Ya con una nueva Constitución Política del Estado (CPE), Bolivia se enfrentará a un nuevo censo, el cual se halla en la etapa inicial de redacción de su boleta con auspicio del Instituto Nacional de Estadística (INE). La actual CPE establece nuevas maneras de concebir al país que podrían ser incluidas en el censo de acuerdo con su utilidad; una de ellas, la más notoria, es la celebración de lo diverso y el pluralismo, y la otra es ser un Estado laico.
En concordancia con lo primero, fue la organización Travestis, Lesbianas, Gays y Bisexuales (TLGB) la que propuso incluir en la boleta del próximo Censo de Población y Vivienda, a realizarse el 21 de noviembre, la pregunta sobre identidad y orientación sexual. En cuanto a lo segundo, fue el grupo de ateos organizado, Ateos de Bolivia, el que sugirió y consiguió que se incluyeran las opciones “ateo” y “agnóstico” en el apartado de religión, según José Gutiérrez, miembro de esta agrupación.
Es necesario recordar que la finalidad primaria de cualquier censo poblacional es brindar datos orientados a que se implementen políticas gubernamentales. La comunidad TLGB asistió a dos de las reuniones de socialización de la boletas a ser utilizadas en el proceso estadístico más importante del país.
“Participamos en dos de las reuniones convocadas por el Instituto Nacional de Estadística. La primera vez, esta institución lapidó nuestro pedido con el argumento de que no era viable incluir preguntas de este tipo debido a que el INE consideraba que la población boliviana no se encontraba preparada para cuestionarios sobre esas cosas”, cuenta la presidenta de TLGB, Ángela Fuentes.
Según dice, durante la segunda reunión, el INE contestó que el colectivo debía enviar una justificación por escrito hasta cierta fecha, que aún no ha llegado, y TLGB junto a la agrupación nacional de la que forma parte Lesbianas Gays, Transexuales y Bisexuales (LGTB),se encuentran preparando la propuesta. Aunque les informaron que será muy difícil que se añada esta pregunta, el INE les hizo conocer que sí será posible hacer esta encuesta por fuera del censo, es decir, con un estudio específico sobre el tema.
“Para la pregunta de género, las categorías fundamentales son hombre y mujer, aunque si les parece bien añadir una de identidad y orientación sexual está bien, pueden ponerlo porque no hace daño a nadie”, piensa el sacerdote y antropólogo Xabier Albó.
De acuerdo con Fuentes, lo que el colectivo que preside quiere al incluir una pregunta sobre la orientación e identidad sexual es saber qué condiciones de vida tienen las personas de las diferentes diversidades sexuales.
“También sería importante conocer cuántas personas de los pueblos indígenas se identifican con una sexualidad distinta a la heterosexual. Sin embargo, lo más importante es que puede brindar datos orientados a diseñar políticas públicas; por ejemplo, para el acceso a la salud. El caso de la comunidad de transexuales es lamentable en este tema, porque por el prejuicio y la dificultad de categorización se les dificulta la atención médica. También será útil para ver el caso de las parejas e incluir el tema del matrimonio de parejas del mismo sexo”, continúa Fuentes.
Por otro lado, a menos de tres años de ser un Estado laico, para los ateos organizados de Bolivia las cosas fueron más sencillas, pues, también asistieron a las reuniones de socialización y su pedido fue incluido rápidamente, cuenta Gutiérrez.
“Habrá una pregunta para filtrar con las opciones ateo, agnóstico o creyente. Si se responde creyente, entonces hay que especificar la religión a la que se pertenece”, añade el miembro de este grupo.
Queda preguntarse, ¿para qué puede ser útil en la planificación de las políticas de un Estado laico saber cuánta gente es de tal o cual religión o qué creencias tenga o deje de tener? Gutiérrez contesta que los datos que salgan de ahí pueden ser funcionales a la fiscalización de los aportes que hacen algunos grupos de creyentes a sus respectivas iglesias. “Por ejemplo, no se fiscaliza a los evangélicos, que cumplen con el diezmo obligatorio y son una cantidad elevada de población. Hay estratos de poder dentro de estas sectas y el censo podría dar una idea para el tema de fiscalización. Adicionalmente, los ateos podemos estar incluidos dentro de los datos preliminares”, dice Gutiérrez. Respecto a la pregunta sobre religiones, Albó señala que no le parece mal. “En una reunión organizada por el INE para examinar la boleta, ahí estaba el grupo de los ateos organizados de Bolivia, querían poner el tema de ateos y agnósticos en la boleta. Está bien que se quiera poner”.
Detalla que el último censo en el que se preguntó sobre religión fue en el de 1992. El resultado fue de un 80% de católicos, 18% de diferentes grupos de evangélicos y 2% “sin religión”; luego, en 2001 no se consultó sobre este tema. “Yo lo cuestioné porque es un dato que podría tener consecuencias educativas y en un país en el que el 98% se declaraba parte de una religión significaba que era una parte importante de la vida de los bolivianos. No se puso y fue todo un lío porque los evangélicos protestaron contra el INE y querían bloquear el censo. Al final ya no se podía poner en la boleta y se realizó una encuesta de hogares. Sucedió que los católicos habían bajado del 80 al 78%, los evangélicos habían llegado al 20% y los que decían que no tenían ninguna religión seguían siendo el 2%.
Para el sociólogo Esteban Ticona preguntar sobre esos temas “sería avanzar en la multiculturalidad” y la diversidad, pues “así se podría saber qué poblaciones tenemos y ayudar desde el Estado”.
En todo caso, incluir el tema religioso en el censo de un Estado laico puede ser resbaloso, peor cuando son los ateos quienes promueven que se consulte sobre esto. Por otro lado, es sabido que el espíritu más notorio de la CPE es el de la diversidad, por lo que no admitir que en el censo no se pregunte sobre la identidad y orientación sexual puede ser contradictorio.
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Pocas veces nos encontramos con conceptos fascinantes que refieren a realidades complejas, más concretamente a procesos complejos y difíciles de caracterizar; es decir, conceptos y definiciones que parecen desplegarse y replegarse una y otra vez, que a la vez convocan ejemplos y, a la vez, viven en los ejemplos. Uno de esos conceptos es el de constitutional moment de Bruce Ackerman, concebido para caracterizar su trilogía titulada, tanto en inglés como en su traducción al español, como We the People. Se puede traducir constitutional moment por momento constitucional o, como lo hace el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, por momento constituyente en una reciente publicación de la FES.
De acuerdo con Bruce Ackerman, la Constitución no es solo un texto dispuesto a la interpretación, sino que es una práctica histórico-política en la que se disputa el sentido de la misma. De esta manera, en el tiempo de nacimiento de una Constitución se pueden encontrar momentos especiales y extraños impulsados por una compleja soberanía popular en movimiento. No son cambios que se dan de un día para otro, sino cambios y transformaciones que ocurren en años. El punto central del concepto de constitutional moment de Ackerman radica en que distintas decisiones políticas instan transformaciones fundamentales, que logran revolucionar los acuerdos institucionales, con el consentimiento consciente de una mayoría de la población.
Como mencionamos, el concepto de momento constitucional o momento constituyente se despliega y repliega en los ejemplos; es más, decíamos que vive en los ejemplos. En consecuencia, es posible encontrar estos momentos constituyentes en la práctica histórico-política boliviana, por ejemplo, en el conjunto de acontecimientos que va del decreto de 9 de febrero de 1825 a la primera Constitución bolivariana de 1826.
El decreto de 9 de febrero de 1825 de Antonio José de Sucre convoca a una Asamblea General de diputados de las provincias del Alto Perú, además de otorgar una serie de instrucciones para la elección de diputados y la reunión de los mismos en una Asamblea General entre el 15 y el 19 de abril en la ciudad de Oruro, para sancionar un gobierno provisorio y decidir la suerte y destino de estas provincias.
Hay una paradoja constituyente en este decreto: solo es posible la unidad a partir de la representación. El hecho de elegir representantes, llámense diputados, constituía en sí una unidad a representar. Quedaba claro, en el imaginario de Sucre, que el Alto Perú era algo distinto al Perú. Este fue posiblemente el primer momento constituyente que no solo preparaba la independencia del Estado, sino que, en su formulación, en su existencia, parecía ya hacerlo, y así lo entendió el libertador Simón Bolívar, quien mediante el decreto de 16 de mayo de 1825 condiciona los resultados de esta Asamblea General a los resultados del nuevo congreso del Perú que debía realizarse en 1826. El mencionado decreto en su resolución 5º señala: «Las provincias del Alto Perú no reconocerán otro centro de autoridad, por ahora, y hasta la instalación del nuevo congreso peruano, sino la del gobierno supremo de esta república». Este decreto firmado por Bolívar es la confirmación del acto constituyente del decreto de 9 febrero de 1825 firmado por Sucre, pues se trataba de un decreto destinado a evitar la concreción del acto constituyente ya en curso, en tanto mencionaba que las provincias del Alto Perú no reconocerán otro centro de autoridad. Pese al decreto de Bolívar, la Asamblea altoperuana se reunió, no en Oruro ni en la fecha prevista, sino desde el 10 de julio de 1825 en Chuquisaca, dando inicio al proceso constituyente que se desarrolla en distintas etapas.
El 6 de agosto de 1825 se da a conocer el acta de independencia del Alto Perú, que en la parte denominada Declaración, contiene el acto de fundar –se erige, señala el acta– el Estado soberano e independiente del Alto Perú. Aún no se trata de Bolivia ni de una República. Sin embargo, el momento constituyente no culmina allí, sino que se extiende en el Decreto de 11 de agosto de 1825, primera norma estrictamente jurídica que constituye al Estado del Alto Perú en República de Bolívar y continúa con el Decreto de 13 de agosto de 1825, que otorga sustancia a la primera constitución de la república estableciendo el gobierno representativo, concentrado, general y uno para toda la república, estableciendo además la llamada división de poderes en legislativo, ejecutivo y judiciario; si atendemos a la época, podemos decir que estamos delante de una norma fundamental que divide y separa los poderes de un naciente Estado, algo que si seguimos a lo señalado por el artículo 16 de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789 es lo que hace Constitución a una Constitución: Artículo 16. Una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución.
Sin embargo, hasta aquí no se ha elaborado una Constitución escrita en lo formal, es decir, reunida en un código único y que se autodenomine «Constitución», y así parece entenderlo Bolívar, que en el reglamento para la elección de diputados para la Asamblea Constituyente de 26 de noviembre de 1825 señala que la Asamblea General del Alto Perú carecía de facultades para constituir a la decretada República boliviana, porque la representación nacional es la única que puede formar una Constitución. Fue de esta manera que llegamos a la Constitución bolivariana sancionada el 6, promulgada el 19 y publicada el 26 de noviembre de 1826. Es decir, llegamos a una Constitución escrita en lo formal, con una serie de normas reunidas en un solo cuerpo que denominamos, desde una lectura jurídica, la primera Constitución boliviana, pero con una serie de materiales (decretos, declaraciones) constitucionales necesarios para la comprensión del fenómeno constituyente boliviano.
Entendamos: las normas jurídicas son puntos de llegada, más que de partida. Es indiscutible que para la mirada de los juristas la Constitución bolivariana de 1826 deba ser reconocida como la primera Constitución boliviana, pero lo es a condición de que una Constitución formal no es más que una especie de fotografía del status quo que evoca un estado de cosas que suceden y que a la vez congela y cristaliza una situación plural, múltiple y compleja. La Constitución formal legitima una distribución particular de las relaciones de poder, no las crea, solo las retrata, pero al hacerlo las reviste de una forma que busca prorrogar en el tiempo esa imagen. Se trata de un ritual para la duración de las cosas, un ritual de establecimiento del Derecho.
Un momento constitucional o un momento constituyente muchas veces lo es solo a condición de ser reconocido en el tiempo posterior como tal. El decreto de 9 de febrero de 1825 convocaba no solo a una Asamblea de diputados, sino a una potencialidad de acontecimientos.
Un día como hoy, pero hace doscientos años, empezaba la odisea del nacimiento de Bolivia a partir de la decisión de un hombre de apenas 30 años: Antonio José de Sucre.
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Deportaciones en EEUU y situación de la comunidad boliviana
Los bolivianos radicados en Estados Unidos no son el objetivo principal de las políticas de Trump, aunque se prevé un aumento en deportaciones para 2025.
El cuadragésimo séptimo presidente de Estados Unidos de América (EEUU), Donald Trump, asumió la presidencia el martes 20 de enero de 2025, marcando de esta manera su segundo mandato, no consecutivo, al mando de la potencia norteamericana. El referido empresario y político, desde su juramento, ha implementado cambios significativos en la gestión migratoria. Durante su primera semana en el cargo, el presidente firmó 10 órdenes ejecutivas (una especie de Decretos Presidenciales/Supremos) relacionadas con inmigración, el programa de deportaciones masivas y la seguridad fronteriza, que fueron anunciados durante su campaña reiterativamente.
Las referidas órdenes han dado lugar a propuestas locales mucho más controvertidas y menos esperadas, que van desde la introducción de recompensas de $us 1.000 (mil dólares americanos 00/100) para quienes denuncien a inmigrantes indocumentados hasta la figura especial del Caza Recompensas Available Bill Text (Mississippi y Missouri), pasando por unidades estatales y locales de Inmigración (ICE estatal), medidas que han generado preocupaciones por la carga de xenofobia y aporofobia en estas propuestas legislativas. No obstante, dichos proyectos, a la fecha, no han sido aprobados todavía o ya fueron rechazados en sus jurisdicciones legislativas correspondientes.
La Orden Ejecutiva
Dentro de la primera decena de Órdenes Ejecutivas, la administración del presidente Trump ha emitido una denominada «Protegiendo a los estadounidenses de una invasión» (Protecting the American People Against Invasion), la cual es la piedra angular, que establece nuevas prioridades para la detención y deportación de individuos no documentados. Esta disposición estipula que cualquier individuo que haya ingresado al país de forma ilícita o que permanezca sin los documentos pertinentes puede ser sometido a detención, proceso judicial y deportación, lo que amplía considerablemente el alcance de las medidas de implementación de la legislación migratoria. Además, la orden instruye al Departamento de Seguridad Nacional a potenciar la capacidad de captura de inmigrantes, a través de la edificación y funcionamiento de nuevas instalaciones de detención, así como la suscripción de contratos con establecimientos de detención privados.
Cambios
Además de haber cambiado el estatus semineutro de «lugares sensibles» (escuelas, iglesias y hospitales), el presidente Trump ha dictado el cese de la práctica denominada «captura y liberación», que proporcionaba a determinados inmigrantes sin estatus definido la posibilidad de permanecer en libertad mientras aguardaban sus procesos judiciales en los tribunales de inmigración. En la actualidad, la administración tiene como objetivo detener a todos los inmigrantes en situación irregular hasta su deportación. La orden promueve, asimismo, la colaboración entre las autoridades federales de inmigración y las entidades locales de aplicación de la ley, extendiendo los acuerdos del Programa denominado «ICE 287(g)» (Delegation of Immigration Authority Section 287(g) Immigration and Nationality Act | ICE), que habilita a los agentes de policía locales para actuar en calidad de agentes de inmigración, además de integrar a otras agencias como el FBI.
Del mismo modo, incluso en el caso de que un individuo se encuentre en el proceso de solicitar asilo o esté bajo libertad condicional, existe la posibilidad de ser detenido y eventualmente deportado de acuerdo con las directrices recientes sobre inmigración establecidas por la Casa Blanca, las cuales han estado en vigencia desde la semana pasada. Los agentes de inmigración tienen la autoridad para proceder con la deportación de un individuo antes de que comparezca ante un juez de inmigración, especialmente si ha residido en los EEUU por un período inferior a dos años, lo que se conoce como un proceso de expulsión acelerada (Designating Aliens for Expedited Removal). Anteriormente, este procedimiento se aplicaba únicamente a individuos que vivían a menos de 100 millas de la frontera y que ingresaban a los EEUU en un plazo de hasta 14 días después de su llegada (Memo ICE Guidance).
Consecuencias Diplomáticas
De acuerdo con el Reporte Anual de Deportaciones de la Agencia de Migración de Estados Unidos (ICE), durante el año fiscal 2024 se removieron de EEUU a 87.289 mexicanos y 54.056 colombianos (Annual Report 2024, ICE), objeto de un proceso de deportación bajo los mismos métodos practicados la semana pasada. Sin embargo, la narrativa, la escalada de arrestos reportados en redes sociales y las imágenes compartidas por la prensa estadounidense provocaron reacciones de protesta ante una ola de estigmatización en contra de los derechos de los nacionales de estos países, lo que provocó iniciales protestas que culminaron en la prohibición del aterrizaje de los aviones militares de Estados Unidos que transportaban deportados a los aeropuertos de Colombia y México. Cancelación que provocó la respuesta directa del Comandante en Jefe de la Casa Blanca, el Presidente Trump, que no se dejó esperar, reaccionando el sábado 1 de febrero con el anuncio del alza de los aranceles en los productos provenientes de estos territorios hasta un 25%, lo que convocó una serie de esfuerzos diplomáticos para acercar posiciones, generando una coordinación de la vigilancia fronteriza en el caso mexicano y el envío de aviones de bandera colombiana para recoger a migrantes en condiciones más dignas, lo que puso en pausa la escalada comercial y diplomática que se había suscitado.
Las consecuencias para ambos países, tanto en el caso colombiano, pero especialmente en el caso mexicano, habrían sido catastróficas, porque más del 80% de las exportaciones de México se van a su vecino, siendo la industria automotriz la que habría soportado mayor impacto, tomando en cuenta que de los $us 400.000 millones, un total de $us 129.000 millones corresponden a esta industria. No obstante, en agricultura, la industria de paltas y los minerales habrían sentido fuertemente las medidas, y teniendo en cuenta que tales amenazas incluyen a Canadá, ponen en riesgo de llevar a terapia intensiva el T-MEC, que se terminó y negoció en la primera administración del presidente Trump (2018), planteando un bloque comercial geopolítico con el objetivo de frenar la expansión latinoamericana de Beijing.
Otras Consecuencias Diplomáticas
La postura adoptada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha sido distinta a las controversias surgidas con la administración de Sheinbaum, Da Silva y Petro. La semana pasada se produjo un acercamiento de posturas entre Trump y Bukele, a pesar de una declaración indirecta previa en julio. Trump estableció contacto telefónico con su contraparte para discutir la lucha contra la inmigración irregular y las organizaciones delictivas como el Tren de Aragua, conversación que se selló con la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, que derivó en la voluntad del presidente Bukele para recibir migrantes que no sean nacionales de El Salvador, acción que será objeto de un acuerdo entre ambos países sobre «Tercer País Seguro».
Del mismo modo, Bernardo Arévalo, después de la reunión con el secretario Rubio, informó que Guatemala acogerá a ciudadanos provenientes de naciones diversas deportados de EEUU bajo el concepto general de «tercer país seguro», con la diferencia de que los individuos serán posteriormente repatriados a sus respectivos países a cargo de los Estados Unidos de América, aumentando en un 40% la cantidad de vuelos de deportación que recibe.
Consecuencias para Bolivia
La migración de bolivianos en Estados Unidos, de acuerdo con el Censo de Población en EEUU del 2019 (Census Data), es equivalente a poco más de 132.619 personas, con un margen de error de 5%; de ellos, alrededor del 65% viven en el Estado de Virginia. No obstante, no incorpora la evidente ola de migración que se ha sumado desde el año 2019 en una tendencia creciente.
La comunidad boliviana es un colectivo que tiene residentes en casi todos los Estados, incluida Alaska; no obstante, las poblaciones más grandes residen en ambas costas, siendo la más grande población la que se encuentra en el área metropolitana del DMV (Washington DC, Maryland y Virginia), sobre todo en Virginia en diferentes condados. Aunque no se tiene un estimado de cuántos bolivianos se encuentran en situación migratoria irregular, sí se tiene que, de la población registrada en el Censo, a septiembre de 2024 (aún gestión Biden), 302 bolivianos habrían sido deportados, lo que representa el 0,2% de la población en general oficial, y la tasa más alta de deportaciones desde el 2019, cuando se registraron 64 nacionales.
Siendo la cantidad de bolivianos un número no representativo de las deportaciones en general registradas el 2024 (271.484 personas), se tiene que, a pesar de tener una población relativamente numerosa sobre todo en ciertos condados de Virginia, su estatus migratorio es normalmente regular con excepciones; es decir, no formarán parte de los objetivos marcados inicialmente por la administración Trump, que ya ha comenzado el proceso de deportación de miembros de otras comunidades como la mexicana, hondureña, guatemalteca, colombiana, venezolana, entre otras.
No obstante, tomando en cuenta que la población de deportados durante la gestión Biden desde el año 2023 (132 personas) ha incrementado poco más de un 43% en la gestión 2024, y teniendo presente que, a pesar de no ser la población boliviana en EEUU el objetivo principal de los cambios en las políticas de migración, es previsible que al menos se repita el incremento de 2024 al culminar la gestión 2025, que marcaría un récord para nuestra comunidad, pero al mismo tiempo permanece siendo un porcentaje conservador.
Los bolivianos en EEUU, de acuerdo con el Censo de Población tabulado por el Pew Research, son una comunidad privilegiada cuya población en un 76,37% (más de 100.001 personas) posee al menos un «Green Card» o detenta la doble nacionalidad, y a pesar de no ser numerosa, su presencia cultural es muy fuerte, siendo un colectivo joven cuya edad promedio ronda los 33 años, está compuesta por familias nucleares en 77% (a diferencia de la familia estadounidense no migrante), y es muy bien educada, por cuanto al menos el 42% tiene un título universitario. Es decir, de lejos no coincide con el perfil expresado por los encargados de la campaña del actual presidente; muy al contrario, es una comunidad conocida por su desempeño en muchas industrias, ciencias, artes, letras e inversión.
Ola de miedo en EEUU
No obstante, aunque las cifras nos señalan un escenario muy halagador para la comunidad boliviana, no quita el hecho de que existe un porcentaje de compatriotas cuya situación migratoria no está definida por el momento, y las cadenas de propaganda se esparcen por las redes sociales, que en un principio señalaban un número de 200 detenidos (casi la población hondureña) que no fue luego aclarado pero que alimentó el estado de zozobra. Esto definitivamente se vio reflejado en las actividades públicas, más allá de su adscripción a las campañas de sabotaje como comunidad (al menos un porcentaje), que se nota incluso en las actividades extracurriculares de las escuelas.
¿Se está demonizando la deportación masiva? Por un lado, existe un registro de ciertos espacios donde se ha compartido información que no corresponde con la realidad; no obstante, no es injustificada la precaución. El drama que atraviesa una familia que sufre la deportación de uno de sus integrantes es traumático, lo que empeora si esto lleva a la separación de padres e hijos, hermanos, esposos. En ese sentido, es previsible que la ola vaya a tocar su punto más alto pronto y de ahí baje, como fue en la primera administración. Se ha visto que de la primera ola de detenidos se ha tenido que soltar a muchos por la falta de condiciones materiales en este momento, lo que es parte de los retos que supone una tarea de esta envergadura.
Del mismo modo, organizaciones no gubernamentales, internacionales y estatales ya se han pronunciado haciendo seguimiento de estas políticas, y han pedido que se garanticen los derechos humanos de sus nacionales viviendo en territorio de EEUU. Del mismo modo, en las cortes se están contestando ciertas directrices que ya han sido objeto de suspensión, que refleja un acompañamiento de la comunidad internacional. Finalmente, en este año electoral es bueno recordar que los anteriores gobiernos se comprometieron a abrir un Consulado General en Virginia donde reside la mayor parte de los bolivianos; vamos a recordar a los actores políticos relevantes del momento la necesidad de cumplir esta promesa.
Durante el último mes, Marcelo Claure se reunió con varios precandidatos y líderes políticos con miras a las elecciones generales 2025. Al mismo tiempo, hizo aún más visibles sus diferencias con Evo Morales, al punto de no incluirlo en su última encuesta de percepción.
Otro aspecto clave es la lista de precandidatos con los que sostuvo encuentros, destacando a Andrónico como la única esperanza de renovación para el MAS, a pesar de que Rodríguez no oficializó su candidatura y en el entendido de que Evo Morales es orgánicamente el candidato del instrumento político, cuya decisión fue (y dependerá de igual modo) del movimiento popular organizado.
Desde una perspectiva teórica, la influencia del cinco veces Presidente del Senado puede analizarse desde el concepto de «capital simbólico» de Pierre Bourdieu, el cual se refiere al prestigio, reconocimiento y legitimidad que un actor político acumula, y que puede traducirse en poder e influencia. En el caso de Andrónico Rodríguez, su trabajo legislativo, sindical, combinado con su fuerte presencia en espacios de diálogo de complementariedades democráticas y en redes sociales, contribuyó al crecimiento de su capital simbólico. Las reacciones en estas plataformas refuerzan su posicionamiento y amplifican su impacto en el debate público.
Las RRSS y los precandidatos
Otro factor relevante es la interacción en redes sociales en torno a los precandidatos. Cuando un político obtiene un mayor nivel de interacciones en comparación con sus adversarios, se interpreta como un indicador de su capacidad de movilización digital.
Un alto nivel de engagement político digital indica que su discurso, imagen o propuestas generan interés y provocan reacciones, ya sean de apoyo o rechazo, permitiendo que los líderes políticos lleguen a su audiencia sin los medios tradicionales.
Por lo tanto, la comparación del número de reacciones que genera Andrónico Rodríguez respecto a otros actores evidencia un considerable nivel de engagement político y se traduce en ventajas electorales, lo que le permite imponer y condicionar la narrativa y el contexto político.
El empresario Marcelo Claure y sus encuestas
Intención de voto (precandidatos y actores políticos)
El primer post de intención de voto considera precandidatos y actores políticos que aún no anunciaron oficialmente su candidatura.
El análisis de la encuesta de intención de voto muestra que Andrónico Rodríguez lidera con un 16%, seguido de cerca por Manfred Reyes con 15%, Chi con 13% y Tuto Quiroga con 9%.
Andrónico Rodríguez, sin ser precandidato, se posiciona como el candidato con mayor respaldo electoral, lo que indica que ha logrado consolidar una base de apoyo. En virtud de su liderazgo y capacidades dentro del MAS y en su agenda legislativa, se lo proyecta como figura emergente (presidenciable) y es percibido como el principal referente del partido, a pesar de que Luis Arce es el actual presidente y tiene el control administrativo del MAS.
Luis Arce, apenas con 2%, muestra que no tiene fuerza, pese a que cuenta con todo el aparato estatal. Si busca la reelección, no solo perderá las elecciones sino que perdería la personería jurídica de la sigla política que lo postule.
Dado que un 8% de los encuestados no sabe o no responde y un 7% votaría por otro, se podría considerar que la figura del apoyo radical por Evo Morales podría inclinarse a Rodríguez, como también la parte indecisa y de izquierda en el país.
El bajo porcentaje de Arce Catacora sugiere que el candidato natural del partido es Andrónico Rodríguez. En un eventual balotaje, su posicionamiento de izquierda le permitiría captar votos de sectores populares que rechazan a los candidatos de derecha y la desastrosa administración de Luis Arce y su entorno.
Encuestas sin Evo
Manfred Reyes tiene 19%, Chi con 18% y Samuel con 12%, y Tuto con 11%. Considerando que la pregunta sugiere que solo estos candidatos estarían en la papeleta, sin considerar algún representante del partido MAS, que tiene más de 1.037.484 millones de militantes en el país. Por lo tanto, este post puede considerarse solo para la conformación de un solo frente contra el MAS. Lo que nos hace percibir que, si estos candidatos se presentan simultáneamente, la izquierda los volverá a derrotar.
Voto regional
Andrónico Rodríguez lidera en La Paz (22%), Potosí (18%) y El Alto (22%), regiones que históricamente apoyaron al MAS, y son fundamentales por su peso electoral, especialmente El Alto (la ciudad donde nací).
La Paz y El Alto son bastiones tradicionales del MAS, lo que muestra que Rodríguez ha logrado tener esa percepción como la principal figura de este espacio político. Potosí es una región con fuerte descontento hacia el oficialismo de Arce, lo que explica que Rodríguez puede y podría canalizar ese voto descontento.
En Cochabamba, el MAS históricamente ha tenido gran respaldo, pero en esta encuesta, Manfred Reyes (MRV) domina con 33%. Sin embargo, esto se debe a su control municipal y la percepción de una «buena administración» como alcalde, lo que podría cambiar en una elección nacional, lo municipal no alcanza a lo nacional.
Sin embargo, Rodríguez aún tiene margen de crecimiento en Cochabamba en el segundo puesto con 25%, al igual que en Chuquisaca y Oruro con 13% y 16%; en Tarija ocupa un tercer puesto con 8%.
En Santa Cruz, su 9% muestra que no está completamente fuera de la contienda y podría buscar alianzas con sectores estratégicos.
En Chuquisaca y Tarija, aunque Tuto y Chi tienen ventaja con 21%, Rodríguez tiene un 13% y 8%, lo que lo mantiene competitivo y dentro de las opciones potenciales para esos departamentos.
Si bien Rodríguez no lidera en Santa Cruz, ni en Beni y Pando, se muestra como un político que tiene la capacidad de obtener la intención de voto de distintas regiones del país. También hay que recalcar que no se estaría considerando el voto que acumula Evo Morales.
Techos y pisos
En ese relevamiento estadístico nuevamente lidera Andrónico Rodríguez como el actor político con mayor potencial de crecimiento electoral, es decir, tiene el porcentaje más alto de personas que votarían por él (16%) y los que considerarían votarlo (11%), sumando un 27% de techo electoral. Esto lo coloca como el político con más posibilidades de captar a los indecisos y ya cuenta con un electorado firme que le da una ventaja inicial frente a los demás.
Consolidar el voto del 11% dependerá de su estrategia y de su capacidad para atraer votos de sectores cansados de la política tradicional y disconformes con la administración de Luis Arce.
Manfred Reyes con un techo electoral de 26% y Samuel Doria Medina 25%, Chi con un techo de 24% y Jorge Quiroga 21%, también tienen buen posicionamiento, pero con menos fuerza.
Luis Arce muestra un apoyo muy bajo con 7%, lo que refuerza la idea de que el MAS necesita un nuevo liderazgo, y Rodríguez es el candidato con más respaldo dentro del electorado masista. Es decir, el más competitivo en el bloque del MAS que no necesariamente lo vincularían al oficialismo de Arce.
Favorabilidad en líderes
Sobre la opinión pública de la percepción favorable, desfavorable y neutral de los actores políticos, María Galindo se consolida como la única con percepción neta positiva de 3 puntos, seguida de Samuel Doria Medina, Manfred Reyes, Luis Fernando Camacho, con una percepción neta negativa entre -6 y -21 puntos.
Andrónico Rodríguez, quien lidera en los demás cuadros estadísticos, tiene 24% favorable y 39% desfavorable, 23% neutral y percepción neta -15 puntos.
Son aspectos los cuales Rodríguez debe fortalecer para consolidar su liderazgo y la percepción de un político de nueva generación y marginal a la administración de Luis Arce y el legado de Evo Morales.
Sin embargo, la dicotomía de favorable y desfavorable no deja de ser reduccionista respecto a las variables de percepción para medir en qué son «favorables» o «desfavorables» los precandidatos y líderes.
Israel Quino es director general de Asuntos Legales del Senado
Julio Córdova y Paul Antonio Coca hablan sobre cómo la inflación, junto a la escasez de dólares y combustibles, está modificando rápidamente las percepciones de la ciudadanía boliviana en un año electoral.
2025, cuando la crisis económica cambió la política boliviana
Julio Córdova y Paul Antonio Coca hablan sobre cómo la inflación, junto a la escasez de dólares y combustibles, está modificando rápidamente las percepciones de la ciudadanía boliviana en un año electoral.
La situación política en Bolivia se encuentra en un momento de transición crítica, marcada por una profunda crisis económica que ha derivado en un malestar social. Este escenario contrasta con el ciclo electoral de 2019 y 2020, donde la polarización política y social era el eje central del debate. En una entrevista exclusiva con Animal Político, de La Razón, Julio Córdova, investigador social y director ejecutivo de Diagnosis, y con Paul Antonio Coca, abogado y consultor, se analizan los principales factores que están moldeando el panorama político actual, con miras a las elecciones presidenciales de agosto de 2025.
La crisis económica es, sin duda, el factor más determinante en el escenario político actual. Según Julio Córdova, en 2019 y 2020 la insatisfacción no estaba centrada en la economía, sino en la polarización política y social. Sin embargo, en 2025, la situación es radicalmente diferente. «En la actual coyuntura, la polarización, aunque existe, se ha debilitado profundamente, ya no es el elemento central para entender el nuevo escenario político», afirma Córdova.
Crisis y consecuencias en las elecciones 2025
La economía boliviana ha experimentado un deterioro significativo en los últimos años. Paul Antonio Coca destaca que «la ausencia de dólares, la subida de precios, la escasez de carburantes y la inflación han generado un descontento generalizado». Este malestar se ha traducido en una caída drástica en la aprobación del gobierno de Luis Arce. Córdova señala que «si a finales del 2023 la aprobación de la gestión de Arce rondaba por el 42%, a finales del 2024 la aprobación de Arce estaba en menos del 10%, incluso en algunas encuestas estaba en menos del 5%». Esta vertiginosa caída refleja el profundo descontento de la población con la situación económica.
La crisis económica ha generado una demanda de renovación en los actores políticos que se manifiesta este 2025. Córdova explica que «ahora la gente, mucha gente está esperando una renovación de actores políticos, porque resulta que los actores políticos de ahora parecen una fotografía envejecida del escenario que vivió el país en los años 90». Esta demanda de renovación es un factor que está reconfigurando el panorama político boliviano.
La situación del MAS
El Movimiento al Socialismo (MAS), que ha dominado la política boliviana durante casi dos décadas, enfrenta un momento de debilidad. La crisis económica ha erosionado su base de apoyo, especialmente entre los sectores populares que históricamente lo han respaldado. Córdova señala que «los sectores de clases bajas que han tenido una mejora en sus condiciones de vida durante los años dorados del ciclo rosa de América Latina y que han accedido sobre todo a la educación superior, a la universidad, y han tenido una economía más estable, han dejado de tener una cultura sindical, una cultura popular, de movilización gremial, y han asumido valores de clase media de superación individual a partir de la educación superior».
Este cambio en los valores y aspiraciones de los sectores populares ha debilitado la base social y electoral del MAS. Además, la falta de movilización de los jóvenes de clases bajas durante la crisis de principios de la década también ha contribuido a esta debilidad. Córdova explica que «en la coyuntura del 2019 y 2020, los jóvenes de clases bajas no se han movilizado, ni siquiera durante el paro nacional de julio y agosto del 2020, para presionar que se realicen las elecciones. Se movilizaron los clásicos sindicatos, que han parado el país, pero no los jóvenes de clases bajas que han accedido a la universidad».
Dudas oficialistas
Dentro del MAS, también hay un debate interno sobre el futuro del partido. Andrónico Rodríguez, una figura emergente dentro del partido oficialista, ha comenzado a distanciarse del discurso tradicional del MAS, adoptando un enfoque más liberal en algunos aspectos. Paul Antonio Coca destaca que «Andrónico Rodríguez viene de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y directamente lo que hace él es dar un discurso que es un guiño al empresariado, al emprendedor; a esos sectores que el MAS no ha potenciado». Este giro en el discurso de Rodríguez, explica el abogado, refleja la necesidad del MAS de adaptarse a un nuevo escenario político y económico.
La situación de las oposiciones en 2025
Las oposiciones en Bolivia enfrentan un desafío similar al del MAS: la necesidad de renovación. Sin embargo, según Córdova, algunos candidatos opositores parecen estar anclados en el pasado. «Parecería que algunos candidatos opositores todavía se han quedado en el escenario del 2019 y 2020. Están estructurando su proyecto, su discurso electoral en esa oposición radical con el MAS”, afirma.
Paul Antonio Coca coincide en que la oposición ha tenido dificultades para presentar propuestas sólidas y atractivas para la población. «Uno de los motivos de tantas derrotas por 20 años era que en todo ese tiempo solo hacían críticas al gobierno y nunca daban una propuesta seria y sólida y que la gente entienda», señala. Sin embargo, en esta elección, algunos candidatos opositores están intentando presentar soluciones a la crisis económica. Coca cita como ejemplo a Samuel Doria Medina, quien ha prometido que en 100 días habrá dólares disponibles, una propuesta que busca atraer a un electorado descontento con la escasez de divisas.
Chi Hyun Chung y Manfred Reyes Villa
Dos figuras que han ganado relevancia en este nuevo escenario político son Chi Hyun Chung y Manfred Reyes Villa. Ambos representan a sectores descontentos con el MAS y las oposiciones tradicionales, pero con enfoques diferentes.
Chi Hyun Chung, un candidato de origen coreano, ha logrado captar el apoyo de los sectores más pobres y precarizados de la sociedad boliviana. Córdova explica que «Chi es más peligroso para el MAS porque, según las encuestas de Diagnosis, el apoyo electoral a Chi son estratos más pobres, es decir, estratos típicamente de la clase baja y algunos estratos de pobreza». Estos sectores, que antes apoyaban al MAS, ahora buscan una alternativa que les ofrezca esperanza de cambio. «Si es que durante la gestión de Evo Morales y de Arce su vida no ha cambiado, y peor aún, si es que en el último año de gestión de Arce su vida ha empeorado en estos sectores vulnerables, entonces hay una tendencia a apostar por alguien completamente nuevo, hasta exótico, con la esperanza de que ese nuevo signifique para ellos algo diferente a partir del 2025», agrega Córdova.
Por otro lado, Manfred Reyes Villa, un político con una larga trayectoria en Bolivia, busca posicionarse como una opción intermedia entre el MAS y las oposiciones tradicionales. Córdova señala que «Manfred está en la frontera y por lo tanto no es tan peligroso para el MAS como Chi». Reyes Villa ha logrado atraer a segmentos de la clase media-baja y a algunos sectores de la clase baja ascendente, que buscan un cambio, pero no un giro radical.
Santa Cruz
Santa Cruz, el departamento más poblado y productivo del país, enfrenta una paradoja: a pesar de su creciente importancia no ha logrado generar un liderazgo político que refleje su peso en la política nacional. «¿Por qué si Santa Cruz es la locomotora económica de Bolivia y por qué si Santa Cruz es la síntesis de toda Bolivia a partir de la migración que ha habido durante décadas, no surge un liderazgo político que pueda reflejar esta realidad económica y social de Santa Cruz?», se pregunta Córdova.
La élite cruceña, que lideró las movilizaciones regionales entre 2007 y 2009, ha perdido influencia política. Córdova señala que «esta élite tradicional de Santa Cruz tuvo una derrota histórica de la cual no se ha recuperado». Figuras como Branco Marinkovic y Luis Fernando Camacho, que en su momento fueron líderes regionales prominentes, han visto disminuir su influencia. Camacho, en particular, ha perdido apoyo tras una gestión sin resultados relevantes como gobernador de Santa Cruz. «Después de las elecciones para gobernador tuvo una gestión desastrosa desde mi punto de vista y perdió liderazgo, según muestran las encuestas de Diagnosis, desde el 2023», afirma Córdova. Esto apunta a las consecuencias del paro de los 36 días entre octubre y noviembre de 2023, un hecho que marcó un antes y un después en la política cruceña.
Desafíos de los actores políticos, 2025 y más allá
Los actores políticos en Bolivia enfrentan varios desafíos de cara a las elecciones de 2025. En primer lugar, deben presentar propuestas concretas y atractivas para un electorado descontento y cansado de la polarización. Paul Antonio Coca destaca que «la gente quiere a alguien que le facilite la vida y la ayude a mejorar». Esto implica no solo ofrecer soluciones técnicas a la crisis económica, sino también comunicarlas de manera clara y accesible.
En segundo lugar, los candidatos deben lidiar con un marco constitucional que limita las posibilidades de ajustes estructurales. Coca señala que «muchos de estos cambios pueden pasar por modificar la Constitución Política del Estado y no se sabe si estarán en condiciones de hacerlo. Además, el último que quiso modificar la Constitución fue Evo Morales y ya sabemos cómo terminó esta historia». Esto plantea un desafío para aquellos candidatos que prometen transformaciones de fondo en el modelo económico y político del país.
Ambos analistas coinciden en que los actores políticos deben enfrentar en 2025 la demanda de renovación que surge de un electorado que busca nuevas caras y propuestas. Tanto el MAS como las oposiciones tradicionales tendrán que adaptarse a este nuevo escenario si quieren mantenerse relevantes en la política boliviana.
EL ESQUEMA DE LOS TRES GRUPOS SOCIALES
La política boliviana ha experimentado una profunda transformación en las últimas décadas, marcada por la polarización, la movilización social y la emergencia de nuevos actores políticos. Julio Córdova observa que el campo político boliviano se ha estructurado en torno a tres grupos sociales principales: las clases medias, las clases bajas y un sector intermedio. Este esquema, que Córdova denomina «los tres tercios», resulta esclarecedor para entender la dinámica política del país desde principios de los años 2000 hasta la actualidad, con miras a las elecciones de 2025.
Córdova explica que el campo político boliviano se ha dividido en las últimas décadas en tres grupos sociales, cada uno con sus propias características y preferencias electorales. Este esquema, explica, se configuró con claridad en las elecciones de 2002, cuando Bolivia experimentó un triple empate entre tres candidatos: Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni), Manfred Reyes Villa y Evo Morales.
Fuente: Diagnosis
El tercio superior: las clases medias
Este grupo está compuesto por las clases medias urbanas, que tradicionalmente han apoyado políticas de ajuste estructural y reformas económicas de corte neoliberal. En 2002, este sector se decantó por Gonzalo Sánchez de Lozada, quien representaba una continuidad con las políticas económicas implementadas en los años 90. «El primer espacio son las clases medias, que apoyaron en su momento, en gran parte, la propuesta de ajuste estructural de los años 90», explica Córdova. Este grupo ha mantenido una postura fuertemente antimasista, rechazando el proyecto político del actual oficialismo y apoyando a candidatos de oposición como Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga.
El tercio inferior: las clases bajas
Este grupo está conformado por los sectores populares e indígenas y las clases bajas, que históricamente han rechazado las políticas de ajuste estructural y han buscado una mayor inclusión social y económica. En 2002, este sector apoyó masivamente a Evo Morales, quien obtuvo alrededor del 22% de los votos. «El segundo espacio, de los sectores populares, de clases bajas, que siempre estuvo rechazando las políticas de ajuste estructural, aún en los años 90, y que durante los esos años se expresó en votos por Condepa (Carlos Palenque) y la UCS (Max Fernández), se expresó en el año 2002 en el apoyo a Evo Morales», señala Córdova. Este grupo ha sido la base electoral del MAS durante casi dos décadas, aunque en los últimos años ha mostrado signos de descontento.
El tercio intermedio: la clase media-baja
Este grupo, que Córdova describe como un «escenario intermedio», no se identifica plenamente ni con las clases medias ni con las clases bajas. Está compuesto por sectores de la clase media-baja y algunos segmentos de la clase baja ascendente. En 2002, este sector apoyó a Manfred Reyes Villa, quien representaba una opción intermedia entre el neoliberalismo de Goni y el populismo de Evo Morales. «El tercer espacio, que podría ser un escenario intermedio, que ni corresponde plenamente a las clases medias, que apoyaron a Goni, ni corresponde totalmente a las clases bajas, que apoyaron a Evo Morales, sino está asociado a la clase media-baja y un poco en grupos superiores de la clase baja», explica Córdova.
La ruptura del esquema de los tres tercios (2005-2014)
A partir de 2005, con la llegada de Evo Morales al poder, el esquema de los tres tercios comenzó a romperse. Morales logró consolidar una base electoral que incluía no solo a las clases bajas, sino también a una parte significativa del tercio intermedio. Córdova señala que «desde el referéndum revocatorio de mandato del 2008 hasta el 2014, casi dos tercios votaron por él». Este periodo marcó la hegemonía electoral del MAS, que logró atraer a sectores que antes apoyaban a candidatos como Manfred Reyes Villa.
Sin embargo, esta hegemonía comenzó a debilitarse después del referéndum constitucional de 2016, cuando el apoyo al MAS empezó a disminuir. Córdova explica que «después del referéndum del 2016, se tendió a romper esa hegemonía electoral del MAS, que alcanzaba los dos tercios, y poco a poco ha ido disminuyendo». Este debilitamiento se debe, en parte, a la movilidad social ascendente de los sectores populares, que han adoptado valores de clase media y han dejado de identificarse plenamente con el discurso dirigido a los pobres del MAS.
El regreso al esquema de los tres tercios en 2025
Para las elecciones de 2025, Córdova plantea que Bolivia ha vuelto al esquema de los tres tercios, aunque con algunas diferencias respecto al escenario de 2002. «Ahora hemos vuelto un poco al escenario de los tres tercios del que partimos en el 2002», afirma. Sin embargo, la polarización entre los extremos no es la misma, y hay un mayor espacio para candidatos que buscan representar a los sectores descontentos con el MAS y las oposiciones tradicionales.
Las clases medias antimasistas. Este grupo sigue siendo fuertemente contrario al MAS y apoya a candidatos de oposición como Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga. Sin embargo, su influencia electoral ha disminuido en comparación con años anteriores, debido a la creciente fragmentación del campo opositor y la emergencia de nuevas figuras políticas.
Las clases bajas y el voto duro del MAS. Aunque el MAS sigue contando con un «voto duro» de alrededor del 20%, este sector ha mostrado signos de descontento, especialmente entre los jóvenes de clases bajas que han accedido a la educación superior. «Los jóvenes de clases bajas ya no tienen esa actitud antipitita, antineoliberal, sino están dispuestos a apoyar a un mejor candidato que les parezca bien», explica Córdova. Este cambio en las preferencias electorales de los sectores populares ha debilitado la base social del MAS.
Fuente: Diagnosis
Desacoplamiento en 2025
El tercio intermedio, los descontentos. Este grupo, que no se identifica plenamente ni con el MAS ni con las oposiciones tradicionales, ha ganado relevancia en el escenario político actual. Córdova señala que «en ese espacio intermedio no polarizado, se ubican Manfred Reyes Villa y Chi Hyun Chung». Estos candidatos representan a sectores que buscan un cambio, pero no necesariamente un giro radical. Manfred Reyes Villa, en particular, ha logrado atraer a segmentos de la clase media-baja y a algunos sectores de la clase baja ascendente, mientras que Chi Hyun Chung ha captado el apoyo de los sectores más pobres y precarizados.
La evolución del campo político boliviano, explicada por Julio Córdova a través del esquema de los tres tercios, refleja los cambios sociales, económicos y políticos que ha experimentado el país en las últimas décadas. Desde el triple empate de 2002 hasta la hegemonía del MAS y su posterior debilitamiento, el esquema que plantea el director ejecutivo de Diagnosis es clave para entender la dinámica electoral en Bolivia. En 2025, el regreso al esquema de los tres tercios, aunque con matices, sugiere un escenario político más fragmentado y diverso, donde las demandas de renovación y cambio serán centrales en la contienda electoral.
Los bolivianos radicados en Estados Unidos no son el objetivo principal de las políticas de Trump, aunque se prevé un aumento en deportaciones para 2025.
El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé habla sobre las múltiples crisis que atraviesa el país y las impostergables tareas para evitar mayores conflictos.
Crisis sucesivas y necesidad de ajustes constitucionales
El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé habla sobre las múltiples crisis que atraviesa el país y las impostergables tareas para evitar mayores conflictos.
A pocos meses de que Bolivia celebre 200 años de existencia, el debate sobre la estabilidad política, el impacto de crisis múltiples, la calidad de la democracia y las reformas necesarias para fortalecer las instituciones adquiere una pertinencia ineludible. La historia reciente del país está marcada por crisis recurrentes que han sacudido a la sociedad y revelado deficiencias estructurales que deben abordarse. En este contexto, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé analiza el presente y futuro del país con una mirada crítica y reflexiva.
Este año es clave para Bolivia. Con elecciones en el horizonte y una ciudadanía polarizada, el debate sobre la gobernabilidad y la vigencia del modelo plurinacional cobra una dimensión central. La falta de independencia del sistema judicial, el hiperpresidencialismo, la necesidad de descentralización efectiva y los ajustes constitucionales son temas que definen el actual momento histórico. Rodríguez Veltzé señala que «las sucesivas crisis han mostrado las limitaciones del diseño institucional vigente y la urgencia de repensar el futuro del Estado boliviano».
En diciembre del año pasado, la Friedrich Ebert Stiftung (FES) presentó el libro “Momento Constituyente”, en el que se analiza la situación política e institucional de Bolivia. El trabajo, coordinado por José Luis Exeni, cuenta con la participación de Eduardo Rodríguez Veltzé y otros destacados intelectuales. A través de una mirada plural, se examinan los antecedentes históricos, las fallas del sistema político, las protestas sociales, la crisis del sistema judicial y el hiperpresidencialismo como factores de la inestabilidad. A raíz del mismo, Animal Político, de La Razón, conversó con el exmandatario.
Abogado y expresidente de Bolivia (2005-2006), Rodríguez Veltzé es un actor respetado por su rol en la administración de justicia y en la transición política. Su experiencia le permite ofrecer un diagnóstico agudo sobre los retos que enfrenta el país y las reformas que considera inevitables. Abordó temas medulares como la crisis del sistema judicial, el equilibrio de poderes, la gobernanza en el Estado plurinacional y los ajustes constitucionales que Bolivia podría necesitar para fortalecer su democracia.
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Eduardo Rodríguez Veltzé
Eduardo Rodríguez Veltzé
Crisis recurrentes en Bolivia
Bolivia ha atravesado un ciclo de crisis que, según Rodríguez Veltzé, no es un fenómeno nuevo, sino un síntoma de problemas estructurales no resueltos. «Desde 2019, pero incluso antes, hemos vivido una serie de episodios traumáticos que han dejado en evidencia la fragilidad institucional del país», señala. La sucesión de gobiernos con falta de mecanismos efectivos de resolución de conflictos ha generado un contexto de incertidumbre.
Para Rodríguez Veltzé, la situación actual puede entenderse desde el concepto de «momento constituyente», una idea desarrollada por el politólogo Bruce Ackerman. «Estos momentos surgen en tiempos de crisis y pueden dar lugar a transformaciones legales o constitucionales significativas», explica. En este sentido, Bolivia podría estar en la antesala de un cambio profundo en su estructura estatal.
El expresidente advierte que las crisis recurrentes en Bolivia han tenido diversos orígenes, pero comparten un mismo patrón: la ausencia de un marco institucional sólido capaz de procesar conflictos de manera pacífica y ordenada. Desde las protestas de 2003 hasta la crisis poselectoral de 2019, el país ha experimentado constantes estallidos de descontento popular que han derivado en cambios de gobierno abruptos. «El problema radica en que no hemos logrado consolidar instituciones suficientemente fuertes para dar estabilidad y garantizar el respeto al orden democrático», afirma.
Uno de los ejemplos más recientes de esta dinámica es la crisis de 2019, que comenzó con un cuestionado proceso electoral y desembocó en la salida de Evo Morales de la presidencia. Este episodio reflejó la polarización extrema del país y la falta de mecanismos claros para la resolución de disputas electorales. «Lo que vivimos en 2019 fue un colapso de la institucionalidad democrática, una situación que podría repetirse si no abordamos reformas estructurales», advierte Rodríguez Veltzé.
A ello se suma la creciente desconfianza de la población en las instituciones estatales. «Cada vez es más evidente que los ciudadanos recurren a la protesta como única vía para exigir sus derechos, lo que pone en riesgo la estabilidad del país», sostiene. La falta de un sistema judicial independiente y la debilidad del Tribunal Constitucional han contribuido a esta percepción de crisis permanente. «Si queremos consolidar una democracia estable, es imprescindible fortalecer nuestras instituciones y garantizar que el Estado pueda resolver los conflictos sin necesidad de recurrir a medidas extremas», sostiene el exmandatario.
Reforma judicial
Uno de los puntos más críticos del análisis de Rodríguez Veltzé es la mala situación del sistema judicial. «El poder judicial ha sido tradicionalmente la cenicienta del Estado boliviano. Nunca ha tenido la atención necesaria, ni en presupuesto ni en independencia», afirma. La elección de magistrados por voto popular, implementada en 2011, ha demostrado ser ineficaz y ha contribuido a la politización de la justicia.
«El sistema judicial debe ser reformado desde sus bases, garantizando que los jueces sean seleccionados por su idoneidad y no por criterios políticos», indica. Además, observa que la detención preventiva se ha convertido en una práctica que vulnera los derechos de los ciudadanos. «En Bolivia, más del 70% de los detenidos no tiene condena. Es un abuso del sistema».
Rodríguez Veltzé subraya que la crisis del sistema judicial no solo afecta a quienes buscan justicia, sino a la estabilidad del país en su conjunto. La falta de confianza en los tribunales ha generado un ambiente de inseguridad jurídica, lo que también tiene consecuencias en la inversión y el desarrollo económico. «Si los ciudadanos y las empresas no confían en que sus derechos serán protegidos de manera imparcial, se debilita el Estado de derecho y se frena el progreso», advierte.
La reforma judicial, según Rodríguez Veltzé, debe incluir una revisión profunda del modelo de elección de magistrados, el fortalecimiento de la carrera judicial y un mayor presupuesto para el sistema de justicia. «No es posible que el poder judicial reciba menos del 1% del presupuesto nacional. Sin recursos, no hay justicia», enfatiza.
Además, el expresidente señala que la corrupción es otro de los grandes males del sistema judicial. «Hay jueces y fiscales que responden a intereses políticos o económicos, lo que erosiona la credibilidad del sistema», afirma. La implementación de mecanismos de transparencia y control ciudadano es fundamental para revertir esta situación.
«Si no enfrentamos con seriedad la crisis del sistema judicial, la democracia boliviana seguirá en riesgo. No podemos permitir que la justicia continúe siendo un instrumento de manipulación política», asevera Rodríguez Veltzé.
Hiperpresidencialismo y descentralización fallida
El modelo de gobierno en Bolivia mantiene una concentración excesiva de poder en el presidente. «El hiperpresidencialismo ha sido una constante en nuestra historia y debe ser revisado», sostiene Rodríguez Veltzé. A pesar de la introducción del modelo autonómico en 2009, en la práctica las gobernaciones y municipios siguen dependiendo del poder central.
Uno de los principales problemas es la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno. «Los municipios y gobernaciones no cuentan con autonomía real porque siguen dependiendo de las decisiones del Ejecutivo central, especialmente en términos de financiamiento», explica el exmandatario. Esto ha generado una burocracia ineficiente que retrasa la implementación de políticas públicas y deja sin solución problemas críticos como el acceso a salud y educación.
Además, el centralismo impide que las regiones tengan un rol más activo en el diseño de políticas de desarrollo. «En países con sistemas descentralizados efectivos, las regiones tienen mayor capacidad de decisión y gestión sobre sus recursos. En Bolivia, esto aún no sucede», advierte.
Otro aspecto preocupante es la falta de voluntad política para fortalecer la descentralización. «Aunque se han creado normas para otorgar mayor autonomía a las regiones, en la práctica no se han aplicado plenamente», señala. Esto ha generado conflictos entre los distintos niveles de gobierno y ha profundizado la percepción de ineficacia estatal.
Para solucionar este problema, Rodríguez Veltzé propone una revisión exhaustiva del sistema de gobernanza. «Necesitamos mecanismos que garanticen una distribución más equitativa del poder y los recursos, además de mejorar la coordinación entre el gobierno central y las entidades subnacionales», puntualiza. Sin estos cambios, considera, Bolivia seguirá atrapada en un modelo de administración que no responde a las necesidades de la población.
Lo plurinacional y la república
El modelo plurinacional de Bolivia, consagrado en la Constitución de 2009, ha sido objeto de intensos debates. Mientras algunos lo consideran un avance en la inclusión de los pueblos indígenas, otros argumentan que ha generado divisiones y conflictos de identidad nacional. Rodríguez Veltzé señala que «Bolivia sigue siendo una república, aunque ha adoptado un enfoque plurinacional que busca reconocer la diversidad étnica y cultural del país».
Sin embargo, en la práctica, la convivencia entre lo republicano y lo plurinacional ha estado marcada por tensiones. «Existen contradicciones en la aplicación del modelo plurinacional, especialmente en lo que respecta a la justicia indígena y la administración de territorios autónomos», observa. Estas diferencias han generado conflictos entre comunidades, autoridades locales y el gobierno central.
Otro punto de debate es el uso del concepto de plurinacionalidad como un instrumento político. «Hay sectores que han instrumentalizado la plurinacionalidad para consolidar poder, en lugar de fomentar una convivencia armónica entre los distintos sectores de la sociedad», sostiene Rodríguez Veltzé. Esta percepción ha llevado a que algunos sectores propongan un retorno a la idea de una república tradicional.
A pesar de estas tensiones, el expresidente considera que el modelo plurinacional ofrece oportunidades para fortalecer la democracia. «La clave está en encontrar mecanismos que permitan la coexistencia de diferentes sistemas de gobierno y justicia, sin que uno prime sobre el otro», afirma. Para ello, propone ajustes constitucionales que clarifiquen las competencias y responsabilidades de cada nivel de gobierno, evitando superposiciones y conflictos de autoridad.
Rodríguez Veltzé subraya la necesidad de promover un diálogo nacional sobre el futuro del modelo plurinacional. «Es fundamental que esta discusión no se convierta en un campo de batalla ideológico, sino en una oportunidad para mejorar la estructura del Estado y garantizar derechos para todos los ciudadanos», concluye.
Ajustes constitucionales
Rodríguez Veltzé considera que Bolivia necesita reformas constitucionales en aspectos clave. «No se trata de llamar de inmediato a una nueva asamblea constituyente, sino de abrir un debate serio sobre ajustes puntuales», aclara. Entre las reformas prioritarias, menciona los siguientes.
Reforma del sistema judicial: Eliminación de la elección popular de magistrados y establecimiento de un mecanismo de selección basado en méritos.
Clarificación del régimen de reelección: Definir con claridad los límites a la reelección presidencial para evitar interpretaciones arbitrarias.
Revisión del modelo autonómico: Diseñar mecanismos de coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno.
Reducción del hiperpresidencialismo: Transferir competencias a otras instancias del Estado para evitar la concentración excesiva de poder.
«No podemos seguir ignorando las crisis que nos afectan. Bolivia necesita cambios estructurales que fortalezcan su democracia y garanticen el bienestar de sus ciudadanos», concluye Rodríguez Veltzé.
Los pasos clave en las rutas del comercio ganan importancia como elementos asociados a la seguridad nacional de las grandes potencias, mientras el cambio climático habilita nuevas rutas en el Polo Norte.