Amnesia plurinacional
Tensión entre medios y gobierno
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Yo soy médico, pero me imagino que una “amnesia plurinacional” debe multiplicar por al menos 36 veces la pérdida de memoria respecto de una simple “amnesia nacional”. Hago este comentario en referencia a la facilidad con que se rompen los acuerdos que han costado mucho alcanzar. La nueva Constitución Política del Estado (CPE) tuvo férrea resistencia, pero fue aprobada en un referéndum y, como en todo juego democrático, vencedores y vencidos deberían respetarla.
En el 61,43% de los ciudadanos que le dijeron sí a la Constitución debe verse reflejado el “pacto social”, machacado hasta el hartazgo durante la Asamblea Constituyente. ¿Tan pronto se podrá olvidar lo que se hizo sólo tres años atrás? No parece ser un tiempo considerable como para que los impulsores del principal cuerpo normativo del país, hoy lo desconozcan. (En todo caso, nunca es tarde para arrepentirse del espantoso preámbulo —de redacción bucólica, fulgurante de mal gusto).
Cuesta creer que un proyecto construido con el encallecimiento de los pies de miles de indígenas en su histórica marcha “Por el Territorio y la Dignidad” (1990), 20 años después sea ignorado grosera y desconsideradamente por el capricho antidemocrático de un presidente y cinco ministros (el juicio a tres medios de comunicación por la vía ordinaria y no, respetando la CPE, ante un jurado de imprenta).
El Gobierno, volviendo a la idea original, ya no busca reivindicar primordialmente los derechos de los indígenas; lograr que al fin, después de 500 años de opresión, como nos lo han hecho entender, “vivan bien”. Hace mucho que el sujeto político indígena no es más el pilar fundamental de este proceso de cambio.
Lo corroboró hace poco, en Sucre, el senador Adolfo Mendoza, durante un seminario sobre el TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure). Al ser interpelado al respecto dijo que, pese a ser —el indígena— sujeto de la construcción del Estado plurinacional, el centro de esa construcción está en la variable plural, es decir, en la construcción de un Estado que exprese lo nacional-plural. “Y lo nacional-plural (textual) no se restringe a lo indígena…”.
Amnesia plurinacional. En la Constituyente no había sujeto, actor, persona más importante que el indígena. Y lo pluri pasaba por él; nadie hablaba del “indígena junto con…”. Era su momento, ése era su momento después de “cinco siglos igual”.
Ahora que los indígenas reclaman por lo suyo fuera del paraguas del Movimiento Al Socialismo (MAS), están siendo manipulados por la derecha… ¿Alguien se acuerda del Pacto de Unidad? En 2006, sus dirigentes, con ponchos y abarcas, ocupaban la primera fila en todos los actos. Los constituyentes inflaban el pecho cuando explicaban que Evo Morales gobernaba “de abajo hacia arriba”, o sea que indígenas y organizaciones sociales mandaban a las autoridades y éstas obedecían.
Hoy, si siguen ahí, los del difunto Pacto de Unidad están en la retaguardia, muy atrás, porque los salones se encuentran repletos de políticos de clase media, de los k’aras que antes eran perseguidos en la calle por usar traje y corbata y en la actualidad ocupan la mayoría de los cargos en los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Todo, parte de la amnesia plurinacional.
En la búsqueda del poder total (“Ojalá desde diciembre de este año podamos tener realmente el poder… que el poder lo tenga el pueblo significa que tengamos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial”: Evo Morales, 18-05-2009), el Presidente caudillo y su equipo de descolonizadores ahora van por el denominado “cuarto poder”, el que supuestamente ostentaría la prensa.
(Quien tenga dudas del caudillismo de Morales puede convencerse releyendo esta otra frase célebre: “No hemos llegado a Palacio de inquilinos, ni estamos de paso. Hemos llegado a Palacio para quedarnos definitivamente, si es posible más de 500 años…”. Menos mal que a continuación aclaró: “… no he dicho que yo me voy a quedar en el Palacio”: Evo Morales, 23-05-2012).
El mismo hombre que se atrevió a emular a Evita Perón con más sencillas palabras que las empleadas por ella: “seremos millones”, en otros discursos menos poéticos ha dispuesto su florido cargamento de galimatías verbales para arremeter contra los medios de comunicación no oficiales. Hasta que algunos de sus ministros —torpemente, seremos sinceros— decidieron echar por tierra 30 años de respeto a la institucionalidad de la prensa concibiendo un juicio que, por la calidad de los argumentos, no resiste el menor análisis.
Da flojera repetir lo que otros han dicho hasta el cansancio, la evidencia de que, en última instancia, el presidente Morales estaría más próximo a los delitos atribuidos a ANF, Página Siete y El Diario (racismo y discriminación) por la descuajeringada sentencia de los flojos que sin malas intenciones podría interpretarse como una manera (antojadiza) de confrontar a altiplánicos y orientales.
Lo fundamental aquí es entender que mientras se descuida la atención a las reivindicaciones populares; mientras por un asunto inherente a la medicina se olvida de la emergencia de las clases sociales marginadas de las políticas neoliberales, el Gobierno prefiere creer que la prensa es su oposición (ni siquiera su rival, ¡su enemiga!) y como se ha acostumbrado a perseguir opositores, lógicamente, ahora persigue también a periodistas y a empresarios del rubro.
En esta coyuntura y en todas, la prensa debe mantener distancia respecto al Gobierno, lo mismo que a la oposición. Eso no significa que gobiernos y políticos en general deban considerarla su enemiga: en democracia, se espera que unos y otros sean lo suficientemente tolerantes para aceptar esta fría relación.
En cuanto al juicio y a la noticia en sí, no vale la pena hacer un análisis semántico ni deontológico; sería útil si las causas del proceso fueran inherentes a la actividad periodística, pero sabemos que no lo son. Por eso el Gobierno no acude a los tribunales de imprenta y sí, en cambio, a la infestada justicia ordinaria.
Los periodistas no son intocables. Salvo que la amnesia plurinacional haya hecho olvidar lo que la mayoría aprobó el 25 de enero de 2009, la CPE establece claramente los mecanismos por los que pueden ser procesados. Esquivar esos mecanismos urdiendo una trama malintencionada, que antepone leyes a los preceptos constitucionales, no sólo significa burlar la Carta Magna escrita con tinta azul, sino actuar al margen de la democracia, encaminar al país hacia un franco totalitarismo.