Elecciones judiciales: lo que nunca debió ser
Reymi Ferreira y Jerges Mercado exponen sus miradas sobre la forma de elegir autoridades judiciales y hablan de la necesidad perentoria de reformas constitucionales.
Las elecciones judiciales en Bolivia, introducidas como un intento de democratizar el acceso a los altos cargos judiciales, han suscitado un debate profundo sobre su eficacia y las consecuencias para la justicia en el país. Este sistema, que permite a la ciudadanía elegir por voto popular a los magistrados de las altas cortes, enfrenta severas críticas por haber politizado la justicia y debilitado la imparcialidad de las instituciones judiciales. La controversia se intensifica en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones públicas y un sistema judicial percibido como corrupto y dependiente del poder político. Hoy domingo, se tiene una ciudadanía asistiendo a depositar su voto en los comicios judiciales sin información suficiente ni claridad en cuanto al beneficio que podría generar esto para la sociedad.
El juez argentino Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), calificó la elección de magistrados por voto popular como “un error que nunca debió haberse cometido en Bolivia”. Según Gallo Tagle, este sistema no solo politiza la selección de jueces, sino que también afecta su imparcialidad al exigir que los candidatos realicen campañas políticas, lo que implica la necesidad de recursos financieros y expone a los magistrados a presiones externas.
Realidades
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, señaló que el alto porcentaje de votos blancos y nulos en las dos elecciones judiciales anteriores “es una muestra clara del descontento ciudadano con este sistema de designación”. Recordó que, en 2011, el 57% de los votos fueron blancos o nulos, cifra que aumentó al 65% en 2017.
En este contexto, el diputado Jerges Mercado (MAS) y el exministro Reymi Ferreira aportan miradas complementarias al debate sobre las reformas necesarias para superar la crisis judicial. Mercado considera que las elecciones judiciales son un “buen paso” hacia adelante, pero insuficiente para resolver los problemas estructurales. Ferreira, abogado y exministro de Defensa, es más crítico, calificando el sistema como una “aberración” que debe ser reemplazada por un modelo basado en la meritocracia. Ambos coinciden en la urgencia de reformas constitucionales que permitan reconstruir la confianza en las instituciones judiciales y garantizar un sistema de justicia imparcial y eficiente.
Elecciones judiciales insuficientes
“Es un buen paso hacia adelante, pero no va a resolver todo el lío que tenemos con la justicia”, afirma Jerges Mercado respecto a las elecciones judiciales parciales realizadas recientemente. Aunque destaca que la renovación de autoridades judiciales es importante, subraya que el problema de fondo radica en la percepción ciudadana de una justicia sometida “al poder de la plata”. Sostiene que “el que no tiene plata no tiene justicia”, una situación que solo podrá revertirse mediante un consenso nacional que aborde las raíces estructurales del sistema judicial.
Mercado también resalta que estas elecciones no son completas, ya que solo se renovaron parcialmente los tribunales. “Tenemos un sabor agridulce. Yo por lo menos quería que se lleven a cabo en los cinco, nueve departamentos y con los cuatro tribunales. No se ha dado el caso”, admite. No obstante, advierte que el verdadero desafío radica en lo que sucederá después de las elecciones. “¿Qué va a pasar, por ejemplo, con cinco magistrados del Tribunal Constitucional, que son ya prorrogados, y cuatro nuevos? ¿Qué va a pasar con siete miembros del Tribunal Supremo de Justicia, nuevos y con los dos antiguos?”, se pregunta, destacando la necesidad de planificar soluciones a largo plazo.
Reymi Ferreira adopta una postura más escéptica respecto al impacto de estas elecciones. “No tengo ninguna esperanza de que cambiar nombres vaya a resolver algo. Va a ser la misma desgracia con otros nombres”, sentencia. Para él, el sistema actual de selección de magistrados es una “aberración”, ya que los candidatos son preseleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional con criterios más políticos que meritocráticos. Ferreira considera que “es fundamental volver o llegar a la meritocracia” y sugiere establecer procesos transparentes que evalúen la capacidad y los méritos profesionales de los aspirantes.
Elecciones y crisis
Ambos entrevistados coinciden en que el sistema judicial enfrenta una crisis profunda que no se resolverá simplemente con un cambio de magistrados. Mercado propone que, una vez posesionadas las nuevas autoridades judiciales, se impulse un debate nacional para identificar las mejores soluciones. “Si hay que abrir la Constitución, no tiene que temblar la mano y hay que hacerlo”, afirma, indicando que las reformas podrían incluir desde ajustes parciales hasta una nueva Asamblea Constituyente.
Ferreira, por su parte, subraya que los problemas del sistema judicial trascienden las reformas legales o constitucionales. “La pérdida de institucionalidad que tiene el país solo ha sido posible por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo que se maneja como se maneja. Es realmente una vergüenza”, declara. Además, critica que estas instituciones hayan avalado decisiones polémicas que contradicen principios democráticos y el Estado de derecho, como desconocer un referéndum o prorrogar mandatos. Para Ferreira, la solución pasa por realizar una auditoría completa del sistema judicial y llegar a acuerdos políticos para implementar cambios estructurales.
En definitiva, ambos entrevistados coinciden en que las elecciones judiciales representan un avance limitado y simbólico. Mientras Mercado las considera un punto de partida para un debate más amplio sobre la justicia, Ferreira las percibe como insuficientes para revertir la crisis institucional del país. “Es un desastre, y la reforma constitucional es urgente”, asevera el exministro. Sin embargo, también coinciden en que cualquier solución debe ser producto de un esfuerzo colectivo y de un compromiso político genuino que ponga los intereses del país por encima de las agendas partidarias.
Desinstitucionalización
Los dos entrevistados coinciden en que la desinstitucionalización es uno de los principales obstáculos para el desarrollo del país. Mercado sostiene que el deterioro de las instituciones es una realidad que solo puede revertirse mediante un acuerdo nacional. “Si hay que abrir la Constitución, hay que hacerlo. Pero todo tiene que hacerse en paz, en armonía, sin enfrentamientos”, enfatiza, reconociendo la necesidad de reformar también otros aspectos como la profundización de las autonomías y la regulación de la reelección presidencial.
Ferreira presenta una visión más puntual. Según él, la crisis de la justicia boliviana es producto de un sistema que concentra poderes en el Tribunal Constitucional Plurinacional. “Legisla, adjudica y define leyes, convirtiéndose en un superpoder que está por encima de los demás”, denuncia. Además, subraya que esta situación ha debilitado el Estado de derecho, afectando tanto la democracia como la economía y la cohesión social del país.
Reformas constitucionales
La necesidad de reformar la Constitución es un tema recurrente en ambas entrevistas. Mercado sostiene que la actual Constitución, aunque progresista, requiere ajustes fundamentales. “Hay áreas que requieren revisión, como la elección de magistrados, la regulación de autonomías y el artículo 168 sobre reelección continua”, señala. Según él, cualquier cambio debe ser resultado de un debate amplio y consensuado. “Tenemos que pensar en lo mejor para el país, no en agendas particulares”, insiste, destacando que este esfuerzo debe hacerse en paz y con la participación de diversos sectores sociales y políticos.
Ferreira también respalda la idea de reformas, pero subraya la urgencia de limitar las facultades del Tribunal Constitucional Plurinacional. “No hay división de poderes en Bolivia. El Tribunal Constitucional maneja todo el país, y eso no es correcto”, afirma. Según él, es vital garantizar la separación de poderes y devolver al sistema judicial su papel como garante del Estado de derecho. Esto incluiría revisar las competencias del Tribunal y fortalecer mecanismos de rendición de cuentas.
Ambos coinciden en que abrir la Constitución no debe ser un tabú. Mercado plantea que se podría optar por una reforma parcial o incluso por una nueva Asamblea Constituyente si se logra un consenso amplio. Ferreira, por su parte, insiste en que cualquier reforma debe estar orientada a construir instituciones sólidas y confiables. “Es fundamental fomentar una cultura política basada en el bien común y en la construcción de instituciones sólidas”, subraya.
Tiempos y oportunidades
Otro aspecto relevante es el momento político para implementar estas reformas. Mercado opina que el escenario ideal para un debate constitucional sería después de las elecciones generales de 2025, cuando se configure una nueva correlación de fuerzas políticas. “Es posible que entre diversos puntos de vista nos sentemos a dialogar, pero eso requiere acuerdos bajo la nueva correlación política”, explica. Ferreira, por otro lado, destaca que la reforma constitucional no debe limitarse a cambios legales, sino que debe ir acompañada de un cambio cultural y ético en la política boliviana.
La desconfianza hacia las instituciones y la percepción de corrupción son problemas que ambos identifican como centrales. El abogado y exministro advierte que “en una sociedad donde la probidad no es una práctica común, las reformas legales pueden quedarse cortas”. Para él, es fundamental trabajar en un cambio profundo de las costumbres políticas y sociales. Mercado insiste en que un gran pacto nacional podría sentar las bases para una transformación estructural. “Hay que buscar soluciones. Ojalá no sean soluciones extremas, sino fruto de un gran pacto nacional”, indica.
Más allá de las elecciones judicales
El deterioro institucional no solo afecta la justicia, sino también la calidad de la democracia y el desarrollo económico y social de Bolivia. Ferreira advierte que esta situación está vinculada a problemas históricos y culturales que perpetúan la corrupción y el autoritarismo. “Hemos perdido el horizonte histórico; estamos en un desaliento profundo”, lamenta.
Ferreira hace un llamado a reconstruir una élite política comprometida con el país y con la construcción de instituciones creíbles. Sostiene que a reforma de la justicia y la Constitución no solo es una necesidad técnica, sino también un proceso que requiere voluntad política, consenso social y una visión a largo plazo. Bolivia enfrenta un momento crítico, con la necesidad de redefinir las bases de su democracia y sus instituciones. Como dice Ferreira, “cuando se toca fondo y no se puede seguir bajando, hay que ver qué se hace”.