Si hay una decisión colectiva que sostiene nuestra vida política y el estado boliviano, en medio de tanta diversidad y enormes diferencias geográficas, sociales, culturales y políticas, es que elegimos vivir en democracia y así lo hacemos desde hace más de cuatro décadas. Sin embargo, la crisis de combustible, la falta de dólares, la tendencia especulativa con los precios de la canasta básica y la confrontación política, han puesto al país en una situación de enorme tensión y al borde de un enfrentamiento, que nos lleva a un estado de agotamiento, inviabilidad y derrota de la democracia.

Sin embargo, curándonos de nuestra ingenuidad, su sobrevivencia no es por respeto a la democracia y menos a la decisión colectiva por un sistema político que nuestra democracia se mantiene, aunque maltrecha y negada cotidianamente por mucha gente. Está en pie porque nadie, partido, fracción o grupo corporativo, tiene la fuerza material, política o institucional, para derribar al gobierno legalmente establecido, como desesperadamente y a cualquier precio quisieran hacerlo. Los militares que el año pasado intentaron presionar con ese bufonesco intento de golpe, están pagando con su libertad el mayúsculo equívoco político. Lo mismo sucede con la dura oposición parlamentaria que niega la aprobación de créditos a sabiendas de que impedir el acceso a divisas inviabiliza a este o a cualquier gobierno y que una parálisis del país por falta de transporte acabaría con el gobierno en unos días, simplemente contando con el cansancio de la gente en las colas o el quiebre económico. En esta oposición, hay que separar a las expresiones políticas de quienes sin decir o asumir expresamente, apuestan a un derrumbe del gobierno como medio para enterrar las casi dos décadas de un proceso político y abrir un futuro político, de la oposición interna del MAS que sale de la fractura partidaria y que apuesta a la misma crisis y al derrumbe del gobierno buscando recuperar su viabilidad política.

La crisis múltiple que vive el país, con esta profundidad y alcances, tiene muchos componentes, actores y circunstancias. Sin embargo, hay que ser selectivos en el análisis porque debemos recoger las problemáticas y las soluciones que nos pongan, con las lecciones aprendidas, en el escenario del próximo gobierno legal y legítimamente democrático si queremos apostar a salir adelante y superar la crisis. Lo contrario sería conducir mirando el retrovisor y quedar absortos en la miseria política que inflama, pero niega el razonamiento. Por ello, nos concentraremos en una reflexión global en torno a los tres ejes y dimensiones claves de la democracia: economía, política e institucionalidad.

Lo primero, y afirmando sin ambages, la crisis es consecuencia del sometimiento de la economía por parte de la política, empezando por el increíble descuido de la principal fuente de los ingresos públicos sin los cuales no funciona un estado y mucho menos el nuestro, acostumbrado a los ingresos por la venta de recursos naturales, con el gas en primer lugar. Olvidamos lo que las elecciones de 1992 popularizaron en el debate norteamericano y luego en el mundo, la famosa expresión de «Es la economía, estúpido». Sí, nos pusimos estúpidos y subestimamos la importancia de la economía y sus proyecciones sobre la política. Empezamos a gastar más de lo que ingresábamos y permitimos un irracional nivel de gasto en divisas como el que financió la importación de más de 50 mil vehículos nuevos el año 2023 y de todavía 30 mil el año pasado, que sumados multiplicaron el parque automotor nacional en más de 5 veces desde el 2002. Miles de vehículos circulando con gasolina subvencionada y con todos los gobiernos subnacionales descuidando el transporte público masivo. Un gasto insostenible que también financia a la agroindustria, a la desbocada minería ilegal, a los miles de autos chutos e incluso al narcotráfico; aunque habrá que recordar que el 2010 el gobierno quiso levantar esta subvención y una enorme movilización capitalina lo hizo retroceder en menos de 5 días. Al mismo tiempo, el estado y su burocracia quisieron hacer de todo y ocuparse de cualquier emprendimiento que provocara gasto –la famosa frasecilla de «obras de impacto»– y acomodara adeptos, como ejemplifican las instalaciones para la producción de papas fritas, la fábrica de cajas de cartón o las plantas industriales construidas sin asegurar la materia prima o la fuente de energía, en vez de concentrar la inversión pública en los componentes estratégicos de la economía y dejar el resto a la iniciativa privada; que, por si acaso, no refiere solo a los tradicionales empresarios privados, sino también a los campesinos que son pequeños propietarios privados o a los tantos pequeños y medianos productores urbanos y rurales, etc. Por ello sobresalta la incoherencia entre el postulado de la centralidad del estado en aspectos estratégicos, pero que no hubiera recuperado la funcionalidad del oleoducto Arica–Sica Sica –propiedad de YPFB desde que se construyó en los años 60 y llegaba hasta Santa Cruz, con fines de exportación–, ahorrando en tiempo y costo el transporte de combustible y evitando tantos accidentes y contratiempos como los bloqueos de las cisternas, etcétera.

Dos, en cuanto a la política. El núcleo, el contenido y el sentido de la vida en democracia, no ha podido desarrollar un espacio de gestión de la política y las diferencias; por el contrario, se ha convertido en el escenario principal de la crisis democrática. Lo lógico de un sistema democrático es que sus actores centrales, los partidos políticos, cualifiquen y aporten a la gestión democrática disputando el poder, debatiendo ideas desde una perspectiva constructiva y administrándose internamente, pero no fue así, en absoluto. El MAS, con su fractura a partir del año 2022, se convirtió en el epicentro de la crisis política. En casi 30 años no estableció una institucionalidad interna que oriente su accionar político y administre las diferencias o su crisis desde una práctica democrática, que era lo que correspondía de una organización que postulaba una «Revolución democrática y cultural». Al frente, en las oposiciones políticas que, paradójicamente, reclamaban por el ejercicio y la práctica de una democracia auténtica, resulta que en más de dos décadas no pudieron construir instituciones – organizaciones políticas y menos elaborar un ideario que supere el rechazo visceral al masismo. Su habilidad política no pasó de la constitución de ocasionales frentes electorales, con elegidos que ni bien recibían credenciales de legisladores -estatales, departamentales o municipales- eran parte de las fracturas y la dispersión porque todo el sostén político eran acuerdos circunstanciales y siglas prestadas; esas que, extrañamente, el Tribunal Supremo Electoral permite que existan para alquilar y acomodar a los socios en la «franja de seguridad», sin ninguna otra función democrática.

El tercer elemento, lo institucional, sintetiza las dos crisis, la económica y la política, llevando este la peor parte porque la institucionalidad tiene por meta sostener y administrar el estado y el descargo de su funcionamiento no son discursos o arengas sino resultados de gestión. El estado es organigramas, funciones, competencias técnicas y planes y en sus principales órganos alcanzan a tener funciones políticas determinantes. Por ello, se constituyó en la principal y más visible arista de la crisis general y fue la consecuencia del solapado enfrentamiento entre dos órganos fundamentales: el Legislativo y el Judicial; en específico, las elecciones judiciales y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La cuestión arrancó de forma virulenta cuando una sentencia constitucional estableció el impedimento de los legisladores a interpelar y, eventualmente, censurar ministros (que según la Constitución determina su destitución) el año 2023. Sin duda, el TCP se extralimitó en sus funciones e interpretación del texto constitucional, aunque, y esto también debe estar bien claro, sin esta decisión judicial el gobierno no habría podido mantener a ningún ministro porque los diputados evistas estaban dispuestos a censurarlos a todos luego que la disputa interna no tuvo retorno. Al año siguiente, cuando todo hacía prever que las oposiciones, reforzadas por la fractura del MAS, cuidarían la realización de las elecciones judiciales para cambiar a los magistrados de los tres tribunales supremos y del consejo de la judicatura, resultó que el propio TCP, a través de sus salas constitucionales departamentales, puso piedras en el camino y las elecciones judiciales solo renovaron el grueso de los magistrados, quedando en pie 5 (de 9), que hacen mayoría en el TCP y que se habían autoprorrogado a través de una Sentencia Constitucional, arguyendo que no habiendo elecciones para sus cargos no harían abandono de sus funciones. Los legisladores nunca asumieron su responsabilidad política en el descarrilamiento de las elecciones judiciales y solo buscaron aprovechar el descrédito de la autoprórroga, olvidando que la múltiple disputa política acabaría de una u otra manera en el TCP. El cherry de la torta, en realidad, una picardía, es la última sentencia constitucional que anula la convocatoria a un pleno de la Asamblea Plurinacional, pero convalida la aprobación de ese mismo pleno de un crédito clave en la articulación de la red troncal de caminos del país.

Los políticos, desesperados en su frustración y sordos en su campana de eco, no pueden entender que, en general, la gente de a pie, en el día a día, y los tantos colectivos sociales, corporativos, culturales y productivos, son los que haciendo un esfuerzo extremo están aguantando la crisis, la economía, el estado y, finalmente, la democracia. Sin el estoicismo y nuestra proverbial tradición social y cultural de mantenernos en pie y soportar una crisis extrema, ya habría sucedido alguna barbaridad o tragedia como la del 2019. No es el caso, pero no debemos confiarnos sino, más bien, asumir con más claridad y potencia el régimen democrático como el principio político que nos mantiene en pie como sociedad y estado y que es un deber cívico aguantarlo por encima de cualquier diferencia de tipo político o partidaria.

Apostemos a que un ajuste de cuentas electoral o, lo que es lo mismo, un sinceramiento de las preferencias políticas desde la sociedad en su conjunto y desde el enorme mosaico o archipiélago social y cultural que nos reúne con país y estado, dirimirá esta crisis política en democracia y nos permitirá enfrentar la debacle económica. Es un hecho que nadie ganará con más de una mitad más uno, el próximo gobierno será débil y desde el principio debe asumir la necesidad de dialogar, consultar y hacer acuerdos que lo viabilicen, pensando que es momento de una síntesis democrática de la política y la economía de las últimas cuatro décadas lo que, virtuosamente, nos podrá sacar adelante. Pensar que hay un catecismo para salir de la crisis sería un imperdonable error.

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En 2013, el gobierno de Evo Morales presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una demanda histórica para que Chile negociara un acceso soberano al mar para Bolivia. Sin embargo, el fallo de 2018, que rechazó la demanda y reafirmó la validez del Tratado de 1904, representó un fracaso diplomático para Bolivia. Este proceso no solo evidenció las debilidades de la estrategia boliviana, sino que también involucró a figuras clave en el ámbito legal y diplomático. A continuación, se detallan los actores principales, las debilidades de la demanda y las lecciones para el futuro.

Actores clave en la demanda ante la CIJ

Equipo legal boliviano

El equipo que representó a Bolivia ante la CIJ estuvo compuesto por destacados juristas nacionales e internacionales. Algunos de los nombres más relevantes incluyen:

1. Eduardo Rodríguez Veltzé: Ex presidente de Bolivia (2005-2006) y abogado, quien fue designado agente de Bolivia ante la CIJ. Jugó un papel central en la estrategia legal y diplomática.
2. Héctor Arce Zaconeta: Ministro de Justicia de Bolivia durante el gobierno de Morales, fue una figura clave en la coordinación de la demanda. También fue Procurador Geberal del Estado y tuvo un rol activo en la defensa de los intereses bolivianos.
3. Baltasar Garzón: El famoso juez español, conocido por su trabajo en derechos humanos y justicia internacional, fue asesor externo del equipo legal boliviano. Su participación generó expectativas, pero no logró cambiar el curso del fallo.
4. Monica Feria-Tinta: Abogada internacional especializada en derecho internacional público y derechos humanos, quien formó parte del equipo legal boliviano.
5. Mathias Forteau: Profesor de derecho internacional en la Universidad de París Ouest Nanterre La Défense, quien asesoró a Bolivia en el caso.
6. Antonio Remiro Brotóns: Catedrático de derecho internacional en la Universidad Autónoma de Madrid, otro de los asesores clave.
7. Alan Boyle: Profesor de derecho internacional en la Universidad de Edimburgo, especializado en derecho del mar, quien también formó parte del equipo legal.

Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (DIREMAR)

La Diremar fue creada en 2011 por el gobierno de Morales para liderar la estrategia de la demanda marítima. Algunos de sus miembros más destacados fueron:

1. Juan Lanchipa Ponce: Primer Director  de la Diremar y uno de los principales impulsores de la estrategia legal.
2. Rubén Saavedra: Exministro de Defensa y coordinador de la Diremar en varias etapas del proceso.
3. Eduardo Rodríguez Veltzé: Además de ser el agente ante la CIJ, también tuvo un rol importante en la Diremar.

Debilidades de la demanda boliviana ante la CIJ

1. Expectativas desmesuradas y falta de realismo jurídico
   La demanda generó grandes expectativas en la población boliviana, alimentadas por una retórica nacionalista. Sin embargo, la CIJ determinó que Chile no tenía la obligación de negociar un acceso soberano al mar, ya que el Tratado de 1904 había resuelto las cuestiones territoriales. El gobierno de Morales no consideró adecuadamente las implicaciones de un fallo adverso, lo que generó un desengaño colectivo.
2. Enfoque unilateral y falta de pragmatismo
   La estrategia se centró casi exclusivamente en la vía judicial, descuidando otras alternativas diplomáticas y multilaterales. Bolivia no logró construir una red de apoyos sólida en foros internacionales, lo que la dejó en una posición de aislamiento diplomático.
3. Uso excesivo del nacionalismo como herramienta política
   La demanda fue utilizada como un instrumento de movilización nacionalista, lo que, si bien tuvo un impacto emocional en el plano interno, no contribuyó a generar soluciones concretas en el ámbito internacional. La retórica de confrontación no logró traducirse en una estrategia diplomática efectiva.
4. Falta de consenso interno y estrategia a largo plazo
   La demanda dependió en gran medida de la figura de Evo Morales y su gobierno, sin que existiera un consenso nacional que trascendiera administraciones o partidos políticos. Esto limitó la capacidad de Bolivia para mantener una estrategia coherente y sostenible en el tiempo.
5. Altos costos económicos y resultados limitados
   La demanda implicó un gasto significativo para el Estado boliviano. Aunque no existe una cifra oficial exacta, se estima que el gobierno de Morales invirtió más de 10 millones de dólares en honorarios de abogados internacionales, campañas de difusión, gastos logísticos y estudios técnicos. Este elevado costo contrasta con el resultado adverso, lo que generó críticas sobre la eficiencia y la priorización de recursos.

Lecciones para el futuro

A pesar del fracaso de la demanda ante la CIJ, la cuestión marítima sigue siendo un tema central en la agenda diplomática de Bolivia. Para abordarla de manera efectiva en el futuro, es necesario aprender de las debilidades pasadas y adoptar un enfoque más pragmático y multilateral. Algunas posibles líneas de acción incluyen:

1. Fortalecer la diplomacia multilateral: Bolivia debe buscar alianzas estratégicas en foros internacionales como UNASUR, CELAC y el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) para generar apoyo a una solución negociada con Chile.
2. Promover la negociación bilateral: A pesar del fallo de la CIJ, Bolivia debe mantener abierta la vía del diálogo con Chile, explorando acuerdos comerciales, de libre tránsito y otras medidas prácticas que faciliten el acceso al mar.
3. Aprovechar la diplomacia económica y cultural: La cuestión marítima es también un tema de identidad nacional, por lo que Bolivia podría utilizar su cultura e historia para generar mayor comprensión internacional sobre su posición, sin caer en el nacionalismo exacerbado.
4. Construir un consenso interno: Es fundamental que Bolivia desarrolle una estrategia unificada y a largo plazo que trascienda gobiernos y partidos políticos, asegurando continuidad y coherencia en su política exterior.

Conclusión

El fracaso de la demanda ante la CIJ dejó en evidencia las debilidades de una estrategia basada en expectativas desmesuradas, un enfoque unilateral y el uso excesivo del nacionalismo. Bolivia debe aprender de este revés para no repetir los mismos errores. En el futuro, la diplomacia boliviana debe ser más pragmática, diversificada y orientada a soluciones viables, combinando el diálogo bilateral, la cooperación multilateral y la construcción de consensos internos. Solo así podrá avanzar en su histórica reivindicación marítima de manera efectiva y sostenible.

La participación de figuras como Eduardo Rodríguez Veltzé, Héctor Arce, Baltasar Garzón y otros expertos internacionales, así como el trabajo de la Diremar, marcaron un esfuerzo significativo, pero insuficiente ante las limitaciones jurídicas y estratégicas. Esta historia debe servir como un recordatorio de la importancia de una diplomacia realista y bien planificada.

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Cada 23 de marzo asistimos a la memoria y el recuerdo de la guerra del pacífico, episodio de la historia boliviana que retrata la pérdida injusta de la salida al mar de Bolivia. Asimismo, asociamos también el 23 de marzo a la demanda marítima presentada por Bolivia contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el año 2013, misma que buscaba que la CIJ declare la obligación de Chile de negociar de buena fe y de manera efectiva con Bolivia un acuerdo que otorgue a Bolivia un acceso plenamente soberano al Océano Pacífico. La sentencia de este diferendo fue pronunciada el 1 de octubre de 2018 y en sus Conclusiones generales se encuentran los párrafos 175 y 176, que por su importancia transcribimos a continuación:

175. A la luz de los antecedentes históricos y de hecho anteriormente indicados la Corte observa que Bolivia y Chile tienen una larga historia de diálogo, intercambios y negociaciones orientadas a identificar una solución apropiada a la situación de mediterraneidad de Bolivia posterior a la Guerra del Pacífico y al Tratado de Paz de 1904. La Corte es, sin embargo, incapaz de concluir, en base al material presentado ante ella, que Chile tiene “la obligación de negociar con Bolivia para alcanzar un acuerdo que otorgue a Bolivia un acceso plenamente soberano al Océano Pacífico”. Por consiguiente, la Corte no puede aceptar las otras peticiones finales presentadas por Bolivia, las que están basadas en la existencia de tal obligación.

176. No obstante, la conclusión de la Corte no debiese ser entendida como un impedimento a las Partes de continuar su diálogo e intercambios, en un espíritu de buena vecindad, para abordar los asuntos relativos a la situación mediterránea de Bolivia, solución que ambos han reconocido es una materia de interés mutuo. Con voluntad por parte de las Partes, negociaciones significativas pueden ser emprendidas.

Mucho se ha dicho sobre el numeral 175 de la sentencia, en la que claramente la CIJ desestima la demanda presentada por Bolivia, pero poco se ha dicho del numeral 176 de la sentencia, que invoca a que Chile y Bolivia deban continuar su diálogo e intercambios respecto a la situación mediterránea de Bolivia, es decir, la CIJ no cierra esta posibilidad, sólo que remite la solución de esta controversia a materia diplomática, la misma que debería ser parte de la agenda de política exterior boliviana.

Sin embargo, la sentencia de 1 de octubre de 2018 contó con tres opiniones disidentes: del juez Patrick Robinson, del juez Nawaf Salam y del juez ad hoc Yvet Daudet.

Un componente que muchas veces quienes no trabajan en el campo jurídico tienden a olvidar, es que las cortes y tribunales de justicia deciden sus causas mediante votos, y en ellos se muestra la tensión, la inclinación, la parcialidad de sus opiniones y resoluciones. Esto nos debe llevar a prestar atención a que no se trata de una decisión pura, en razón y en derecho, la que triunfa, sino la decisión que obtiene más votos.

La opinión disidente del Juez Patrick Robinson, expresada en 23 páginas, señala que Chile si tiene la obligación de negociar con Bolivia para encontrar una solución que le permita tener una salida soberana al océano Pacífico, para argumentar su decisión refiere al llamado memorándum Trucco de 1961 y la respuesta de Bolivia de 9 de febrero de 1962 y a la declaración conjunta de Charaña firmada por Bolivia y Chile en 1975 y en 1977, en palabras del juez Robinson: “Estos intercambios, leídos a la luz de su contexto, las circunstancias particulares o contexto en que se redactaron, evidencian la intención de las partes de crear una obligación para Chile de negociar con Bolivia un acceso soberano al océano Pacífico”.   

La opinión disidente del Juez Nawaf Salam, expresada en 7 páginas, señala que existe la obligación de Chile de negociar con Bolivia para otorgar a este último un acceso soberano al océano Pacífico. En palabras del juez Nawaf Salam: “es mi opinión que el canje de notas entre Chile y Bolivia en 1950 constituye un acuerdo que establece la obligación de las partes de negociar. Considero también que los acontecimientos que siguieron, en particular el Memorándum Trucco, Declaración de Charaña, carta del 18 de enero 1978 del presidente chileno al presidente boliviano, y la participación de Chile en futuras rondas de negociaciones (en particular, el período del llamado “enfoque fresco”, el mecanismo chileno-boliviano de consulta política introducida a principios de la década de 1990, la Agenda de los 13 puntos de julio de 2006 y el establecimiento en 2011 de una comisión binacional para negociaciones a nivel ministerial) constituyen un conjunto de acciones a partir de las cuales se puede inferir razonablemente que Chile y Bolivia estaban sujetos a una obligación consistente de negociar para otorgar a este último acceso soberano al océano Pacífico”.

El juez ad hoc Yvet Daudet, magistrado designado por Bolivia, presenta su opinión en un texto de 12 páginas, en las que argumenta que la sentencia es una expresión de injusticia que niega a Bolivia la posibilidad de que la Corte obligue a Chile a darle una salida al mar, a la que refiere como el pulmón perdido por Bolivia. Sin embargo el juez Daudet exhorta a Bolivia y a Chile a continuar con las negociaciones pese al resultado de la sentencia, en palabras del juez ad hoc: “la sentencia, por dolorosa que sea para Bolivia, puede, si las partes están dispuestas a hacerlo, favorecer un nuevo impulso hacia una negociación no impuesta, sino deseada por ambas partes en un estado de ánimo renovado (…) Así es como entiendo la redacción del párrafo 176 de la sentencia del Tribunal y, más particularmente, su última frase. Le doy la mayor importancia a este texto, con la esperanza de que este punto de vista sea compartido por Bolivia y Chile, quienes luego, con razón, satisfarán la demanda del primero de acceso soberano al mar mediante el consentimiento del segundo”.

En consecuencia, fue la suma y resta de votos, es decir, una práctica política y en muchos casos no jurídica del todo, la que llevó a estas opiniones a ser votos disidentes. Sin embargo, las posibilidades que brinda el párrafo 176 de la sentencia deberían ser exploradas por una nueva agenda de política exterior a ser trabajada por Bolivia.

Todos los documentos de la demanda marítima se encuentran en el portal web de la CIJ: https://www.icj-cij.org/case/153

Las opiniones disidentes de los jueces Patrick Robinson y  Nawaf Salam se encuentran en inglés y la opinión disidente del juez ad hoc Yvet Daudet en francés. Para la realización de este breve artículo llevé a cabo la traducción de extractos de estas opiniones, las mismas que se encuentran en su idioma oficial en el portal web referido.

En un momento de crisis económica, Bolivia enfrenta un escenario político marcado por la incertidumbre y el desgaste de los liderazgos tradicionales. La escasez de combustible y dólares, sumados al aumento de la inflación, están alterado la percepción ciudadana sobre el futuro inmediato y las opciones electorales disponibles. En este marco, presentamos tres entrevistas a expertos que analizan el impacto de la situación en curso en la dinámica previa a las elecciones de agosto y en la configuración del poder político en el país.

El sociólogo Julio Córdova, el economista Armando Ortuño y el abogado Yerko Ilijic ofrecen perspectivas complementarias sobre el momento actual. Córdova destaca cómo las percepciones de la ciudadanía han cambiado drásticamente, generando temores que evocan experiencias pasadas de hiperinflación y crisis política. Por su parte, Ilijic examina las estrategias de los distintos actores políticos y plantea escenarios en los que la falta de respuesta gubernamental podría desembocar en una crisis aún mayor. Ortuño analiza el efecto devastador de la crisis sobre los actores en carrera y las posibilidades de recomposición en el país.

A lo largo de estas conversaciones, emergen algunas ideas centrales: el desgaste del gobierno de Luis Arce y la posibilidad de un «que se vayan todos»; el riesgo de que la crisis termine favoreciendo la irrupción de outsiders en el escenario electoral; y la reconfiguración de los sectores populares en un contexto donde la desafección política se convierte en una variable determinante. Con estos elementos en juego, el panorama boliviano sigue abierto a múltiples desenlaces.

Julio Córdova: el temor a la hiperinflación y el recuerdo de la UDP

A diferencia de lo observado a finales de 2023 e inicios de 2024, cuando la población preveía un deterioro paulatino de la situación económica, en los últimos meses se ha producido un cambio sustancial en la percepción ciudadana. «Lo que estamos viendo es que la gente ya no percibe que la crisis va a empeorar poco a poco, sino que va a haber una desmejora abrupta de las condiciones de vida, y el temor a la hiperinflación se ha incrementado notablemente», explica Córdova.

Este temor está directamente vinculado a la crisis de combustibles. Según el analista, «a medida en que la gente entiende que los combustibles van a aumentar de precio, de costo, sea formalmente, es decir, que el gobierno vaya retirando poco a poco la subvención, o sea, informalmente, a pesar de que el gobierno mantenga el precio oficial, se va a generar un mercado negro donde va a haber un incremento real», lo que inevitablemente provocará «un incremento sustancial de los precios de la canasta familiar».

Un hallazgo particularmente revelador de los estudios de Diagnosis muestra una marcada diferencia generacional en la percepción de la crisis. «Las personas adultas recuerdan todavía el tema de la Unión Democrática Popular (UDP) y está en su mente la imagen desastrosa de la hiperinflación», señala Córdova. Estos ciudadanos «empiezan a tener miedo a que pueda reproducirse un escenario igual que la UDP, es decir, un estallido de crisis económica, de hiperinflación, de escasez de productos». En contraste, «los jóvenes que no han pasado esa experiencia, digamos, entienden que va a haber una crisis económica, aunque su visión no es tan catastrófica».

La debilidad presidencial y el paralelo con Siles Zuazo

Uno de los aspectos más preocupantes para el gobierno actual es que la imagen del presidente Luis Arce está siendo cada vez más asociada con la de Hernán Siles Zuazo, quien presidió Bolivia durante la devastadora crisis hiperinflacionaria de los años 80 bajo el gobierno de la UDP.

«Los adultos concluyen que, en el gobierno de Siles Zuazo, el propio presidente era un presidente débil en todos los sentidos. Débil políticamente, porque tenía todo el Parlamento en contra, pero también débil en el sentido de carácter», explica Córdova. Y agrega que «es en esos términos que los adultos empiezan a entender tanto la figura de Luis Arce como su gobierno. Es decir, lo ven de manera casi calcada al de la UDP, como un gobierno débil, que no tiene apoyo parlamentario, que no tiene fuerza política».

Esta percepción representa un cambio significativo en la imagen del actual mandatario. «En las elecciones del 2020, la imagen de Luis Arce estaba asociada al diálogo y a no a la confrontación. Ahora, en el nuevo contexto, la imagen de Luis Arce está asociada a debilidad de carácter, debilidad política y, por lo tanto, falta de decisión para revertir la crisis», subraya el sociólogo.

El riesgo del «que se vayan todos»

Aunque Diagnosis no ha identificado todavía cambios sustanciales en las preferencias electorales, Córdova advierte sobre un escenario potencialmente disruptivo si la crisis económica continúa profundizándose. «Si las condiciones económicas se deterioran en los próximos días, falta de gasolina, incremento de precios y una mayor inflación, entonces nuestra hipótesis es que existe un alto riesgo de que la gente no solamente empiece a decepcionarse todavía más del gobierno de Luis Arce, sino que empiece a decepcionarse del conjunto de los políticos y se consolide una actitud de ‘que se vayan todos’, similar a lo ocurrido en Argentina tras la crisis de 2001”.

Esta actitud, según el analista, podría favorecer la emergencia de candidatos outsiders, figuras que nunca han gobernado y que se presenten como alternativas totalmente nuevas, independientemente de su experiencia o capacidad. «La demanda social por líderes nuevos, independientemente si tienen experiencia, si tienen capacidad, independientemente si son líderes de derecho, no importa, la demanda electoral por líderes nuevos eventualmente puede crecer», lo que beneficiaría a candidatos como Chi Hyun Chung y limitaría las posibilidades no solo del oficialismo, sino también de figuras opositoras ya establecidas.

Los tres tercios electorales en crisis

El análisis de Córdova sobre la actual situación política boliviana parte de que los «tres tercios» electorales, una idea que expuso y desarrolló previamente en Animal Político: el bloque de clase media-alta antimasista, el campo indígena-popular (tradicionalmente asociado al MAS) y un tercio medio que busca discursos no polarizantes.

El bloque antimasista y su encrucijada

Sobre el bloque antimasista, liderado principalmente por figuras como Carlos Mesa y Samuel Doria Medina tras la declinación de la candidatura de Tuto Quiroga, Córdova señala que estos líderes «están apuntando a debilitar, digamos, no solamente a Arce, sino en su discurso asocian la figura de Arce y de Evo Morales como los causantes de la crisis actual». Sin embargo, advierte que «existe el riesgo de que las clases medias que todavía tienen una figura antimasista y que apoyan a estos líderes de la unidad opositora empiecen a cansarse de la crisis económica» y terminen decepcionándose también de estos líderes si no proponen alternativas concretas a la crisis.

El campo indígena-popular y el factor Evo Morales

Respecto al campo indígena-popular, donde Luis Arce ha perdido significativamente respaldo (cayendo de un 30% de aprobación hace un año a menos de un 5% según diversas encuestas), Córdova reconoce que Evo Morales mantiene cierto apoyo, aunque distante de sus mejores momentos. «En las encuestas de diagnóstico se mantuvo, casi desde hace dos años, en un 10% de intención de voto si se presentara como candidato a nivel del conjunto de la población. Y en las clases bajas, esta intención de voto se acerca al 20%», indica.

Sin embargo, el sociólogo descarta que el expresidente pueda recuperar el masivo apoyo que tuvo en su momento. «Ya no representa esa aspiración de superación individual vía educación. Por lo tanto, si es que se produjera algún aumento en la favorabilidad de Evo Morales en clases bajas, es previsible que ese aumento no sea exponencial». La explicación de Córdova es que «es un agotamiento histórico de la figura de Evo Morales» y que «ha pasado mucha agua bajo el puente. Las clases bajas han cambiado, Evo Morales ya no es ese líder carismático que logre obtener el apoyo de todas ellas».

Sobre otros posibles líderes del campo popular como Andrónico Rodríguez, el analista estima que podría tener mejor desempeño que Arce e incluso que Morales, pero «tampoco va a ser el nuevo líder que rescate todo el voto indígena popular que había antes».

El tercio del medio y la posibilidad de un «fenómeno Fujimori»

En cuanto al tercio del medio, Córdova considera que este segmento «va a crecer en la medida en que no hay propuestas interesantes en los extremos». Actualmente, este grupo busca «discursos no polarizantes o figuras no polarizantes, lo que favorece a Manfred Reyes Villa», pero si la crisis económica se agudiza, podría cambiar hacia una demanda por «figuras disruptivas totalmente nuevas».

Especialmente preocupante es la posibilidad de que surja rápidamente un outsider que capitalice el descontento generalizado, similar a lo ocurrido con Alberto Fujimori en Perú en 1990 o con Chi Hyun Chung en Bolivia en 2019. «En las elecciones de 1990 de Perú, hasta cuatro meses antes de las elecciones, Fujimori no era conocido. Y el ascenso de Fujimori como candidato nuevo se produjo en menos de un mes», recuerda Córdova. «En ese tiempo Fujimori pasó del 2% a un 30%». Luego ganó en segunda vuelta con el 62% de los votos.

Un gobierno sin operadores políticos ante la crisis

Al analizar las posibilidades del actual gobierno para enfrentar la crisis hasta las elecciones de 2025, Córdova es pesimista. Señala que el gobierno de Arce «no ha tenido los mejores operadores políticos para poder asegurarse cierta mayoría mínima en la Asamblea Legislativa» a pesar de haber tenido «varios años, por lo menos el 2022 y el 2023, como para tratar de establecer ciertos acuerdos».

«Si tú no tienes operadores políticos hábiles, eficientes, capaces de establecer acuerdos contra todo pronóstico, pues estás inerme», afirma el sociólogo, quien considera que esta es «una de las grandes debilidades del gobierno de Arce». Como consecuencia, «no va a poder revertir esta situación. Así no va a poder lograr que la Asamblea Legislativa apruebe algunos proyectos para tener un poco más de aire. Tampoco acuerdos con algunos otros sindicatos que impidan movilizaciones desde el lado popular, menos acuerdos con las facciones de Comunidad Ciudadana».

«Esta situación no va a cambiar hasta agosto del 2025, hasta las elecciones. Entonces, no hay mayores posibilidades de cambios relevantes en la gestión del gobierno. Estamos ante un gobierno políticamente débil que va a quedar aquí», concluye.

Yerko Ilijic: crisis y subordinación política

Bolivia enfrenta un escenario político cada vez más volátil, donde la interrelación entre economía y política determina las posibilidades reales de gobernabilidad y de salida a la actual coyuntura. Esta es una de las principales conclusiones que se desprende del análisis realizado por Yerko Ilijic, abogado con estudios de postgrado en las universidades de Westfalia y Heidelberg, quien advierte sobre los escenarios críticos que podrían desplegarse en los próximos meses.

La subordinación de la economía a la política

Un elemento central en el análisis de Ilijic es su contundente afirmación sobre la relación entre economía y política en el contexto boliviano: «la economía está subordinada a la política», señala, estableciendo desde el inicio un marco interpretativo que condiciona cualquier solución para la crisis actual.

Esta subordinación, según el analista, tiene importantes implicaciones para el escenario que podría desarrollarse en caso de un agravamiento de la situación. A diferencia de lo que ocurrió en otros países de la región, Ilijic sostiene que «si la economía está subordinada a la política, no puede existir que se vayan todos. Porque ese vacío va a generar mayor, mayor escasez de trabajos, parálisis, apagón».

Es decir, el fenómeno de deslegitimación total de la clase política (como sucedió en Argentina en 2001) no tendría el mismo desarrollo en Bolivia, precisamente porque la economía depende estructuralmente de decisiones políticas.

El «periodo especial» y sus escenarios

Ilijic caracteriza la situación actual como un «periodo especial», un término que evoca inmediatamente comparaciones históricas preocupantes. «Yo tengo en mente, cuando digo ‘periodo especial’, la Cuba de los años 90. ¿Qué significaba eso? Racionamiento y apagón».

El analista advierte sobre una escalada potencial de medidas restrictivas que podrían implementarse a medida que la crisis se profundice. «Una probabilidad es que vamos a acabar con racionamiento, apagón. Si eso, además, se hace insostenible, hay una última medida que se puede aplicar, que es más radical todavía, que es la parálisis».

Esta parálisis, explica Ilijic, podría manifestarse como una «parálisis estatal, la parálisis internacional» que eventualmente podría conducir a una situación similar al «confinamiento» que el país ya experimentó durante la pandemia, pero esta vez provocado por una crisis económica.

Arce en la coyuntura de la crisis

Uno de los puntos más críticos señalados por Ilijic es la estrategia adoptada por el gobierno de Luis Arce para lograr gobernabilidad frente a un parlamento hostil. «Es lo que Arce ha hecho, a partir de su alianza con el Tribunal Constitucional Plurinacional. Es una medida autoritaria, pero es la medida con la que él ha obtenido gobernabilidad por fuera del Parlamento».

Esta estrategia, sin embargo, ha generado una dinámica de trincheras políticas que dificulta cualquier solución consensuada a la crisis. «La gente del Gobierno se presenta en la ciudadanía como estando en una trinchera».

Según Ilijic, el país enfrenta un dilema fundamental: la necesidad de implementar reformas estructurales que permitan superar la crisis, pero en un contexto de alta polarización y fragmentación política que hace casi imposible construir los consensos necesarios.

El analista señala que Arce tiene pendiente “resolver la variable Evo Morales”. Identifica la relación entre el presidente y el expresidente como uno de los problemas fundamentales a resolver.

Adicionalmente, plantea que el gobierno actual «tiene que presentar, por lo menos, algún grado de voluntariedad para que, a partir de que asuma el nuevo gobierno, las medidas que se vayan a tomar surtan efecto».

La posibilidad de acuerdos políticos

El abogado insiste en que cualquier solución a la crisis económica requerirá inevitablemente de acuerdos políticos sustantivos. Esta necesidad choca frontalmente con la realidad de un sistema político altamente fragmentado y polarizado y advierte sobre los riesgos de un parlamento disfuncional tras las próximas elecciones. «A mí no me interesa tanto cómo estén conformadas las bancadas que van a salir el 9 de noviembre. A mí lo que me interesa es que las bancadas tengan la capacidad de ser colaborativas. ¿Por qué? Porque la primera mirada va a estar, obviamente, en que el Parlamento. Si logra, más o menos, validar al nuevo gobierno o lo paraliza».

A pesar del panorama sombrío, Ilijic sugiere la posibilidad de una salida negociada a la crisis. «Si es una salida política pactada, es una especie de inflexión de Arce, pero con cierto grado de impunidad, y a cambio que entre un grupo de la oposición lo más cercano al populismo posible. Ahí ya se tiene una salida».

Esta solución implicaría un pacto político que permita una transición ordenada, pero que al mismo tiempo garantice cierta continuidad en las políticas económicas y sociales para evitar convulsiones mayores.

La temporalidad de la subordinación económica

Finalmente, Ilijic plantea que la subordinación de la economía a la política es una condición temporal que podría superarse mediante un proceso de reformas de mediano plazo. Esta visión sugiere que Bolivia necesita transitar hacia un modelo donde la economía adquiera cierta autonomía respecto a las decisiones políticas, pero reconoce que este es un proceso gradual que requiere condiciones actualmente inexistentes en el país.

En un momento en que «la gente está todavía aguantando», las próximas semanas y meses serán decisivos para determinar si Bolivia logra encauzar institucionalmente la crisis o si entra en una espiral de inestabilidad política y económica con consecuencias impredecibles.

Armando Ortuño: la crisis, un punto de inflexión electoral

La crisis económica y política que atraviesa Bolivia ha alcanzado niveles sin precedentes, configurando un escenario electoral de alta incertidumbre donde los parámetros tradicionales de análisis se han vuelto insuficientes. Así lo advierte el economista e intelectual boliviano, Armando Ortuño, quien señala que el país ha entrado en una nueva fase crítica que redefine completamente las perspectivas electorales para los comicios presidenciales programados para agosto.

«Hay un cambio de escenario fuerte. Hasta ahora habíamos estado viviendo en una especie de lógica de deterioro económico, de problemas, pero creo que la dimensión que está tomando ahora la situación en términos de las afectaciones a la vida cotidiana de la gente, a su estado de ánimo, son elementos bastante más fuertes», explica Ortuño. Así, considera que estos acontecimientos representan «un punto de inflexión» en la campaña electoral.

Crisis: del deterioro al colapso

El análisis de Ortuño parte de una premisa fundamental: Bolivia ya no está ante la amenaza de una crisis, sino en pleno colapso económico. «Ya no es que la gente tiene miedo de que venga un colapso, ya vino el colapso, ese es el drama», sentencia. Esta realidad ha desarticulado uno de los principales argumentos de la actual administración, que esperaba capitalizar el temor a un posible ajuste económico si la oposición llegaba al poder.

«La última esperanza de los arcistas era esta especie de mito del electorado de izquierda que, frente a los que venían a hacer el ajuste, iba a votar por ellos, pero esa hipótesis se derrumba cuando el nivel de crisis es tan grande, cuando el nivel de colapso es de este tamaño», afirma Ortuño. Esta nueva realidad, según el analista, profundiza la «desafección» de un electorado nacional-popular masista que históricamente ha representado alrededor del 60% del padrón electoral boliviano.

La oferta política frente a la cambiante demanda

Ortuño identifica que el verdadero cambio no está ocurriendo en la oferta política, sino en la demanda del electorado. «Se está rebarajando casi todo, no tanto en la oferta política, porque la oferta política sigue siendo la misma, sino más en la demanda», explica. Sugiere que los votantes están reconfigurando sus preferencias debido a la magnitud de la situación.

Esta transformación de la demanda ciudadana ocurre en un contexto donde las principales figuras políticas mantienen estrategias que, según Ortuño, resultan insuficientes para el momento histórico.

Incertidumbre sobre las elecciones

Uno de los elementos más contundentes del análisis de Ortuño es el cuestionamiento sobre la viabilidad misma del calendario electoral. «La pregunta es si llegamos a agosto. Agosto me parece tan lejano con esta crisis», expresa, planteando un escenario de alta volatilidad institucional.

Esta preocupación no es gratuita. Según el economista, las condiciones actuales hacen que llegar a agosto sea «altamente incierto» y advierte que una posible prórroga del mandato sería «una locura». En este contexto, Ortuño sugiere que el escenario más viable podría ser «hacer una elección lo más rápido posible, porque justamente urge hacer una elección».

La urgencia, explica, radica en la necesidad de contar con «una persona que se haga cargo. Se requiere de alguien que se refresque, que venga con un mínimo de legitimidad y diga, bueno, yo me hago cargo del desmadre».

La imposibilidad de una solución puramente económica

Para Ortuño, un elemento fundamental del análisis es que la crisis ha superado la posibilidad de ser abordada solo desde lo económico. «Ya no hay salida económica desde mi perspectiva. La salida económica implica el ajuste o algún tipo de cambio macroeconómico, es decir, un conjunto de medidas integrales que solamente las puede tomar un gobierno con un mínimo de legitimidad o con un apoyo político fuerte», sostiene.

En este sentido, sentencia que «ya hay solución económica con instrumentos puramente administrativos». La magnitud de la crisis requiere, en palabras de Ortuño, «un mínimo de acuerdo político” para poder implementar medidas económicas efectivas.

El gobierno y sus limitaciones

Ortuño identifica momentos específicos en los que, según su interpretación, el gobierno actual ha admitido implícitamente su incapacidad para manejar la crisis. «Desde el domingo pasado, el momento en que salió la ministra Prada (en conferencia de prensa), desde mi perspectiva, ese momento el gobierno declaró que no tenía soluciones al problema», afirma.

Esta percepción se reforzaría en los días posteriores. «Si teníamos todavía dudas de que no había soluciones, cuando salieron las autoridades de Hidrocarburos, el lunes pasado, se ratificó. Si todavía había alguna duda, cuando salió el presidente Luis Arce y nos lanza esas diez soluciones que no solucionan nada, ya se comprobó una vez que no hay nada, así que no hay salida».

Escenarios posibles ante la crisis

Ante la gravedad de la situación, Ortuño esboza dos posibles escenarios. El primero contempla la posibilidad de un adelanto electoral que permita renovar rápidamente la legitimidad gubernamental. «Puede suceder de que haya un acuerdo político para hacer la elección en dos o tres meses, porque no da para más. De hecho, para mí, probablemente ese es un escenario relativamente viable en este momento».

El segundo escenario, aunque considerado menos probable por el analista, sería que el actual presidente renuncie a su candidatura y forme «un gobierno de unidad nacional» que permita tomar las «medidas duras» necesarias para estabilizar la economía antes de las elecciones. En palabras de Ortuño, «Luis Arce tal vez podría hacerlas, aunque tengo mis dudas, incluso si él, por ejemplo, renunciara a la candidatura y decidiera ser un gobierno de unidad nacional, y entonces intentar llegar a agosto tomando las medidas que hay que tomar».

Sin embargo, este escenario requeriría un sacrificio político significativo y un amplio acuerdo entre fuerzas políticas, algo que el analista ve poco probable en el actual contexto.

Este análisis revela la profunda preocupación del economista por el deterioro acelerado de las condiciones económicas del país y la necesidad de decisiones urgentes que, según su visión, solo pueden venir de una renovación de la legitimidad política a través de elecciones anticipadas o de un acuerdo político amplio que parece cada vez más improbable.