En un recorrido que realizó La Razón la mañana del miércoles 4, observó que hay papeleros destrozados, abollados o casi arrancados por los motorizados. También comprobó que existe gente que echa escombros a estos papeleros o que usa el pequeño recipiente como un contenedor.

Para Jorge Ruiz, director de la Fundación Canaru, que se dedica al cuidado del medio ambiente, no es suficiente desarrollar una campaña de concientización; ésta debe ser continua. “La gente sabe que botar la basura es malo, pero eso debe traducirse en un cambio de hábito y debe haber disposición. La Alcaldía debe recibir apoyo de instituciones privadas”.

En la avenida Baptista, este periódico halló un bote repleto de tierra; cuando la gente echa envoltorios, bolsas o pañuelos al paso, éstos terminan ensuciando la acera. Catalina Ticona, vendedora de pasankallas, contó que “hace tiempo” este bote de basura está en ese estado.

En la plaza Abaroa, en la esquina de las calles Pedro Salazar y Sánchez Lima (Sopocachi), se halló un basurero metálico cuya base estaba desprendida (ver foto).  Una comerciante de dulces contó que el daño fue ocasionado por un automóvil a principios de año y que se encuentra en ese estado desde entonces.

Giovanni Gemio, director del  Sistema de Regulación Municipal (Siremu) del Gobierno Municipal de La Paz, informó que a pesar de que realizaron los arreglos, se presentan los mismos problemas una y otra vez. “Este tipo de situaciones se combate con la conciencia ciudadana, no es ausencia de los papeleros”, aseguró. 

En estos casos, cuando los vecinos lo requieren, la comuna considera colocar nuevamente este tipo de receptáculos, previo estudio técnico y capacitación de los moradores del lugar.

“Evaluamos el comportamiento del grupo social que vive en el sector, también el espacio y la posibilidad de acomodar un papelero. (A veces) no es un tema de (todo un) barrio, en la calle 21 de Calacoto, por ejemplo, una tienda de zapatos bota sus cajas en el papelero, ¡se aprovecha!”.

Augusto Quispe, presidente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, informó que esta organización no recibió demandas para el colocado de los papeleros; sin embargo, anunció que se reunirá con el Siremu para conocer con más detalle sobre los retiros de estos implementos.

“Lo que los vecinos me pidieron es que se coloquen letreros de concientización para recordar a la ciudadanía su cuidado”.

Róger B., de unos 41 años, fue aprehendido ayer por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de La Paz como presunto autor de la muerte de su concubina Yolanda Guarachi, de 60 años, quien presentaba múltiples golpes en el cuerpo.

El coronel Franklin Llanos, director departamental de la FELCV, informó que el hombre llevó a  su pareja cerca de las 04.30 de ayer al Hospital La Paz, de la zona Garita de Lima, en busca de atención médica. Sin embargo, la víctima no pudo recibir asistencia porque había fallecido.

“El hombre la trasladó a este nosocomio, pero el médico que la atendió dijo que ella estaba muerta, por lo que personal policial se hizo presente”, señaló el coronel a La Razón.

La mujer presentaba una data de muerte de aproximadamente 24 horas. El sospechoso no pudo explicar al personal médico por qué su pareja presentaba golpes. “La llevó como si estuviera enferma, pero no tenía signos vitales”, prosiguió.

El caso fue abierto por el Ministerio Público y se investiga el presunto delito de feminicidio. Róger B. trasladó el cuerpo de su pareja al nosocomio con ayuda de otra mujer, quien también es investigada como cómplice.

El 10 de marzo de 2013, el Gobierno promulgó la Ley Integral para Garantizar una Vida Libre de Violencia a las Mujeres, que crea el tipo penal del feminicidio, que fue incorporado en el Código Penal. “Se sancionará con la pena de presidio de 30 años sin derecho a indulto, a quien mate a una mujer por odio, desprecio o subestimación a su condición de mujer”, indica el artículo 252.

En enero se dictó la primera sentencia por este delito en Bolivia contra un joven de 18 años, quien confesó que estranguló a su novia de 17 años con una bufanda y la enterró en las afueras de Sucre, en junio de 2013.

El oficial de Policía Rubén Darío O. Q., de 40 años, continúa de-sempeñando funciones en la fuerza pública, a pesar de que fue sentenciado a 20 años de prisión por el delito de homicidio, informó la fiscal Lizeth Sarco. Sin embargo, la condena, de primera instancia, no está ejecutoriada, admitió la representante del Ministerio Público.

“Ya que se dictó sentencia, obviamente no tendría que ser así (trabajar normalmente), pero habría que conocer las normas internas de la Policía; tiene sentencia condenatoria y tiene que ser ejecutoriada”, precisó.

A las 00.20 del 14 de junio de 2005, el oficial asesinó a pedradas Inga Herrera Martínez, su expareja, quien tenía 24 años. El entonces teniente estaba destinado a Radio Patrullas 110.

Ambos convivieron al menos cuatro meses y hasta tenían planes de casarse. La muchacha, que se dedicaba al modelaje, rompió con él porque fue agredida físicamente.

A las 00.20 del 14 de junio, Inga Martínez retornaba a su vivienda en la Ciudadela Ferroviaria, había asistido a una fiesta y se encontró con el oficial,  que la que esperaba en un lugar solitario y oscuro.

“Fue golpeada en el cráneo y cara, desfigurándola; era una chica bonita. Sucedió en un barranco, donde no hubo escapatoria”, contó la fiscal. “Todavía está para la revocatoria de medidas sustitutivas, han recusado al Tribunal (Supremo) y va a pasar a otro tribunal”, añadió. La Razón buscó una versión del Comando General de la Policía, allí dijeron que el condenado ya no trabaja ahí.

Cinco personas perecieron y 30 quedaron heridas luego de que un bus de la empresa Illimani, tras dar un  vuelco de tonel —giro sobre su eje transversal— cayó a un barranco en la carretera La Paz-Potosí. El siniestro ocurrió cerca de las 03.30 en la localidad Orcola, del municipio potosino de Vitichi.

“En el hecho murieron cuatro personas. Tenemos 16 heridos de gravedad. El conductor de relevo llegó al hospital con vida, pero lamentablemente falleció”, dijo a la Agencia Boliviana de Informaciones el subcomandante de Tránsito, coronel Víctor Hinojosa.

Los fallecidos son: Jonathan Rafael Aramayo Martínez (23), Waldo Max Alquisalet Montes (argentino), Nelson Blanco Canaviri, una mujer no identificada de unos 40 años y Melanio Avencio Gómez Mamani, cuya edad no fue especificada. El vehículo era conducido por Matías Benavidez. Los heridos fueron trasladados al hospital Daniel Bracamonte de Potosí.

Se presume que el chofer excedió límite de velocidad

La Policía de Potosí presume que el chofer del bus de Illimani excedió el límite de velocidad, lo que dio origen al siniestro. El motorizado se dirigía de la ciudad de La Paz hacia la localidad potosina de Villazón, en la frontera con Argentina. El 23 de octubre  de 2012, nueve perdieron la vida en la misma carretera y localidad luego de que un ómnibus de la empresa Trans Inca cayera a un  precipicio de aproximadamente 35 metros. Entonces hubo 17 heridos.

El Gobierno Municipal de La Paz invirtió  poco más de Bs 2,3 millones en la compra de dos buses para trasladar al personal policial hasta los módulos y Estaciones Policiales Integrales (EPI).

El director edil de Seguridad Ciudadana, coronel Jose Luis Ramallo, explicó que los motorizados ayudarán a los agentes que viven en zonas alejadas. “Muchos de los policías no residen en la ciudad y tienen que abordar hasta cuatro vehículos para llegar a su fuente de trabajo;  el propósito es aliviar esta carga en el presupuesto personal y familiar de los policías”, apuntó Ramallo.

“Por eso, la Alcaldía ha previsto inicialmente la adquisición de dos buses para trasladar a los policías hasta su centro de trabajo y luego acercarlos hasta sus casas”, prosiguió.

Cada bus tiene capacidad  para más de 40 pasajeros, estarán identificados con una franja verde olivo en la parte frontal y con una leyenda que indique Policía Boliviana. También cuentan con destelladores. Se prevé que en las próximas semanas, el alcalde Luis Revilla entregará los vehículos.