La reciente noticia de que Siria finalmente se ha liberado de la prolongada guerra civil, el conflicto y el régimen de Assad ha provocado la celebración y el alivio de varios sirios y árabes en todo el mundo, que esperan vivir para ver a su país liberado de las cadenas de Bashar Al-Assad. El pueblo de Siria ha soportado sufrimientos y penurias interminables e inimaginables durante décadas, que van desde el hambre, la pobreza, la guerra civil, el abuso y el aumento del terrorismo. La perspectiva de que la paz y la estabilidad regresen a la región y al país es un rayo de esperanza en medio de la oscuridad y la violencia que asolan el país desde hace mucho tiempo. 

Sin embargo, la noticia esperanzadora y tenue no duró mucho. Las fuerzas israelíes comenzaron de inmediato a trasladarse a las zonas de contención del país, buscando una posible ocupación como medio de “defensa” mientras sus preocupaciones y amenazas de seguridad siguen aumentando. La entrada inmediata de fuerzas israelíes en Siria después de su liberación del régimen de Assad es innecesaria y contraproducente, exacerbando la inestabilidad del país y socavando el camino de Siria hacia la soberanía. 

Aunque Israel ha intentado justificar sus acciones como medidas contra la influencia iraní y occidental, su intervención ha perturbado las aspiraciones de los sirios que buscan la libertad y la paz, y ha prolongado el sufrimiento y la violencia sin fin de los sirios. Al involucrarse en el conflicto interno de Siria, Israel corre el riesgo de inflamar aún más las tensiones con las potencias regionales y socavar la soberanía de Siria. En lugar de apoyar soluciones a largo plazo y esfuerzos de consolidación de la paz, las acciones militares israelíes sirven para perpetuar un ciclo adicional de violencia, haciendo mucho más difícil para los sirios seguir su camino hacia la libertad, la reconstrucción, la estabilidad, la paz y la autodeterminación frente a la intervención y la interferencia extranjeras. 

La crisis de refugiados sirios ha sido una de las más devastadoras y catastróficas que ha sufrido la región, y ha obligado a millones de sirios a huir de sus hogares en busca de estabilidad, seguridad y sanciones. La actual guerra civil en Siria ha dejado a millones de personas desplazadas y vulnerables, lo que ha dado lugar a una de las mayores crisis de refugiados de la historia moderna. 

El impacto del régimen de Asad y su liderazgo a lo largo de los años ha contribuido directamente al caos y la violencia que ha obligado a millones de sirios a abandonar su hogar y su país para buscar refugio y sanciones en otros lugares. El régimen de Asad ha sido ampliamente criticado por sus tácticas brutales y violentas, y sus claras violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional, incluido específicamente el uso de armas químicas como el gas sarín contra sus ciudadanos. La represión del régimen y la estricta vigilancia de la oposición han alimentado y empeorado aún más el conflicto, creando un entorno en el que el miedo y la inseguridad se han normalizado en todo el país. 

Como resultado de la normalización del miedo y la inseguridad, miles de sirios se vieron obligados a huir y buscar seguridad en sus países vecinos, sin saber si algún día regresarán a su amada patria. Sin embargo, en la actualidad, la caída y el fin del régimen de Assad podrían haber tenido un impacto significativo en la crisis de refugiados, lo que podría haber llevado a un país estable y pacífico al que los refugiados pudieran regresar. Sin embargo, con la reciente invasión de las fuerzas israelíes y la “ocupación” militar de zonas del país, la paz y la estabilidad siguen siendo una incógnita. 

La presencia de fuerzas israelíes en Siria es un hecho preocupante por varias razones. En primer lugar, amenaza con desestabilizar aún más una región ya de por sí volátil. Oriente Medio ha sido durante mucho tiempo un foco de conflicto y tensión, y la presencia de fuerzas israelíes en Siria podría potencialmente intensificar los conflictos existentes y encender otros nuevos. Además, la presencia de tropas extranjeras en Siria socava la soberanía e independencia del país, complicando aún más los esfuerzos para reconstruir y restablecer la paz en la región. 

La presencia de fuerzas israelíes en Siria ha exacerbado las tensiones actuales en la región, lo que ha provocado temor y tensión en las relaciones con sus países vecinos. Con la tensión de las relaciones y el aumento de las tensiones en la región, el temor a la hostilidad y el conflicto en la región se ha exacerbado, poniendo aún más en peligro los frágiles pasos de paz que se han iniciado dentro de Siria. Además, la presencia de fuerzas israelíes ha suscitado preocupación con respecto a sus intenciones y motivaciones dentro del país. 

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha declarado inequívocamente que «el Golán será parte del Estado de Israel por la eternidad». Esta postura pone de relieve la estrategia de Israel: asegurar ganancias territoriales y aprovechar la inestabilidad de Siria para consolidar su dominio regional. Es probable que la ocupación y las acciones militares de Israel profundicen las divisiones internas en Siria, enfrentando a las facciones centradas en la construcción de la nación contra las que priorizan la liberación de los territorios ocupados. 

Esta dinámica refleja las prolongadas luchas del Líbano bajo la ocupación israelí, donde las divisiones internas obstaculizaron la estabilidad y la gobernanza. Al priorizar la respuesta a las fuerzas ocupadas por Israel, aumentó la posibilidad de una derrota temprana y el caos, desviando sus recursos críticos del aspecto principal de los esfuerzos de construcción de la nación y la consolidación de la paz. De cualquier manera, Israel se beneficiará de la situación, ya que una Siria fragmentada y más débil es mucho menos capaz de plantear una amenaza a su seguridad y sus ambiciones territoriales.  

Aunque las recientes noticias sobre la libertad de Siria y la caída y el fin del régimen de Assad han empeorado la situación, la presencia de las fuerzas israelíes y su ocupación del Golán han prolongado el sufrimiento y la violencia que enfrenta el pueblo sirio. El despliegue de fuerzas israelíes en Siria amenaza con desestabilizar la región, exacerbar los conflictos existentes y socavar los esfuerzos por lograr la paz y la estabilidad. Es imperativo que todas las partes involucradas en el conflicto trabajen juntas para encontrar una solución pacífica y diplomática a la crisis en Siria, y que se respete y defienda la soberanía y la independencia del país.

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La reciente designación de nuevos magistrados en Bolivia, producto de las promesas de cambio del sistema judicial, ha generado expectativas. Los ciudadanos esperaban una transformación que fuera más allá de un simple cambio de nombres en los tribunales. Sin embargo, la pregunta sigue vigente: ¿qué cambio real ha traído consigo el cambio de magistrados? ¿Realmente se ha dado el paso hacia una justicia independiente, imparcial y eficiente, o simplemente estamos ante un reacomodo de figuras que replican las mismas dinámicas de poder? Las promesas realizadas por los políticos en su momento se están pagando en forma de desconfianza y frustración popular.

I. La necesidad de tener magistrados en Bolivia

En cualquier democracia que se precie de serlo, el poder judicial debe ser la columna vertebral de la defensa de los derechos fundamentales, el cumplimiento de la ley y el equilibrio entre los distintos poderes del Estado. En Bolivia, la necesidad de magistrados no es solo una cuestión de administración judicial; es una cuestión de confianza social y estabilidad política.

Los magistrados no solo resuelven casos; su tarea es garantizar que el marco normativo y las decisiones políticas se ajusten a los principios constitucionales. Su rol es fundamental para mantener el orden y la paz social, y asegurar que el poder ejecutivo y el legislativo no sobrepasen los límites establecidos. Por ello, tener magistrados competentes e imparciales es esencial para la consolidación de la democracia. El poder judicial es el garante de que la ley se cumpla por igual para todos, sin distinciones.

La independencia judicial es uno de los pilares de un Estado de derecho. En un país como Bolivia, donde la política a menudo se encuentra entrelazada con los intereses partidarios, la independencia de los magistrados se vuelve aún más crucial para asegurar que la justicia no se vea afectada por presiones externas. Este es el primer punto que justifica la existencia de magistrados en Bolivia: garantizar que el poder judicial se mantenga libre de manipulaciones y actúe como un contrapeso efectivo a los otros poderes del Estado.

II. ¿Qué trae el cambio de magistrados?

Cuando se cambian los magistrados, como sucedió recientemente en Bolivia, se crea una atmósfera de expectación, pues se presume que este cambio traerá consigo una nueva perspectiva en la administración de justicia. Sin embargo, las promesas de un nuevo sistema judicial, de una justicia imparcial y accesible para todos, rápidamente chocan con la realidad del aparato judicial que sigue funcionando dentro de las mismas estructuras que no promueven cambios profundos.

Las promesas de renovación de los magistrados han sido acompañadas por la idea de que con ellos llegaría una justicia más eficiente, menos corrupta y más vinculada a la realidad de los ciudadanos. Sin embargo, la historia reciente muestra que el cambio de magistrados no ha sido suficiente para transformar un sistema judicial que ha estado históricamente marcado por la politización y la falta de independencia.

El proceso de selección de nuevos magistrados ha sido, en muchos casos, cuestionado por su falta de transparencia. Los partidos políticos, a menudo, mantienen un control sobre la designación de estos magistrados, lo que da lugar a la percepción de que el sistema judicial sigue siendo una extensión del poder político. En este contexto, las promesas de independencia judicial y reforma profunda parecen ser solo discursos vacíos, pues las mismas dinámicas de cooptación continúan operando.

Este cambio de magistrados, entonces, no ha logrado modificar las estructuras de poder que sostienen al sistema judicial. Los magistrados nuevos se enfrentan a la misma realidad estructural, política y económica que sus predecesores. Si bien puede haber diferencias individuales entre los nuevos y viejos magistrados, el sistema en su conjunto sigue siendo vulnerable a las mismas presiones externas y carece de los mecanismos necesarios para garantizar una verdadera independencia.

III. Las promesas incumplidas: los impuestos de hoy

«Las promesas que hicieron ayer los políticos son los impuestos de hoy». Esta frase de William L. Mackenzie King refleja con precisión el sentimiento popular que surge cuando se percibe que el cambio prometido no ha llegado o no ha sido el esperado. Los ciudadanos depositan sus esperanzas en los políticos que prometen reformas, pero, en muchos casos, se encuentran con una realidad que no cumple esas expectativas.

En Bolivia, las promesas de transformación del sistema judicial han sido reiteradas por años, pero las reformas sustantivas nunca llegaron. El cambio de magistrados fue percibido como una oportunidad para redirigir el rumbo de la justicia, pero a menudo las promesas de los políticos se convierten en impuestos pesados que los ciudadanos deben cargar en su vida diaria: una justicia lenta, ineficiente y, en muchos casos, corrupta. La transformación de un sistema judicial requiere más que un cambio de nombres: requiere un compromiso real con la independencia judicial, la transparencia en los procesos de selección y la implementación de reformas estructurales que permitan a los magistrados actuar sin interferencias externas.

El cambio de magistrados en Bolivia, lejos de representar una transformación significativa en la justicia del país, parece ser una repetición de las mismas promesas incumplidas de siempre. El poder judicial, tal como está compuesto, sigue siendo un reflejo de las disputas políticas, donde los intereses partidarios continúan prevaleciendo sobre los principios constitucionales.

Para que el cambio sea real, es necesario más que una simple rotación de nombres; es necesario transformar las estructuras que han permitido la cooptación del sistema judicial. Mientras las promesas de cambio continúen siendo solo un eco vacío de los discursos políticos, los impuestos que la sociedad deberá pagar serán altos: desconfianza, impunidad y una democracia que no logra consolidarse en la práctica.

¿Qué realmente trae el cambio de magistrados para Bolivia? Una pregunta cuya respuesta todavía está por verse, pero que, por el momento, parece que las promesas de ayer siguen siendo los impuestos de hoy.

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El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha generado un abanico de expectativas y preocupaciones en el escenario internacional. Su primer mandato estuvo marcado por decisiones disruptivas, un enfoque transaccional en política exterior y una retórica populista que resonó tanto entre sus seguidores como entre sus detractores. Ahora, con una administración renovada y un contexto global más complejo, el segundo gobierno del republicano promete cambios significativos en economía, comercio, energía y relaciones internacionales, con implicancias de gran alcance para América Latina.

El proteccionismo de Trump

Uno de los puntos más destacados de la agenda económica de Trump es su promesa de revitalizar la industria manufacturera estadounidense mediante reducciones fiscales y una política comercial agresiva. Se anticipa una renovada guerra arancelaria con China, lo que podría llevar a Beijing a intensificar sus represalias económicas. «Estados Unidos es prácticamente soberano en este continente, y su mandato es ley sobre los sujetos a los que limita su intervención», escribió Richard Olney en 1895, anticipando la doctrina Monroe y el enfoque proteccionista que Trump busca revivir.

En este contexto, las tensiones podrían impactar a América Latina, una región que ha visto cómo China se convierte en un socio comercial clave en las últimas dos décadas. Además, Trump planea endurecer las reglas del T-MEC, utilizando el comercio como herramienta de presión sobre México para frenar la inmigración indocumentada y combatir el narcotráfico. Como advirtió recientemente Brian Winter, editor en jefe de Americas Quarterly, «podríamos ver que la relación entre Estados Unidos y México se vuelve hostil. Es hora de escuchar y repensar».

En términos fiscales, Trump ha propuesto reducir el impuesto corporativo federal al 20% y crear incentivos fiscales adicionales para los fabricantes, con una tasa tan baja como el 15% para algunas industrias. Si bien estas medidas podrían atraer inversiones y fomentar la reindustrialización en EEUU, también podrían provocar un aumento en el déficit fiscal, generando presiones inflacionarias que afectarían a los mercados financieros globales.

Energía

El segundo gobierno de Trump busca explotar al máximo los recursos energéticos de América del Norte, especialmente los combustibles fósiles. Esto contrasta marcadamente con las políticas climáticas de la administración Biden y podría desencadenar un aumento en las emisiones globales de carbono. «Trump abraza plenamente la generosidad de los vastos recursos energéticos de América del Norte», destacó Kurt Bauer, titular de la Cámara de Comercio de Wisconsin, subrayando el enfoque pragmático de la administración entrante.

Para América Latina, rica en recursos naturales, estas políticas podrían traducirse en un aumento de las inversiones estadounidenses en minería y energía, aunque también podrían intensificar los conflictos socioambientales en la región. La prioridad de Trump de garantizar cadenas de suministro seguras incidirá en oportunidades para los países que se alineen con sus objetivos geopolíticos.

Renegociar el mundo

Trump ha manifestado su intención de renegociar acuerdos internacionales y buscar soluciones rápidas para los conflictos en Ucrania y Medio Oriente. Su enfoque en Ucrania parece inclinarse hacia una solución negociada que implique concesiones territoriales por parte de Kiev, algo que podría polarizar a la comunidad internacional y fortalecer la posición de Rusia. Según Thomas Fazi, columnista de UnHeard, «Occidente tiene una responsabilidad importante por desperdiciar oportunidades anteriores para lograr la paz, cuando las demandas de Rusia eran mucho menos severas».

En el contexto latinoamericano, Trump podría intentar reactivar una versión modernizada de la doctrina Monroe, buscando limitar la influencia de potencias extranjeras, especialmente de China y Rusia, en la región. Esto podría significar una mayor presión sobre los países de la región para alinearse con las prioridades de Washington, afectando su autonomía política y económica.

Trump y América Latina

Para América Latina, el segundo mandato de Trump representa un escenario de riesgos y oportunidades. Por un lado, la región podría beneficiarse de una relocalización de cadenas de suministro (nearshoring), particularmente en sectores como manufactura y minería. México, en particular, podría consolidarse como un actor clave en las cadenas de valor regionales, aunque esto dependerá de su capacidad para gestionar las crecientes tensiones migratorias y comerciales con EEUU.

Por otro lado, las políticas migratorias de Trump, que incluyen deportaciones masivas y una militarización de la frontera sur, podrían agravar las crisis humanitarias en Centroamérica y el Caribe. Países como El Salvador, Guatemala y Haití enfrentarán presiones significativas para absorber a los migrantes deportados, exacerbando las desigualdades y la inestabilidad social. La politóloga Cecilia Farfán-Méndez apunta que «la violencia no sería la misma sin armas de fuego ilícitas de grado militar fácilmente disponibles para los actores criminales de la región».

En Brasil, el liderazgo de Luiz Inácio Lula da Silva está en curso de colisión con la retórica y las políticas de Trump, especialmente en temas ambientales y de derechos humanos. Al mismo tiempo, líderes populistas como Javier Milei en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador procuran ver afinidades ideológicas con el enfoque de Trump, lo que tiende a fortalecer su influencia política interna de estos países.

Un mundo más polarizado

El segundo gobierno de Trump promete intensificar la polarización global, con implicaciones profundas para el orden internacional y las economías emergentes. La tendencia hacia un mundo multipolar, con Estados Unidos, China y Rusia compitiendo por influencia, podría poner a prueba la capacidad de América Latina para navegar en este entorno.

En este contexto, los países de la región enfrentan el desafío de construir una postura unificada que les permita defender sus intereses comunes en áreas como el comercio, el cambio climático y la seguridad regional. La capacidad de América Latina para actuar como un bloque cohesionado será clave para mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades que surjan bajo el liderazgo de Trump.

El retorno de Trump a la presidencia de EEUU marca el inicio de una nueva etapa en las relaciones internacionales, caracterizada por un enfoque más pragmático y unilateral. Así, América Latina debe prepararse para un entorno internacional más competitivo y polarizado, donde la cooperación y la unidad serán esenciales para garantizar su desarrollo y estabilidad.

Las advertencias de Steve Bannon

En una reciente entrevista con la periodista Megyn Kelly, Steve Bannon, exestratega jefe de la Casa Blanca, dio su perspectiva sobre los retos que Donald Trump enfrenta en su segundo mandato presidencial. Bannon enfatizó la importancia de los primeros meses en el poder, describiéndolos como críticos para implementar las políticas clave de la administración.

“Tiene entre 100 días y seis meses para avanzar”, afirmó Bannon, subrayando que ese período será determinante para cuestiones fundamentales como la crisis fronteriza, la seguridad nacional y la estabilidad económica. “No me tomaría ni un solo día de descanso. Estaría trabajando cada segundo porque los opositores están al acecho”, dijo.

Desafíos políticos y legislativos

Bannon destacó que una de las prioridades sería la gestión de la inmigración ilegal a través de la reconciliación presupuestaria. Este mecanismo legislativo permitiría implementar cambios con una mayoría simple en el Senado. “Con 51 votos, puedes lograr el cambio que necesitas”, explicó, refiriéndose a la necesidad de utilizar órdenes ejecutivas y legislar para fortalecer la seguridad fronteriza y acelerar las deportaciones.

Según Bannon, el enfoque también incluiría negociaciones con países de América Latina para gestionar el regreso de migrantes. “Hay que sentarse con ellos y llegar a acuerdos que incluso puedan ser beneficiosos económicamente”, señaló. Sin embargo, también advirtió que, si estos países no cooperan, podrían enfrentarse a aranceles y restricciones económicas.

Las urgencias de Trump

Para Bannon, el panorama político estará definido por una lucha constante con la oposición. Advirtió sobre los esfuerzos demócratas liderados por Hakeem Jeffries para recuperar la Cámara de Representantes en 2026. “Van a poner mil millones de dólares detrás de Jeffries para cambiar un puñado de escaños”, afirmó, y agregó que, si logran su objetivo, lo primero que harán será “promover un juicio político contra Trump”.

Bannon también señaló la necesidad de abordar los retos internacionales, como la guerra en Ucrania, las tensiones en el Medio Oriente y las amenazas del Partido Comunista Chino. “Estamos en el principio de una guerra política. Los enemigos, tanto internos como externos, harán todo lo posible para obstaculizar a Trump”, aseveró.

Una lucha larga

Otro punto destacado por Bannon fue la importancia de las investigaciones sobre lo que describió como una “vasta conspiración criminal” contra Trump. Según él, el Departamento de Justicia y el FBI deben ser objeto de una revisión exhaustiva para evitar futuros abusos de poder. “Esto no se trata de venganza personal, sino de asegurar que nunca vuelva a suceder”, declaró.

En cuanto a las prioridades domésticas, Bannon argumentó que Trump debe enfocarse en restablecer la economía, detener las guerras y asegurar la frontera. “Tienes que golpear fuerte y rápido. Si en seis o nueve meses no has logrado avances, habrás perdido la oportunidad”, advirtió.

Bannon concluyó subrayando que el camino hacia un segundo mandato exitoso será arduo y estará lleno de obstáculos. “Esto es una guerra política y estamos lejos de estar fuera de peligro”, afirmó. Sus palabras reflejan la intensidad del entorno político actual y los enormes desafíos que Trump podría enfrentar si regresa a la Casa Blanca.

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Año electoral: aumentará la tendencia boliviana a caminar mirando el piso o el pasado, sin percibir que estamos en un mundo globalizado y a punto de perder el equilibrio por efecto de la crisis económica, las guerras y unas democracias cada día más cuestionadas. En especial, al lado occidental del planeta, con las notables excepciones de Corea del Sur y Georgia (este europeo). Necesitamos ver la Aldea Global y ubicarnos en el mundo contemporáneo que se está transformando sin que quede claro hacia dónde va. El año arranca trepidante y la democracia a remolque, si no en hilachas.

Con un cuarto del siglo corrido, poco de joven, casi nada de esperanzas —salvo la sonda Parker que se acercó al Sol extraordinariamente y nos ayudará a predecir mejor al astro del que depende nuestra vida—, rebalsa de desgracias humanas y ambientales, polarizaciones políticas, desinformación y guerras. Lo primero: el retorno de Donald Trump, quien, fiel a su estilo y antes de posesionarse, lanza una andanada a medio planeta. A Panamá le plantea la devolución de la administración del Canal porque, supuestamente, estafa con las tarifas de tránsito a los barcos norteamericanos. Obviamente, parte de la estrategia es presionar con el cruce de migrantes por el Darién (la mata atlántica panameña) camino a la frontera de México.

A la discreta Dinamarca le dice que “Estados Unidos de América considera que la propiedad y el control de Groenlandia son una necesidad absoluta”, ofreciendo comprarla. Aquí, sin duda alguna, una idea de su anterior mandato que tiene que ver con la inminente apertura comercial del Ártico, donde Rusia y China van muy por delante. Al borde de la chanza, degrada al vapuleado Trudeau, primer ministro canadiense, a gobernador del 51.º estado norteamericano, al que de entrada le pasa factura por su apurada visita a Mar-a-Lago. En fin, no habría que subestimar esas ideas estrafalarias que pretenden mirar al mundo como un tablero de ajedrez. La mano viene cargada y no a favor de la democracia, aunque sí de los negocios.

Democracia y conflictos

En nuestro barrio surandino, la confrontación discursiva alrededor del Estado y el mercado, o cualquier cosa —la negación de los derechos, los indígenas o las minorías, los temas preferidos—, sirve para dar la “batalla cultural” que polariza y aumenta las grietas, la confusión y todo lo necesario antes que un debate democrático abierto y constructivo. La nueva derecha, no la tradicional liberal (a la que, en España, Vox llama “derechita cobarde”), que es un recalentado de viejas ideas y prejuicios medio religiosos y monárquicos, empieza a mostrar los colmillos, y no pintan libertad precisamente. A pesar de la polvareda y el encubrimiento de los mass media, la corrupción profunda asoma, y está en el fondo del reclamo conservador.

Tres casos sirven para intentar desarrollar una mirada más amplia del mundo que nos circunda.

El más sonoro y estrambótico: Argentina. La detención en la frontera paraguaya del senador peronista Edgardo Kueider con una mochila de miles de dólares —luego de seis viajes previos y el intento de su asistente de comprar cinco departamentos en Asunción sin siquiera visitarlos— destapa la corrupción libertaria. Este exsenador —linchado sumariamente en el Senado por 2/3, en medio de la pulseada entre el presidente y la vicepresidenta— planteó 40 objeciones al proyecto de la Ley de Bases que envió el gobierno de Milei para ejecutar su plan de gobierno. Unas objeciones que, el entonces senador, negó ágilmente en la votación, y con su voto positivo permitió el empate (36/36) que habilitó el desempate de la vicepresidenta Villarruel, quien, obviamente, aprobó la ley. Una ley que, en el curioso —por decir lo menos— sistema constitucional argentino, sirve para habilitar los DNU (decretos de necesidad y urgencia), que ponen al Ejecutivo por encima de las leyes mientras el Legislativo no los rechace. El “todo vale” que estamos viendo incluye los envíos de oro desde el Banco Central a Inglaterra.

Nuevos caudillismos

Milei, a su retorno de Italia y ante el hecho consumado de la expulsión, armó un escándalo pidiendo invalidar la sesión senatorial con el argumento de que la vicepresidenta Villarruel la presidió en su ausencia y que no podía hacerlo porque en ese momento estaba como presidenta de la República. La cuestión se despejó cuando el acta del escribano de la Casa de Gobierno mostró que la vicepresidenta fue notificada a las 19 horas del día de la sesión, cuando esta ya había concluido, aclarando que presidió la Cámara en plena facultad. El enojo del presidente fue que se hubiera expulsado al senador cuando el acuerdo político del día anterior a la votación con el PRO —partido de Macri— era solo la suspensión. Claro, que Kueider sea un corrupto desprolijo no quiere decir que no se lo proteja y, sobre todo, que no se prevenga frente a la investigación judicial que podría obligar al encausado a declarar sobre la compra de su voto para intentar salvarse de alguna manera. Aunque, por lo pronto, esté arrestado en un complejo de lujo en Asunción.

La preocupación es enorme. En paralelo, corren las investigaciones de la jueza Arroyo Salgado sobre los negocios offshore de Cristian Ritondo, jefe de la bancada de diputados del PRO, por millones de dólares en negocios inmobiliarios en Miami y no declarados. Y, más grave aún, estas investigaciones implican al mismo personaje y a la exgobernadora María Eugenia Vidal, quienes, desde el gobierno de la provincia, habrían protegido al narcotráfico, fuente del dinero posteriormente lavado. En fin, la libertad empieza a mostrar que el discursito de la casta y otras lindezas contra el Estado ocultan a la verdadera élite, que saquea lo público de manera más descarnada y sin las obsolescencias peronistas de la justicia social.

El caso peruano

Más cerca, Perú, donde la corrupción política es «cholísima», dirían allá, lejos de la estridencia milonguera argentina y con una regularidad cercana a tradición. La corrupción en la Presidencia de la República tiene el récord —quizás mundial— de que sus últimos seis presidentes están procesados, condenados, encarcelados; alguno se suicidó antes de enfrentar la ignominia de la cárcel, y la saga no se interrumpe. No hace mucho, la Fiscalía allanó la vivienda de la presidenta Dina Boluarte buscando unos relojes Rolex coquetamente exhibidos, pero no declarados. Sin embargo, esto es menor. Lo que sucedió en el Congreso de la República tiene ribetes de república bananera del siglo pasado y permite sospechar un nivel de corrupción todavía mayor.

Resulta que la “Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República”, una dependencia del más alto nivel institucional y técnico que dictamina sobre la viabilidad y juridicidad de los proyectos de ley, funcionaba como una agencia de prostitución que cambiaba votos legislativos por servicios sexuales a los legisladores. Tan graves serán los pormenores y las implicaciones —había un espacio legislativo especialmente acondicionado y filmaciones, como corresponde a este nivel de servicios— que una mujer joven, inmediata al jefe, fue acribillada (con 40 balazos) junto a un chofer de taxi en vía pública, en un ataque de sicarios que claramente buscó acallar su testimonio.

Democracia y corrupción

La corrupción política está orquestada desde el Congreso, cuyo principal leitmotiv es la corrupción, porque de legitimidad democrática no tiene nada. Para que el sistema funcione, la alianza Congreso-Gobierno ha sometido al Poder Judicial y al Ministerio Público mediante un conjunto de leyes que modifican y acomodan competencias y procedimientos judiciales, incluso por encima de la Constitución, para controlar la labor jurisdiccional y protegerse. Con esta capacidad institucional instalada, encarcelaron al presidente constitucional Castillo y sortearon las movilizaciones y reclamos sociales que pedían nuevas elecciones, a pesar de las decenas de muertes en Ayacucho. Mientras tanto, sigue la fiesta: el poder ha pactado que las próximas elecciones se cumplan como si nada hubiese sucedido, y al año nos preocuparemos.

Pasemos a Chile, que, a pesar de su estabilidad y prosperidad, no ha podido mejorar la movilidad social y sigue con la Constitución pinochetista, conservadora y poco afín a la democracia. El primer intento de reforma lo hizo el actual gobierno, que, luego de una debatida asamblea constituyente, sufrió en el referéndum un rechazo aplastante. Posteriormente, la derecha, con criterios políticos absolutamente contrarios, intentó lo mismo y, otra vez, el soberano rechazo. El fiasco del sistema político quedó ahí, pero la novedad la trajo el caso del abogado penalista Luis Hermosilla, también llamado “audios”, porque se develó mediante una grabación realizada por una abogada espantada por el nivel delictivo alcanzado en el tráfico de influencias que manejaba Hermosilla.

Institucionalidad debilitada

Este penalista, hombre cercano al círculo de poder del expresidente Sebastián Piñera y de su principal hombre de confianza, el ministro de Gobierno, Andrés Chadwick, operaba un sistema de corrupción al más alto nivel, vinculado a la administración de justicia y las finanzas públicas. En el esquema participaban, según correspondiera y siempre con servicios remunerados, ministros de la Corte Suprema, ministros de Gobierno, el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones, Impuestos, una universidad privada, entre otros.

La corrupción perseguida, según reza el expediente —corrupción política, soborno, tráfico de influencias, lavado de activos y evasión tributaria—, tuvo de base el extendido tejido político de la derecha que, aunque rota en gobierno con la Concertación, nunca dejó el poder desde 1973 (medio siglo). La trama de la corruptela, sintetizada por el propio Hermosilla refiriéndose al audio, tiene una advertencia: “Acá está metido medio Chile”. Lo que debe estar fuera de duda, porque la potente memoria del celular de Hermosilla, hombre prolijo que registraba todo, fue vaciada en casi un millón de páginas.

La mala hora de la democracia

El tráfico de influencias que operaba el abogado, en términos de diseño, no era muy complejo, pero sí altamente eficaz. Cobraba y pagaba millones para resolver denuncias, procesos o juicios a favor de los allegados al poder económico y político, utilizando contactos y autoridades necesarias. Lo central tenía que ver con cuestiones de impuestos (facturas falsas, seguros, fondos privados, por ejemplo), procesos penales, información privilegiada para beneficiar a sus defendidos, fallos judiciales, direccionamiento de investigaciones policiales, etcétera.

Aun viendo de una forma esquemática, la democracia vive una mala hora. Paul Krugman, en su última columna —tras 25 años— en The New York Times, decía que, a principios de siglo, se sentía optimismo y que las encuestas sobre el gobierno reportaban satisfacción. Pero hoy el ambiente es de resentimiento e ira social contra las élites y al interior de las élites porque no se sienten suficientemente reconocidas. Luego del asesinato de un CEO en Nueva York y el amplio respaldo en redes hacia el victimario, diríamos que ya no solo estamos ante un enojo social.

Crisis en las democracias

Este es el punto: la democracia, sobre todo en Occidente, está en crisis. No cumple con las expectativas que la gente tiene al momento de comprometer su voto, pero, sobre todo, porque sabe que su funcionamiento está umbilicalmente vinculado a la corrupción política. Esto cierra el círculo vicioso que la tiene en vilo, porque así se hace menos representativa y carece de la legitimidad sin la cual es casi imposible gobernar.

El refrán dice: “mal de muchos, consuelo de tontos”. Obviamente, sería tonto sacar esta conclusión del repaso, porque la lección es doble: una, los bolivianos no somos todo lo peor que se nos quiere hacer creer —la tradicional autodenigración— porque, como puede verse solo en los alrededores, quedamos atrás; y, dos, es imprescindible asumir esta crisis de la democracia de una forma más seria y preocuparnos por reformarla, empezando por la Constitución.

Salimos de un ciclo, y pensar que solo se trata de ir por todo lo contrario muestra que hemos aprendido poco y que no entendemos que hay un problema de fondo en nuestra democracia. Corregirlo tiene mucho que ver con sentido común, consensos, pragmatismo y un programa de fortalecimiento estatal.

Próximo envío: la crisis de la democracia en Europa y Asia.

Salud y bienvenido 2025.