Saturday 25 Jan 2025 | Actualizado a 17:57 PM

Política enferma, riesgo de contagio

/ 2 de noviembre de 2024 / 23:33

El autor reflexiona sobre la crisis política e institucional por la que atraviesa el país y los desafíos que plantea.

La crisis está inscrita en el ADN de la política boliviana. Los períodos de estabilidad parecen ser la excepción en nuestra historia y las crisis ser la constante sobre la que se construyó nuestro sistema político, nuestra economía y nuestra relativamente joven estatalidad.

La crisis que hoy enfrentamos, sin duda, tiene rasgos similares a los de otros momentos de nuestra historia política, pero ante las preguntas de ¿cuán profunda es? y ¿dónde podemos hallar las soluciones?, pareciera que las respuestas son, o deben ser, muy diferentes a las que el sistema político encontró en crisis anteriores.

La crisis que se expande

La crisis del MAS es, simultáneamente, la crisis del sistema político y la crisis del Estado boliviano. Su centralidad, hegemonía y profunda imbricación con el tejido social hacen que cualquier cambio sustancial en su dinámica interna genere olas en diferentes dimensiones de la vida nacional.

Durante años el MAS se preciaba de contar con todo aquello que le faltaba a la oposición: estructura organizativa identificable, sostenible y funcional, a pesar de sus borrosos contornos. Contaba con bases sociales organizadas y elevada conciencia reivindicativa. Había desarrollado una propuesta integral de país, aún hoy aceptada por grandes segmentos de la población, y sus liderazgos eran electoralmente exitosos.

Con todos estos elementos, de los que aún carece la oposición, se constituyó en el indiscutible eje del sistema político boliviano. Era tan elevada su densidad política que la oposición boliviana solo atinó a desarrollar su identidad alrededor de ella, definiéndose finalmente sólo como antimasista o antievista, al carecer de propuestas, estructuras, bases organizadas o liderazgos agregadores. Aún hoy es una oposición sin vocación de poder y con vocación de minoría.

Pero la reciente implosión definitiva del MAS ha generado un fenómeno de crisis identitaria a ambos lados del río. Si este partido ya no es lo que era, sus detractores tampoco pueden seguir siendo lo que eran.

Dado que la misma dirigencia del MAS y de las organizaciones sociales se han dedicado frenéticamente a destruir al partido, quitándole esa tarea a la oposición, esta última queda carente de razón de ser, y sus tibias críticas al modelo económico, sin una propuesta alternativa, no alcanzan a dotarle de una nueva razón de ser. Un MAS irreconocible e irreconciliable y una oposición confundida dejan un vacío enorme en el sistema político.

Pero la pérdida del eje ordenador y la crisis de identidad de los actores, no son los únicos problemas del sistema político. Existe un progresivo distanciamiento de éste con la sociedad y sus necesidades.

Cercado por un entorno geopolítico internacional que refleja una conmoción de dimensiones históricas y por la irracional resistencia del sector evista a aceptar el cambio interno dentro del MAS, el gobierno de Luis Arce transformó la simple supervivencia en su principal tarea política.

Para lograrlo, escogió rutas ya recorridas por el MAS de Evo. La secundarización del primer órgano del Estado (la Asamblea Legislativa), la instrumentalización de la Justicia, la discrecionalidad y relativización en la interpretación de las normas (comenzando por la propia Constitución), la corporativización del aparato estatal y la tolerancia de las republiquetas en territorios clave del país siguen siendo prácticas políticas comunes.

Estas rutas no sólo distanciaron más al sistema político de la sociedad sino que debilitaron al siempre frágil Estado boliviano y a su institucionalidad y aunque este proceso no es invención del gobierno de Arce, sí se ha visto profundizado en los pasados cuatro años.

Concluyo entonces que las debilidades e inercias del sistema político ya le están pasando factura al Estado, simultáneamente están incrementando el descontento social e incluso estarían afectando al mismo tejido social que ya da signos de parecerse a los políticos: solo impera la ley del más fuerte y el respeto a las normas de convivencia social se torna optativo.

En busca de oxígeno

Un sistema político así de enfermo y una estatalidad carente de la fuerza necesaria para ordenar la vida social han ocasionado que surjan voces públicas que piden la reforma y la transformación de la política. Algunos agoreros adelantan que fenómenos tipo Bukele o Milei podrían darse en nuestro país si no cambia el sistema político. Esta posibilidad no aparece aún en el horizonte, pero no debiéramos descartarla.

Lo que sí queda claro es que el sistema político, sus representantes y dirigentes no dan señales de querer o poder avanzar en una necesaria renovación.

Ante un escenario de imposibilidad de reinvención desde dentro del mismo sistema político, las miradas se vuelven hacia afuera, hacia la sociedad. Es en ella donde están, aún de manera latente, las posibilidades de recuperación del dinamismo del bloque nacional-popular, de renovación del sistema político y de preservación de los avances del Estado Plurinacional.

La primera alternativa para este tránsito es, obviamente, que el sector social que protagonizó la primera etapa del Proceso de Cambio, el movimiento indígena-originario-campesino, abandone la inercia en la que entró, sea capaz de revisar las prácticas que le quitaron autonomía y centralidad, y asuma como tarea prioritaria la renovación de la política como ejercicio de construcción de lo común. Pero a estas alturas de la historia es justo considerar a muchas de sus organizaciones como parte del sistema político en crisis.

Por otro lado, debemos recordar que la sociedad boliviana se ha transformado de manera radical los pasados quince años y se ha generado una verdadera ruptura histórica con la Bolivia republicana, dando origen a nuevos actores sociales con potencialidad política. Es el caso de los jóvenes.

Estamos ante la generación más educada de nuestra historia (se han quintuplicado los egresados universitarios). Es la generación que parece haber resignificado su comprensión del racismo (en gran medida sólo conocieron un presidente: uno indígena). Es la que gozó de uno de los períodos más largos de bonanza económica y tranquilidad social, lo que le permitió a su vez romper, vía tecnología y cierta holgura económica, con el histórico aislamiento geográfico, mental y espiritual que siempre signó a Bolivia.

Actores

Ciertamente es una juventud que reniega de la política (la mala experiencia del 2019 y la decepción con el actual sistema político son razones válidas), pero es también portadora de una visión diferente del mundo. Es, sin duda, la mejor herencia de los pasados quince años de Proceso de Cambio.

Hoy los jóvenes pueden ofrecerle más al país, pero no por su intrínseca vitalidad, sino porque son cualitativamente diferentes a las generaciones anteriores.

Otro actor político novedoso y potente son los colectivos de mujeres, feministas o no. La mayor presencia de las mujeres en todos los espacios de la vida pública y la esfera política, señalan una vía de superación paulatina de una sociedad machista.

Pero más importante aún es la existencia entre sus organizaciones de un discurso interpelador a la sociedad por su carácter patriarcal. Este discurso ya no es solo antimachista o pro equidad de género, sino que propone cambios en la economía, la política, la cultura y la familia, por decir lo menos. Es potencialmente una visión alternativa de la sociedad.

Existen otras corrientes y actores sociales que surgieron la pasada década alrededor de causas específicas, como el medio ambiente, que tienen la capacidad de oxigenar el sistema político tanto con visiones, propuestas y liderazgos.

Un sistema político que se resiste a salir de su zona de confort representa un riesgo para las conquistas sociales y económicas logradas los pasados quince años, pues termina siendo un incentivo para las tendencias regresivas que existen en el país. Y en la actualidad, el futuro es demasiado incierto y peligroso como para dejarlo exclusivamente en manos de los políticos.

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Gracias Trump por hacer grande a China

El segundo mandato de Donald Trump puede no ser del todo malo para todos los países, incluida y especialmente, China.

Por Wang Wen

/ 25 de enero de 2025 / 17:56

El primer mandato de Trump hizo al menos tres contribuciones notables al ascenso de China. En primer lugar, su presidencia destruyó la imagen de Estados Unidos como modelo de democracia para muchos chinos, revelando un caos político y profundas divisiones sociales. Durante décadas, algunos chinos idealizaron a Estados Unidos como un “país hermoso” (la traducción literal del nombre chino para Estados Unidos). Sin embargo, las acciones de Trump brindaron lo que algunos describen como una “lección política”, que reformuló las percepciones y fomentó una mayor apreciación de la estabilidad y la gobernanza de China.

En segundo lugar, Trump ayudó a acelerar el avance de China hacia la independencia tecnológica. Hace más de 20 años, el gobierno chino comenzó a promover la innovación en ciencia y tecnología, aunque muchos creían que no existían fronteras en ese campo.

No fue hasta que en 2018 se produjo el arresto de la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, y la represión contra las empresas tecnológicas chinas que el país se comprometió plenamente con la innovación. En 2024, China había logrado avances significativos en materia de independencia tecnológica, incluidos avances en la fabricación de semiconductores. Este cambio se vio subrayado por las exportaciones récord de chips en 2024, que superaron los 159.000 millones de dólares, duplicando las cifras de 2018.

Consecuencias de las medidas de Trump

En tercer lugar, los aranceles y las restricciones comerciales de Trump empujaron a China a fortalecer sus vínculos con el mundo no occidental. A través de iniciativas como la Iniciativa del Cinturón y la Ruta, China profundizó sus relaciones con las naciones del Sur Global. Entre 2018 y 2024, el comercio con estas naciones creció más del 40%, mientras que la dependencia de China de Estados Unidos para el comercio cayó del 17% al 11%.

La guerra comercial de Trump con China ha impulsado una rápida reestructuración del comercio global, llevando a más chinos a reconocer que el mundo es mucho más grande que Estados Unidos.

En retrospectiva, la experiencia combinada del primer mandato de Trump y las políticas de Biden para contener a China durante ocho años han fortalecido al país en el mediano plazo.

Desde una perspectiva a largo plazo, China ha obtenido una ventaja psicológica estratégica al lidiar con Trump 2.0.

Segundo mandato

Los medios de comunicación y los centros de estudios chinos han reaccionado a la posibilidad del regreso de Trump con relativa calma, en comparación con la creciente ansiedad en Europa y Canadá. Pekín parece confiado, después de haber superado ya guerras comerciales y bloqueos tecnológicos durante el primer mandato de Trump.

China no provocará activamente a Trump 2.0, pero si persisten políticas estadounidenses agresivas como guerras comerciales o restricciones tecnológicas, China responderá con contramedidas calculadas y, en última instancia, se volverá aún más fuerte.

El 7 de enero de 2025, tanto China como Estados Unidos sufrieron desastres naturales. Un terremoto de magnitud 6,8 sacudió el condado de Dingri, en el Tíbet, mientras que un gran incendio forestal estalló en Los Ángeles.

En el Tíbet, las autoridades chinas pasaron rápidamente de la respuesta de emergencia a la recuperación, reubicando a 50.000 residentes en un día. Mientras tanto, el incendio forestal en Los Ángeles ardía durante más de 10 días, agravado por las luchas políticas internas y la mala gestión. Este marcado contraste pone de relieve las diferencias en materia de gobernanza y gestión de crisis entre las dos naciones.

Las dudas que genera Trump

La rápida respuesta de China al terremoto, que pasó con eficacia del rescate al reasentamiento, contrasta marcadamente con la prolongada crisis de Los Ángeles, donde los dirigentes políticos se echaron la culpa mutuamente mientras el incendio causaba daños que superaban los de los ataques del 11 de septiembre. Estas respuestas contrastantes subrayan las debilidades de la gestión de crisis y la gobernanza de Estados Unidos.

Mientras que gran parte del mundo no occidental sigue relativamente tranquilo, el neofascismo al estilo Trump está provocando pánico al otro lado del Atlántico, particularmente en Europa y Canadá. Ahora surgen preguntas en los niveles más altos de la diplomacia internacional: ¿Dinamarca perderá Groenlandia? ¿La OTAN perderá el apoyo militar de Estados Unidos? ¿Canadá se convertirá en el estado número 51? Estas nociones, que otrora eran disparatadas, ahora se discuten abiertamente.

Para muchos en China, es poco probable que el impacto global de Trump 2.0 supere al de Trump 1.0. Si los Estados Unidos de Trump 1.0 eran como un niño travieso que causaba problemas globales, los de Trump 2.0 pueden parecerse a una paciente menopáusica, incapaz de influir mucho más allá de sus aliados anteriores en Estados Unidos.

Dilemas

De hecho, en 2025, muchos en los países no occidentales creen que Trump 2.0 se centrará principalmente en los asuntos internos, y ocasionalmente provocará problemas entre los aliados occidentales. Los observadores no occidentales saben muy bien que Trump 2.0 no pondrá fin al conflicto entre Rusia y Ucrania en un día, no resolverá la disputa entre Palestina e Israel en un futuro cercano, no impedirá el crecimiento comercial a largo plazo de China con aranceles del 60%, ni frenará, ni puede frenar, el continuo ascenso de China.

Es probable que Trump 2.0 siga retirándose de los acuerdos internacionales, incluidos los acuerdos climáticos y la OMC. ¿El resultado? La desintegración gradual de la hegemonía global de Estados Unidos. Si esta tendencia continúa, Trump 2.0 podría empujar a Estados Unidos a la condición de potencia regional y abrazar el aislacionismo.

Independientemente del alcance del impacto de Trump –ya sea a través de guerras comerciales, conflictos tecnológicos o retiros de tratados–, China está bien preparada para lo peor. Como lo ha hecho en el pasado, China tiene la capacidad de convertir los desafíos en oportunidades.

En 2028 los chinos tendrán más confianza que nunca para decir: “gracias Trump”.

*Wang Wen es profesor y decano en la Universidad Renmin de China

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Ruta crítica a las elecciones presidenciales 2025

El politólogo y expresidente del Tribunal Supremo Electoral, José Luis Exeni, mapea el camino que recorrerá el país para llegar a la cita con las urnas el próximo agosto.

/ 18 de enero de 2025 / 21:33

El camino hacia las elecciones presidenciales de 2025 en Bolivia está cargado de innumerables desafíos y controversias; cuándo no. El proceso se da nuevamente en un escenario de polarización, agravado ahora por una crisis económica y desconfianza institucional. Además, la cita con las urnas tiene lugar en el año del Bicentenario, lo que añade un toque de drama histórico a la ocasión.

El resultado de estos comicios no solo definirá al próximo gobierno, sino que también pondrá a prueba la capacidad del sistema electoral y la madurez democrática de Bolivia para gestionar un proceso que ya muestra signos de tensión. Las dudas sobre cómo se desarrollarán los eventos está en el centro de la atención pública, con cada ciudadano afinando su pálpito.

Para profundizar en esta temática, Animal Político, de La Razón, conversó con José Luis Exeni. El politólogo, comunicador y expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), presenta una visión crítica y detallada de los principales hitos y desafíos de de este camino hacia el voto en el cual ya está el país.

Ruta crítica a las elecciones

Según Exeni, uno de los aspectos más relevantes de este ciclo electoral es la ausencia de elecciones primarias, lo que ha modificado la temporalidad del proceso. “La convocatoria oficial a elecciones está prevista para abril, pero previamente, en febrero, deben registrarse las alianzas. Esto es crucial porque definirá si la oposición logra articular una alianza amplia o si se presenta fragmentada”, señaló.

La eliminación de las primarias no solo reduce las tensiones anticipadas, sino que también permite una mayor flexibilidad en la conformación de alianzas. Sin embargo, también genera incertidumbre, ya que la definición de candidaturas se posterga hasta mediados de mayo, dejando un corto margen para la campaña electoral oficial. Este cambio, según Exeni, “no es menor, ya que altera la dinámica del proceso y podría influir en la forma en que los partidos se preparan y movilizan”.

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Elecciones presidenciales 2025

Elecciones presidenciales 2025

Entre los hitos clave del calendario electoral, destaca la delimitación de circunscripciones. Este trabajo técnico, a cargo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), es fundamental para garantizar una representación equitativa. “El hecho de que la ley de escaños haya sido aprobada sin mayores conflictos es una buena señal. Aunque los cambios fueron mínimos, esta aprobación permite avanzar con el proceso sin grandes contratiempos”, indicó.

Otro hito importante es la inscripción de candidaturas, programada para el 13 de mayo. “Este momento definirá el panorama electoral, ya que sabremos qué alianzas se concretaron, quiénes serán los candidatos y cuáles serán las estrategias de las distintas fuerzas políticas”, mencionó Exeni. Este punto también será crucial para resolver la incertidumbre en torno a la candidatura del expresidente Evo Morales, cuya participación está condicionada por barreras legales y la oposición de facciones dentro de su propio partido.

La fecha de votación, establecida inicialmente para el 10 de agosto, pero que podría modificarse dentro de ese mes, marca el cierre de este ciclo. En caso de que ningún candidato alcance el porcentaje necesario para ganar en primera vuelta, se realizará una segunda vuelta el 12 de octubre. “Es fundamental que el proceso se desarrolle con normalidad y que se respeten los plazos establecidos, ya que cualquier retraso podría generar tensiones adicionales y poner en riesgo la credibilidad del sistema electoral”, advirtió.

A pesar de la claridad del calendario, existen factores de incertidumbre que podrían alterar el curso del proceso. Exeni mencionó específicamente las elecciones judiciales pendientes y los posibles conflictos en torno al referéndum intradepartamental sobre límites territoriales. “Aunque estos eventos no están directamente relacionados con las elecciones generales, su resolución o falta de ella podría tener un impacto significativo en el clima político del país”, afirmó.

El experto también destacó la importancia de proteger el principio de preclusión, que garantiza que las etapas del proceso electoral no sean revisadas o repetidas. “Vulnerar este principio, como ya ocurrió en las elecciones judiciales, sería abrir un boquete al sistema electoral y generaría un riesgo enorme para la estabilidad del país”, alertó.

Contexto de crisis múltiple

Exeni describió el contexto actual con tres palabras: crisis, polarización e incertidumbre. “Enfrentamos una crisis política e institucional severa, una crisis económica con signos claros de deterioro y una polarización social que se arrastra desde 2019”, mencionó.

La crisis política e institucional se manifiesta en una creciente desconfianza hacia las principales instituciones del país, llegando inclusive al Tribunal Supremo Electoral, que en anteriores procesos gozaba de mayor credibilidad. Según Exeni, esta desconfianza se ha extendido a otros organismos como el Tribunal Constitucional Plurinacional, el poder judicial en general y las fuerzas del orden, configurando un panorama precario. “Esta pérdida de confianza mina la legitimidad del sistema y dificulta la construcción de consensos para resolver los problemas estructurales”, afirmó.

En cuanto a la crisis económica, Exeni destacó que los indicadores actuales muestran un paisaje sombrío. “Hay señales claras de inflación, escasez de combustibles y un deterioro general en la percepción económica de la ciudadanía. Esto no solo afecta el ánimo del electorado, sino que también incide directamente en las preferencias políticas”, explicó. La incertidumbre sobre el manejo de la economía durante el próximo gobierno será un tema central en el debate electoral.

Por otro lado, la polarización, lejos de ser solo un enfrentamiento discursivo, tiene profundas raíces sociales y culturales. Exeni señaló que esta división se agudizó a partir de las crisis políticas de 2019 y 2020, y se ha mantenido latente, incluso en contextos no electorales. “La fractura social entre sectores urbanos y rurales, así como entre diferentes clases sociales, complica la posibilidad de alcanzar acuerdos amplios para fortalecer el sistema democrático”, mencionó.

El politólogo resaltó que la incertidumbre es el sentimiento predominante entre la ciudadanía. “Los estudios de opinión reflejan que la mayoría de los bolivianos sienten que el futuro del país es incierto. Esta percepción afecta no solo la confianza en el proceso electoral, sino también la participación ciudadana y el compromiso cívico”, aseveró.

Así las cosas, la gestión de la crisis será determinante para garantizar un proceso electoral pacífico y con resultados que sean aceptados por todos los actores políticos y sociales.

Fragmentación en las fuerzas políticas

El panorama político boliviano está profundamente marcado por la fragmentación, tanto en el oficialismo como en la oposición. José Luis Exeni explicó que esta división interna podría configurar un escenario electoral más competitivo, pero también más incierto. “El MAS está fracturado en dos facciones principales: una liderada por el presidente Luis Arce y otra por el expresidente Evo Morales. Esta división no solo afecta la dinámica interna del partido, sino que también tiene implicaciones directas en la gestión pública y en el propio proceso electoral”, señaló.

En el caso del MAS, la falta de cohesión interna es evidente. Mientras que el sector liderado por Arce controla el aparato estatal, el grupo de Morales cuenta con una base social sólida, aunque limitada por restricciones legales que podrían impedir su participación en las elecciones. “Esta disputa interna no se resolverá fácilmente, y lo más probable es que ambas facciones terminen presentando candidatos separados, debilitando así sus posibilidades de éxito”, observó Exeni.

Por otro lado, la oposición enfrenta sus propios desafíos de fragmentación. Aunque desde hace dos décadas se habla de la necesidad de unidad para enfrentar al MAS, los líderes opositores no han logrado articular un proyecto común. “Existen múltiples aspirantes a la presidencia, cada uno con agendas y enfoques distintos, pero sin una propuesta clara que capture la imaginación de la ciudadanía”, explicó.

Entre los actores de oposición, algunos buscan posicionarse como alternativas radicales, mientras que otros intentan ocupar un espacio de centro moderado. “Esta falta de cohesión y visión unificada no solo dificulta la tarea de competir contra el MAS, sino que también contribuye al desencanto de los votantes”, comentó Exeni.

Además, la fragmentación no es únicamente ideológica, sino también territorial. Las alianzas regionales y las plataformas departamentales suelen priorizar intereses locales por encima de una visión nacional, lo que complica aún más la posibilidad de consolidar un frente opositor sólido. “Este fenómeno no es nuevo, pero en el contexto actual, con una ciudadanía marcada por la incertidumbre y el descontento, podría ser aún más perjudicial para las fuerzas políticas”, agregó.

En este complejo escenario, Exeni enfatizó que “el reto principal no es solo ganar las elecciones, sino también ofrecer una visión de futuro que permita superar la crisis y reconstruir la confianza en las instituciones democráticas”.

Riesgos de judicializar el proceso

La judicialización del proceso electoral se ha convertido en un riesgo real en Bolivia. Este fenómeno, que implica el uso de instancias judiciales para influir o alterar el desarrollo de las elecciones, amenaza con desestabilizar el sistema democrático del país. “El antecedente de las elecciones judiciales, donde decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) vulneraron principios básicos como el de preclusión, es un ejemplo claro del peligro que enfrentamos”, señaló Exeni.

El principio de preclusión, que establece que cada etapa del proceso electoral es definitiva y no debe revisarse ni repetirse, es fundamental para garantizar la integridad del sistema. Sin embargo, su violación en procesos recientes ha abierto un “boquete” en la institucionalidad electoral. “Esto genera un terreno fértil para que actores políticos o judiciales busquen manipular los resultados o interferir en la competencia electoral, lo que socava la confianza ciudadana”, advirtió el expresidente del TSE.

El TCP, en particular, ha adquirido un rol polémico. “Se ha consolidado como un ‘suprapoder’ que actúa por encima de los demás órganos del Estado, emitiendo sentencias que no solo son cuestionables, sino que también tienen el potencial de alterar las reglas del juego en pleno desarrollo del proceso electoral”, explicó. Según Exeni, este comportamiento no solo pone en riesgo la imparcialidad del sistema, sino que también introduce una peligrosa inestabilidad jurídica y política.

Uno de los mayores temores es que decisiones judiciales futuras puedan deslegitimar candidaturas o incluso anular elecciones. “El riesgo de que se utilicen amparos constitucionales o sentencias ‘a medida’ para favorecer a ciertos actores es real y podría desencadenar una crisis aún mayor”, afirmó Exeni. Este escenario sería especialmente crítico en un contexto ya marcado por la polarización y la desconfianza institucional.

Para mitigar estos riesgos, Exeni resaltó la necesidad de fortalecer la autonomía del TSE y garantizar que sus decisiones sean definitivas e inapelables, como lo establece la normativa vigente. “El TSE debe ser blindado de cualquier interferencia externa, ya sea política o judicial, para preservar la integridad del proceso”, subrayó.

Además, señaló la necesidad de un pacto político entre los principales actores, incluyendo partidos, instituciones y el propio TCP, para comprometerse a respetar las reglas del juego y evitar el uso de mecanismos judiciales como herramientas de sabotaje electoral. “Solo con un acuerdo amplio y una vigilancia ciudadana activa podremos evitar que la judicialización se convierta en un obstáculo insalvable para la democracia boliviana”, concluyó.

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Los tiempos del traspaso del poder en América Latina

Un análisis sobre las particularidades y simbolismos detrás de las transiciones presidenciales en los países de la región.

/ 18 de enero de 2025 / 21:21

Los tiempos en el traspaso de poder en la región no son idénticos en todos los países; responden, en algunos casos, a lógicas distintas, a coyunturas políticas específicas, a cambios constitucionales y/o a fechas emblemáticas. En determinadas ocasiones, se combinan varios factores.

Entre los países que cuentan con el menor tiempo de traspaso entre la gestión saliente y la entrante, se encuentra Argentina. El día estipulado para la asunción presidencial es el 10 de diciembre. Esta determinación respondió a la decisión política del Gobierno de Ricardo Alfonsín —primer presidente electo posdictadura militar—, quien asumió ese día en 1983 y resultó un hito histórico para la democracia argentina. Además, la fecha corresponde con el Día Internacional de los Derechos Humanos, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Esta trayectoria fue alterada, en el marco de un peculiar contexto político, cuando Néstor Kirchner asumió un 25 de mayo de 2003.

En Argentina, las elecciones se realizan a fines de octubre y, si hay segunda vuelta, acontecen aproximadamente el tercer domingo de noviembre. Si contamos la última elección presidencial de 2023, solo pasaron 20 días entre el 19 de noviembre, día en el que Javier Milei ganó el balotaje, y el 10 de diciembre, la fecha de su asunción.

Entre los países con mayor tiempo de transición entre el Gobierno saliente y el entrante, se encuentran Uruguay y México. En las últimas elecciones presidenciales realizadas en la República Oriental del Uruguay (2024), la primera vuelta fue el 27 de octubre y el balotaje, el 24 de noviembre. Históricamente, la investidura presidencial en Uruguay se lleva a cabo el 1 de marzo posterior a la elección, fecha que coincide con la primera Legislatura del país. Es decir que la transición dura más de 3 meses (o, incluso, 4) si una fuerza política gana en primera vuelta.

Otro caso similar es México. La toma de posesión en este país es el 1 de octubre (esto ocurre desde 2024). Anteriormente, la toma de posesión presidencial se llevaba a cabo el 1 de diciembre cada seis años, según lo que establecía la Constitución Política mexicana. Aunque los tiempos de transición en gobiernos del mismo signo político parecieran más cortos por una cuestión de continuidad, pasaron 4 meses desde las elecciones del 2 de junio hasta la toma de protesta de Claudia Sheinbaum el último 1 de octubre.

En países como Brasil, Colombia y Chile, el tiempo estipulado para la transición es de 48 días a 3 meses. Brasil suele llevar adelante la primera vuelta electoral el primer domingo de octubre y la segunda, al finalizar el mismo mes. La investidura presidencial en este país es el 1 de enero, según lo determinado por la Constitución de 1988.

Por su parte, en Colombia, la asunción presidencial está establecida el 7 de agosto y tiene un correlato histórico, ya que ese día se conmemora la Batalla de Boyacá. La primera vuelta se suele realizar a fines de mayo y, en caso de haber balotaje, se celebra a mediados de junio.

Chile realiza la primera vuelta electoral a mediados de noviembre, y en diciembre se celebra la eventual segunda vuelta. La investidura presidencial se lleva adelante el 11 de marzo del año siguiente a las elecciones, según la Constitución de 1980. Esta fecha ha sido una constante en la política chilena desde entonces y se ha mantenido como el día oficial para la toma de posesión de los presidentes electos.

Bolivia es un caso particular, en el cual el golpe de Estado de 2019 trastocó el calendario electoral y modificó la fecha de toma de posesión. Antes del golpe, se realizaba el 22 de enero, una fecha en la que se conmemora el día del Estado Plurinacional luego de la reforma constitucional de 2009. A causa del particular contexto político, el último presidente electo democráticamente, Luis Arce, asumió el 8 de noviembre de 2020 después de haber logrado la victoria casi un mes antes, en octubre de ese mismo año. De cara al 2025, las elecciones están pautadas para el 10 de agosto, la segunda vuelta para el 25 de octubre, y la fecha de la asunción sería el 8 de noviembre, similar a lo acontecido en 2020.

Ecuador también posee sus particularidades. De acuerdo con su Constitución, el presidente electo asume el cargo el 24 de mayo del año de la elección, y la fecha coincide con el aniversario de la Batalla de Pichincha. Sin embargo, en 2023, la toma de posesión presidencial de Daniel Noboa se llevó a cabo el 23 de noviembre debido a la anticipada salida del presidente Guillermo Lasso. En contextos normales, las elecciones presidenciales en Ecuador se realizan en febrero y en abril, la segunda vuelta (una de las temporalidades más amplias que existen entre la primera y la segunda vuelta en América Latina).

Por último, vale mencionar el caso de Perú, país que tendrá su próxima elección presidencial recién en 2026. Las elecciones están estipuladas para abril (la primera vuelta) y para principios de junio, el balotaje. La investidura presidencial suele producirse el 28 de julio, fecha que coincide con el Día de la Independencia peruana. En este caso —y a diferencia de lo ocurrido en Bolivia—, el quiebre institucional de diciembre de 2022 no ha modificado el calendario electoral. A pesar del Gobierno no democrático de Dina Boluarte, no se ha definido cambiar la fecha de la cita electoral y, por ahora, tampoco la de la asunción presidencial.

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La Ley de Imprenta cumple cien años

A un siglo de su promulgación, el autor reflexiona sobre el legado, los retos y la vigencia esta norma pilar de la democracia.

/ 18 de enero de 2025 / 21:04

La libertad de expresión, que en nuestro país está garantizada mediante la Ley de Imprenta, es un derecho innato del ser humano, que nace con su capacidad de pensar y sentir. Sin embargo, a lo largo de la historia, este derecho ha sido constantemente vulnerado por quienes detentan el poder y no toleran la disidencia. Esta situación ha generado movimientos de rebeldía y resistencia, donde las ansias de libertad y justicia han encontrado cauces para manifestarse, incluso en condiciones de opresión.

En los albores de la lucha por la libertad de expresión, se recurría al anonimato mediante pasquines que desafiaban al poder al exponer ideas y críticas. Los poderosos, para mantener el control, castigaban a los autores de estos escritos mediante procesos sumarios que terminaban en severas sanciones, incluso la ejecución pública. Sin embargo, estas acciones represivas no lograron detener el impulso de expresarse libremente, sino que sembraron la semilla de un derecho fundamental que evolucionó hasta convertirse en una garantía reconocida.

El Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Este marco internacional refuerza el compromiso de los Estados, incluyendo Bolivia, de garantizar este derecho fundamental.

En Bolivia, la Constitución Política del Estado consagra la libertad de expresión como un derecho civil y político. El numeral 5 del artículo 21 establece que los bolivianos tienen el derecho “a expresar y difundir libremente pensamientos y opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva”. Asimismo, el numeral 6 garantiza el acceso a la información y su interpretación, análisis y difusión. A pesar de estos derechos, su cumplimiento pleno enfrenta obstáculos, entre ellos la falta de conocimiento generalizado de las leyes.

La Ley de Imprenta de 1925

El 19 de enero de 1925, se promulgó en Bolivia la Ley de Imprenta, un instrumento normativo que marcó un hito en la defensa de la libertad de expresión y prensa. Esta ley establece principios esenciales como la publicación sin previa censura y la responsabilidad de los autores, directores y editores de los medios.

Entre sus disposiciones destacadas se encuentran:

Responsabilidad sucesiva: Los autores, directores y editores son responsables de los delitos cometidos a través de la prensa, en un orden claramente establecido.

Publicaciones clandestinas: Se consideran tales aquellas que no consignan los nombres de los responsables en sus primeras páginas, imponiéndose sanciones económicas y penales.

Secreto de la fuente: Protege la confidencialidad de las fuentes de información, penalizando su revelación sin requerimiento judicial.

Delitos de imprenta: Regula las conductas que atentan contra la Constitución, la sociedad y las personas, estableciendo sanciones para cada caso.

La libertad de expresión, aunque esencial para la democracia, no es absoluta. Los límites se establecen para proteger otros derechos fundamentales, como la honra, la privacidad y la seguridad pública. En Bolivia, la Ley de Imprenta y el Código Penal regulan estas restricciones, buscando equilibrar la libertad con la responsabilidad.

Situación actual

El último informe sobre la libertad de expresión en Bolivia pone en evidencia preocupaciones significativas que afectan a este derecho fundamental. Entre los principales problemas destacan:

En Bolivia, se han denunciado diversos actos que atentan contra la libertad de expresión, incluyendo intimidaciones, censura y hasta hechos de violencia contra periodistas. Estas situaciones reflejan un entorno hostil para el ejercicio del periodismo independiente y plantean serios retos para el fortalecimiento de la democracia.

Medios bajo influencia

Un problema estructural radica en la dependencia económica de muchos medios de comunicación frente al gobierno de turno. Este dominio se manifiesta en las siguientes vertientes principales:

Control Gubernamental: Parte significativa de los medios opera bajo la influencia del gobierno, lo que limita su capacidad para abordar temas sensibles o críticos hacia las autoridades.

Enfoque Sensacionalista: Otros medios han adoptado una línea editorial amarillista, priorizando noticias de impacto superficial que atraen a grandes audiencias pero descuidan el análisis profundo y responsable.

Medios Independientes y Éticos: Solo una minoría de periodistas y medios mantiene una práctica profesional y ética, lo que es valorado por la ciudadanía consciente que demanda información veraz y objetiva.

Esta situación deja al descubierto un debilitamiento del papel fiscalizador de los medios de comunicación, afectando la transparencia y la participación informada de la ciudadanía.

Ley de Imprenta, expresión y democracia

En el contexto actual de Bolivia, la libertad de expresión adquiere una relevancia crítica como pilar de la democracia. El país atraviesa una etapa de transición caracterizada por:

Crisis Económica y Cambios Estructurales: El modelo económico vigente enfrenta profundas tensiones que requieren un debate amplio y participativo para definir un camino sostenible hacia el futuro.

Corrupción y Seguridad Jurídica: Las últimas décadas han estado marcadas por escándalos de corrupción que han erosionado la confianza ciudadana en las instituciones y en algunos políticos, además de la ausencia de una independencia judicial y las diferentes vulneraciones a la constitución.

Ausencia de Políticas de Estado: La falta de estrategias claras en sectores clave como la energía y los recursos naturales ha debilitado el desarrollo estructural del país.

Posible Momento Constituyente: Se vislumbra un proceso constituyente que podría modificar la Constitución vigente, lo que exige un debate inclusivo y transparente.

En este panorama, la libertad de expresión no solo garantiza el acceso a información, sino que también fomenta el diálogo y la reflexión colectiva. Los medios de comunicación social, a pesar de sus limitaciones, desempeñan un rol crucial al informar, educar y promover la discusión democrática.

Desafíos y Propuestas

Para que los medios de comunicación cumplan efectivamente su función en la sociedad, es necesario:

Fortalecer la Ética Periodística: Es imperativo que periodistas y medios adopten códigos de ética que prioricen la verdad y el interés público por encima de intereses particulares.

Garantizar la Independencia Financiera: La promoción de mecanismos de financiamiento independientes podría reducir la dependencia económica de los medios frente a actores políticos o comerciales.

Fomentar la Educación Mediática: Es esencial educar a la ciudadanía para que identifique información fiable y reconozca las prácticas periodísticas éticas.

También es importante señalar que los principales medios de comunicación social son los impresos (periódicos, libros y revistas), la televisión, los medios digitales y las redes sociales, la imprenta cada vez pierde la trascendencia de tiempos pasados y se impone una nueva ley que regule  la libertad de expresión en sus nuevas versiones.

Reflexión Final

A 100 años de su promulgación, la Ley de Imprenta sigue siendo un baluarte de la democracia y la libertad en Bolivia. Este centenario nos invita a reflexionar sobre su vigencia y los desafíos que enfrenta en el contexto actual.

Es fundamental fortalecer una cultura que valore y respete la expresión libre y responsable como un pilar esencial de una sociedad justa y pluralista. Honramos así el legado de quienes lucharon por estos derechos y renovamos nuestro compromiso de defender la voz de todos los bolivianos. La libertad de expresión no es solo un derecho individual, sino una herramienta colectiva para construir un futuro más justo y equitativo.

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22 de enero, ¿qué festejamos en Bolivia?

El autor señala aspectos controversiales del Decreto Supremo 450, que establece el 22 de enero como día de la Fundación del Estado Plurinacional de Bolivia.

/ 18 de enero de 2025 / 20:39

Mediante el Decreto Supremo N° 450 de 20 de enero de 2010, se decreta el 22 de enero de cada año como el Día de la Fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. Este día se declara feriado con la suspensión de actividades públicas y privadas a nivel nacional.

Analicemos un poco este decreto. El mismo presenta cinco considerandos previos al artículo único, que determina el feriado del 22 de enero.

El primer considerando hace referencia al artículo 67 del Decreto Supremo 21060 de 29 de agosto de 1985, en el que se establecen los días feriados como suspensión de actividades en las siguientes fechas: 1 de enero, lunes y martes de Carnaval, Viernes Santo, 1 de mayo, Corpus Christi, 6 de agosto, 1 de noviembre, 25 de diciembre, y en cada departamento la fecha de su efeméride.

El tercer considerando señala que, el 18 de diciembre de 2005, el pueblo boliviano logró un triunfo democrático histórico, dando inicio a la Revolución Democrática y Cultural en Bolivia.

El cuarto considerando indica que, el 22 de enero de 2006, Evo Morales Ayma asumió la conducción del Estado en representación de las naciones y pueblos indígena-originario-campesinos.

El quinto considerando señala que, el 22 de enero de 2010, se instituyó el Estado Plurinacional de acuerdo con la Constitución Política del Estado.

Cuestiones sobre el 22 de enero

Primer tema a discusión: La mención al Decreto Supremo 21060. Este decreto es considerado el instrumento con el cual el gobierno de Víctor Paz Estenssoro estableció la nueva política económica de Bolivia, que determinó el despido masivo de los trabajadores de las minas, conocido como «relocalización». Asimismo, este decreto liberalizaba el mercado y desregularizaba los precios. No se trata de un decreto cualquiera, sino uno de 170 artículos que establecía el marco normativo del llamado neoliberalismo. Es una mención curiosa para establecer un feriado. ¿Era necesaria esa mención? Pues, ni se modifica el decreto, solo se menciona, tal vez para recordar que aún sigue vigente en una buena parte.

Segundo tema a discusión: La Constitución Política del Estado no menciona como fecha de la institución del Estado Plurinacional el 22 de enero de 2010. En realidad, la Constitución entra en vigencia el día de su publicación en la Gaceta Oficial, la cual ocurrió el 7 de febrero de 2009. En consecuencia, si hay un día en el que se instituye la nueva Constitución y, por ende, el Estado Plurinacional, ese día es el 7 de febrero, y no el 22 de enero. La Constitución no es de un partido político, sino que es la Constitución de un Estado. Si bien se puede intentar sobre-interpretarla, burlarla o no cumplirla, es la Constitución la que ordena a todo gobierno su cumplimiento.

Historias e historias

Tercer tema a discusión: ¿Qué se pretende recordar el 22 de enero? El mismo decreto lo señala: el día de la asunción al cargo de Presidente de la República de Bolivia por Evo Morales Ayma, en tanto ese era el nombre de nuestro Estado el 22 de enero de 2006. Sobre si dejamos de ser república, considero que es un debate insulso, pues el artículo 11 de la Constitución vigente señala que Bolivia es una república. Asimismo, la palabra «república» se repite media docena de veces en el texto constitucional vigente.

Estos tres temas que sometemos a discusión nos permiten observar cómo hay una historia de los estados y una pretendida historia oficial que intenta fijar fechas y construir memorias de eventos que son, en el fondo, otros. En este caso, no se trata de la fecha del Estado Plurinacional, aunque el 22 de enero se lo presente de esta manera, sino del comienzo del gobierno de Evo Morales y de su partido político, conocido como MAS. Como se trata de un feriado, es muy difícil que los gobernantes actuales y futuros lo dejen sin efecto. Incluso en el corto y cuestionado gobierno de Jeanine Áñez se acató el feriado, ya que los feriados son muy esperados por todos los bolivianos.

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