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Saturday 8 Feb 2025 | Actualizado a 19:23 PM

La desigualdad es explosiva, en el norte y el sur

Reuter coordina una de las mayores redes de partidos progresistas, socialdemócratas y socialistas del globo.

Por Iván Bustillos, es periodista

/ 22 de marzo de 2020 / 12:27

La Alianza Progresista (AP) es una agrupación política internacional, una “red global” (según su sitio web oficial) que reúne al menos a 140 partidos “progresistas, socialdemócratas y socialistas” del mundo creada en 2013; es una escisión de la Internacional Socialista (IS), la agrupación de la izquierda global más antigua, que nació en 1951, y que a la fecha cuenta con 135 partidos miembros.

Es peculiar el nexo entre ambas organizaciones, pues algunos partidos están en las dos; pero también hay diferencias notables, para el caso de Sudamérica, por ejemplo: de Bolivia, mientras el Movimiento Al Socialismo (MAS) es parte de la AP (y no de la IS) el partido boliviano en las listas de la IS es Unidad Nacional (UN); por Brasil, mientras en la lista de la AP está el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula Da Silva, en la de la IS está el Partido Democrático Laboralista; o si en la IS está el viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la AP figura el más reciente Partido de la Revolución Democrática (PRD). Conny Reuter, nuestro entrevistado, es el coordinador global de la Alianza; de visita al país la semana pasada, compartió la visión de los partidos progresistas.

—La Alianza es heredera de algún modo de la Internacional Socialista. ¿Cómo es esa historia?

—La historia es que durante un tiempo varios partidos querían una reforma de la Internacional Socialista, porque allí había problemas con la presencia de sistemas (gobiernos) dictatoriales, que antes de acceder al poder eran progresistas, pero en el momento del ejercicio y mantenimiento del poder se han convertido en regímenes autoritarios y dictatoriales. Siempre hubo la oposición de algunos partidos, que vieron que no era fácil o posible cambiar la Internacional, por eso han tomado la iniciativa de crear esta Alianza Progresista.

—En lo básico, ¿qué separa a los partidos socialistas y progresistas de los autoritarios?

—El autoritarismo es antidemocrático, es una violación de los valores fundamentales de la socialdemocracia; puede que el desarrollo no sea como lo queremos, pero cuando es autoritario, la socialdemocracia no puede aceptarlo. Es una cuestión de credibilidad. Yo personalmente estoy convencido de que una de las grandes dificultades, hoy, en la socialdemocracia y en los socialistas es la falta de credibilidad; por eso los partidos que fueron muy críticos dentro la Internacional Socialista lo eran porque han visto que no era posible desa-rrollar globalmente una alternativa, porque había la violación de esos derechos fundamentales, cuando algunos habían abandonado la idea de la democracia.

—¿Cuántos partidos de la Alianza están en el poder y cómo les está yendo? Ese suele ser el problema de los partidos progresistas: en la oposición son muy cuestionadores, pero cuando están en el poder, cambian.

—En Europa hay mínimo 12 países; empezó con Portugal y España, continuamos con Suecia, Finlandia y otros países; estamos en los gobiernos de Italia, Alemania, Luxemburgo; en África, en la República Democrática del Congo, y ahora también en Túnez, con el nuevo gobierno.

—De aquí el Movimiento Al Socialismo está asociado.

—Sí está.

—Tienen experiencia estatal.

—Sí, claro, por eso es importante que nosotros coordinemos con los gobiernos progresistas.

—¿Cuál es el ideario básico de la Alianza, cómo se ubica en relación con otros grupos?

—El único interés de la Alianza es el desarrollo de nuestra plataforma, que es abierta, de 140 partidos socialistas, socialdemócratas y progresistas, que trabaja sobre cuestiones de fondo, como el futuro del trabajo en nuestras sociedades, la inmigración, la sostenibilidad democrática, la sostenibilidad económica; además, nosotros hemos desarrollado diferentes visiones de solidaridad; y en nuestro funcionamiento, y esto es un mensaje político, tenemos solamente una coordinación, yo soy el coordinador; no tenemos presidencia ni secretario general, sino el coordinador global, y hay coordinadores regionales en Asia, África, América Latina.

—Uno de sus fuertes es Europa, pero allí tienen el problema del avance de la extrema derecha.

—El fondo de estos partidos siempre ha sido la exclusión. Han empezado con la cuestión de la inmigración masiva. Hoy son una realidad, tienen una plaza muy fuerte; han logrado introducirse en parlamentos de casi de todos los países, no solo en el europeo. Últimamente lo han hecho en España, algo impensable hace cinco años. Ahora, algunos se convierten en partido negando el cambio climático, no les interesa el fondo de la cuestión; no buscan soluciones, lo único que buscan es la división de las sociedades, y de montar grupos, unos contra otros, y en esto tienen mucho éxito porque en casi todos los países, incluso en Europa, hay una fuerte desigualdad. Dicen: el Estado no hace nada por vosotros, los migrantes les toman vuestro trabajo, y lo peor, en el fondo, es que tienen proyectos económicos neoliberales, y se reivindican socialistas, nacional socialistas, y tienen éxito porque el desarrollo económico no ha servido para reducir las desigualdades. Y esto de las desigualdades es muy explosivo, en el norte y en el sur; lo vemos en Chile, que siempre fue considerado un país rico de la región, pero la desigualdad ha continuado hasta agravarse, y después vino la explosión social.

—Hay un hecho central para la socialdemocracia europea, el Estado de Bienestar. Parece que se lo está socavando.

—El Estado de Bienestar existe en los países europeos, pero en diferentes expresiones, diferentes formas de organización; la presión en contra vino con el famoso Pacto de estabilidad y de crecimiento, que ha puesto límites en los gastos públicos y en la deuda pública.

—La política de austeridad.

—Sí, la política pública de austeridad, que era el cuadro ideológico para reducir esos gastos; aunque al final hubo un crecimiento de las desigualdades; pero de todos modos, los estados de bienestar, comparados con otros modelos, existen, pero tenemos que reinventarlos; tenemos que resolver la cuestión del financiamiento de las pensiones en el futuro, la calidad del empleo, cómo organizar los servicios sociales, la educación como un bien público y no algo privatizado, hecho solamente para los ricos.

—Desde Latinoamérica, ¿qué cuestiones plantean los partidos progresistas?

— Aquí, cuando se discute el Estado de Bienestar, estamos muy lejos de ese modelo; pero sí se puede empezar asegurando una protección social, sería un gran logro; la reducción de la pobreza también es central. Otra cosa que no se discute mucho aquí pero está muy presente en África, en América Latina son las consecuencias del cambio climático. Pero la política de aquí no me da la impresión de que esté buscando respuestas, porque la explotación de las industrias extractivas no es muy sostenible; pero, claro, cuando necesitas ingresos no vas a discutir mucho el medioambiente, pero esto es la mirada a corto plazo, necesitamos la mirada a largo plazo; es algo que tenemos que poner en la mesa como Alianza Progresista, desarrollar una posición, que llamamos la dimensión social del cambio climático.

—Hay algo que trabajó mucho usted, esta idea de que la protección social, la seguridad social, antes que una antítesis o traba del desarrollo económico, empresarial, es una forma de mejorar la producción, el desarrollo empresarial.

—Esta es una tontería de la derecha y de empresarios idiotas. Concretamente, lo que sabemos, lo que hemos probado a través de estadísticas es muy claro: un trabajador con protección social, que tiene seguridad social, basado sobre esta seguridad social en su trabajo es normalmente mucho más productivo que alguien que vive en la inseguridad; por eso, en el fondo la cuestión es económica, la protección social no es un gasto, es una inversión. Si habría más empresarios inteligentes, verían que la protección social es una ventaja competitiva. Se ha olvidado que el progreso societal que hemos conocido los últimos cien años tiene que ver con la introducción del sistema de protección social, y los progresistas tenemos que arrancar de la derecha el argumento de que la seguridad no es más policía, más armas, la seguridad es más seguridad social, y que cuando hay seguridad social, hay menos criminalidad, menos problemas de este tipo.

—Bolivia. Acabamos de salir de una crisis y estamos en pleno proceso electoral.

—El problema con la democracia es que no siempre produce el resultado que nos gusta, pero tenemos que aceptarlo; es algo fundamental. Y las protestas, todos han entendido lo que había detrás de estas protestas; era una derrota, obviamente; y ahora la cuestión está clara; si antes de las elecciones hay una parte que dice que si no ganamos no vamos a reconocer las elecciones, no es posible. Por eso me parece muy importante crear en la opinión la pacificación en el sentido de que si hay un resultado que no nos gusta, tenemos que aceptarlo. Y espero que vayan bien las elecciones aquí, en República Dominicana y en Chile, el referendo, para volver a la solución política de la crisis, y no al enfrentamiento.

Conny Reuter. El Modelo Social Europeo: “Europa hablamos de la inversión social. No es cuestión de abandonar el Estado de Bienestar, es una referencia. En muchos países está reducido, no visible como debería, pero en el fondo continúa existiendo, por eso hablamos de un Modelo Social Europeo”.

Datos

Nombre: Conny Reuter

Ocupación: Es especialista en políticas sociales, educación y asuntos de justicia social global. Su trabajo se desarrolló entre las ONG europeas.

Perfil

Fue Secretario General de SOLIDAR, organización no gubernamental europea fundada en 1936 por la Unión Sindical Suiza y el Partido Socialista suizo.

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Por Pablo Deheza

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A pocos meses de que Bolivia celebre 200 años de existencia, el debate sobre la estabilidad política, el impacto de crisis múltiples, la calidad de la democracia y las reformas necesarias para fortalecer las instituciones adquiere una pertinencia ineludible. La historia reciente del país está marcada por crisis recurrentes que han sacudido a la sociedad y revelado deficiencias estructurales que deben abordarse. En este contexto, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé analiza el presente y futuro del país con una mirada crítica y reflexiva.

Este año es clave para Bolivia. Con elecciones en el horizonte y una ciudadanía polarizada, el debate sobre la gobernabilidad y la vigencia del modelo plurinacional cobra una dimensión central. La falta de independencia del sistema judicial, el hiperpresidencialismo, la necesidad de descentralización efectiva y los ajustes constitucionales son temas que definen el actual momento histórico. Rodríguez Veltzé señala que «las sucesivas crisis han mostrado las limitaciones del diseño institucional vigente y la urgencia de repensar el futuro del Estado boliviano».

En diciembre del año pasado, la Friedrich Ebert Stiftung (FES) presentó el libro “Momento Constituyente”, en el que se analiza la situación política e institucional de Bolivia. El trabajo, coordinado por José Luis Exeni, cuenta con la participación de Eduardo Rodríguez Veltzé y otros destacados intelectuales. A través de una mirada plural, se examinan los antecedentes históricos, las fallas del sistema político, las protestas sociales, la crisis del sistema judicial y el hiperpresidencialismo como factores de la inestabilidad. A raíz del mismo, Animal Político, de La Razón, conversó con el exmandatario.

Abogado y expresidente de Bolivia (2005-2006), Rodríguez Veltzé es un actor respetado por su rol en la administración de justicia y en la transición política. Su experiencia le permite ofrecer un diagnóstico agudo sobre los retos que enfrenta el país y las reformas que considera inevitables. Abordó temas medulares como la crisis del sistema judicial, el equilibrio de poderes, la gobernanza en el Estado plurinacional y los ajustes constitucionales que Bolivia podría necesitar para fortalecer su democracia.

Audiovisual

Eduardo Rodríguez Veltzé

Crisis recurrentes en Bolivia

Bolivia ha atravesado un ciclo de crisis que, según Rodríguez Veltzé, no es un fenómeno nuevo, sino un síntoma de problemas estructurales no resueltos. «Desde 2019, pero incluso antes, hemos vivido una serie de episodios traumáticos que han dejado en evidencia la fragilidad institucional del país», señala. La sucesión de gobiernos con falta de mecanismos efectivos de resolución de conflictos ha generado un contexto de incertidumbre.

Para Rodríguez Veltzé, la situación actual puede entenderse desde el concepto de «momento constituyente», una idea desarrollada por el politólogo Bruce Ackerman. «Estos momentos surgen en tiempos de crisis y pueden dar lugar a transformaciones legales o constitucionales significativas», explica. En este sentido, Bolivia podría estar en la antesala de un cambio profundo en su estructura estatal.

El expresidente advierte que las crisis recurrentes en Bolivia han tenido diversos orígenes, pero comparten un mismo patrón: la ausencia de un marco institucional sólido capaz de procesar conflictos de manera pacífica y ordenada. Desde las protestas de 2003 hasta la crisis poselectoral de 2019, el país ha experimentado constantes estallidos de descontento popular que han derivado en cambios de gobierno abruptos. «El problema radica en que no hemos logrado consolidar instituciones suficientemente fuertes para dar estabilidad y garantizar el respeto al orden democrático», afirma.

Uno de los ejemplos más recientes de esta dinámica es la crisis de 2019, que comenzó con un cuestionado proceso electoral y desembocó en la salida de Evo Morales de la presidencia. Este episodio reflejó la polarización extrema del país y la falta de mecanismos claros para la resolución de disputas electorales. «Lo que vivimos en 2019 fue un colapso de la institucionalidad democrática, una situación que podría repetirse si no abordamos reformas estructurales», advierte Rodríguez Veltzé.

A ello se suma la creciente desconfianza de la población en las instituciones estatales. «Cada vez es más evidente que los ciudadanos recurren a la protesta como única vía para exigir sus derechos, lo que pone en riesgo la estabilidad del país», sostiene. La falta de un sistema judicial independiente y la debilidad del Tribunal Constitucional han contribuido a esta percepción de crisis permanente. «Si queremos consolidar una democracia estable, es imprescindible fortalecer nuestras instituciones y garantizar que el Estado pueda resolver los conflictos sin necesidad de recurrir a medidas extremas», sostiene el exmandatario.

Reforma judicial

Uno de los puntos más críticos del análisis de Rodríguez Veltzé es la mala situación del sistema judicial. «El poder judicial ha sido tradicionalmente la cenicienta del Estado boliviano. Nunca ha tenido la atención necesaria, ni en presupuesto ni en independencia», afirma. La elección de magistrados por voto popular, implementada en 2011, ha demostrado ser ineficaz y ha contribuido a la politización de la justicia.

«El sistema judicial debe ser reformado desde sus bases, garantizando que los jueces sean seleccionados por su idoneidad y no por criterios políticos», indica. Además, observa que la detención preventiva se ha convertido en una práctica que vulnera los derechos de los ciudadanos. «En Bolivia, más del 70% de los detenidos no tiene condena. Es un abuso del sistema».

Rodríguez Veltzé subraya que la crisis del sistema judicial no solo afecta a quienes buscan justicia, sino a la estabilidad del país en su conjunto. La falta de confianza en los tribunales ha generado un ambiente de inseguridad jurídica, lo que también tiene consecuencias en la inversión y el desarrollo económico. «Si los ciudadanos y las empresas no confían en que sus derechos serán protegidos de manera imparcial, se debilita el Estado de derecho y se frena el progreso», advierte.

La reforma judicial, según Rodríguez Veltzé, debe incluir una revisión profunda del modelo de elección de magistrados, el fortalecimiento de la carrera judicial y un mayor presupuesto para el sistema de justicia. «No es posible que el poder judicial reciba menos del 1% del presupuesto nacional. Sin recursos, no hay justicia», enfatiza.

Además, el expresidente señala que la corrupción es otro de los grandes males del sistema judicial. «Hay jueces y fiscales que responden a intereses políticos o económicos, lo que erosiona la credibilidad del sistema», afirma. La implementación de mecanismos de transparencia y control ciudadano es fundamental para revertir esta situación.

«Si no enfrentamos con seriedad la crisis del sistema judicial, la democracia boliviana seguirá en riesgo. No podemos permitir que la justicia continúe siendo un instrumento de manipulación política», asevera Rodríguez Veltzé.

Hiperpresidencialismo y descentralización fallida

El modelo de gobierno en Bolivia mantiene una concentración excesiva de poder en el presidente. «El hiperpresidencialismo ha sido una constante en nuestra historia y debe ser revisado», sostiene Rodríguez Veltzé. A pesar de la introducción del modelo autonómico en 2009, en la práctica las gobernaciones y municipios siguen dependiendo del poder central.

Uno de los principales problemas es la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno. «Los municipios y gobernaciones no cuentan con autonomía real porque siguen dependiendo de las decisiones del Ejecutivo central, especialmente en términos de financiamiento», explica el exmandatario. Esto ha generado una burocracia ineficiente que retrasa la implementación de políticas públicas y deja sin solución problemas críticos como el acceso a salud y educación.

Además, el centralismo impide que las regiones tengan un rol más activo en el diseño de políticas de desarrollo. «En países con sistemas descentralizados efectivos, las regiones tienen mayor capacidad de decisión y gestión sobre sus recursos. En Bolivia, esto aún no sucede», advierte.

Otro aspecto preocupante es la falta de voluntad política para fortalecer la descentralización. «Aunque se han creado normas para otorgar mayor autonomía a las regiones, en la práctica no se han aplicado plenamente», señala. Esto ha generado conflictos entre los distintos niveles de gobierno y ha profundizado la percepción de ineficacia estatal.

Para solucionar este problema, Rodríguez Veltzé propone una revisión exhaustiva del sistema de gobernanza. «Necesitamos mecanismos que garanticen una distribución más equitativa del poder y los recursos, además de mejorar la coordinación entre el gobierno central y las entidades subnacionales», puntualiza. Sin estos cambios, considera, Bolivia seguirá atrapada en un modelo de administración que no responde a las necesidades de la población.

Lo plurinacional y la república

El modelo plurinacional de Bolivia, consagrado en la Constitución de 2009, ha sido objeto de intensos debates. Mientras algunos lo consideran un avance en la inclusión de los pueblos indígenas, otros argumentan que ha generado divisiones y conflictos de identidad nacional. Rodríguez Veltzé señala que «Bolivia sigue siendo una república, aunque ha adoptado un enfoque plurinacional que busca reconocer la diversidad étnica y cultural del país».

Sin embargo, en la práctica, la convivencia entre lo republicano y lo plurinacional ha estado marcada por tensiones. «Existen contradicciones en la aplicación del modelo plurinacional, especialmente en lo que respecta a la justicia indígena y la administración de territorios autónomos», observa. Estas diferencias han generado conflictos entre comunidades, autoridades locales y el gobierno central.

Otro punto de debate es el uso del concepto de plurinacionalidad como un instrumento político. «Hay sectores que han instrumentalizado la plurinacionalidad para consolidar poder, en lugar de fomentar una convivencia armónica entre los distintos sectores de la sociedad», sostiene Rodríguez Veltzé. Esta percepción ha llevado a que algunos sectores propongan un retorno a la idea de una república tradicional.

A pesar de estas tensiones, el expresidente considera que el modelo plurinacional ofrece oportunidades para fortalecer la democracia. «La clave está en encontrar mecanismos que permitan la coexistencia de diferentes sistemas de gobierno y justicia, sin que uno prime sobre el otro», afirma. Para ello, propone ajustes constitucionales que clarifiquen las competencias y responsabilidades de cada nivel de gobierno, evitando superposiciones y conflictos de autoridad.

Rodríguez Veltzé subraya la necesidad de promover un diálogo nacional sobre el futuro del modelo plurinacional. «Es fundamental que esta discusión no se convierta en un campo de batalla ideológico, sino en una oportunidad para mejorar la estructura del Estado y garantizar derechos para todos los ciudadanos», concluye.

Ajustes constitucionales

Rodríguez Veltzé considera que Bolivia necesita reformas constitucionales en aspectos clave. «No se trata de llamar de inmediato a una nueva asamblea constituyente, sino de abrir un debate serio sobre ajustes puntuales», aclara. Entre las reformas prioritarias, menciona los siguientes.

Reforma del sistema judicial: Eliminación de la elección popular de magistrados y establecimiento de un mecanismo de selección basado en méritos.

Clarificación del régimen de reelección: Definir con claridad los límites a la reelección presidencial para evitar interpretaciones arbitrarias.

Revisión del modelo autonómico: Diseñar mecanismos de coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno.

Reducción del hiperpresidencialismo: Transferir competencias a otras instancias del Estado para evitar la concentración excesiva de poder.

«No podemos seguir ignorando las crisis que nos afectan. Bolivia necesita cambios estructurales que fortalezcan su democracia y garanticen el bienestar de sus ciudadanos», concluye Rodríguez Veltzé.

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Cochabamba / 1 de febrero de 2025 / 20:48

Esta segunda entrega tardó un poco porque había que esperar la llegada a la presidencia de Donald Trump. Estaba cantado que Trump, a su arribo a la Casa Blanca, habría de patear el tablero de la política internacional y, como advertimos en la anterior entrega (1), la mano venía pesada. Lo que nadie sospechó es que llegaba con muchas más cartas que las tantas ofrecidas en la campaña y que despacharía decenas de órdenes ejecutivas desde el primer día (300 en los primeros 10).

Esto es lo que amerita el subtítulo, porque el muy venido a menos imperio norteamericano -a 80 años de la Segunda Guerra Mundial, de donde emergió dueño del mundo- está agotado, desindustrializado, a punto de perder la carrera tecnológica y, sobre todo, que la desdolarización de la economía mundial acabe con su poder absoluto. La crisis de la hegemonía norteamericana se forjó en los últimos 25 años como consecuencia de entender la geopolítica como el control de las zonas estratégicas mediante las guerras, sin medir los multimillonarios gastos que ahora tienen a su economía quebrada o los desastrosos resultados finales de las aventuras bélicas. El resto de la debacle viene con la reacción de los archienemigos, Rusia y China, que, obligados a unirse por la errática política norteamericana y la guerra en Ucrania, contraatacan globalmente desde la economía, la tecnología y el desarrollo de un mundo multipolar.

Imperio

El resultado de las nostalgias imperiales -el imperio contraataca- es este arranque frenético y por tantos frentes del nuevo gobierno Trump que, empezando por las cuestiones domésticas, la inmigración ilegal, las zonas o territorios ajenos que quiere bajo su dominio o la nominación de los mares (Golfo de México), ha puesto a medio planeta en apronte. Arrancó por la pieza más fácil y a la mano: la eliminación de cualquier repartición de gobierno que tuviera que ver con equidad, inclusión y diversidad, borrando cualquier rastro institucional relacionado con los derechos civiles de las diversidades («la ideología de género») y que exprese esa cultura «woke», sinónimo de izquierda y progresismo. Paradójicamente, la cultura política norteamericana que rehízo la convivencia norteamericana a partir de la lucha por los derechos civiles -el «I have a dream» de Martin Luther King- desde los años cincuenta del siglo pasado, con enormes logros frente al lastre colonial del racismo, la discriminación, etc.

Pero esta introducción solo fue la diana. Las acciones implacables desatan la cacería de los inmigrantes ilegales -especialmente mexicanos, colombianos, guatemaltecos, salvadoreños, brasileños, etc.- en varios estados y que, orientada a su barra supremacista blanca, produce un enorme eco mediático, alimenta el ego presidencial y busca mostrar fuerza y determinación. A los inmigrantes se los atrapa como a delincuentes en redadas, se los lleva esposados de pies y manos y son subidos a los aviones con la cabeza gacha para ser deportados a sus países de origen. El país que rechaza la recepción de los deportados -caso Colombia, el pasado domingo- es inmediatamente amenazado con la subida del 25% en los aranceles a las exportaciones. En paralelo, porque no hay tiempo que perder, sigue en pie la cuestión del Canal de Panamá, aunque algo bajaron los decibeles y el secretario de Estado empieza, luego de décadas, su primer periplo internacional por Panamá y Centroamérica. Trump, ante un requerimiento periodístico sobre cómo recuperar la administración del Canal, dijo sin dejar margen de duda que no excluía ninguna vía: podía negociarse, comprarse o, finalmente, invadir militarmente el Istmo. El único país del grupo de los «elegidos» que tiene un paréntesis en las amenazas es Venezuela. El gobierno norteamericano ha enviado a un delegado especial para conversar sobre la repatriación de inmigrantes venezolanos -cerca de 600 mil personas con un estatus de protección temporal establecido por el gobierno de Biden y que el nuevo gobierno ha derogado- y otros temas como el petrolero. Visita ante la cual el presidente Maduro respondió que está de acuerdo con una agenda abierta. Este hecho descolocó a los comentaristas comedidos, pero explica por qué Edmundo González, el autoproclamado presidente, no fue recibido en Mar-a-Lago, como tantos otros.

Hostilidades

En este revuelto escenario hemisférico, pero todavía en el continente y, en específico, Norteamérica, los tres países del subcontinente -Estados Unidos, Canadá y México- tienen en puertas una confrontación a tres bandas, un tratado de libre comercio de por medio y fecha para el inicio de hostilidades (1° de febrero). La disputa combina el déficit comercial estadounidense (unos 200 mil millones de dólares, sobre todo con México) con la problemática de las dos fronteras por las que ingresan a Estados Unidos inmigrantes ilegales y el feroz fentanilo. El arma arrojadiza son los aranceles que, para empezar (así lo dijo Trump), suben a partir de febrero al 25% para las exportaciones de Canadá y México. En el trasfondo está la sombra y las factorías de China -el gran enemigo y el país de los Yodas-, tanto porque sus corporaciones producen en México los vehículos y las partes que luego se exportan al vecino, como porque se le acusa de ser el origen del fentanilo.

Al otro lado del Atlántico, también se agitan las aguas. La presión sobre Dinamarca para que ceda, venda o lo que sea la isla de Groenlandia y quede bajo control norteamericano se acrecienta. La trascendencia del asunto es que se trata de la isla más grande del planeta y que, consecuencia del cambio climático, prontamente se convertirá en paso marítimo de un ágil comercio transhemisférico entre Eurasia -esencialmente China y Rusia- y Occidente. Tres razones alega el gobierno norteamericano para hacer esta exigencia, al margen del derecho internacional: (1) La seguridad de Estados Unidos, porque en caso de un enfrentamiento militar mundial, la isla tiene un enorme valor estratégico; de hecho, desde la Segunda Guerra Mundial hay en la isla una base aérea norteamericana. El segundo argumento, menos defensivo y más colonial: la enorme riqueza de minerales que contiene la isla, especialmente de tierras raras. Y finalmente, que los cerca de 57 mil habitantes indígenas inuit de la isla estarían de acuerdo en ser parte de la Unión.

Acción y reacción

Es una cuestión física: a una acción sigue una reacción y, mientras más fuerte sea la primera, es posible que la segunda sea todavía mayor. Esto es lo que el gobierno de Trump empieza a recoger copiosamente y que, en algunos casos, surjan algunas fuera de cualquier previsión. En lo doméstico, lo primero es que el enorme movimiento pro-diversidades, equidad, inclusión y defensa de los migrantes se organiza para defenderse y, de hecho, ha logrado la suspensión judicial de una orden ejecutiva que, saltándose la Constitución, busca negar el derecho a la nacionalidad de los hijos de migrantes nacidos en Estados Unidos. Fuera de cualquier cálculo, dos gobernadores entran de lleno en la defensa de la convivencia intercultural y los migrantes. El gobernador de Virginia llegó a pedir, en una alocución pública, a los supremacistas blancos que abandonen el estado con el cual no comparten las ideas de tolerancia e inclusión: «váyanse con su odio». De forma todavía más radical, el gobernador de California, el estado más grande y rico de la Unión, ha amenazado con independizarse si acaso persiste la política antimigrante. La presidenta mexicana Sheinbaum se ha apresurado a manifestar su complacencia por el retorno de California a México. Pero lo más extraordinario y contundente parece ser el boicot de los millones de inmigrantes latinos -«si no nos respetan, no les damos nuestro dinero»- que han dejado de comprar en las grandes cadenas como Walmart, Target, Starbucks -que apoyaron la campaña de Trump- y de realizar los trabajos en los cuales son la única mano de obra disponible. La convocatoria es para el Paro migrante, este 3 de febrero: «No compramos, no trabajamos». Millones (se dice más de 65) de latinos no mandarán sus hijos a las escuelas, no comprarán en las cadenas (sí en los pequeños negocios comunitarios), no verán televisión y no concurrirán a sus trabajos. En fin, golpearán donde más duele, la economía.

En la respuesta a las deportaciones directas e indignas, destaca la del presidente colombiano, Gustavo Petro, que fue contundente: «de esta forma y en esas condiciones no recibimos a nuestros connacionales», y los aviones gringos no pudieron aterrizar en Bogotá. Luego se negoció diplomáticamente y el gobierno norteamericano debió tragarse sus aranceles, las suspensiones en la extensión de visas, etc. Por su parte, el gobierno colombiano está invitando a retornar a sus connacionales indocumentados lo antes posible. También se hizo evidente la firme posición de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, que se puso al frente y, en rechazo a las deportaciones, amenaza con el cierre de la base militar norteamericana estacionada por décadas y por la cual no se paga un dólar por alquiler o cualquier otro concepto. Venezuela, todavía al margen, negocia sobre la base de los intereses de las transnacionales petroleras que tienen refinerías en Texas para procesar el pesado crudo venezolano. Otros países, los pequeños centroamericanos, acostumbrados al dictamen imperial, reciben callados a sus connacionales.

Norteamérica

En cuanto a México y Canadá, todo está por verse porque le toca mover ficha al gobierno norteamericano. Por lo pronto, vale la templanza y prudencia de la presidenta mexicana, aunque adelantó que moneda se paga con moneda. Donde los ánimos están caldeados es en Canadá, que primero reclamaban que no se los confunda con México y ahora se han puesto beligerantes -han aludido a la participación de su ejército en la Segunda Guerra Mundial- e incluso a un candidato a presidente se le ha escapado un «fuck you» dirigido al vecino sureño.

En el frente europeo, la cuestión de Groenlandia aumenta de temperatura por el claro y terminante rechazo de Dinamarca. En estos días, su Primera Ministra, en un día, pasó revista a los principales aliados: Alemania, Francia y la sede de la OTAN, Bruselas. La alicaída y genuflexa Europa ha respondido que defenderá a sus aliados y que se harán planes de defensa militar.

MAGA

Sin embargo, el mayor golpe al esquema y la propuesta «America First» o «Make America Great Again» -que representa un discurso nacionalista ultraproteccionista, nada de libertad de mercado u otras antiguallas, antiglobalista y negacionista de los derechos- vino de donde menos se esperaba. Desde la economía, pero de la vinculada a la tecnología, por lo cual se muestra mucho más devastador. Hace pocos días Trump, en la línea de las grandes inversiones, ofreció una récord de 500 mil millones en el campo de la inteligencia artificial, lo que claramente iba para las grandes tecnológicas. Bueno, al día siguiente saltó al ruedo un yoda chino, Deep Seek-V3. Un novedoso chatbot de código abierto y que costó unas monedas comparadas con lo que costó o pide Gemini, de Google, o ChatGPT. Su brutal impacto en el mercado bursátil provocó la mayor pérdida de valor de la historia de la bolsa: solo Nvidia perdió unos 600 mil millones, sin contar a Microsoft o Meta.

Para no perder el hilo de la saga, ¿qué tiene esto que acabamos de leer con la democracia? Nada, este es el punto, esta es la mala hora. La civilización ha puesto en cuestión su modo de reproducción y la economía se convierte en el campo de la principal disputa política. Nos toca reinventar otro mundo más humano, más consustanciado con la naturaleza y la suerte del planeta y, definitivamente, urgido de buscar otros referentes culturales y lenguajes que no tengan de referencia al oro, al dólar, a cualquier moneda y a los bancos. Salud.

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Libro: Al-azar y la FES presentan ‘Bolivia para principiantes’

La FES Bolivia acaba de publicar una exquisita recopilación de los mejores dibujos de Al-azar.

Por José Luis Exeni Rodríguez

La Paz / 1 de febrero de 2025 / 20:33

El libro Bolivia para principiantes es una feliz iniciativa editorial de la Fundación Friedrich Ebert (FES Bolivia) en sociedad con La Razón. Se trata de la más amplia compilación de dibujos del apreciado y reconocido artista boliviano Alejandro Salazar (Al-azar). Es una suerte de compendio de «puesta al día», pues recoge el trabajo más selecto del autor elaborado en el lustro 2020-2024, esto es, durante el actual período de gobierno. Los dibujos fueron publicados en las secciones «Documentos desclasificados» (páginas editoriales) y «Galería de anormalidades» (suplemento Animal Político) de este diario, y es muy grato reunirlos y (re)presentarlos ahora, en clave de grato atentado, en un solo volumen.

Once secciones en el libro, once

La selección y presentación de los dibujos de Al-azar en el libro siguen un criterio temático: se identificaron once áreas y en cada una de ellas se agrupan, según gustos compartidos, los mejores dibujos de Alejandro. El resultado, lo comprobará usted, es una fiesta.

¿Qué encontrarán las y los lectores/observadores en Bolivia para principiantes? Las once secciones que componen el libro son las siguientes:

Órganos: exhibe la crisis de la administración de (in)justicia en el país, en diálogo con facetas del TCP, la ALP y el TSE.
Implosión: muestra la ruptura interna en el MAS-IPSP, personalizada en sus facciones/caudillos Evo y Lucho.
Oposiciones: expone los andares fragmentados de la oposición política con repetitiva-malograda bandera de unidad.
Crisis: retrata la inestable situación económica del país, especialmente en relación con cuestiones como la escasez de divisas y de combustibles.
Ciudades: juega con la polémica asociada al último Censo de Población, sazonándola con viñetas de La Paz y de Santa Cruz.
Confesiones: pone en evidencia el desempeño de dos actores fácticos en Bolivia: los obispos y los militares.
Comicios: refleja los procesos electorales realizados en el país desde los fallidos comicios de 2019 hasta las elecciones (per)judiciales de 2024.
Polarización: muestra diferentes rostros de la persistente ruptura producida en Bolivia tras la coyuntura crítica de 2019, con prolongadas expresiones de conflictividad.
Periodistas: aborda uno de los gremios favoritos del autor: los medios de comunicación y sus operadores «independientes».
Modelo: expone una serie de imágenes en torno al cada vez más cuestionado modelo de desarrollo y algunas de sus secuelas (como los incendios forestales).
Globalización: partiendo del covid-19, retrata algunas cuestiones del ámbito internacional, especialmente de países y gobiernos de la región.

Líneas filosas que cortan

Como se podrá comprobar en el libro, la obra de Al-azar es abundante y deliciosa. Pero sobre todo es crítica. Desde la caricatura política, interpela todos los (des)órdenes: del poder, del Estado, la economía, la política, la sociedad, las culturas. Nada queda en pie ante su ácida lectura de la realidad. De eso se trata. Sus dibujos son como líneas filosas que cortan de un modo inteligente y sutil. El humor puede ser una herramienta poderosa, pues una lectura lúcida de la realidad pasa también por un ejercicio de desacralización y es esencialmente subversiva. Y la ironía, como se demuestra en la compilación, nutre bien el debate colectivo.

Queda como invitación esta provocación visual llamada Bolivia para principiantes (con la mordacidad de Alejandro, estuvimos tentados de titularla «Estamos saliendo adelante»). Son 200 dibujos (201 con la ilustración original de la portada, la compilación más amplia de Salazar publicada hasta el momento). Nuestro anhelo es que las viñetas políticas del artista alienten la conversación pública en democracia y abonen el balance crítico sobre estos agitados cinco años que concluyen.

Tenemos la seguridad de que este libro-regalo, libre de solemnidad, sin censura, provocará sonrisas, pero también incomodidad y, ojalá, indignación.

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La Paz / 1 de febrero de 2025 / 20:18

Bolivia celebra este 6 de agosto de 2025 su Bicentenario, un hito que invita a reflexionar sobre los procesos históricos, sociales y políticos que han definido su evolución como nación. A lo largo de estos dos siglos, la historia constitucional del país ha sido un reflejo de las transformaciones profundas que han marcado su rumbo. Desde los primeros intentos de consolidación republicana hasta la configuración de un Estado Plurinacional, las reformas constitucionales han jugado un papel crucial en la reconfiguración del ejercicio del poder, la estructura estatal y la relación entre el Estado y los ciudadanos.

A continuación, se analizan los principales cambios constitucionales ocurridos en Bolivia desde 1825 hasta el presente, evaluando su impacto en la estructura del Estado y resaltando los momentos críticos que reflejan las aspiraciones y desafíos del país.

Las primeras Constituciones

Tras la independencia en 1825, Bolivia enfrentó el desafío de establecer un Estado republicano. La Constitución de 1826, la primera en la historia del país, adoptó un modelo centralista inspirado en las repúblicas latinoamericanas recién independizadas. Este texto, redactado en un contexto de tensiones internas y amenazas externas, consolidó un Estado unitario con un papel destacado para las regiones. Aunque los derechos humanos no fueron una prioridad explícita, se reconocieron algunas libertades fundamentales como la igualdad ante la ley, aunque de manera limitada.

Las reformas constitucionales de 1831 y 1839 intentaron abordar los problemas internos, pero perpetuaron un clima de inestabilidad. La lucha entre caudillos regionales y facciones políticas evidenció la dificultad de alcanzar un consenso sobre el tipo de organización estatal y la protección efectiva de los derechos fundamentales.

El Centralismo en el Siglo XIX

Durante el siglo XIX, las constituciones de 1839, 1843 y 1861 profundizaron el centralismo como principio fundamental. La influencia de los liberales predominó en la configuración del Estado, otorgando un poder considerable al gobierno central en desmedro de los gobiernos regionales. En términos de derechos, se avanzó tímidamente en el reconocimiento de garantías individuales como la libertad de expresión y de culto, pero estas permanecieron sujetas a restricciones y dependientes de la estabilidad política del momento.

A pesar de los desafíos, Bolivia logró mantener su unidad territorial, pero la protección de los derechos fundamentales continuó siendo un tema secundario frente a las prioridades de consolidación del poder estatal.

La Revolución de 1952 y la Reforma Constitucional de 1961

La Revolución Nacional de 1952 transformó la estructura social y económica de Bolivia, marcando el inicio de una nueva etapa política. La Constitución de 1961, influida por este proceso, incorporó derechos laborales, reformas agrarias y la nacionalización de recursos naturales como principios fundamentales. Este texto también amplió la noción de derechos humanos al incluir garantías relacionadas con la justicia social, como el derecho al trabajo y a la educación.

Sin embargo, aunque el Estado adoptó un enfoque más social y democrático, la estabilidad política a largo plazo no se alcanzó debido a crisis recurrentes y golpes militares que afectaron el ejercicio pleno de estos derechos.

La Constitución de 1967

En 1967, Bolivia promulgó una nueva constitución que buscaba consolidar un modelo democrático más estable tras los constantes cambios de gobierno. Este texto constitucional fortaleció las instituciones estatales y sentó las bases para una mayor modernización del país. En el ámbito de los derechos fundamentales, se consagraron con mayor claridad las libertades individuales, como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de prensa, al tiempo que se reafirmaron los derechos sociales introducidos en 1961.

Aunque no fue tan transformadora como la de 2009, la Constitución de 1967 marcó un avance importante en el reconocimiento de derechos humanos, adaptando el marco legal a las necesidades de una nación en constante cambio.

La Constitución de 1994

En 1994, Bolivia realizó una de sus reformas más significativas al modificar la Constitución de 1961. Este cambio reconoció la diversidad étnica y cultural del país, promoviendo la descentralización y otorgando mayor autonomía a los gobiernos locales y departamentales. Asimismo, se avanzó en el reconocimiento de derechos colectivos, especialmente para las comunidades indígenas, lo que representó un hito en la protección de los derechos humanos en el país.

Aunque este paso representó un avance hacia la democratización, su implementación fue desigual, lo que generó tensiones persistentes entre el centralismo y las demandas de autonomía. Los derechos fundamentales empezaron a tener un enfoque más inclusivo, pero las brechas sociales evidenciaron los desafíos pendientes.

2009 y lo plurinacional

La promulgación de la Constitución de 2009 marcó un punto de inflexión en la historia de Bolivia. Este texto estableció un Estado que reconoció formalmente la diversidad étnica, cultural y lingüística del país, además de incluir un modelo de autonomía indígena. En cuanto a derechos humanos, la Constitución de 2009 fue notable por incorporar un catálogo extenso de derechos fundamentales, incluyendo los derechos colectivos, ambientales y de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos.

La plurinacionalidad reconfiguró la visión tradicional del Estado, impulsando la inclusión de comunidades históricamente excluidas y promoviendo un enfoque estatal más participativo. No obstante, la implementación de esta constitución enfrentó desafíos significativos, particularmente en la redistribución del poder entre el gobierno central y las regiones.

Cambios constitucionales y estructura del Estado

A lo largo de 200 años, las reformas constitucionales en Bolivia han tenido un impacto profundo en la estructura del Estado. La transición de un modelo unitario y centralizado hacia un Estado Plurinacional ha reflejado las demandas de sectores históricamente marginados. La Constitución de 2009 representó un hito en la democratización del país y en la ampliación de derechos fundamentales, pero también evidenció los desafíos inherentes a la implementación de un modelo inclusivo y equitativo.

El impacto de estas reformas es innegable: mayor inclusión social, reconocimiento de la diversidad cultural y avances en autonomía, sin embargo en el desarrollo legislativo el Estado sigue siendo centralista y materialmente se ha limitado este aspecto. No obstante, también han surgido retos relacionados con la gobernabilidad y la cohesión nacional. La plurinacionalidad, plantea interrogantes sobre cómo conciliar las diferentes visiones del Estado. En lo referente a la forma de elección de autoridades judiciales, en la práctica es un fracaso.

¿Un nuevo momento constituyente?

El concepto de «momento constituyente» se refiere a un periodo en el que una sociedad reconfigura su orden político, social o jurídico. En el contexto actual, Bolivia podría estar acercándose a un nuevo momento constituyente. Las tensiones sociales, políticas y culturales sugieren la necesidad de un diálogo nacional que permita revisar el marco constitucional vigente y adecuarlo a las nuevas realidades y aspiraciones de la sociedad boliviana.

A medida que Bolivia celebra su Bicentenario, la reflexión sobre su historia constitucional y su futuro se torna imprescindible. ¿Es el momento de cambios en la Constitución? ¿Cuál será el camino a seguir? Estas preguntas abren la puerta a un debate necesario sobre el futuro del Estado boliviano y su capacidad para responder a los desafíos del siglo XXI.

Conclusión

En 200 años de historia constitucional, Bolivia ha atravesado transformaciones profundas que han moldeado su estructura estatal. Desde un modelo centralista hasta la configuración de un Estado Plurinacional, las reformas constitucionales han reflejado las demandas y luchas de los diversos sectores del país. Sin embargo, los desafíos de inclusión, autonomía y gobernabilidad persisten, dejando abierta la posibilidad de un nuevo momento constituyente que permita construir un futuro más equitativo, inclusivo y respetuoso de la diversidad. El Bicentenario es una oportunidad para mirar al pasado y proyectar un porvenir que honre la riqueza cultural y social de Bolivia.

*Hugo Ramiro Sánchez Morales es abogado y docente

Libro: Al-azar y la FES presentan ‘Bolivia para principiantes’

La FES Bolivia acaba de publicar una exquisita recopilación de los mejores dibujos de Al-azar.

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Elecciones 2025: entre crisis económica y malestar social

El experto en comunicación política, Manuel Mercado, analiza la situación actual de la disputa política en Bolivia.

Por Pablo Deheza

Santa Cruz / 25 de enero de 2025 / 18:40

Las tan anticipadas elecciones presidenciales de 2025 en Bolivia finalmente se acercan. Nuevamente los actores afilan sus discursos y se preparan, una vez más, para la madre de todas las batallas. Esta vez el panorama luce, en general, desmejorado: la crisis económica, la falta de combustible y de dólares han pasado factura. La ciudadanía está cansada de los discursos de los políticos que no les ayuda a llegar a fin de mes; peor aún si hablan para amenazar con paros y bloqueos.

A medida que se acercan los plazos críticos, como el registro de alianzas en febrero y la contienda electoral en agosto, el panorama político refleja tensiones entre actores tradicionales y emergentes, así como un creciente malestar social. Este proceso electoral no solo marcará el futuro inmediato del país, sino que también podría redefinir las bases del sistema político boliviano.

La relevancia de estos comicios radica en lo que está en juego: si el país podrá resolver las profundas divisiones políticas, sociales, regionales y raciales que existen desde la colonia o si permanecerá hundido en sus contradicciones. Además, en un contexto global de cambios geopolíticos y económicos, Bolivia enfrenta el reto de encontrar un liderazgo que conecte con las demandas sociales y reinterprete los logros del pasado en función de las necesidades presentes.

Para entender este complejo escenario, conversamos con Manuel Mercado, experto en comunicación política y analista del campo político boliviano. Mercado aporta una visión crítica y profunda sobre el presente y el futuro del país, destacando las dinámicas del descontento social, el rol de las fuerzas tradicionales y la emergencia de corrientes antisistémicas.

El presente y su relación con las elecciones de 2019 y 2020

Según Manuel Mercado, “el 2025 nos encuentra en una situación similar a la de 2019, pero con una diferencia crucial: ahora la población no solo está cansada de Evo Morales, sino también profundamente decepcionada con el Movimiento al Socialismo (MAS) y otros liderazgos tradicionales”. Esta afirmación subraya un desencanto generalizado con el sistema político en su conjunto.

En 2019, el MAS enfrentó una crisis de legitimidad provocada por la repostulación de Evo Morales, ignorando los resultados del referéndum del 21F de 2016. Este hecho generó un malestar que culminó en una convulsión social tras las elecciones presidenciales de ese año. La renuncia de Morales, seguida por un gobierno interino liderado por Jeanine Áñez, exacerbó las tensiones y dejó al país profundamente dividido.

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Crisis y malestar en Bolivia

En contraste, las elecciones de 2020 representaron una oportunidad para el MAS de recuperar el poder con Luis Arce como candidato presidencial. Con un 55% de los votos, el partido logró consolidarse nuevamente, aunque esta victoria fue interpretada más como un rechazo al gobierno interino que como un apoyo entusiasta a su plataforma. “Fue una recuperación coyuntural, no una renovación del proyecto político”, señala Mercado. Este triunfo no resolvió las fracturas internas del MAS ni su desconexión con sectores urbanos y periurbanos.

Al presente, se evidencia que las condiciones de 2019 y 2020 han evolucionado hacia un mayor desgaste de los actores tradicionales. La pugna interna en el MAS entre las facciones lideradas por Arce y Morales, sumada a la incapacidad de la oposición para articular un proyecto inclusivo, refuerza el desencanto ciudadano. En palabras de Mercado, “la población se encuentra ahora sin un refugio claro, ni en el MAS ni en los bloques conservadores, lo que abre el espacio para alternativas emergentes”.

El largo impacto de las elecciones de 2020

El año 2020 fue un punto de inflexión crítico en la política boliviana, marcando tanto el colapso de un modelo interino como la reconfiguración de las fuerzas políticas tradicionales. Según Manuel Mercado, “el gobierno de Jeanine Áñez fracasó estrepitosamente en todos los frentes: corrupción, respeto a la democracia y gestión pública”. Este periodo estuvo caracterizado por escándalos como la compra irregular de respiradores y una creciente desconfianza ciudadana hacia la administración transitoria.

La incapacidad del gobierno interino para cumplir sus promesas de transición democrática y eficiencia administrativa dejó un legado de descontento que impactó directamente en las elecciones generales de 2020. En estas, el MAS logró recuperar el poder con una sólida mayoría, capitalizando el rechazo al gobierno de Áñez. Sin embargo, como señala Mercado, “este retorno fue más una reacción frente a la decepción con el interinato que un respaldo renovado al proyecto político del MAS”.

El resultado de 2020 también expuso las fracturas internas del MAS y su creciente desconexión con sectores clave como las clases medias urbanas y periurbanas. A pesar de ganar la presidencia, la administración de Luis Arce no ha logrado cohesionar al partido ni articular una visión renovada que responda a las demandas sociales contemporáneas. “El MAS sigue atrapado en disputas internas, lo que refuerza la percepción de que no ha aprendido de las crisis previas”, afirma Mercado.

Por otro lado, la oposición tradicional también sufrió un revés significativo en 2020, al no lograr presentar una alternativa al oficialismo desde el ejercicio del poder. Figuras clave como Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa quedaron marcadas por su participación o respaldo al gobierno interino, lo que limitó su capacidad de conectar con el electorado. En palabras de Mercado, “el fracaso del gobierno de Áñez debería ser un recordatorio constante de los errores de la oposición, aunque muchos hoy prefieran ignorarlo”.

En la actualidad, los efectos de 2020 aún resuenan en el escenario político boliviano. La combinación de un MAS desgastado y una oposición fragmentada ha dejado un vacío que, según Mercado, “abre la puerta a la emergencia de liderazgos antisistémicos o alternativas que trasciendan los esquemas tradicionales”. Este contexto plantea un desafío significativo para todos los actores políticos de cara a las elecciones de 2025.

Trayectorias de los actores políticos tradicionales

En el panorama político boliviano actual, las trayectorias de los actores políticos tradicionales están marcadas por el desgaste y la falta de renovación, una situación que Manuel Mercado califica como “un problema estructural que afecta tanto al MAS como a la oposición conservadora”. Según Mercado, “el MAS no ha podido salir del ensimismamiento que lo caracteriza desde 2016, cuando comenzó a alejarse de las clases medias urbanas y periurbanas, sectores clave en sus victorias pasadas”. Este alejamiento ha sido agravado por la pugna interna fratricida, que no solo debilita al partido, sino que también refuerza la percepción de desconexión con las demandas ciudadanas.

Por su parte, la oposición conservadora tampoco ha logrado consolidarse como una alternativa viable. Figuras como Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y Luis Fernando Camacho han mantenido un discurso centrado en el antimasismo, sin ofrecer propuestas concretas que respondan a las necesidades actuales del país. “La oposición está atrapada en una lógica de rechazo al MAS, pero carece de una visión de país que movilice a la ciudadanía más allá de sus bases tradicionales”, precisa Mercado.

Un aspecto relevante que destaca Mercado es la falta de renovación generacional en ambos bloques políticos. “Tanto el MAS como la oposición conservadora están dominados por liderazgos que datan de las décadas de 1990 y 2000, lo que genera un divorcio con una generación de jóvenes que han crecido en una Bolivia diferente, marcada por la tecnología, la globalización y nuevos valores sociales”. Esta desconexión, según el analista, representa un obstáculo significativo para la legitimidad de los actores tradicionales.

Mercado señala que “el espacio político está cada vez más abierto a figuras que desafíen el status quo, ya sea desde una postura radicalmente antisistémica como Chi Hyun Chung o desde propuestas más moderadas pero disruptivas como las que podría representar Manfred Reyes Villa”.

En este contexto, el reto para los actores tradicionales es doble: renovarse y conectar con las demandas de una sociedad en transformación, o enfrentarse a un creciente rechazo que podría traducirse en su irrelevancia política. “El sistema político boliviano está en una encrucijada: o se reinventa, o será desplazado por fuerzas nuevas que canalicen el descontento ciudadano”, concluye Mercado.

Malestar y emergencias antisistémicas

El descontento ciudadano en Bolivia se ha convertido en una fuerza transformadora en el panorama político, abriendo espacio para el surgimiento de liderazgos antisistémicos que desafían a los actores tradicionales. Según Manuel Mercado, “el crecimiento del descontento no es homogéneo, pero sí significativo, y refleja una frustración acumulada con los partidos tradicionales que han dominado la política en las últimas décadas”. Este descontento es alimentado por una combinación de factores, como la corrupción, el estancamiento económico y la incapacidad de los líderes actuales para responder a las necesidades de una sociedad cambiante.

Entre las figuras emergentes que capitalizan este descontento destaca Chi Hyun Chung, quien busca consolidarse como un símbolo del rechazo al sistema político establecido. “Chi representa una mezcla de indignación antisistémica y una retórica que conecta con sectores desencantados tanto del MAS como de la oposición conservadora”, explica Mercado. Su discurso radical y directo resuena especialmente entre los jóvenes, quienes buscan una alternativa fuera de los esquemas tradicionales. Sin embargo, Mercado advierte que “el apoyo a Chi no necesariamente implica una aprobación total de sus propuestas, sino más bien una expresión de frustración y deseo de cambio”.

Otra figura que ha ganado relevancia en este contexto es Manfred Reyes Villa, quien adopta un enfoque más moderado, pero igualmente crítico del sistema actual. A diferencia de Chi, Reyes Villa busca posicionarse como una opción capaz de tender puentes entre los diferentes sectores del país. Según Mercado, “Manfred representa una alternativa para quienes desean un cambio sin renunciar a la estabilidad, lo que lo convierte en un actor clave en el escenario político actual”.

El surgimiento de estas figuras pone de manifiesto una tendencia global hacia el rechazo de las élites políticas tradicionales. “Bolivia no es una excepción en este fenómeno; el descontento es un reflejo de una crisis más amplia de representación política que afecta a muchos países”, señala Mercado. Este contexto plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema político boliviano para adaptarse a estas nuevas dinámicas y canalizar el descontento de manera constructiva.

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Desafíos por todas partes

En última instancia, el desafío para las corrientes antisistémicas será demostrar que pueden trascender el papel de oposición y articular propuestas concretas que respondan a las necesidades de la ciudadanía. Como concluye Mercado, “el descontento es un motor poderoso, pero para generar un cambio real, debe transformarse en una visión política que inspire confianza y movilice a la sociedad hacia un futuro compartido”.

Avanzando hacia las elecciones, Mercado identifica tres retos clave para el sistema político boliviano: garantizar elecciones libres y transparentes, promover una renovación generacional y generar alternativas políticas que conecten con las demandas sociales. “El sistema político actual está actuando como un tapón ante una sociedad que clama por renovación”, afirma.

En última instancia, la renovación podría venir de la sociedad misma, con expresiones antisistémicas o nuevas presiones sobre el sistema político. “El proceso de cambio no empieza ni termina con el MAS. Es un hecho social e histórico que trasciende a los partidos y requiere de una respuesta a la altura de los retos actuales”, concluye Mercado.