Monday 17 Mar 2025 | Actualizado a 04:14 AM

Deportaciones en EEUU y situación de la comunidad boliviana

/ 8 de febrero de 2025 / 23:59

Los bolivianos radicados en Estados Unidos no son el objetivo principal de las políticas de Trump, aunque se prevé un aumento en deportaciones para 2025.

El cuadragésimo séptimo presidente de Estados Unidos de América (EEUU), Donald Trump, asumió la presidencia el martes 20 de enero de 2025, marcando de esta manera su segundo mandato, no consecutivo, al mando de la potencia norteamericana. El referido empresario y político, desde su juramento, ha implementado cambios significativos en la gestión migratoria. Durante su primera semana en el cargo, el presidente firmó 10 órdenes ejecutivas (una especie de Decretos Presidenciales/Supremos) relacionadas con inmigración, el programa de deportaciones masivas y la seguridad fronteriza, que fueron anunciados durante su campaña reiterativamente.

Las referidas órdenes han dado lugar a propuestas locales mucho más controvertidas y menos esperadas, que van desde la introducción de recompensas de $us 1.000 (mil dólares americanos 00/100) para quienes denuncien a inmigrantes indocumentados hasta la figura especial del Caza Recompensas Available Bill Text (Mississippi y Missouri), pasando por unidades estatales y locales de Inmigración (ICE estatal), medidas que han generado preocupaciones por la carga de xenofobia y aporofobia en estas propuestas legislativas. No obstante, dichos proyectos, a la fecha, no han sido aprobados todavía o ya fueron rechazados en sus jurisdicciones legislativas correspondientes.

La Orden Ejecutiva

Dentro de la primera decena de Órdenes Ejecutivas, la administración del presidente Trump ha emitido una denominada «Protegiendo a los estadounidenses de una invasión» (Protecting the American People Against Invasion), la cual es la piedra angular, que establece nuevas prioridades para la detención y deportación de individuos no documentados. Esta disposición estipula que cualquier individuo que haya ingresado al país de forma ilícita o que permanezca sin los documentos pertinentes puede ser sometido a detención, proceso judicial y deportación, lo que amplía considerablemente el alcance de las medidas de implementación de la legislación migratoria. Además, la orden instruye al Departamento de Seguridad Nacional a potenciar la capacidad de captura de inmigrantes, a través de la edificación y funcionamiento de nuevas instalaciones de detención, así como la suscripción de contratos con establecimientos de detención privados.

Cambios

Además de haber cambiado el estatus semineutro de «lugares sensibles» (escuelas, iglesias y hospitales), el presidente Trump ha dictado el cese de la práctica denominada «captura y liberación», que proporcionaba a determinados inmigrantes sin estatus definido la posibilidad de permanecer en libertad mientras aguardaban sus procesos judiciales en los tribunales de inmigración. En la actualidad, la administración tiene como objetivo detener a todos los inmigrantes en situación irregular hasta su deportación. La orden promueve, asimismo, la colaboración entre las autoridades federales de inmigración y las entidades locales de aplicación de la ley, extendiendo los acuerdos del Programa denominado «ICE 287(g)» (Delegation of Immigration Authority Section 287(g) Immigration and Nationality Act | ICE), que habilita a los agentes de policía locales para actuar en calidad de agentes de inmigración, además de integrar a otras agencias como el FBI.

Del mismo modo, incluso en el caso de que un individuo se encuentre en el proceso de solicitar asilo o esté bajo libertad condicional, existe la posibilidad de ser detenido y eventualmente deportado de acuerdo con las directrices recientes sobre inmigración establecidas por la Casa Blanca, las cuales han estado en vigencia desde la semana pasada. Los agentes de inmigración tienen la autoridad para proceder con la deportación de un individuo antes de que comparezca ante un juez de inmigración, especialmente si ha residido en los EEUU por un período inferior a dos años, lo que se conoce como un proceso de expulsión acelerada (Designating Aliens for Expedited Removal). Anteriormente, este procedimiento se aplicaba únicamente a individuos que vivían a menos de 100 millas de la frontera y que ingresaban a los EEUU en un plazo de hasta 14 días después de su llegada (Memo ICE Guidance).

Consecuencias Diplomáticas

De acuerdo con el Reporte Anual de Deportaciones de la Agencia de Migración de Estados Unidos (ICE), durante el año fiscal 2024 se removieron de EEUU a 87.289 mexicanos y 54.056 colombianos (Annual Report 2024, ICE), objeto de un proceso de deportación bajo los mismos métodos practicados la semana pasada. Sin embargo, la narrativa, la escalada de arrestos reportados en redes sociales y las imágenes compartidas por la prensa estadounidense provocaron reacciones de protesta ante una ola de estigmatización en contra de los derechos de los nacionales de estos países, lo que provocó iniciales protestas que culminaron en la prohibición del aterrizaje de los aviones militares de Estados Unidos que transportaban deportados a los aeropuertos de Colombia y México. Cancelación que provocó la respuesta directa del Comandante en Jefe de la Casa Blanca, el Presidente Trump, que no se dejó esperar, reaccionando el sábado 1 de febrero con el anuncio del alza de los aranceles en los productos provenientes de estos territorios hasta un 25%, lo que convocó una serie de esfuerzos diplomáticos para acercar posiciones, generando una coordinación de la vigilancia fronteriza en el caso mexicano y el envío de aviones de bandera colombiana para recoger a migrantes en condiciones más dignas, lo que puso en pausa la escalada comercial y diplomática que se había suscitado.

Las consecuencias para ambos países, tanto en el caso colombiano, pero especialmente en el caso mexicano, habrían sido catastróficas, porque más del 80% de las exportaciones de México se van a su vecino, siendo la industria automotriz la que habría soportado mayor impacto, tomando en cuenta que de los $us 400.000 millones, un total de $us 129.000 millones corresponden a esta industria. No obstante, en agricultura, la industria de paltas y los minerales habrían sentido fuertemente las medidas, y teniendo en cuenta que tales amenazas incluyen a Canadá, ponen en riesgo de llevar a terapia intensiva el T-MEC, que se terminó y negoció en la primera administración del presidente Trump (2018), planteando un bloque comercial geopolítico con el objetivo de frenar la expansión latinoamericana de Beijing.

Otras Consecuencias Diplomáticas

La postura adoptada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha sido distinta a las controversias surgidas con la administración de Sheinbaum, Da Silva y Petro. La semana pasada se produjo un acercamiento de posturas entre Trump y Bukele, a pesar de una declaración indirecta previa en julio. Trump estableció contacto telefónico con su contraparte para discutir la lucha contra la inmigración irregular y las organizaciones delictivas como el Tren de Aragua, conversación que se selló con la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, que derivó en la voluntad del presidente Bukele para recibir migrantes que no sean nacionales de El Salvador, acción que será objeto de un acuerdo entre ambos países sobre «Tercer País Seguro».

Del mismo modo, Bernardo Arévalo, después de la reunión con el secretario Rubio, informó que Guatemala acogerá a ciudadanos provenientes de naciones diversas deportados de EEUU bajo el concepto general de «tercer país seguro», con la diferencia de que los individuos serán posteriormente repatriados a sus respectivos países a cargo de los Estados Unidos de América, aumentando en un 40% la cantidad de vuelos de deportación que recibe.

Consecuencias para Bolivia

La migración de bolivianos en Estados Unidos, de acuerdo con el Censo de Población en EEUU del 2019 (Census Data), es equivalente a poco más de 132.619 personas, con un margen de error de 5%; de ellos, alrededor del 65% viven en el Estado de Virginia. No obstante, no incorpora la evidente ola de migración que se ha sumado desde el año 2019 en una tendencia creciente.

La comunidad boliviana es un colectivo que tiene residentes en casi todos los Estados, incluida Alaska; no obstante, las poblaciones más grandes residen en ambas costas, siendo la más grande población la que se encuentra en el área metropolitana del DMV (Washington DC, Maryland y Virginia), sobre todo en Virginia en diferentes condados. Aunque no se tiene un estimado de cuántos bolivianos se encuentran en situación migratoria irregular, sí se tiene que, de la población registrada en el Censo, a septiembre de 2024 (aún gestión Biden), 302 bolivianos habrían sido deportados, lo que representa el 0,2% de la población en general oficial, y la tasa más alta de deportaciones desde el 2019, cuando se registraron 64 nacionales.

Siendo la cantidad de bolivianos un número no representativo de las deportaciones en general registradas el 2024 (271.484 personas), se tiene que, a pesar de tener una población relativamente numerosa sobre todo en ciertos condados de Virginia, su estatus migratorio es normalmente regular con excepciones; es decir, no formarán parte de los objetivos marcados inicialmente por la administración Trump, que ya ha comenzado el proceso de deportación de miembros de otras comunidades como la mexicana, hondureña, guatemalteca, colombiana, venezolana, entre otras.

No obstante, tomando en cuenta que la población de deportados durante la gestión Biden desde el año 2023 (132 personas) ha incrementado poco más de un 43% en la gestión 2024, y teniendo presente que, a pesar de no ser la población boliviana en EEUU el objetivo principal de los cambios en las políticas de migración, es previsible que al menos se repita el incremento de 2024 al culminar la gestión 2025, que marcaría un récord para nuestra comunidad, pero al mismo tiempo permanece siendo un porcentaje conservador.

Los bolivianos en EEUU, de acuerdo con el Censo de Población tabulado por el Pew Research, son una comunidad privilegiada cuya población en un 76,37% (más de 100.001 personas) posee al menos un «Green Card» o detenta la doble nacionalidad, y a pesar de no ser numerosa, su presencia cultural es muy fuerte, siendo un colectivo joven cuya edad promedio ronda los 33 años, está compuesta por familias nucleares en 77% (a diferencia de la familia estadounidense no migrante), y es muy bien educada, por cuanto al menos el 42% tiene un título universitario. Es decir, de lejos no coincide con el perfil expresado por los encargados de la campaña del actual presidente; muy al contrario, es una comunidad conocida por su desempeño en muchas industrias, ciencias, artes, letras e inversión.

Ola de miedo en EEUU

No obstante, aunque las cifras nos señalan un escenario muy halagador para la comunidad boliviana, no quita el hecho de que existe un porcentaje de compatriotas cuya situación migratoria no está definida por el momento, y las cadenas de propaganda se esparcen por las redes sociales, que en un principio señalaban un número de 200 detenidos (casi la población hondureña) que no fue luego aclarado pero que alimentó el estado de zozobra. Esto definitivamente se vio reflejado en las actividades públicas, más allá de su adscripción a las campañas de sabotaje como comunidad (al menos un porcentaje), que se nota incluso en las actividades extracurriculares de las escuelas.

¿Se está demonizando la deportación masiva? Por un lado, existe un registro de ciertos espacios donde se ha compartido información que no corresponde con la realidad; no obstante, no es injustificada la precaución. El drama que atraviesa una familia que sufre la deportación de uno de sus integrantes es traumático, lo que empeora si esto lleva a la separación de padres e hijos, hermanos, esposos. En ese sentido, es previsible que la ola vaya a tocar su punto más alto pronto y de ahí baje, como fue en la primera administración. Se ha visto que de la primera ola de detenidos se ha tenido que soltar a muchos por la falta de condiciones materiales en este momento, lo que es parte de los retos que supone una tarea de esta envergadura.

Del mismo modo, organizaciones no gubernamentales, internacionales y estatales ya se han pronunciado haciendo seguimiento de estas políticas, y han pedido que se garanticen los derechos humanos de sus nacionales viviendo en territorio de EEUU. Del mismo modo, en las cortes se están contestando ciertas directrices que ya han sido objeto de suspensión, que refleja un acompañamiento de la comunidad internacional. Finalmente, en este año electoral es bueno recordar que los anteriores gobiernos se comprometieron a abrir un Consulado General en Virginia donde reside la mayor parte de los bolivianos; vamos a recordar a los actores políticos relevantes del momento la necesidad de cumplir esta promesa.

La OEA en la encrucijada

El 10 de marzo próximo, la OEA elegirá un nuevo Secretario General, en reemplazo de Luis Almagro. Albert Ramdin, ministro de Surinam, emerge como favorito por su experiencia.

/ 9 de marzo de 2025 / 00:00

El próximo lunes 10 de marzo del año 2025, la panamericana Organización de los Estados Americanos (OEA) llevará a cabo en su sede en Washington, DC, una importante Asamblea General extraordinaria con el objetivo de seleccionar al individuo que ocupará el destacado cargo de Secretario General en reemplazo de Luis Almagro, cuyo período al frente de la organización llegará a su finalización el 25 de mayo de dicho año. Los dos candidatos más fuertes que estaban en competencia eran Rubén Ramírez Lezcano (quien declinó su participación a última hora), actual canciller de Paraguay, y Albert Ramchand Ramdin, quien se desempeña como ministro de Relaciones Exteriores de su país. Del mismo modo, aunque Costa Rica ya se ha sumado a la avalancha de apoyos al candidato de Surinam, se tiene que el propio canciller costarricense en su momento habría evaluado presentar su candidatura, toda vez que su derecho a hacerlo permanece abierto hasta el mismo día de votación, al ser miembro pleno de la organización. También otros nombres se barajaban en los pasillos como el del expresidente colombiano Iván Duque, quien aparentemente contaba con el respaldo de la Casa Blanca pero no de su país en esta coyuntura.

En el caso especial de Ramdin, como destaca el sitio web (www.AlbertRamdin.com), sus 25 años de experiencia en áreas de negociación internacional, diplomacia multilateral, asistencia al desarrollo, ejecución de políticas públicas, facilitación estratégica de negocios y comercio, gestión de proyectos, recaudación de fondos, transparencia, además de haber trabajado en reformas y reestructuraciones institucionales a nivel gubernamental, no gubernamental y en el sector privado, respaldan una impresionante trayectoria que le ha valido cosechar una vorágine de apoyos previos militantes de su campaña desde hace meses.

Como bien apuntaba el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Boston, Jorge Heine, vaticinando la elección de Ramdin, que además de su amplia experiencia en el manejo de la organización, esta opción «despejaría una extraña anomalía (en) la OEA porque nunca había sido dirigida por un secretario general proveniente del Caribe, aunque los países caribeños conforman casi la mitad de los miembros», recordando que la Vigésima Reunión Especial del Consejo de Relaciones Exteriores y Comunitarias (COFCOR) del CARICOM reafirmó su compromiso con la candidatura de Ramdin, para el período 2025-2030, en las elecciones que se celebrarán en el primer cuarto de año de 2025, lo que ya le daba una ventaja inicial numérica de 14 votos de 18 que son necesarios, y sumados a los votos anunciados el 4 de marzo mediante Comunicado Conjunto por Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y Uruguay, superaría los necesarios para hacerse de la Secretaría General que a la fecha suman públicamente 21 de acuerdo a lo reportado por el Secretario Ramdin.

La renovación de la dirección político-administrativa de la organización se desarrolla en un contexto de alta complejidad, marcado por un cambio drástico de 180° en la política exterior de los Estados Unidos, que aporta más del 50% del presupuesto de la Organización. País que desde la toma de posesión del segundo mandato discontinuo de su presidente el 20 de enero de 2025, ha iniciado un proceso de desvinculación multilateral, incluyendo su retiro del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, el Consejo de Derechos Humanos de NNUU y la Organización Mundial de la Salud. En este marco, el Presidente Trump el pasado 4 de febrero firmó una Orden Ejecutiva, en el mismo espíritu, que instruye una revisión exhaustiva de todas las entidades internacionales en las que Estados Unidos participa y a las que brinda apoyo financiero. Este proceso, que se extenderá hasta el 30 de abril, abarca la evaluación de acuerdos, pactos y tratados en los que el país mantiene una participación activa.

La estrategia de la directiva de la empresa se suma a los objetivos delineados en el Proyecto 2025 «America First», que plantea la posibilidad de prescindir incluso de organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, considerados por el plan como intermediarios costosos que desvían recursos antes de su destino final en proyectos internacionales. En consonancia con el replanteamiento de su papel en la OTAN, una eventual salida de Estados Unidos de las instituciones del Sistema de Bretton Woods podría volverse una realidad en el corto plazo. Las conclusiones del informe en curso, previsto para los próximos 150 días, proporcionarán un panorama más preciso sobre las instituciones en las que Estados Unidos optará por reducir o cesar su participación. Entre las entidades sujetas a revisión podrían figurar organismos de gran relevancia, como las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos, según lo sugerido por el Secretario Musk.

En este sentido, de acuerdo con lo reportado por Kriston Capps del Washington Post, el giro de política internacional ha impactado incluso en el mundo del arte, toda vez que el Museo de Arte de las Américas, el espacio cultural dirigido por la OEA contiguo al edificio histórico a metros de la Casa Blanca, «ha cancelado dos exposiciones próximas», de artistas negros y de artistas queer de Canadá, quienes «cancelaron las exposiciones para cumplir con las órdenes de la administración Trump de eliminar la financiación federal para iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI en inglés)».

En los diversos círculos de discusión y análisis dentro de la Organización, se puede observar claramente que la selección del próximo Secretario General estaba tomando forma en un novísimo acorde geopolítico entre Estados Unidos, nación que es miembro pleno y uno de los países fundadores, y China, potencia que actualmente ocupa un puesto como observador en la Asamblea General. En este mismo contexto, el candidato paraguayo que retiró su postulación el miércoles 5 de marzo ante la intimidante ola de apoyos públicos que aparecían a favor de Ramdin, era claramente identificado por su afinidad a los intereses de Washington, quien incluso sostuvo reuniones previas con el Presidente y el Secretario de Estado de los Estados Unidos.

Por otro lado, el Canciller Ramdin viene de representar a un Estado que, a diferencia del ex candidato Ñandutí, no reconoce a Taiwán y se alinea con la política de «una sola China», además de beneficiarse de las significativas inversiones en el Caribe, lo cual es reflejo de una estrategia de cooperación más amplia y de una postura geopolítica distinta, sin mencionar la influencia de las observaciones europeas que financian una gran parte de los proyectos que continúan en funcionamiento. Esta dinámica configura un significativo enfrentamiento de diversas influencias y corrientes de pensamiento en el complejo proceso de elección del próximo líder de la Organización. No obstante, de acuerdo a lo reflejado por el Miami Herald, el enviado de la Casa Blanca para América Latina, Claver-Carone, ha negado enfáticamente un diferendo político indicando que «eso es una falsa narrativa» y que «el Secretario General de la OEA será un aliado de Estados Unidos».

Sin embargo, la eventual disminución del compromiso y la participación activa de los Estados Unidos en el seno de la Organización de los Estados Americanos ya marca repercusiones de gran magnitud en el desarrollo del proceso, dando lugar a un panorama de incertidumbre tanto a nivel institucional como geopolítico. A lo largo de la historia, se ha observado que Washington ha tenido un impacto significativo en la determinación y desarrollo de la agenda hemisférica en el seno de la Organización de los Estados Americanos, desempeñando una función fundamental en la articulación de acuerdos, la gestión de respaldos estratégicos y el establecimiento de prioridades en el marco de dicho ente. En este preciso contexto, es crucial considerar que su apoyo o la ausencia de participación no solo tendría un impacto directo en la distribución de poder al interior de la entidad, sino que además podría generar un cambio sustancial en las posibilidades y tácticas del Secretario General.

Durante las intervenciones realizadas el pasado 10 y 11 de febrero, en el Consejo Permanente de la OEA y ante la Sociedad Civil, la amplia y valiosa experiencia en Relaciones Exteriores del exsecretario General Adjunto Albert Ramdin le ha permitido destacar la imperiosa necesidad de alcanzar un consenso sólido entre los Estados miembros para asegurar la estabilidad institucional de la OEA y progresar hacia una agenda de desarrollo sostenible, equitativo e inclusivo en la región. Sin embargo, el actual contexto político en el hemisferio occidental agrega una complejidad adicional que incluye la polarización en torno a temas sensibles y controversiales, que ha profundizado las fracturas y divisiones entre los Estados miembros, generando alineamientos estratégicos y posturas que podrían condicionar la gestión, sin mencionar temas como los que subyacen sin ser abordados, que incluyen las responsabilidades de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos en asuntos no contemplados en la agenda institucional abordados de motu propio.

Además, es importante considerar que actores extrarregionales, como China o la Unión Europea, en la presente coyuntura podrían (deberían) estar interesados en escalar su influencia en los procesos políticos y de colaboración que tienen lugar en el seno de la Organización de los Estados Americanos. Este teatro geopolítico de modificación en el equilibrio de poder sin duda impactará la dinámica del Secretario General y las gestiones futuras del organismo como espacio de diálogo y toma de decisiones en el ámbito regional. En este sentido, la elección del Secretario podría convertirse en un astrolabio que dará cuenta de la posición de las guías mayores marcando el sendero de la Organización de los Estados Americanos en un contexto geopolítico en evolución.

El Secretario General Ramdin enfrentará uno de los desafíos más críticos en la historia de la Organización: superar una profunda crisis financiera e institucional que ha persistido durante un largo período, manifestada en balances negativos recurrentes debido a una dependencia excesiva de fondos «específicos» provenientes de Estados no miembros, como España y otros países de la Unión Europea, así como de contribuciones adicionales de naciones como Estados Unidos, Canadá y México, destinados a programas centrales en áreas como seguridad, narcotráfico, fortalecimiento democrático, derechos humanos, lucha contra el terrorismo y prevención del crimen transnacional, que corren riesgo de no alcanzar sus objetivos. En la presente coyuntura, esto podría llevar a que estos pilares caigan en saco roto comprometiendo la capacidad de la Organización, marcando la imperiosa necesidad de implementar medidas urgentes para restablecer la estabilidad financiera regular, fortalecer la gobernanza interna y garantizar que los recursos se utilicen de manera efectiva, recuperando así el liderazgo de la Organización en la promoción de sus objetivos de seguridad, democracia, derechos humanos, entre otros.

De acuerdo con el Decano y Representante Permanente de Antigua y Barbuda ante la OEA, Sir Ronald Sanders, la crisis es de tal magnitud que al momento «215 trabajadores y 67 programas son afectados directamente, además que varios proyectos están paralizados» (por la evaluación de fondos específicos), lo que pone desafíos extra para el próximo primer oficial de la OEA, que convoca tanto habilidades diplomáticas como de resiliencia y capacidad de adaptación bajo presión, para negociar a su turno con el Representante del Presidente Trump, el excónsul General en Bermuda y Embajador de EEUU ante Barbados, Leandro Rizzuto Jr. (quien no ha tomado posesión a la fecha ni ha sido sujeto de examinación en el senado), teniendo en cuenta que ya el enviado Claver-Carone ha señalado que Estados Unidos cree «que la OEA está quebrada, y necesita mucho, pero no se sabe si es reformable», análisis que ya fue compartido en audiencia con el Canciller Ramdin.

De hecho, esta emergencia ha escalado a tal nivel que la CAD, la Comisión de Asuntos Financieros dirigida por el Representante permanente de Chile junto con la Secretaria para Asuntos Financieros (SAF) de la OEA, además de las delegaciones de Bahamas, Antigua y Barbuda, Canadá y Colombia, entre otras, se dieron a la tarea urgente de elaborar un proyecto de Resolución aprobado el 6 de marzo de 2025, para revisitar las capacidades ejecutivas que son mandatos de los Estados y el «capital humano» necesario para cubrirlas. La resolución, titulada «Medidas Especiales para el Mantenimiento de las Operaciones y de los Recursos Humanos de la OEA ante la Orden Ejecutiva (OE) de Realineación de las Prioridades de Ayuda Exterior de los Estados Unidos», busca mitigar los efectos negativos de la decisión estadounidense. La resolución autoriza la utilización de $4 millones del subfondo para la reserva de recuperación de costos indirectos para proteger a los recursos humanos afectados. Los fondos se destinarán a cubrir salarios y gastos de desvinculación en casos donde no sea posible reasignar recursos, y estarán disponibles hasta el 30 de abril de 2025, fecha en que se espera que concluya la revisión de la OE.

La resolución aprobada es una alerta roja y un llamado a los Estados miembros para que busquen nuevas fuentes de financiamiento, reduzcan costos, elaboren planes de contingencia, eliminen gastos no esenciales y negocien con las autoridades estadounidenses, enfatizando la necesidad de abordar problemas estructurales identificados durante esta crisis, como la dependencia de fondos de donantes específicos en lugar de las contribuciones regulares de los 32 Estados miembros, lo que se considera una anomalía política y financiera. La resolución, aunque fue inicialmente aprobada, no se dejaron esperar las observaciones y recomendaciones adicionales, que coincidieron en expresar preocupación por la crisis y su impacto en la efectividad de la OEA, y la diversificación de las fuentes de financiamiento aumentando la responsabilidad de membresía de los Estados. Mientras tanto, Canadá criticó la falta de liderazgo proactivo para gestionar la crisis de manera holística y sugirió la creación de un Director Ejecutivo de Funcionamiento, tal como se recomendó en una revisión externa previa. Al finalizar la sesión, la representante alterna de Estados Unidos informó que presentaría en breve un pie de página que inicialmente lo denominó una resolución general sobre el tema, que podría aportar mayor luz sobre los movimientos tectónicos que se viven al interior de la Organización.

En consecuencia, la designación del Secretario General de la OEA no se limita a un procedimiento burocrático de suma de votos (50% + 1 mínimo, en tres rondas) ni a una frívola disputa de intereses entre los Estados miembros; representa una reestructuración del tablero geopolítico hemisférico. Nos hallamos multilateralmente en un momento abismal, en el cual la Organización se enfrenta a una crisis financiera e institucional sin precedentes, la erosión de su autonomía ante la dependencia de fondos externos y la creciente presión de actores extrarregionales que aspiran a expandir su influencia en la región. Este es un hito que requiere además de la diplomacia convencional, ingenio extremo bajo presión, y visión estratégica capaz de mantener a la OEA en el equilibrio entre su misión histórica y las demandas del nuevo orden global. La designación del nuevo líder no puede ser reducida a cálculos geopolíticos, la OEA debe superar sus propias contradicciones, reinventarse y responder con audacia a los desafíos del siglo XXI, o está condenada a convertirse en una institución a la deriva de la inercia de sus limitaciones, desafío que recae oportunamente en el Embajador Ramdin que no solo cuenta con la experiencia diplomática necesaria, sino también y sobre todo de liderazgo institucional al haber ejercido la Subsecretaría por 10 años.

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El terremoto de los datos (IA) y la justicia

La Inteligencia Artificial (IA o AI por sus siglas en inglés), específicamente, ya no es más la ‘sombra en la cueva’

Alejandro Bilbao la Vieja Ruiz

/ 5 de diciembre de 2023 / 09:53

En pasados días, tuve el agrado de atender el evento impecablemente organizado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia, denominado Bolivian Arbitration Review (BAR 2023), con una colección de soberbios paneles que ilustraron magistralmente a la audiencia en cada ponencia, incluso cerró la presentación del manual académico escrito por el doctor Pablo Menacho Diederich (exprocurador, ministro y diplomático). Se ha mostrado una madurez académica fundamental que me permite sugerir no solo al BAR 2024, sino al foro jurídico en general, la urgente necesidad de reflexionar sobre las tecnologías más recientes y cómo éstas afectan la vida y la administración de “justicia” en particular, ya sea en estrados judiciales o extrajudiciales.

La Inteligencia Artificial (IA o AI por sus siglas en inglés), específicamente, ya no es más la “sombra en la cueva” (algunos la usamos a diario). Sus herramientas prometen ayudar y maximizar, cuando no sustituir las capacidades comúnmente asociadas a los humanos involucrados en la administración de “justicia”, irrumpiendo precisamente cuando el mundo vive una crisis estructural que abarca los ámbitos legales (no solo en Bolivia). No es secreto que cotidianamente modernas piezas de software asisten en la revisión de documentos legales, estimación de costos, predicción de resultados y manejo de casos: Legal Decoder, LexisNexis, Dispute Resolution Data, Judge Analytics, Arbitrator Intelligence, eBrevia y Luminance, que administran datos bajo protocolos convencionalmente denominados algoritmos para producir incluso “potenciales” laudos, sentencias, calcular las posibilidades de éxito, y por extensión ofrecer asimétricas ventajas comparativas y competitivas sobre las estrategias legales de quienes no tienen acceso.

Lea también: ¿Cómo competir en el mundo transformado por la IA?

El “terremoto de los datos” está presente en toda actividad “humana”, y demostradamente es capaz de “servir” como operador, administrador, mediador, conciliador, juez o árbitro aprendiendo a su paso, ergo, atender casos de naturaleza técnica (medio ambiente, finanzas, medicina, etc.), arribando en tiempo récord a iguales conclusiones (si no mejores) que los sapiens, con un grado de confiabilidad relativo de error (en términos de corrupción del agente salvo los sesgos algorítmicos, las influencias externas, la manipulación tendenciosa de información, etc.) a una fracción del costo.

No obstante, algunos son escépticos, como advierte el Premio Turing (equivalente a un Nobel en Tecnología) Geoffrey Hinton, al renunciar a Google, “la falta de contrapesos en su desarrollo y su impacto en la generación de información falsa podría tener un efecto apocalíptico”. En el mismo sentido, Naomi Klein señala que el primer efecto es que la “gente ya no cree que lo real es la realidad”. La misma visión comparten Yuval Noah Harari (que pronostica una “crisis global financiera”) o Elon Musk, que avizora un “riesgo civilizatorio”, convenientemente presentando su IA alterna denominada Grok. De la misma forma en este debate, Noam Chomski, entre otros, minimiza el impacto de la IA “desestimando la capacidad de emular el ‘pensamiento humano’”, al igual que Yann LeCun, de Meta, que lo denomina “ciencia ficción”. En este diálogo aún oscilamos entre partidarios y detractores, incluso hay un movimiento mundial en contra del desarrollo de la IA. 

No obstante, con la rapidez que los cambios tecnológicos disruptivos se desarrollan en todas las capas societales, es previsible que, a corto plazo, la IA en materia de justicia supere sus contradicciones asociadas a la percepción interpretativa (comprensión y valoración), la predicción subjetiva, la racionalización de la fundamentación y la responsabilidad que involucra. Es decir, la promesa tecnológica aún no conoce fronteras y su matriz incorporará componentes más complejos en breve. Por ejemplo, a partir del desarrollo biotecnológico de los ciborgs (híbridos humanos) con capacidades “sobrenaturales”, entonces la conversación será aún más compleja (sin mencionar los microchips RISC-V, la impresión 3D, el Big Data, los acuerdos internacionales sobre “control” de la red, el 6G, etc.).  

Esto merece una reflexión holística de cara a una caja de Pandora abierta, la IA tiene el potencial de ser una herramienta que igual colabore en gestionar casos y diagnosticar ineficiencias en el proceso, o dispare el caos. La radio, el internet, la televisión, los teléfonos celulares, a su turno, despertaron susceptibilidades que provocaban ambiciosos debates, con mayor razón, la singularidad del momento demanda agotar el análisis a todo nivel e imprimir una hoja de ruta para todo el abanico operador, ayudante o administrador.  

(*) Alejandro Bilbao La Vieja Ruiz es abogado, diplomático, experto en temas de justicia internacional y geopolítica

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