente de la CNI, remarca a La Razón que el contrabando es una competencia desigual y desleal con la industria formalmente establecida
Militares controlan en Desaguadero el ingreso de mercancía de contrabando. Foto: VLCC
El viceministro de Defensa del Usuario, Jorge Silva cuestiona a los industriales, empresarios, ganaderos y productores que —en su criterio— no dicen la verdad y, “amparados bajo el paraguas de la libre y la demanda, esperan al mejor postor. Antes, ellos eran los más afectados por el contrabando, ahora son los beneficiados por el contrabando a la inversa”.
Lamenta que la mejor oferta de precios no la tenga el comerciante formal, el minorista o el que compra para abastecerse y vender, sino el contrabandista.
Sin embargo, la Cámara Nacional de Industria (CNI) atribuye al contrabando y a la falta de control de parte del Gobierno el alza de precios en la canasta familiar y la escasez de productos.
Pablo Camacho, presidente de la CNI, remarca a La Razón que el contrabando es una competencia desigual y desleal con la industria formalmente establecida. Indica que el contrabando en el país supera los $us 3.300 millones por año; y genera una evasión impositiva mayor a $us 930 millones.
“El contrabando a la inversa, producto de la devaluación del tipo de cambio, está impulsando actividades productivas informales. El efecto es promover la desindustrialización”, dice.
Remarca que hay más de 40.000 industrias afectadas; y más de 600.000 fuentes de trabajo en riesgo.
Informa que, si bien existe un convenio de coordinación con el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, con la Aduana, el Viceministerio de Defensa del Consumidor y otras instituciones estatales; “aún resta por profundizar las actividades público-privado para un trabajo estatal efectivo”.
“La industria participa con el 16% del Producto Interno Bruto (PIB), genera el 11% del empleo formal, absorbe el 17% del crédito en el sistema financiero; contribuye con 50% de las exportaciones y aporta con 17% de las recaudaciones”.
El viceministro de Defensa del Usuario y el Consumidor, Jorge Silva, dice que otro de los problemas que ahonda la proliferación del contrabando es la falta de acompañamiento judicial para encarcelar a los contrabandistas.
“No tenemos el acompañamiento de las autoridades jurisdiccionales para procesar y sancionar a las personas dedicadas al contrabando porque hay mucho dinero; son millones de bolivianos que están de por medio”.
Silva explica que tardan más en armar un operativo contra el contrabando, hasta una semana, preparando la logística y los efectos para la incautación de productos, que en la liberación de los aprehendidos por el ilícito.
“Se pone a disposición de las autoridades a las personas y en menos de ocho horas salen; y nuevamente están delinquiendo. Hay falta de autoridad, de presencia, de acompañamiento”.
El viceministro de Lucha contra el Contrabando, Amílcar Velásquez, reconoce que hasta la fecha no hay ninguna persona sentenciada por favorecimiento al contrabando. Informa que existen al menos cinco procesados por el ilícito, incluso con muerte de militares de por medio; sin embargo, aún no hay sentencias. La pena por ese delito —dice— puede alcanzar hasta 15 años de cárcel.
La lucha contra este ilícito se ha cobrado la vida ya de 17 militares; muchos de los cuales fueron atropellados y recibieron disparos de los contrabandistas.
En toda la línea fronteriza de Bolivia hay desplegados más de 8.000 militares en el marco del Plan Soberanía.
El viceministro Silva remarca que, mientras Bolivia asuma de forma individual esta lucha, es insuficiente; y urge acuerdos bilaterales para que los países vecinos se sumen a esta batalla.
Según cifras del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, entre julio y diciembre de 2024, desde que asumió el cargo el cargo el coronel Luis Amílcar Velásquez; los decomisos de alimentos y combustibles sacados ilegalmente suman Bs 11.029.879.
Desde 2024, el contrabando a la inversa crece en Bolivia y mueve una economía criminal imparable. Las autoridades suman decomisos y reportan una afectación de más de Bs 11 millones en un semestre, pero reconocen que la lucha es “insuficiente”.
El contrabando a la inversa es la salida ilegal de productos nacionales, especialmente alimentos, a países vecinos como Chile, Perú, Brasil y Argentina; donde los precios más altos son una tentación para ofertarlos al mejor postor.
Según cifras del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, entre julio y diciembre de 2024, desde que asumió el cargo el cargo el coronel Luis Amílcar Velásquez, los decomisos de alimentos y combustibles sacados ilegalmente suman Bs 11.029.879.
Velásquez considera la cifra como importante y resalta la gestión 2024 como exitosa; pues entre los decomisos del contrabando de exportación (productores que salen ilegalmente) y el de importación (que ingresan) se logró una afectación de Bs 423.266.801.
En 2024, uno de los mayores decomisos se hizo en la población de Sacabaya, el departamento de Oruro; donde se identificó aproximadamente 100 viviendas dedicadas a almacenar línea blanca, línea negra; ropa nueva y usada de contrabando. Solo ese operativo sumó Bs 352.120.000 de afectación al contrabando.
“Se ha reestructurado la lucha contra el contrabando. Se hizo un nuevo concepto estratégico basado en tres líneas de interdicción; una primera que cubre toda la zona fronteriza; otra identificada especialmente en los caminos principales y troncales de todo el territorio nacional; y la tercera está en los mercados donde se hace un control de productos de contrabando”, explica a La Razón.
El viceministro reconoce que, en 2024, el contrabando a la inversa comenzó a ganar fuerza y se convirtió en un problema “a gran escala”. Explica que los principales productos que salen del país para ser comercializados a precios más altos son los alimentos como el arroz, el azúcar; las carnes de res, cerdo y pollo; la quinua y los combustibles: diésel, gasolina y garrafas de gas. En los últimos meses también se identificó la salida ilegal de ganado vivo; que se oferta en ferias en comunidades fronterizas y una vez comprado ingresa caminando por la frontera.
Todos esos alimentos y combustibles se venden a precios más altos en Chile, Perú, Brasil y Argentina; convertidos en destino del contrabando a la inversa.
Bolivia atraviesa actualmente por una seria crisis de escasez de combustibles y, a la par, hay gente inescrupulosa que continúa operando; contrabandeando el diésel hacia los países vecinos debido a la diferencia de precios; ya que el combustible aquí es más barato.
Entre julio y diciembre de 2024, el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando decomisó 318.890 litros de diésel y 124.700 litros de gasolina; que eran sacados ilegalmente del país.
El viceministro de Defensa del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, reconoce el esfuerzo que se hace desde el Gobierno para luchar contra este ilícito; sin embargo, admite que aún es “insuficiente” y falta una normativa.
“La lucha contra el contrabando es parte de una protección a la industria nacional; y en los últimos meses de 2024 ha virado hacia otro escenario, como es el contrabando a la inversa. Frente a este nuevo contexto, nos encontramos que no tenemos normativa, institucionalidad para lograr mejores resultados; y esta lucha es insuficiente”, dice a La Razón.
Explica, por ejemplo, que falta institucionalidad para enfrentar el problema, pues la Aduana Nacional no tiene tuición para luchar contra el contrabando a la inversa y el viceministerio del área no cuenta con una norma que lo respalde; que disponga destino de la mercadería decomisada.
Infografía: Lizeth Machaca
Crecimiento
Al respecto, el viceministro Velásquez dice que la mercadería decomisada del contrabando a la inversa en entregada a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) para que se venda a precio justo o es destruida, si corresponde.
¿Por qué crece el contrabando a la inversa? Silva considera que, debido a la crisis alimentaria, las guerras, los cambios en la política económica de países vecinos que impactaron en los precios de sus productos, surgió la inflación importada. “Ese incremento de precios en productos y servicios en países vecinos, generó un desincentivo al contrabando de ingreso e incentivo el contrabando a la inversa. Ahora esa lucha se basa en combatir a aquellas personas y contrabandistas que sacan productos a los países vecinos”.
Silva remarca que el contrabando a la inversa crece día a día debido al precio que ofrecen los países vecinos para adquirir los productos bolivianos; lo que permite que muchos productores, intermediarios y comerciantes busquen el mejor postor para vender su producción.
La lucha contra el contrabando usa rutas clandestinas; y, según el viceministro Velásquez, se han identificado al menos 200 pasos ilegales en la línea fronteriza.
El funcionario dice que el Desaguadero es una de las zonas más conflictivas para controlar el contrabando; que es manejado, generalmente, por “clanes familiares”; y que algunos pobladores son utilizados por estos contrabandistas para cometer este ilícito.
“Hay algunas comunidades que colaboran en la lucha contra el contrabando, que realizan la destrucción de las vías clandestinas y participan como informantes;; como también hay otras y malos ciudadanos que son afines al contrabando. Estos comunarios se mimetizan y en la multitud actúan para convulsionar a la comunidad”, explica Velásquez.
Y recuerda que el año pasado, los militares fueron desalojados dos veces del Desaguadero debido al estricto control que realizaban al contrabando. Sin embargo, lograron retornar gracias a la predisposición de dirigentes y comunarios que no apoyan el ilícito.
La lucha contra este ilícito se ha cobrado la vida ya de 17 militares y sigue moviendo una economía criminal en Bolivia.
