La letra chica del reporteeeuu sobre 2019
Imagen: LA RAZÓN ARCHIVO
El jueves se conoció el reporte para el Congreso estadounidense sobre el ‘fraude’ en 2019. Aparte de repetir la tesis de la OEA, siembra más dudas que certezas
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Afirma que en 2019 hubo un corte del internet o no distingue entre el TREP y el cómputo oficial. Mala promesa.
El punto sobre la i
El jueves 29 finalmente se conoció el “Reporte al Congreso sobre las Elecciones Generales de Bolivia 2019. Sección 7019(e) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones en el Extranjero, y Programas Relacionados, 2022 (Div. K, P.L.117-103) y la Declaración Explicativa”. Un reporte, más que un “informe”, tanto por su brevedad (cuatro páginas), como por la naturaleza de la información: es una relación de hechos con base en lo que otros organismos o personas investigaron. Por eso, en su primera parte, referida a las elecciones fallidas de 2019 en Bolivia, de entrada aclara que lo suyo es una evaluación de “la transparencia y legitimidad de las Elecciones Generales de Bolivia del 2019 mediante la solicitud de información a expertos independientes y con reconocimiento internacional”. Y, en la segunda parte, sobre las violaciones de derechos humanos “en ese periodo”, sobre todo, dice, evalúa “los avances en las investigaciones de las responsabilidades” de dichas violaciones.
Así, en la primera parte, sus fuentes son los Informes, de Integridad Electoral de la OEA (diciembre de 2019), el de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y el de auditoría de Ethical Hacking. Y, en la segunda, acude a las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Human Rights Watch, Amnistía Internacional y al Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Así, sobre todo en la primera parte, resulta tan inapropiado poner el reporte en el mismo nivel que, podría decirse, el Informe de Integridad Electoral de la OEA o el de la Unión Europea, siendo apenas un apretado resumen de estos dos últimos.
ORIGEN. Para entender el reporte, acaso sea bueno repasar su origen. Si bien, como lo recordó el representante de Bolivia en la OEA, Héctor Arce Zaconeta, este “informe” fue presupuestado en marzo de 2022, ya había sido pedido y tramitado por lo menos desde septiembre de 2020, cuando al menos 28 congresistas estadounidenses, entre los que estaba el veterano Berny Sanders, demandaron a su gobierno a que pida cuentas a la Secretaría General de la OEA sobre su actuación en la crisis política boliviana de octubre de 2019.
En ese septiembre, el senador Sanders había escrito en su cuenta de Twitter que la OEA —financiada por EEUU— afirmó “falsamente que las elecciones del año pasado en Bolivia habían sido ‘fraudulentas’ (…) Después vino un golpe militar y represión. Necesitamos una rendición de cuentas AHORA para asegurar elecciones libres y justas en Bolivia el próximo mes”. (Animal Político, 27 de septiembre de 2020)
La demanda y protesta por información sobre lo que pasó en Bolivia en 2019 y el rol de la OEA, por parte de los congresistas estadounidenses, se remonta a poco más del mes de la elección, cuando el 25 de noviembre de 2019, mediante una carta dirigida a la Misión de Observación Electoral de la OEA, entonces dirigida por el excanciller de Costa Rica Manuel González, los congresistas demócratas Jan Schakowsky, Jared Huffman, Bobby L. Rush y Jesús García cuestionaron los pronunciamientos que éste hizo a propósito de los comicios del 20 de octubre de 2019. La MOE de la OEA, se pronunció en sentido del “cambio drástico y difícil de explicar” antes de que los votos hubieran terminado de ser contados; lo hizo sobre resultados preliminares: “después de una interrupción en el informe de los resultados preliminares”, destacaron ya en esa oportunidad los congresistas estadounidenses. (AP, 27/09/20)
Por estos antecedentes, por la “densidad” de información que pedían los congresistas, será bueno saber la reacción de estos parlamentarios ante el reporte que se conoció en estos días.
En lo que sigue, sin tratar de ser exhaustivos, Animal Político le ofrece un repaso de la primera parte del reporte a la luz de la cobertura que hizo el suplemento de los hechos narrados.
Puede pasar como un descuido por parte del investigador que al sistema TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares), el reporte le llame “Centro de Transmisión de Resultados Preliminares”. Lo preocupante es que al describir la situación crítica de la noche del domingo 20 de octubre de 2019, cuando el “corte” del TREP, el reporte tienda a confundir y mezclar lo que es el TREP y el cómputo oficial: Luego de que el “primer conteo rápido” del TREP “mostró” que Morales no había ganado en primera vuelta, dice el reporte, “con el conteo oficial en marcha, el servicio de internet fue cortado intencionalmente en el centro de conteo, incluso en el TREP”.
INTERNET.
Además, ¿corte del “servicio de internet”? Como el propio vicepresidente del TSE de entonces, Antonio Costas, lo decía en su carta de renuncia (22 de octubre de 2019), él se iba por la desatinada decisión del TSE de suspender la “publicación de los resultados” del TREP. De hecho, el TREP siguió funcionando. En entrevista con Animal Político del 15 de agosto de 2021, Costas decía que “en 2019 el TREP ha sido tan eficiente, que el primer día hemos alcanzado al 98% de transmisiones, nunca habíamos alcanzado eso, el primer día teníamos las imágenes y los datos del 98%, y no, como dice el informe de la OEA, el 95%. (…) El 20 (de octubre de 2019) se han transmitido 34.101 (actas), 98,69%, el primer día ya se tenían todas las actas y los datos. ¿Qué loco va a ir a alterar un acta si yo ya tengo su imagen?”
Luego, el reporte les informa a los congresistas estadounidenses que “según múltiples fuentes de observación confiables, incluidas la OEA y la UE, el corte en la conexión a internet ocurrió no solo inexplicablemente sino también intencionalmente, sin un culpable identificable”.
Pero pasa que la suspensión de la publicación de los resultados del TREP, no el presunto “corte en la conexión a internet”, tienen autores bien identificados: los vocales del TSE de entonces menos Costas. Lo han testimoniado Álvaro Andrade, gerente de Ethical Hacking (la empresa auditora del TREP), en noviembre de 2019 en entrevista con el Canal Universitario y en su Informe consolidado de Producto 1 y Producto 2 Línea de Tiempo de la Consultoría al OEP, y Marcel Guzmán de Rojas, gerente de Neotec (la empresa gestora del TREP) en su Informe Final Elecciones Generales 2019, del 28 de octubre de 2019. Los vocales ordenaron suspender la publicación porque rato antes, a las 19.30 del domingo 20, Ethical advirtió de la existencia de un “servidor oculto” que estaba generando un alto tráfico para verificar actas, y que los vocales al enterarse de eso se habían alarmado y hasta acusado a Guzmán de Rojas de intentar un fraude, aunque éste luego explicó que creó el servidor BO1 (el servidor oculto) y generó ese alto tráfico para verificar actas “para cumplir con la solicitud que los vocales y la presidenta le habían pedido, que deseaban ver primero ellos los resultados previamente a la publicación de los mismos”. Pese a explicar la función del servidor BO1 y de lo normal de la evolución del conteo, concluye Guzmán de Rojas, “los vocales decidieron no continuar con el TREP, a excepción del vocal Antonio Costas”. (AP, 06/06/21)
Los investigadores del Departamento de Estado no lo dicen abiertamente, pero adoptan la tesis de la OEA: el corte del TREP fue una “decisión arbitraria que atentó contra la integridad y transparencia del proceso electoral”, que tuvo motivaciones “cuyo propósito incluyó la manipulación de la infraestructura informática a través del desvío del flujo del TREP hacia servidores externos” (página 14 del Informe de Integridad). En otras palabras, se provocó el corte para cambiar el resultado.
Aquí vale la pena contar lo que pasó luego del corte. Andrade relata que luego de que se instruyó cortar el TREP, él y Guzmán de Rojas se tomaron varios minutos para revisar el servidor oculto (BO1); se llamó nuevamente a reunión, y allí Ethical, además de reclamar el proceder de Guzmán de Rojas y de aclarar que no da fe de la integridad de los datos, sin embargo, se vio que dicho servidor “no contenía software malicioso, estaba libre de crons y scripts que pudieran alterar posteriormente alguna información, que no existían usuarios adicionales a los que deberían existir, que las comunicaciones se realizan solo por certificado, etc.” (AP, 06/06/21)
OCULTA. El corte para cambiar el resultado. El reporte le dice a los rcongresistas que el equipo de auditoría de la OEA encontró que para lograr esto último “se construyó deliberadamente una infraestructura informática oculta con la capacidad de cambiar los resultados de la elección y borrar cualquier rastro de haberlo hecho”.
De nuevo, en entrevista con Animal Político, el ingeniero Costas, acaso una de las personas que más conocía el sistema informático del TSE , decía: “Todo el sistema del cómputo está bajo una estructura de altísima seguridad. Cuando la OEA dice que el sistema de cómputo no era confiable, miente. (…) Las bases de datos (del TREP y del cómputo) no almacenan la información directamente, los datos son parametrizados; solamente una persona que domine el sistema puede cambiarlo. En la base de datos del TREP, por ejemplo, en la lista de la votación, cada acta tiene su ID, y el ID se va generando de manera secuencial; entonces, si tú borras un archivo, hay un salto; tú no puedes cambiar; si anulas, borras, extraes alguno de los archivos, queda el vacío. Para hacer ese cambio y que luego no se note, luego tienes que reinstalar el sistema, hacer un proceso de readecuación… imposible. Por esto precisamente, cuando la pericia (de Salamanca) analiza esto, dice, ‘no, pues, no han modificado’. Y es que así se diseñan las bases de datos; los sistemas son autocontrolables”.
“—¿Y los servidores externos?
—La OEA habla de una red externa. Pero el servidor B01 estaba dentro de la red interna; era conocido, no estaba monitoreado, efectivamente, pero estaba evaluado. El servidor B020 ha sido autorizado por la Sala Plena, por los cinco vocales. Entonces, no es que le ocultaron a la OEA, mentira; no le ocultaron, la OEA no supo preguntar, porque la OEA no sabía cómo era la infraestructura; ellos no conocían esto, y menos del cómputo. Hay un acuerdo de Sala Plena que autoriza; yo no estaba en esa reunión. Y se lo hizo para acabar de verificar 1.500 actas; entonces, en lugar de hacerlas pasar por el B01, las han hecho pasar por el B020”. (AP, 15/08/21)
ACTAS.
De similar forma que lo hizo la OEA, el reporte informa a los parlamentarios estadounidenses que en la elección boliviana de 2019 hubo irregularidades en “la legalidad e integridad de las actas electorales”, que “en 5,5 por ciento de todas las actas de escrutinio revisadas mostraba ‘irregularidades’, lo que evidenciaba la probable manipulación de las actas”.
Al respecto, como se hacía notar en Animal Político del 11 de septiembre de 2022, la OEA informó que revisó una muestra de 4.692 actas (de un total de 34.555 actas del país más del exterior), de las cuales en 226 encontró “una acción intencional y sistemática para manipular los resultados electorales”, esto porque entre dichas 226 actas se vio que “dos o más actas de un mismo centro de votación fueron llenadas por una misma persona”.
Como hizo notar el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR por sus siglas en inglés) en su momento, el llenado de varias actas por una misma persona “lejos de ser una señal de fraude o de manipulación ‘deliberada’ de los resultados, se trata de un fenómeno ampliamente conocido: en áreas rurales y recintos más pequeños no es inusual que una misma persona llene la información correspondiente y que posteriormente estas personas firmen el acta”.
Además, La falsificación de las actas (con el correspondiente cambio de resultados) además tendría que haber superado la prueba de la existencia de 12 copias, aparte de la original: 9 para cada uno de los partidos que terciaban en la elección, una para el presidente de mesa, una para el notario y una para el funcionario del TREP.
Pero, finalmente, como la OEA en su informe, los investigadores del Departamento de Estado previsiblemente tendrán un problema a la hora de intentar afirmar ante los congresistas el “fraude” mismo: todo el escenario montado para cambiar los resultados derivó en tal o cual cambio. Tendrán que explicar cómo es que habiendo presumido el cambio de resultado en el TREP, al final éste coincide con el del cómputo oficial, siendo que ambos son dos procesos diferentes. En lo relativo a la distancia que había entre el MAS y CC, el resultado oficial final y el proporcionado por el TREP eran similares; hay una diferencia de apenas una centésima: mientras el TREP dio 10,56%, el cómputo oficial, 10,57%.
Precisamente, para ver si hubo un cambio de resultado, en octubre de 2020, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció que se iba a contratar una “pericia informática internacional”.
Como se sabe, dicha pericia fue presentada el 27 de julio de 2021; había sido elaborada por el Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España. Su principal conclusión fue que si bien detectó innumerables errores, negligencias y hasta algunas acciones de alto riesgo en el manejo informático, al final se concluyó en la inexistencia de manipulación de los datos y, por tanto, de la modificación del resultado. Por esto precisamente, la Fiscalía no tuvo más que sobreseer a los exvocales del Tribunal Supremo Electoral; no había la “prueba plena” para instalar un juicio.
(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón