Editorial

Informe de la CIDH

El informe no hace concesiones y alerta sobre ‘graves violaciones a los derechos humanos’

La Razón (Edición Impresa)

00:56 / 13 de diciembre de 2019

Coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó las “observaciones preliminares” del equipo que visitó el país luego de los trágicos sucesos de la elección de octubre y el intempestivo cambio de gobierno. A estas alturas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus agencias son invitados incómodos de todo gobierno.

El informe no hace concesiones y alerta sobre “graves violaciones a los derechos humanos” cometidas por agentes del Gobierno de transición que conduce el país desde el 12 de noviembre. A sabiendas de que la primera crítica que harán los ahora oficialistas para desacreditar el informe es la supuesta inoperancia de la CIDH en los anteriores 14 años, en los primeros párrafos se ofrece abundante detalle de cómo esta institución ha atendido y atiende casos bolivianos, incluyendo la consulta sobre el presunto derecho humano a postular indefinidamente por encima de lo dispuesto en la Constitución boliviana.

A partir de eso, el documento, presentado en forma de un muy extenso “comunicado de prensa” describe meticulosamente el trabajo de cuatro días de los expertos (calificado de insuficiente por el Viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, quien emplea un libreto bien conocido entre sus antecesores) y la muy extensa lista de fuentes consultadas: desde autoridades de gobierno hasta representantes de la sociedad civil y familiares de las víctimas mortales.

El informe revela además que si bien las protestas fueron realizadas por diversos sectores cívicos, políticos, indígenas y movimientos sociales; y que el recurso a la violencia fue tomado por una serie de actores particulares de distinta afiliación, “los actos lesivos de los derechos de las personas observados por la CIDH fueron cometidos en el curso de la represión de las protestas por distintos agentes del Estado”. Lo que le da pie para identificar “una serie de graves violaciones de derechos humanos de amplio espectro y lamentables consecuencias, mucho más allá del contexto de la protesta social”.

Asimismo, llama la atención sobre el hecho de que el Ministerio Público y la Policía estén ejecutando arrestos de personas vinculadas al anterior gobierno sin la debida orden judicial, y que se estén ejecutando detenciones preventivas sin cumplir los mínimos estándares; lo que pone a estas personas en mayor situación de vulnerabilidad, incluyendo la posibilidad de convertirse en desaparecidos forzosos.

Habría mucho más que destacar del informe, pero por ahora basta recordar que pese a la dureza de su contenido para con el Gobierno transitorio, y de las inopinadas declaraciones de dirigentes políticos y autoridades, el Estado boliviano ya se comprometió a permitir y apoyar la investigación de un equipo internacional de expertos independientes. De los resultados de tal indagación depende, también, la recuperación de la confianza en la democracia.

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