La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) confirmó el suministro de 317.911 bolsas de harina, de 50 kilogramos cada una, a panificadores en 2024, como parte de un convenio para mantener el precio de la unidad de pan en Bs 0,50.

Sin embargo, la estatal denunció que varios actores del sector presentaron licencias de funcionamiento falsificadas para acceder a los insumos subsidiados, según Franklin Flores, gerente de la empresa. 

Flores explicó que, tras verificaciones, se identificaron documentos adulterados en diferentes regiones, incluida la frontera de Desaguadero, donde panificadores agotan en cuatro o cinco días los volúmenes asignados para un mes.

«Esto sugiere posibles desvíos o venta irregular», señaló, sin descartar la posibilidad de que la harina subvencionada salga de contrabando hacia los países vecinos.

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Harina

En 2024, los panificadores y el Gobierno llegaron a un acuerdo para que Emapa proveerá 2.400.000 bolsas de harina a lo largo de la presente gestión. Con el objetivo de mantener el precio del pan, pese al pedido de incremento del sector, se acordó subvencionar otros suministros, como azúcar, manteca y levadura.

De acuerdo con las autoridades, el subsidio estatal es totalmente beneficioso para los panificadores, pues el quintal de harina se compra a Bs 315 y se les vende a Bs 109 para garantizar el precio accesible del pan. 

El anuncio se produce ante el paro de 48 horas convocado por gremios panificadores para la próxima semana, quienes exigen mayor agilidad en las entregas. Flores reiteró el compromiso de diálogo y espera que los representantes del sector asistan a la reunión que se convocó para este jueves, aunque no se definió la hora.

Emapa, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, es clave en la cadena de abastecimiento de pan, alimento básico de la canasta familiar, por lo que mantener su precio en Bs 0,50 es esencial para proteger la economía de toda la población.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se comprometió a recorrer cada municipio del departamento de La Paz para escuchar las necesidades de los transportistas respecto al suministro de combustibles.

Esta iniciativa, acordada en una reunión con representantes del transporte interprovincial el pasado martes, responde a múltiples denuncias de desabastecimiento en diversas provincias paceñas.

Según indicó Iván Colque, director distrital de la ANH en La Paz, se evaluarán los cupos de abastecimiento y los volúmenes necesarios según la demanda.

“Se ha organizado una reunión de evaluación de carácter integral este viernes, en la que participarán las autoridades del sector, representantes de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), la Dirección General de Sustancias Controladas (…) El objetivo es revisar de manera detallada las necesidades planteadas por los transportistas interprovinciales en cada municipio”, explicó.

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Combustibles

Durante dicho encuentro, la ANH presentará un informe que detalla los logros en el control del abastecimiento y las medidas legales implementadas para combatir el desvío de combustibles.

En los últimos días, la ANH y YPFB lograron normalizar la provisión de carburantes, especialmente de gasolina, luego de varias semanas de filas interminables en las estaciones de servicio. Sin embargo, este “logro” se observa únicamente en las ciudades capitales, pero en los municipios alejados del eje troncal el desabastecimiento sigue siendo evidente.

La situación es crítica para el sector, ya que los transportistas señalaron que, de no completarse la asignación de cupos de combustible para el 31 de marzo, se vería comprometida la operatividad de sus servicios.

Freddy Avidari, ejecutivo de la Federación Regional de Transporte Yungas La Paz, advirtió que “si no se cumple, estamos listos para iniciar un bloqueo a partir del 2 de abril.”

Este pronunciamiento evidencia la presión que el sector ejerce sobre las autoridades, debido a que el suministro de carburantes resulta crucial para la continuidad del servicio y la movilidad en las provincias.

El Gobierno, por su parte, se dio un plazo hasta finales de este mes para normalizar el abastecimiento con el objetivo de frenar cualquier medida de presión del sector transportista.

Las intensas lluvias y los desbordes de ríos en Santa Cruz han sumergido 97.000 hectáreas de cultivos y afectado a 4.500 familias, según el último informe de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz).

Los municipios más golpeados, como Pailón, Lagunillas y San Julián, ya emitieron declaratorias de desastre, mientras que Quirusillas, Yapacaní y El Puente avanzan en el mismo trámite para acceder a ayuda estatal. 

Juan Carlos Valles, representante de Amdecruz, detalló que los cultivos de soya, sorgo, maíz y arroz quedaron bajo el agua sin posibilidad de cosecha, agravado por la falta de combustible para maquinaria agrícola.

«Las pérdidas son totales en estas zonas. Además, estamos evaluando kilómetros de caminos destruidos y puentes colapsados», afirmó en contacto con Unitel.

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Cultivos

Los ríos Grande y Piraí, junto a sus afluentes, son los principales responsables de las inundaciones que afectan a nueve municipios. 

Con las declaratorias de desastres municipales, se espera una mejor gestión de recursos para viviendas, alimentos y rehabilitación de infraestructura. 

La Gobernación de Santa Cruz confirmó que las lluvias, las más fuertes de la última década, han complicado las labores de rescate y asistencia. Familias enteras perdieron sus hogares y cultivos, base de su sustento económico.

A esto se suma la interrupción de vías clave para el transporte de productos agroindustriales, lo que podría impactar en los precios de alimentos a nivel nacional. 

Santa Cruz aporta el 70% de la producción agrícola de Bolivia, por lo que los sectores productores advierten que la seguridad alimentaria del país está en riesgo si es que no se atienda las inundaciones en los cultivos.

En ese sentido, Amdecruz urge al Gobierno nacional a activar fondos de emergencia y facilitar combustible para mitigar el colapso en cadenas productivas. 

El miércoles, el presidente Luis Arce declaró desastre nacional por las intensas precipitaciones y sus afectaciones, por lo que se comprometió a atender a todos los municipios que se encuentran atravesando momentos complicados.

Mediante la Ley Departamental 267, Oruro se declaró en desastre departamental debido a las inundaciones y riadas que provoca la temporada de precipitaciones y afecta a varios municipios de ese departamento.

“Esta ley nos permite a nivel nacional e internacional recursos económicos o ayuda pertinente para poder ayudar a los pobladores de los municipios damnificados en el territorio departamental”, aseguró el gobernador, Johnny Vedia, en conferencia de prensa.

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Oruro

De acuerdo con la autoridad, los municipios de Poopó, El Choro, Todos Santos, Carangas, Belén de Andamarca, La Rivera, Huanuni, Antequera, Challapata, Caracollo y Oruro son los más afectados y ya se han declarado en emergencia y desastre municipal.

La ley promulgada permitirá a la Gobernación de Oruro realizar las modificaciones presupuestarias y transferencias entre programas, proyectos y actividades, con el fin de asignar los recursos necesarios para cumplir con lo establecido en la normativa legal vigente y los lineamientos del Ministerio de Economía.

De esta manera, Oruro se suma a Beni como los dos departamentos que se declararon en desastre departamental; mientras que La Paz, Santa Cruz y Chuquisaca activaron la alerta de emergencia.

A raíz de ello, el miércoles el presidente Luis Arce declaró desastre nacional y anunció que se agilizarán los recursos para atender a los más de 200 municipios afectados por la temporada de lluvias en todo el territorio nacional.

Limbert Loredo, asesor legal de la Gobernación de Oruro, explicó que se establece el “régimen de excepción” con el objetivo de atender a los damnificados en el departamento, señalando que la ley tendrá una duración de nueve meses.

Además, las diferentes secretarías, de acuerdo a sus competencias, deberán llevar a cabo las acciones correspondientes para atender el desastre departamental por inundaciones en los municipios de Oruro.

El Ministerio de Salud desplegó 29 brigadas médicas en seis departamentos del país para asistir a comunidades afectadas por inundaciones, riadas y deslizamientos durante la temporada de lluvias.

Según datos de esa cartera de Estado, entre el 13 de enero y el 26 de marzo, se atendieron a 2.733 pacientes, siendo las lumbalgias, con 415 casos, la principal causa de consulta, seguidas de 391 consultas por resfriados comunes y 145 atenciones a casos de diarreas agudas. 

La ministra del área, María Renée Castro, explicó que, aunque el personal inicial resultó insuficiente, se capacitó a médicos en emergencias y se abastecieron insumos con anticipación.

«Los departamentos ahora pueden activar brigadas propias ante nuevos eventos. Además, entregamos medicamentos para cubrir la demanda», afirmó. Actualmente, 30 brigadas con 66 profesionales brindan atención en 52 comunidades de 18 municipios. 

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Salud

Beni es el departamento que más atenciones recibió, con 1.139, principalmente en los municipios de Riberalta y Trinidad. En La Paz se realizaron 983 consultas, siendo Quime y Caranavi dos de las zonas más afectas. En Tarija se atendieron 297 casos en Villa Montes y Yacuiba. Por su parte, Santa Cruz recibió 201 consultas, siendo el municipio de Pailón el más afectado; mientras que en Potosí 102 casos fueron atendidos en la localidad de Llallagua.

Todas estas zonas fueron afectadas por el desborde de ríos y las inundaciones que se generaron a causa de las precipitaciones.

Castro atribuyó las lumbalgias al «esfuerzo físico de la población por rescatar pertenencias durante las emergencias». Agregó que el personal médico y militar también apoya en evacuaciones y rescates. 

A través de la Autoridad de Supervisión de Seguros de Salud (ASUSS), el Gobierno entregó subsidios y alimentos a familias que perdieron sus viviendas.

Las lluvias, calificadas como las más intensas en 40 años, serán analizadas para diseñar medidas de mitigación. El próximo lunes, autoridades nacionales y gobernadores evaluarán el impacto climático por región. 

El decreto de emergencia nacional, emitido el miércoles, busca agilizar la respuesta estatal ante desastres que ya afectan a miles de familias.