En noviembre de 2022, la Fundación Friedrich Ebert (FES Bolivia) publicó el libro Resistir y retornar, del investigador Fernando Mayorga. Fue el resultado de un estudio amplio realizado por el autor en torno a los “avatares del proceso decisional en el MAS-IPSP” durante la coyuntura crítica de 2019-2020 y el primer año (2021) de gestión del presidente Arce, electo con mayoría absoluta de votos. Se había resistido ante el régimen de facto de Áñez, hubo retorno del país a la democracia y del masismo al Gobierno central. ¿Y después? Importa el después.

Vicisitudes decisorias

En su libro Resistir y retornar, Mayorga explora y describe el desempeño político y electoral del MAS-IPSP, por primera vez sin la centralidad y protagonismo de su líder histórico: Evo Morales. El análisis tiene que ver con la búsqueda y ausencia de un modelo decisorio interno que reemplace al que había estado vigente hasta entonces. Dichas vicisitudes decisorias abarcan la relación entre las organizaciones del Pacto de Unidad, la dirigencia partidaria del masismo, la bancada representada en la ALP y el nuevo binomio presidencial. Es una ecuación compleja, una difícil “metamorfosis organizativa”.

El estudio aborda tres fases: la de resistencia al gobierno provisorio de Áñez, incluyendo la recuperación de la iniciativa política entre abril y agosto de 2020; la rearticulación de fuerzas y la consiguiente recuperación de la base electoral que conduce a la victoria en las urnas con más del 55 por ciento de votos; y, por último, el retorno al poder político sazonado con las divergencias internas en torno a las candidaturas en las elecciones subnacionales de 2021 y, en agosto de ese año, la aprobación de un nuevo estatuto orgánico del MAS-IPSP hecho a la medida de Morales.

Luego de concluir su estudio y redactar una versión preliminar del mismo, el autor lo presentó en una reunión el Grupo de Análisis y Debate Crítico (GADC) convocado por la FES. La idea del encuentro era obtener insumos a fin de alimentar la versión final del texto para su publicación. El principal insumo fue la pregunta: y ahora, ¿qué hacer? Entonces le propuse que escribiera un Posfacio a modo de puesta al día de la reflexión sobre el itinerario del partido de Gobierno, ante la evidencia de que la unidad pragmática se había convertido en “mera retórica”.

El triple desistimiento

Ante la constatación de que, tras dos años de Gobierno de Arce-Choquehuanca, el proceso decisional del MAS-IPSP, condicionado por el factor Evo, había adquirido tendencias divisorias, Mayorga cuestionó la falta de autocrítica sobre la derrota política de noviembre de 2019 y planteó la necesidad de un debate político e ideológico en torno a la orientación del proyecto del masismo en la nueva etapa. La prematura disputa por la candidatura presidencial había desplazado toda cuestión programática. Y se pusieron en cuestión dos tópicos identificados por el autor: el primero acerca de la antinomia entre renovación y continuidad, y el segundo respecto al vínculo entre lo político (el partido) y lo orgánico (las organizaciones sociales).

En ese marco, Mayorga lanzó la idea fuerte de que una reforma intelectual y moral, y el necesario “retorno a los orígenes del instrumento político”, pasaba como condición ineludible por el desistimiento de los precoces afanes electorales de las candidaturas de Morales, Arce y Choquehuanca. Había que abandonar la racionalidad instrumental no solo para resolver las disputas internas, sino a fin de recuperar la capacidad de acción hegemónica. “Esa propuesta –señala hoy el autor– trazaba una ruta crítica bajo ciertas condiciones que permitieran una resolución positiva del conflicto interno. No ocurrió así”. En efecto, sin desistimiento, sobrevino más bien la implosión.

Segunda edición y un anticipo

La segunda edición del libro Resistir y retornar, que acaba de publicar la FES, incluye un valioso Prólogo del autor en el que describe algunos hitos del itinerario del MAS-IPSP en los últimos tres años. En 2022, las relaciones conflictivas entre el presidente de Estado, Luis Arce, y el presidente del partido, Evo Morales, se hicieron evidentes. Estaban en disputa visiones distintas sobre la gestión de Gobierno y, en especial, las apetencias de relección presidencial de ambos. Mayorga habla de “desavenencias y fracturas” en el partido, así como de “cisuras y quiebres” entre los adherentes al evismo y al arcismo (“términos deleznables analíticamente”). Ello derivó en la división de la bancada parlamentaria del masismo, dirigencias paralelas en las organizaciones sociales y congresos separados en el partido con doble dirigencia irreconciliable.

El otro hito es la decisión ilegal del TSE, en noviembre de 2024, en cumplimiento ciego de una sentencia a la carta del TCP, de reconocer un apócrifo congreso partidario afín a Arce (luego de rechazar el congreso leal a Morales) y, por tanto, sacar de la dirigencia al líder histórico del MAS-IPSP, lo que implicó también la pérdida de la sigla como instrumento político. Así, “Evo quedó despojado de su único recurso de poder institucional”. Y en el panorama electoral, se fue acentuando la “dispersión y fragmentación”, con terrible judicialización de la política y mucha incertidumbre. Según el autor, es el final de una etapa del sistema de partidos y de la democracia boliviana.

Reflexiones

En ese contexto, Mayorga abre preguntas fundamentales para el análisis: “¿Qué sucedió para que se desarticule el partido más fuerte y con mayor convocatoria electoral de la historia democrática del país? ¿Qué factores estructurales influyeron en ese desenlace y cuál fue el impacto de los aspectos subjetivos? ¿Qué consecuencias tendrá en la representación política de lo nacional-popular? ¿Cómo afectará a la estrategia discursiva de las fuerzas opositoras? ¿Qué tipo de sistema de partidos surgirá después de los comicios?” Esta historia en curso está siendo analizada por el autor en un nuevo estudio, también con acompañamiento de la FES.

Mientras tanto, invitamos a (re)leer la segunda edición de Resistir y retornar, como anticipo del siguiente libro sobre el desenlace del MAS-IPSP en los comicios generales de 2025.

Hablar de justicia y pluralismo jurídico en Bolivia no es una tarea técnica, ni un simple ajuste normativo. Es, sobre todo, un acto de humanidad. De reconocimiento. De reconciliación con una memoria negada, con una voz histórica silenciada. Porque si el Derecho existe para servir a la vida, entonces debe tener tantas formas como rostros tiene el pueblo. Y Bolivia, tierra de múltiples naciones, culturas, idiomas y cosmovisiones, no puede seguir permitiéndose un sistema jurídico monocorde, que juzga con un solo ojo y dicta sentencia con una sola lengua.

El pluralismo jurídico es mucho más que la coexistencia formal de normas distintas. Es una forma radical de entender la justicia desde la diferencia. Es aceptar que hay racionalidades jurídicas que no caben en los códigos, pero que laten en la práctica cotidiana de comunidades que han sabido sobrevivir al despojo, al desprecio, al silencio.

El Derecho Indígena Originario Campesino, por ejemplo, no es un rezago del pasado ni una pieza de museo. Es una forma viva de administrar justicia, basada en el consenso, la reparación y el equilibrio. No parte del castigo como principio, sino de la armonización. No separa la norma del alma, ni la ley de la tierra. Se funda en la paridad, no como cuota, sino como lógica de vida: el equilibrio entre lo masculino y lo femenino, entre lo humano y lo natural, entre el pasado y el porvenir.

El pluralismo jurídico parte de una verdad filosófica sencilla y poderosa: la justicia no es una, ni absoluta, ni cerrada. La justicia se construye, se interpreta, se vive. Y cada cultura tiene una manera propia de hacerlo. Negar eso es negar la historia, es perpetuar la colonización del pensamiento jurídico. Es mantener la ficción de que solo hay un camino válido para resolver conflictos, cuando en realidad hay muchos, y algunos de ellos mucho más antiguos y humanos que los que figuran en nuestros códigos.

Sin embargo, ese Derecho ha sido históricamente ignorado, o peor aún, subordinado. Y no solo por el positivismo jurídico, sino también por una visión colonial que ha entendido la justicia como una estructura vertical, centralizada, técnica, escrita, desapasionada. Una visión que ha excluido toda posibilidad de pensar el Derecho desde la comunidad, desde el diálogo, desde lo espiritual. Como si la justicia verdadera debiera ser fría y ajena, como si tuviera que parecerse a un expediente antes que a una historia vivida.

La Constitución de 2009 representó, en este sentido, un giro fundamental. El reconocimiento del pluralismo jurídico igualitario fue una ruptura con siglos de monismo legal. Se reconoció que no hay una única forma de justicia, y que los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a ejercer sus sistemas jurídicos propios, basados en sus costumbres, valores y procedimientos.

Pero también es cierto que este reconocimiento ha sido más formal que real. En la práctica, el pluralismo ha sido limitado por barreras estructurales, por la falta de voluntad política, por prejuicios arraigados y por una débil implementación institucional. La igualdad jurídica no se garantiza con un artículo constitucional, sino con una transformación cultural profunda. Y eso es lo que aún nos falta. El pluralismo jurídico no se construye desde los escritorios, sino desde el encuentro; no desde la superioridad, sino desde la escucha; no desde la imposición, sino desde la dignidad compartida.

Es aquí donde el Derecho debe abrirse a una comprensión filosófica más amplia. Porque el pluralismo jurídico no solo es una política de inclusión: es una apuesta ética. Una manera de decir que nadie tiene el monopolio de la verdad ni de la justicia. Que la ley también puede nacer del canto, del ritual, del acuerdo en asamblea, del tiempo sagrado. Que una justicia verdaderamente humana es aquella que se atreve a mirar al otro no como excepción, sino como principio.

Pensar la justicia desde esta perspectiva es también un acto de humildad. Es reconocer que el Derecho estatal no es perfecto, que muchas veces ha sido instrumento de exclusión, de marginación, incluso de violencia institucional. Es preguntarnos si realmente nuestras leyes han sabido responder a las necesidades de un pueblo diverso o si han sido un espejo roto que solo refleja una parte de la nación.

En un país marcado por la desigualdad, el pluralismo jurídico puede ser el camino hacia una democracia más real, más sentida, más horizontal. No se trata de crear sistemas paralelos que nunca se encuentran, sino de construir puentes, de dialogar entre saberes, de permitir que la justicia se exprese en múltiples registros. Un pluralismo maduro es aquel donde la justicia estatal y la justicia comunitaria se reconocen, se respetan y se complementan. Sin jerarquías, sin sospechas, sin imposiciones.

La justicia, cuando es verdadera, no nace del poder. Nace del acuerdo. De la palabra compartida. De la reparación del daño. Y esa lógica, tan viva en los pueblos indígenas, tiene mucho que enseñarle al sistema judicial convencional, tantas veces desbordado, deslegitimado y ajeno a la realidad. La justicia humanizada no renuncia a la técnica, pero no se esclaviza a ella. Escucha, siente, dialoga. Se corrige. Se adapta. Se acerca a la comunidad en lugar de alejarse de ella.

Revalorizar el pluralismo jurídico no es una concesión política ni un ornamento constitucional. Es devolverle al Derecho su raíz humana. Es comprender que la justicia no solo se administra, sino que también se cultiva, se cuida, se transmite. Es entender que la diversidad no es una amenaza, sino una fuente de sabiduría. Y es también abrir paso a un nuevo tipo de poder: no el que domina, sino el que comparte; no el que impone, sino el que convoca.

Paridad no significa solo participación de mujeres y hombres, sino equilibrio real entre cosmovisiones, entre lenguajes, entre mundos. Y en ese sentido, el pluralismo jurídico es profundamente paritario: reconoce que no hay una sola manera de vivir lo justo, y que toda sociedad verdaderamente democrática debe abrirse a la riqueza de sus diferencias. Porque solo en la diferencia hay posibilidad de justicia. Porque solo en el diálogo hay esperanza de verdad.

Bolivia tiene la posibilidad —y la responsabilidad— de ser un faro en este tema. Pocas naciones tienen la densidad cultural, la pluralidad lingüística y la profundidad histórica que tenemos. Pero para que ese pluralismo no quede atrapado en la retórica, se necesita más que normas: se necesita voluntad ética, formación intercultural, recursos materiales, canales de diálogo. Se necesita un Estado que no tema ceder centralidad a cambio de legitimidad. Un Estado que deje de hablar por todos y empiece a escuchar a todos.

Y se necesita también ciudadanía. Porque el pluralismo jurídico no es solo una cuestión institucional; es un desafío para todos. ¿Estamos dispuestos a aceptar que nuestra forma de entender la justicia no es la única posible? ¿Estamos listos para dialogar con otras formas de verdad? ¿Estamos abiertos a transformar nuestro sistema legal desde la humildad y no desde la imposición?

Responder afirmativamente a estas preguntas es comenzar a escribir una nueva historia del Derecho. Una historia donde la justicia no sea propiedad de abogados y jueces, sino patrimonio vivo de los pueblos. Una historia donde el Derecho deje de ser un instrumento de dominación y se convierta en un lenguaje común de reconciliación.

Porque al final del día, la justicia verdadera no es la que se dicta desde arriba, sino la que se construye desde abajo. La que se pronuncia en todas las lenguas, la que se adapta a todos los rostros, la que abraza todas las memorias. La justicia que nace del corazón del pueblo, y que se atreve, por fin, a ser de todos.

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Bolivia se encuentra en un momento crítico de su historia, un punto de inflexión donde las decisiones que se tomen – o que se dejen de tomar – en los próximos meses determinarán el destino de varias generaciones. Lo que estamos viviendo no es una crisis más en la larga lista de convulsiones políticas que ha marcado nuestro devenir como nación, sino una tormenta donde coinciden el colapso económico, la degradación institucional, la corrupción sistémica y una peligrosa fractura del tejido social. Sin embargo, el verdadero drama boliviano no radica en la magnitud de estos problemas, sino en la absoluta incapacidad de nuestra clase política – tanto oficialismo como oposición – para elevarse por encima de mezquindades y ambiciones personales y ofrecer soluciones a la altura de las circunstancias.

Mientras el gobierno del MAS y sus distintas facciones profundizan un modelo autoritario que combina el clientelismo político con un extractivismo depredador, la oposición se muestra incapaz de articular una alternativa creíble, perdida en luchas intestinas, cálculos electoralistas cortoplacistas y una obsesión por liderazgos personalistas que ya han demostrado su fracaso una y otra vez. El resultado de esta ecuación es un país que se desangra lentamente, donde las instituciones democráticas son meras fachadas vaciadas de contenido, donde la corrupción se ha normalizado hasta convertirse en método de gobierno, y donde la ciudadanía, cada día más desencantada, va perdiendo la fe en la posibilidad misma de cambio a través de los mecanismos democráticos.

Una crisis múltiple

Esta crisis de representación política adquiere dimensiones trágicas cuando constatamos que, en los últimos años, los principales líderes opositores no han hecho más que repetir como un mantra la necesidad de «unidad» para enfrentar al MAS, mientras en la práctica cada intento de coordinación se ha convertido en un espectáculo bochornoso de deslealtades, traiciones y cálculos mezquinos. Los nombres son conocidos por todos: Jorge «Tuto» Quiroga, Samuel Doria Medina, Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Manfred Reyes Villa y otros actores que siguen insistiendo en presentarse como alternativas cuando forman parte del problema. Hablan de unidad, pero una unidad que siempre debe girar en torno a sus personas, a sus proyectos particulares, a sus ambiciones de poder.

El drama boliviano actual no se resuelve simplemente con un discurso anti-MAS, por más visceral que este pueda ser. Lo que el país necesita urgentemente es un proyecto nacional creíble. Un proyecto que incluya, entre otros elementos fundamentales, un plan serio de reactivación económica que supere el actual modelo de controles asfixiantes; una reforma judicial profunda que termine con la vergonzosa politización de la justicia; políticas educativas y sanitarias que realmente lleguen a todos los bolivianos con calidad y equidad; y un nuevo pacto social que permita reconstruir la fracturada convivencia nacional.

Disputas políticas

Mientras la oposición sigue enredada en sus disputas estériles, el oficialismo avanza implacable en su proyecto de control total de las instituciones del Estado. El Tribunal Constitucional Plurinacional, supuesto guardián de la carta magna, se ha convertido en un apéndice del poder ejecutivo, con magistrados que se auto-prorrogan en sus cargos en abierto desafío a la legalidad. Está demostrado que el régimen no está dispuesto a ceder ni un milímetro en su control sobre el sistema de justicia. La CNE, las FFAA y otras instituciones clave siguen el mismo camino de subordinación al proyecto hegemónico del MAS.

Esta alarmante situación no es producto del azar, sino la consecuencia directa de una oposición que lleva años regalando victorias al oficialismo gracias a su incapacidad crónica para unirse. Ahora, a las puertas del proceso electoral de 2025, se repiten los mismos errores, los mismos personalismos, las mismas divisiones que podrían condenar al país a otra década de dominio masista y profundización de la crisis.

Lo más trágico de esta situación es que Bolivia parece empeñada en ignorar las lecciones que otros países de la región ya han aprendido. En Chile, en 1988, fue la unidad de 17 partidos políticos de todo el espectro ideológico lo que permitió derrotar a Pinochet en el plebiscito que marcó el retorno a la democracia. En España, en 1977, fueron los Pactos de la Moncloa – acuerdos entre fuerzas políticas antagónicas – los que sentaron las bases para la transición democrática tras el franquismo. En Colombia, en 2018, fue una amplia coalición de partidos y movimientos sociales lo que impidió el retorno del uribismo más radical. En todos estos casos, líderes políticos con diferencias profundas supieron anteponer el interés nacional a sus ambiciones personales. ¿Por qué en Bolivia no se imita? La respuesta es simple: porque nuestros líderes prefieren ser caciques de pequeños feudos antes que servidores de una gran causa nacional.

La crisis impacta en los actores político

El hartazgo popular ya no distingue entre oficialismo y oposición: todos han perdido credibilidad. Ante la ineptitud política, la sociedad debe asumir el liderazgo. La verdadera unidad requiere primarias con supervisión internacional, un programa de reformas consensuado y mecanismos transparentes que superen los acuerdos cupulares.

Este programa de rescate nacional debería incluir, como puntos innegociables: una auditoría internacional integral de la deuda pública y de los contratos de litio, que determine responsabilidades y recupere recursos mal habidos; una reforma profunda del sistema judicial que termine con la elección politizada de magistrados e implemente mecanismos de selección basados en méritos y con supervisión internacional; un plan de emergencia educativa que combine conectividad digital con evaluación docente y modernización curricular; y un paquete de medidas económicas urgentes que incluya la eliminación del control cambiario asfixiante, la reducción del gasto burocrático superfluo y la creación de incentivos reales para la inversión productiva.

Pero todo esto será imposible sin una movilización ciudadana constante y creativa. Las protestas callejeras tradicionales ya no bastan. Se necesitan formas novedosas de presión social: campañas masivas en redes sociales que expongan los nombres de quienes boicotean la unidad; acciones simbólicas como las «ollas vacías» frente a sedes partidarias que recuerden el hambre cotidiana de las familias; el uso estratégico del voto en encuestas y elecciones para castigar a los divisionistas y premiar a quienes muestren verdadera vocación unitaria.

A poco tiempo del cierre de plazos para la inscripción de alianzas y candidaturas, el escenario de las elecciones presidenciales comienza a decantarse. Queda atrás una etapa inicial donde proliferaron numerosas precandidaturas. La carrera electoral va entrando en una fase decisiva, donde se perfilan los bloques políticos que competirán en las elecciones de 2025. Aunque persiste la incertidumbre sobre la configuración final del tablero político, está claro es que ya no hay espacio para sorpresas. Los nombres que se barajan son básicamente los que ya se han venido mencionando y ahora comienzan a definirse con mayor nitidez las alianzas y las estrategias.

Para analizar este complejo panorama político, contamos con las perspectivas de dos figuras con amplia experiencia y conocimiento del campo político boliviano. Por un lado, Gustavo Pedraza, abogado e investigador social, excandidato a la vicepresidencia de Bolivia por Comunidad Ciudadana en 2019 y 2020. Por otro lado, Reymi Ferreira, abogado, exministro de Defensa y exrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.

Nuestros invitados coinciden en que Bolivia atraviesa un período de transición política marcado por la fragmentación y la ausencia de un proyecto político cohesionador. Pedraza compara la situación actual con el periodo de transición de 1978 a 1982, caracterizado por una alta dispersión de fuerzas políticas, mientras que Ferreira señala que las candidaturas se están decantando en tres bloques principales: el neoliberal (representado por Doria Medina y Quiroga), la derecha nacionalista o populista (Reyes Villa y Chi Hyun Chung), y la izquierda fragmentada en tres vertientes del MAS (arcismo, evismo y la corriente de Andrónico Rodríguez). En este contexto, ambos analistas advierten sobre la volatilidad del escenario.

Una unidad con fisuras

La situación del llamado Bloque de Unidad, conformado principalmente por Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, atraviesa un momento crítico que podría desembocar en su ruptura. Según Reymi Ferreira, esta ruptura es «casi un hecho», pues resulta políticamente improbable que uno de los dos decline su candidatura. «No creo que lo haga Doria Medina, es su oportunidad, posiblemente su última. Y tampoco Tuto Quiroga, creen ambos que son la carta de la victoria», afirma Ferreira.

Por su parte, Gustavo Pedraza observa que «la dispersión manifiesta de más de 20 precandidatos es un síntoma de la ausencia de un proyecto político cohesionador». Señala que «esta crisis en la representación política, en la construcción y fraccionamiento de una oposición muestra que este periodo de transición de un ciclo a otro básicamente va a basarse en pactos o en alianzas, y marca la finalización de un periodo hegemónico».

«La demanda de la gente es que haya una opción democrática única, pero los liderazgos y candidatos tienen sus intereses propios. Se está mostrando que hay primacía de intereses del grupo, del individuo, sobre la demanda social», añade Pedraza, quien considera que «es todavía embrionaria la construcción de un bloque unitario porque recién se está aplicando la metodología. En este caso, una de las partes, después de acordarla, ya no la obedece».

Ferreira destaca que el problema de fondo para este bloque es su limitado alcance electoral. «Tuto y Doria Medina juntos no pasan del 30 al 32 por ciento, que es el límite histórico que han tenido en las últimas cuatro elecciones. El mejor resultado ha sido el 38%». Además, señala que es «muy difícil que el voto popular, que era del MAS, se vaya a Doria Medina o Quiroga».

En cuanto a las estrategias de campaña, Ferreira advierte diferencias significativas entre ambos candidatos. «El error de Tuto Quiroga, además de que se lo asocia con grupos ultraderechistas, con gente muy radical, con un pasado no muy democrático, es que se ha dedicado a vengarse antes de ganar. Está amenazando con cárcel y procesos. Y no ha ganado nada todavía». En contraste, «Doria Medina es más práctico y se da cuenta por las encuestas que lo que más le preocupa a la gente es salir de esta crisis. Y Doria Medina ha apuntado a eso. Y quizás a eso se deba su mejoría notoria en las encuestas».

La crisis del oficialismo

El MAS atraviesa una profunda crisis interna que refleja, según Gustavo Pedraza, «el fracaso del proyecto de Estado que ellos concibieron». Esta crisis se manifiesta en la disputa entre el evismo, la corriente liderada por Evo Morales; el arcismo, encarnado por el presidente Luis Arce; y una tercera vía que podría estar configurándose alrededor de la figura de Andrónico Rodríguez.

«Prácticamente la disputa se reduce, no hay disputa ideológica, aunque hay disputa por la posesión del Estado, de enriquecimiento, protección de fortuna, persecución, barreras para no ir a la cárcel», señala Pedraza, quien distingue entre lo que denomina el «viejo masismo» (representado por Evo Morales y Luis Arce) y un «neomasismo» emergente que podría estar configurándose en torno a Andrónico Rodríguez.

«Ese neomasismo no es ni Evo ni Arce. ¿Y por qué nace? ¿En qué se sustenta este nuevo neomasismo? En la aspiración de la base electoral del MAS, pero también en la ausencia de un proyecto alternativo de Estado (desde las oposiciones) que haya ido acumulando fuerza progresiva y sostenidamente», explica Pedraza.

Reymi Ferreira coincide al señalar que «con las declaraciones de Andrónico Rodríguez, realizadas recientemente, creo que eso consiste en un desmarque respecto al sector del MAS dirigido por Evo Morales». Además, advierte que el MAS oficialista «está muy cuestionado por su gestión en el gobierno» y que «los problemas económicos que se han ido presentando en el 2023, creo que han sepultado las esperanzas de que el MAS de Arce tenga posibilidad de ser una candidatura con posibilidad de terciar siquiera la segunda vuelta».

Respecto a Evo Morales, Ferreira señala que «el problema del expresidente Evo Morales es el tema de que no tiene una sigla todavía. Va a depender mucho de lo que ocurre con el Frente para la Victoria (FPV)«. También menciona la sentencia constitucional que podría inhabilitarlo como candidato, aunque reconoce que «es muy discutible esa inhabilitación».

En cuanto a la situación de Andrónico Rodríguez, Ferreira observa que la misma «se ha clarificado. Evidentemente, con sus declaraciones y con la actividad que está desarrollando, de inaugurar casas de campaña, está demostrando que se alista a ser candidato. Y tiene la posibilidad y le han ofrecido, de hecho, dos siglas». Destaca además que «el único candidato que, por su juventud, puede representar una renovación. Andrónico cuenta con la ventaja de que no ha sido parte de ninguna gestión gubernamental en el Ejecutivo, sí en el Legislativo».

Reyes Villa y Chi

Un fenómeno interesante del actual escenario electoral es la posición de Manfred Reyes Villa y Chi Hyun Chung, quienes parecen estar captando parte del voto descontento que anteriormente apoyaba al MAS.

Para Gustavo Pedraza, «estos dos actores políticos están en el campo de influencia del neomasismo. Me parece que están cerca y apuntan a los mismos votos que, si migran definitivamente hacia ellos, van a ser votos del masismo». Pedraza precisa sobre el alcalde cochabambino que «no podemos decir que la suya es una oposición antimasista. Es un no masismo que está cerca de la acción política del gobierno de Arce. No hay ninguna duda de que Reyes Villa ha sido y es un aliado del arcismo».

Esta posición ambigua de Reyes Villa es analizada por Pedraza como estratégica «Yo percibo que Reyes Villa se ha acomodado en el escenario político cerca del MAS para recibir la migración de esos votos y también tiene un pie en la oposición. No olvidemos su historia antes del 2020. Entonces, me parece que tiene un pie en el área de influencia del masismo y tiene otro pie en el área de influencia de la oposición».

Por su parte, Reymi Ferreira señala que «el gran problema es que la derecha no tiene una única representación, además está Manfred y está Chi, que ambos tienen una ventaja respecto a Tuto y a Doria Medina. Ellos sí están disputando el voto del MAS».

El exministro observa que «lo más probable es que si no hay una candidatura del MAS, o la candidatura del MAS es una candidatura débil, gran parte del electorado del MAS se va a ir con Manfred o con Chi, y eso lo demuestran las encuestas. En el caso de Chi, por ejemplo, es segundo en La Paz». Ferreira explica que esto se debe a que «ante la desilusión o la ausencia de un proyecto sólido del MAS, es muy difícil que un electorado vote por personajes que ya son antiguos, son del siglo pasado», como Quiroga o Doria Medina.

No obstante, Ferreira también observa que «el caso de Manfred se ha ido desinflando. No sé las causas, la verdad. Parece que el crecimiento de Doria Medina le ha ido restando algunos votos, pero la posibilidad de que Andrónico sea candidato también le ha quitado otros votos». A pesar de esto, considera que «la posibilidad de Manfred o del propio Chi de poder ganar esta elección está en que no vaya el MAS. Si el MAS no va o no presenta una fórmula sólida, los directos beneficiarios son Manfred y aún Chi, que podrían ser los próximos gobernantes».

Un escenario abierto

Nuestros dos invitados coinciden en que aún es prematuro hacer predicciones definitivas sobre el desenlace electoral. «Es muy temprano para dejarnos hipnotizar por las encuestas. No es prudente que las encuestas nos hipnoticen», advierte Pedraza, quien agrega que «el contexto es líquido, se va a mover, y mucho, tanto en el campo del oficialismo como en la oposición», asevera Pedraza.

El excandidato vicepresidencial subraya la volatilidad de la situación actual. «En este contexto, donde tenemos una economía casi inflamable, en conjunto con la política, cualquier hecho puede generar una espiral de cambios. Estamos en los umbrales de una crisis que puede explosionar, y una vez que pase algo así, las cosas decaen en distintos lugares. Eso enseña la historia de la política».

Por su parte, Ferreira señala que «Bolivia es un escenario muy cambiante» y que «aún falta mucho. Hay temas que resolver como las siglas, habilitaciones de candidaturas, definiciones políticas». Además, destaca la importancia de los binomios como tales. «¿Y quiénes son los vicepresidentes? Juegan un rol importante. En muchas elecciones, quién fue el candidato vicepresidente ha volcado la balanza a favor de uno u otro. Un error en la elección de un acompañante de fórmula puede costar caro”.

Así, la fragmentación política, la crisis del MAS y la emergencia de nuevos actores configuran un panorama incierto. La ciudadanía boliviana observa con atención la evolución de un proceso que determinará el futuro político del país.